La reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es la opción más progresista para el movimiento social brasileño, pero éste tendrá con el próximo gobierno una relación «cualitativamente distinta, porque perdió la ilusión» en las grandes transformaciones impulsadas por el Estado, que había alentado el triunfo izquierdista en 2002. La evaluación de Jaime Amorim, […]
La reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es la opción más progresista para el movimiento social brasileño, pero éste tendrá con el próximo gobierno una relación «cualitativamente distinta, porque perdió la ilusión» en las grandes transformaciones impulsadas por el Estado, que había alentado el triunfo izquierdista en 2002.
La evaluación de Jaime Amorim, uno de los coordinadores del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), refleja una opinión generalizada entre los casi 15.000 activistas sociales y políticos que participaron en el segundo Foro Social Brasileño (FSB), desde el jueves hasta este domingo en esta nororiental ciudad de Brasil.
Hay ahora conciencia de que «una mayor organización y movilización popular es indispensable para promover cambios y hacer avanzar al gobierno», dijo Amorim a IPS durante la Plenaria Nacional de los Movimientos Sociales que reunió a unas 700 personas en la clausura del Foro.
Una propuesta de «proyecto de desarrollo nacional», que contempla profundos cambios en la actual política económica, fue presentada en la Plenaria para la discusión y la aprobación en los próximos tres meses. Más que influir en las elecciones de octubre, el propósito es que el proyecto sea cumplido por el gobierno que emerja de los comicios de octubre, no importa quién lo presida, señaló Antonio Carlos Spis, secretario de Comunicación de la Central Única de Trabajadores.
La tónica de esa reunión de la Coordinación de los Movimientos Sociales y de los pocos diálogos y seminarios que trataron el tema central propuesto para este FSB –una evaluación de la experiencia política e institucional brasileña de los últimos años–, fue de apoyo a Lula, para «impedir que la derecha vuelva al poder», pero también de cuestionamientos, tanto al gobierno como a los movimientos sociales y partidos.
El Foro propició una profundización de la reflexión, ante la perplejidad y la frustración de las enormes esperanzas que despertaron Lula y su Partido de los Trabajadores (PT) al asumir el gobierno en enero de 2003, destacó a IPS Francisco Whitaker, uno de los activistas que concibieron el Foro Social Mundial, un proceso de debates variados para el fortalecimiento de la sociedad civil del que forma parte el FSB.
Los partidos políticos son necesarios, pero insuficientes para el cambio, fue la conclusión de uno de los 250 diálogos y seminarios que compusieron este segundo FSB, y se necesitan otros instrumentos, como la movilización y la autonomía de los movimientos sociales, informó.
En relación al período de Lula, hubo errores tanto del gobierno como del movimiento social, al sacrificar esa autonomía, evaluó Whitaker. El gobierno acogió el apoyo de las organizaciones sociales, «pero buscando cooptarlas, especialmente a los sindicatos, cuyos dirigentes ocuparon numerosos cargos estatales», sostuvo.
Aceptar esa cooptación por el temor a «perder capacidad de crítica y de presión», fue el error de movimientos que luego evitaron romper con el gobierno –aun cuando éste negó sus propuestas iniciales y se metió en un gran escándalo de corrupción–, debido a los vínculos ya establecidos y a las subvenciones estatales que benefician incluso al MST, que protagoniza las mayores y más agresivas movilizaciones por la reforma agraria, acusó Whitaker.
El PT intermedió en esa adhesión, operando como instrumento del gobierno y arrastrando al movimiento social, concluyó.
Pero la ambigüedad de la relación con el gobierno tiene razones objetivas.
El movimiento negro, que estuvo muy activo en el segundo FSB, «ganó visibilidad y se fortaleció» gracias a las políticas públicas impulsadas por la gestión de Lula, que creó la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial, con rango de ministerio, y acciones afirmativas como cuotas para estudiantes negros en la universidad, y leyes e incentivos a favor de las trabajadoras domésticas, en su mayoría negras, recordó a IPS Ubiraci Matildes, coordinadora de género de la Unión de Negros por la Igualdad (Unegro).
Además, el gobierno viene reconociendo y legalizando las tierras que ocupan los «quilombos», antiguas comunidades formadas por afrodescendientes que huyeron de la esclavitud, y aprobó la enseñanza obligatoria de historia y cultura africanas en las escuelas, acotó.
Pero los avances en las políticas sociales no eximen a Lula de las críticas a su política económica que agrava la desigualdad pues no crea empleos e ingresos para los negros, que sufren el mayor índice de desempleo y los más bajos salarios, matizó Matildes.
«Queremos oportunidades iguales para los negros excluidos en toda la historia de Brasil», afirmó, destacando que la Unegro tiene unos 7.000 afiliados y trajo a Recife 150 representantes procedentes de 11 de los 26 estados brasileños. Este Foro permitió una mayor participación de afrodescendientes por tener lugar en el Nordeste, la región que concentra la mayor parte de los 7.000 quilombos que la Unegro estima existen en Brasil.
Junto con la autonomía y la movilización del movimiento social, la reforma del sistema político y electoral apareció como clave para evitar nuevas frustraciones. La Red Ciudadana por la Reforma Política, que ya congrega a más de 200 organizaciones, pretende incluir la cuestión de las elecciones, movilizando la participación popular.
Medidas como el financiamiento público de las campañas electorales, la fidelidad partidaria de los legisladores y una drástica reducción de los «cargos de confianza» son indispensables para corregir las distorsiones políticas de Brasil, según Oded Grajew, autor de la idea inicial del Foro Social Mundial, ex asesor del presidente Lula y promotor de la responsabilidad social de empresas.
Mantener la financiación electoral privada lleva a que los políticos elegidos no respondan al bien público, sino a los intereses de sus financiadores. En Brasil son numerosos los parlamentarios que dejan el partido por el que fueron votados para afiliarse a otro que les ofrece más ventajas, y el presidente puede nombrar a más de 20.000 funcionarios de su confianza, sin concurso público, fomentando la corrupción y la cooptación, explicó Grajew.
Lula y el PT perdieron la oportunidad de hacer una reforma política, la «madre de todas las reformas», para lograr una buena gestión cuando iniciaron su gobierno en 2003 y tenían fuerte respaldo popular, opinó. Esa reforma pudo haber modificado el rumbo de una gestión afectada por las negociaciones antiéticas de apoyo parlamentario y la consecuente corrupción, acotó.
La reforma política se destina a producir resultados a largo plazo, en futuras elecciones y gobiernos, y debería incluir otros instrumentos, como la participación ciudadana en decisiones de gobierno a través de plebiscitos y referendos, concluyó.
La lucha de las mujeres, la educación, el arte y la cultura como factores del desarrollo, la juventud, las políticas urbanas y la integración latinoamericana fueron otros temas frecuentes en las 250 actividades realizadas durante los cuatro días del segundo FSB.