La misma semana que se hacía público un informe denunciando al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad, realizado por una “Misión Internacional Independiente” que no llegó a pisar el país y se basó en testimonios opositores y redes sociales, el Secretario de Estado Mike Pompeo visitaba Brasil y Colombia para seguir alimentando la retórica […]
La misma semana que se hacía público un informe denunciando al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad, realizado por una “Misión Internacional Independiente” que no llegó a pisar el país y se basó en testimonios opositores y redes sociales, el Secretario de Estado Mike Pompeo visitaba Brasil y Colombia para seguir alimentando la retórica contra la revolución bolivariana durante la campaña presidencial estadounidense, pero también en plena campaña electoral por las elecciones legislativas que tendrán lugar el 6 de diciembre en Venezuela.
En Brasil, Pompeo llamó a Nicolás Maduro traficante de drogas, y dijo que Washington seguirá trabajando para llegar al “lugar correcto” en lo que respecta a la crisis desatada por el bloqueo y las sanciones impuestas a la economía venezolana. En Colombia, su principal socio en la región, acusó al gobierno venezolano de colaborar con el terrorismo y cobijar a miembros del ELN y disidencias de las FARC.
Terrorismo y narcotráfico, pero no colombiano, principal suministrador de la cocaína consumida en Estados Unidos, sino venezolano, a pesar de que en Venezuela no hay hoja de coca, al contrario que en el país vecino, que cuenta con más de 200.000 hectáreas de cultivos, 10 veces más que por ejemplo, las hectáreas de hoja de coca cultivadas en Bolivia.
Pero es necesario detenerse en la visita de Pompeo, que no olvidemos fue Director de la CIA, a Colombia. Su principal objetivo fue impulsar un cambio en la estrategia para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, comenzando por la incidencia en el resultado electoral de las legislativas de diciembre.
La delegación estadounidense ultimó detalles para el arribo de 300 soldados que se instalarían en una nueva base militar en la ciudad de fronteriza de Cúcuta, concretamente en el Cerro del Tasajero, ubicación clave a nivel geopolítico pues desde ahí se divisa una buena parte de la frontera colombo-venezolana, y el petrolero lago de Maracaibo.
Además de pedirle a Iván Duque su apoyo para impulsar el voto republicano entre la comunidad colombiana en Texas, New Jersey y sur de Florida, Pompeo solicitó a Colombia sus consideraciones sobre la nueva estrategia operativa y mediática diseñada contra Venezuela, la cual comprendería desde una acción militar en coalición tripartita (EEUU-Colombia-Brasil), hasta la declaración de fraude y desconocimiento de los resultados al estilo Bolivia, pasando por infiltraciones paramilitares desde suelo colombiano, revueltas terroristas en forma de guarimbas, e incluso un intento de magnicidio contra Maduro.
Pompeo le mencionó a Duque que durante su estancia en Brasil, acordó con Bolsonaro el apoyo del ejercito brasileiro a una eventual intervención militar en territorio venezolano. Se tiene contemplada la creación de falsos positivos que justifiquen una intervención armada de la coalición, que podrían traducirse en forma de ataque a una embajada en Caracas de un país aliado de Estados Unidos, así como agresiones a diplomáticos y altos dirigentes opositores. Para ello, ya se ha desplazado a territorio venezolano un grupo paramilitar, entrenado en Inirida por desertores venezolanos supervisados por mercenarios estadounidenses e israelíes.
Pompeo también pidió a Iván Duque que realizara, durante el mes de octubre, operaciones anti narcóticos, sobre todo en las franjas fronterizas de los departamentos de Arauca, norte de Santander y la Guajira, de manera que sirvieran como pretexto para el arribo y despliegue de militares que puedan usarse en acciones de desestabilización de cara a las elecciones del 6 de diciembre.
Otro de los elementos que justificaría una posible agresión militar sería la denuncia preparada sobre una supuesta compra de armas iraníes de mediano y largo alcance, con las que Venezuela presuntamente intentaría agredir a Colombia.
Como ya denunciamos en la columna “Sabotaje electoral del G4”, en fecha cercana al 6 de diciembre se espera se produzcan graves alteraciones del orden púbico en Venezuela (saqueos y ataques a instituciones públicas) con el objetivo de propiciar la tesis de un estado fallido que aumente la presión internacional sobre Venezuela.
Pompeo también le dejó claro a Duque que Guaidó ya no es un protagonista principal en su estrategia de injerencia, por lo que no debe amparar su idea de un gobierno paralelo en el exilio que podría terminar favoreciendo al chavismo electoralmente. La apuesta estadounidense se mueve ahora hacia Capriles, quien a pesar de las dudas que pesan sobre él tras su excarcelación les resulta útil para impulsar la campaña de desacreditación de las elecciones, junto a Almagro, la OEA, y otras vocerías de la derecha internacional.
Colombia fue clave en la elección de la propuesta del Departamento de Estado para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, y parece que podría volver a jugar un rol determinante tanto en la justificación internacional de nuevas sanciones económicas contra el sector minero y petrolero, como en convertirse en plataforma de una nueva agresión paramilitar con el objetivo de desestabilizar las elecciones legislativas venezolanas.
Un mes antes, la disputa presidencial entre Trump y Biden, donde buena parte del resultado se puede jugar en el estado péndulo de Florida, y desgraciadamente, los votos en Estados Unidos se pueden traducir en muertos en Venezuela.