Acosado por deudas, sin muchas ventanillas abiertas que le ayuden a seguir viviendo de prestado, sin fondos propios de contingencia, el gobierno de la revolución ciudadana entró a correr su décimo año de administración en medio del más sombrío panorama desde que está en funciones. La crisis de 2009 lo encontró con más de seis […]
Acosado por deudas, sin muchas ventanillas abiertas que le ayuden a seguir viviendo de prestado, sin fondos propios de contingencia, el gobierno de la revolución ciudadana entró a correr su décimo año de administración en medio del más sombrío panorama desde que está en funciones. La crisis de 2009 lo encontró con más de seis mil millones de dólares de reservas, duró menos de un año, y no se combinó con la caída del precio de todas las materias primas, con la apreciación del dólar y con el subsecuente encarecimiento de la producción y las exportaciones de un país dolarizado. A diferencia de semejante precedente, el año 2015 terminó con impagos por más de dos mil quinientos millones de dólares a universidades, gobiernos locales, proveedores privados y a las instituciones del seguro social de las fuerzas armadas, entre otros.
A inicios de marzo, a la salida de un gabinete ministerial se anunciaron recortes adicionales que llevaron el ajuste a más de cuatro mil quinientos millones de dólares en el presupuesto (sin más detalles), y se tomó nota de la caída del 18% en la recaudación del IVA en diciembre de 2015 por comparación con diciembre de 2014, lo que anuncia grandes nubarrones para el dinamismo de la economía. Ante ello, el gobierno aumentó sus llamados y sus incentivos a la inversión de las empresas privadas: el más llamativo de todos fue la entrega en diciembre de 2015 de la operación por 20 años del campo petrolero Auca, el segundo más grande del país, a la petrolera transnacional francesa Schlumberger a cambio de mil millones de dólares en efectivo y un precio garantizado para la empresa de 26 dólares por barril de petróleo extraído. Es decir, sin riesgo. Para abril se anuncia una operación similar (si se puede encontrar interesados con los precios actuales del petróleo) con el otro gran campo petrolero del país, el campo amazónico Sacha, otro de los grandes campos maduros del país. En la misma tónica, a fines de febrero de 2016 el presidente de la República presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que flexibiliza las normas de contratación en las empresas privadas permitiendo la rebaja del número de horas de trabajo por semana y por tanto la reducción del salario mensual que los trabajadores perciben. Las empresas no podrán repartir utilidades mientras conserven personal trabajando en horario reducido. La reforma ha encontrado el rechazo de casi todas las organizaciones de trabajadores y la cautela de las organizaciones de empresarios que esperan reformas más radicales aunque en general la consideraron positiva. Todas estas medidas de emergencia ratifican el camino elegido por el gobierno ante la crisis: ante la falta de fondos públicos, echa mano a los incentivos regulatorios para favorecer a toda costa la inversión privada.
Acostumbrado a forzar el paso en las coyunturas adversas, en un giro inesperado, los conflictos por fondos llegaron hasta el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). El presidente de la República ordenó el descuento de 41 millones de dólares (el gobierno central le debe al instituto 260 millones de dólares de aportes no pagados de las pensiones del año 2015), revisando así, de manera unilateral, el contrato firmado entre el ISSFA y el Ministerio del Ambiente por la compra de un terreno en Guayaquil. Ante la protesta pública del alto mando en pleno, todos los oficiales participantes fueron pasados a retiro. En la ceremonia de cambio de mando, en forma inusual, los oficiales en servicio pasivo invitados abandonaron el local en el momento de la intervención de Rafael Correa, en rechazo a la medida. Los meses de febrero y marzo han estado jalonados por diversas quejas de los militares en servicio pasivo por el trato a las fuerzas armadas, y contraataques del ejecutivo acusándolos de privilegios indebidos en las pensiones (diseñadas por el propio gobierno en años pasados) y distinciones entre oficiales y tropa en el rancho diario (que el ministro de defensa prometió elevar a 135 dólares mensuales en 2015 para las tres comidas y no cumplió, por lo que se siguen asignando 90 dólares mensuales). Al momento de escribir estas líneas, la polémica pública continúa y no es claro si seguirán diversificándose los temas de agravios mutuos y por cuánto tiempo más. En otras declaraciones inesperadas que parecen reflejar la desesperación por la falta de fondos, el presidente de la República anunció que retirarían el «subsidio» público a las tres instituciones de educación superior dedicadas exclusivamente a brindar educación universitaria de posgrado. Con posterioridad se refirió exclusivamente a FLACSO y la Universidad Andina (no al IAEN-Instituto de Altos Estudios Nacionales, universidad de posgrado «nuestra», según dijo el presidente) y a los más de 30 millones de dólares que el gobierno central entrega a dichos centros de investigación y docencia. Luego de años de reivindicar el tránsito a la «sociedad del conocimiento», de haber propagandizado una inversión inédita de cerca de 200 millones de dólares anuales en becas de posgrado en el extranjero (no hubo una sola beca para posgrados en el país) y de haber festejado hace pocos días la graduación de más de dos mil maestros de educación básica que hicieron sus maestrías a distancia en universidades españolas, por las que el gobierno pagó ocho mil dólares por estudiante, los fondos entregados a estas dos universidades le resultaban excesivos. Sobre todo, se entiende, porque las becas o reducciones de costos de los posgrados eran ofrecidas por las mismas universidades públicas en lugar de ser administradas por el gobierno. Aunque un retiro permanente de fondos supone un trámite largo -una reforma a la ley y no regiría para 2016-, lo más probable es que sin anuncios ni reformas de ninguna especie simplemente los fondos adeudados no se entreguen como sucedía desde septiembre de 2015 (en marzo de 2016 se entregaron finalmente las asignaciones de octubre y noviembre del año anterior).
En medio de ese contexto económico nada halagador y esos recientes conflictos políticos alrededor de los recortes presupuestarios que el gobierno empieza a distribuir a diestra y siniestra, se escuchan desde ya los ecos distantes de las elecciones generales de febrero de 2017. Como campanas que repican desde una distancia infinita, porque doce meses son interminables cuando estás ahogado por deudas, quejas de impagos y debes repartir la escasez y el costo del momento económico, llaman a los actores político-electorales a alinearse, tomar posición y decidir las alianzas posibles. El resto de este informe intenta señalar las opciones políticas que hasta el momento parecen irse delineando por el llamado todavía lejano de las campanas electorales del próximo año. Alineamientos y realineamientos electorales Hasta febrero de 2014 quedaban pocas dudas de que, si había cambio de gobierno en 2017, sería sustituido por alguna variante de derecha o centro derecha, es decir, por quienes reprochaban al gobierno la débil inclusión de la empresa privada en la agenda de políticas públicas, el excesivo gasto público, el derroche en subsidios populistas y la falta de un compromiso coherente y sistemático con el libre comercio. Sin embargo, las elecciones seccionales de ese año mostraron la perturbadora emergencia de un jugador inesperado. El remezón electoral que llevó a que Alianza País perdiera las elecciones en casi todas las capitales de provincias, en los municipios de casi todas las ciudades grandes y quedara con menos de la mitad de las alcaldías que tenía en la Sierra en 2009, no se tradujo en el crecimiento de los partidos pro-empresariales. Emergió como gran ganador el partido Avanza, del entonces presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González. Con el paso de estos dos años, Avanza se ha ido decantando cada vez más por una posición crítica al gobierno, a veces acercándose al discurso empresarial, pero atrincherándose siempre en una definición de su posición política como la de una alternativa socialdemócrata. La distancia con el gobierno llevó incluso a Ramiro González a hacerse eco de las denuncias de los abogados de los banqueros y empresarios de la familia Isaías, prófugos en Miami por cargos de corrupción, que dijeron haber aportado financieramente a la campaña electoral de Rafael Correa en el año 2006. A tal grado llegó el enojo entre los antiguos colaboradores.
Más que el caso específico del partido Avanza, cuya suerte y destino es todavía incierta más allá de su convocatoria a liderazgos y cacicazgos locales, lo que se fue perfilando es la posibilidad de una alternativa electoral en el centro izquierda. La posibilidad de este recambio en 2017 tiene mucha lógica en el crispado contexto político ecuatoriano. Mientras que las críticas al gobierno provenientes desde su izquierda han mostrado su mayor fortaleza en la capacidad de movilización callejera, convocatoria a protestas y resistencias dirigidas por organizaciones de base (más fuertes en general en la Sierra y la Amazonía que en la Costa); las críticas provenientes desde su derecha han mostrado poca capacidad de movilización (salvo a mediados del 2015, cuando emergió con fuerza una movilización espontánea contra el intento de aumentar los impuestos a las herencias), han tenido en cambio mayor éxito en las carreras electorales, mayor eco en la opinión en los medios de comunicación y mayor convocatoria del electorado difuso. Las agendas de ambos tipos de oposición son muy difíciles de conciliar. Insistentes llamados a convocar una gran alianza electoral anti-correísta parecen poco realistas. ¿Es posible que ambos grupos lleguen a un acuerdo de un programa de superación de la crisis económica? Es realmente muy improbable.
Pero hay fuerzas que lo están intentando y allí se juega la oportunidad de estos nuevos jugadores de centroizquierda. El intento de formar una alianza amplia anti-correísta juega hasta ahora sus principales cartas desde los gobiernos locales. Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, ex-aliado de Alianza País, y cuyo movimiento formó parte en 2013 de la «Unidad Plurinacional de las Izquierdas» que nominó como candidato presidencial a Alberto Acosta, pugna ahora fervientemente por un acuerdo nacional que incluya a los principales opositores de todo el espectro ideológico. En enero de 2016 en una reunión convocada por Carrasco se anunció la firma de un pacto llamado «Convergencia Democrática por la Unidad», que unió a dirigentes del partido Avanza, del Partido Social Cristiano del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi y a dirigentes del partido SUMA, del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. El acuerdo firmado era legislativo y no aseguraron que pudieran llegar a un acuerdo electoral para el año 2017. Pero lo buscarán. A la cita acudió también el prefecto de Morona Santiago por Pachakutik, Marcelino Chumpi.
La proclamada gran alianza anti-correísta da por supuesto que la lucha por la «recuperación de la democracia» y las libertades públicas puede unir a grupos tan diversos en temas económicos y sociales. Semejante expectativa solo puede nacer de la suposición de que el programa económico será necesariamente de mayor protagonismo del sector privado, de reducción del gasto público y de generación de incentivos consistentes y sistemáticos para asegurar las ganancias de las empresas. Pero no es tan fácil para la izquierda del espectro político que estas suposiciones se den por sentadas. Quedó probado que solo ciertos grupos dentro de las izquierdas, fundamentalmente ubicados en Pachakutik, el movimiento electoral cercano a la organización indígena más grande del país, la CONAIE, apoyan esta opción y priorizan la derrota del correísmo en las urnas por sobre cualquier otra consideración. A fines de enero la coordinadora del movimiento Pachakutik, la amazónica Fanny Campos, convocó a una reunión amplia de todos los grupos opositores en el local del partido en Quito que fracasó por la negativa de los presidentes de la CONAIE y la ECUARUNARI (la filial de la Sierra de la CONAIE) a aceptar una convocatoria tan amplia con grupos y movimientos políticos con los que no existía «afinidad ideológica». La reunión fracasó y Pachakutik convocó a Asamblea Nacional para el 16 de abril en la que elegirá a una nueva directiva. Hay muchas resistencias al macro-ecumenismo en política económica.
En ese marco de una oposición dividida por diferencias programáticas muy difíciles de salvar, la oposición de centro izquierda es la que opera como fiel de la balanza y podría resultar aceptable para los principales liderazgos políticos del país en un arco ideológico tan dispar. Es menos probable un acuerdo formal que la posibilidad de candidaturas fuertes que venzan las resistencias de los dirigentes. Ese es precisamente el papel que quiere jugar el movimiento llamado «Democracia Sí» liderado por el antiguo ministro de gobierno de los primeros años del correísmo, Gustavo Larrea y también miembro de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas en 2013. Larrea, Ramiro González y los antiguos militantes de la socialdemócrata Izquierda Democrática que han intentado reorganizar el partido y promueven figuras como las del ex-alcalde de Quito y exasambleísta constituyente, Paco Moncayo Gallegos, tuvieron reuniones públicas de unidad a inicios de año. Mientras Ramiro González (Avanza) y el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco y su movimiento «Juntos Podemos», han mostrado mayor disposición a una unidad amplia con todos los sectores anti-correístas; los seguidores de Paco Moncayo y de Gustavo Larrea se han mostrado más renuentes a participar en reuniones tan ecuménicas. A juzgar por su actitud política en el pasado y por las señales que han dado sus principales dirigentes, la apuesta de «Democracia Sí» no parece ser la de apostar a la formación de un gran frente sino ante todo apostar a un gran candidato. Ese candidato, con su arrastre, obligaría a las otras fuerzas a plegarse a su posible victoria. Se ha insinuado insistentemente que su «gran candidato» podría ser el antiguo vice-presidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013, Lenin Moreno, cuya figura es ampliamente valorada en el país por su labor a favor de la inclusión de quienes enfrentan discapacidades. Lenin Moreno ha afirmado varias veces que solo correría en elecciones por Alianza País, pero los rumores de que podría correr por su cuenta no cesan de circular. Su vieja cercanía política y amistad personal con Gustavo Larrea solo refuerzan los rumores.
El punto central entonces queda claro. A diferencia de lo que parecía el escenario electoral anterior al año 2015, los grupos políticos del centro y el centro izquierda se han convertido en jugadores decisivos del ajedrez electoral del año 2016. Al encontrarse en el medio de las dos oposiciones ideológicamente diferenciadas (la izquierda y la derecha), pueden lograr acuerdos con fracciones más o menos amplias de ambas. Su iniciativa se ha vuelto inmediatamente decisiva porque, además, a su derecha las opciones electorales lucen poco viables. Aunque entre los sectores políticos pro-empresariales casi todos hablan de unidad, está cada vez más claro que no hay forma todavía de hacer que el banquero guayaquileño Guillermo Lasso, que quedó muy atrás en segundo lugar en las elecciones de 2013, retire su candidatura presidencial. Su movimiento, CREO, ha estado excluido de casi todas las reuniones de unidad y es notoria la distancia que mantiene con el alcalde de Guayaquil, el todopoderoso caudillo socialcristiano Jaime Nebot. Más que diferencias personales o negocios incompatibles, lo que parece distanciarlos es que Nebot opina que Lasso tiene un techo electoral que le impediría ganar a los candidatos del correísmo. La apuesta socialcristiana hasta ahora ha sido pugnar por desgajar y alentar todas las disidencias internas de Alianza País para debilitar el partido de gobierno y parece estar dispuesto a un candidato de centro o incluso de centro izquierdas que luzca viable, esto es, que logre entusiasmar a los electores del correísmo que se van desencantando conforme la crisis económica se agudiza pero que no querrían un regreso a los viejos dirigentes políticos del pasado. Es algo que Guillermo Lasso, antiguo funcionario del gobierno de Jamil Mahuad, recordado por la monumental crisis económica y bancaria de 1999, no ha entendido todavía. La reciente flexibilidad en las opciones electorales de Jaime Nebot es uno de los factores que en la actualidad brinda mayor espacio a las alternativas centrozquierdistas. Mientras tanto, el panorama de la situación en el partido de gobierno tiene los tonos grises del momento económico. Desde fines del año 2015 ha sufrido defecciones locales e individuales. El asambleísta del archipiélago de Galápagos y con él muchos de sus seguidores, salieron del partido en junio de 2015 por un conflicto sobre el retiro de las compensaciones por costo de vida que recibían los trabajadores de las islas previstas en la nueva ley especial de Galápagos. Los conflictos internos llevaron también a la defección de varios dirigentes del partido de gobierno en la provincia de Cotopaxi, al sur de Quito, en el mes de enero de 2016. En diciembre de 2015 se habían desafiliado cinco concejales de Santo Domingo de los Tsáchilas, al sur-occidente de la capital, y anunciaron la formación de un nuevo movimiento político local. La desafiliación de mayor impacto nacional fue la de dos asambleístas nacionales, Oswaldo Larriva, por la fiscalización de obras viales en la provincia del Azuay, y sobre todo la de Fernando Bustamante, ex-ministro de gobierno y ex-ministro de seguridad, que se abstuvo en la votación de las enmiendas constitucionales aprobadas por la mayoría oficialista entre las cuales estaba la reelección indefinida del presidente de la República. Aquejado por los problemas de fondos, por los atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales y sin posibilidades de ofrecer más obras de infraestructura en los territorios, no debe resultar extraño que el atractivo de Alianza País empiece a perderse entre los liderazgos provinciales y municipales y entre los caciques locales. Pero a nivel nacional, Rafael Correa ha insinuado que Lenin Moreno no es su única carta electoral. Ha mencionado insistentemente al actual vicepresidente Jorge Glas y más de una vez mencionó también al político cuencano José Serrano, actual ministro de gobierno y adalid de la lucha contra la delincuencia. Su desconfianza hacia Lenin Moreno apenas puede disimularse detrás de la retórica y de las múltiples expresiones de lealtad. La razón es obvia. El peso electoral de la figura política de Lenin Moreno es bastante independiente de la suya. No lo es completamente, por supuesto, pero entre todos sus colaboradores es quien ha logrado labrar una mayor popularidad autónoma. Es, por lo tanto, potencialmente incontrolable.
En semejante contexto, el correísmo podría desgajarse y mientras más se profundizan los problemas económicos, los recortes de fondos, y se limita la capacidad de comprar lealtad con favores suficientes, mayor es la probabilidad de que en efecto ocurran rupturas importantes. Sobre todo, conforme la popularidad del gobierno desciende por la crisis, su capacidad de trasladar el voto de confianza del electorado hacia sus colaboradores parece más limitada. Jorge Glas, el más opcionado de todos los delfines, despierta enormes resistencias dentro del aparato del partido como lo probó la imposición de su candidatura vicepresidencial en el año 2013. En sintesis, las cartas electorales del correísmo parecen marcadas por la crisis, sea que conserven la unidad sea que se dividan en dos o en varias fracciones en las provincias.
En los países andinos, sin embargo, la experiencia enseña que la debilidad de los partidos y de los liderazgos políticos establecidos, hace que las campanas repiquen muchas veces a favor de líderes improvisados nacidos de la nada, o más exactamente, originados en la sociedad del espectáculo. Algún deportista, un cómico o un as de la farándula, una joven periodista o un hombre de negocios con imagen de inmaculado, pueden patear el tablero de previsiones y poner a todos contra las cuerdas. La crisis y el descrédito que la acompaña pueden hacer perder las frágiles confianzas ganadas durante la época de vacas gordas, como ha ocurrido con el desencanto político que, otra vez, se extiende por toda América Latina, desde Brasil hasta Chile, pasando por Guatemala, Perú o Uruguay. Quizás, en un sentido más parecido al que pretendió darle Hemingway a la expresión en su famosa novela, cualquiera de los políticos ecuatorianos del nuevo orden establecido durante la revolución ciudadana, pueda temer, más que esperar, que las campanas doblen por ti.
Los análisis de coyuntura del CEP cuentan con el auspicio de Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst (Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo), Berlín, Alemania.
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