Solo protegiendo a las personas es posible enfrentarse a la crisis de energía y materiales y a la emergencia climática. Si salimos de esto en condiciones de más pobreza y miedo, se abren las puertas a la llegada de las ultraderechas
Manifestación en Fráncfort.
La crisis del coronavirus ha quebrado la normalidad. Miles de personas han enfermado; en el momento de escribir esto, más de 300 han muerto y la sucesión vertiginosa de medidas, que comenzó con el cierre de escuelas, institutos y universidades el miércoles 11 y ha desembocado en la declaración del estado de alarma vigente desde el lunes 16, está suponiendo un verdadero varapalo a la cotidianidad de la mayor parte de la gente.
No son solo las medidas de confinamiento, que pueden ser comprendidas por la mayor parte de la población, sino que desde el mismo comienzo de la crisis, los despidos, ya sean temporales –ERTE– o definitivos –ERE– y el cierre de muchos negocios están provocando una situación angustiosa para muchas personas. Ya no hay duda de que el frenazo forzoso y en seco de la crisis del coronavirus va a traer una crisis peor que la de 2008 y según se aborde, tipo doctrina del shock o con un ambicioso y valiente plan de choque que pueda mantenerse, las consecuencias serán o no devastadoras.
Para pensar cómo abordarla es preciso mirar un poquito atrás y también hacia delante.
«La gestión del coronavirus cae en una sociedad en la que hay muchas trabajadoras y trabajadores precarios, en la que los servicios públicos se han venido empequeñeciendo»
Venimos de una situación en la que la precariedad, la fragilización el derecho al trabajo, la pobreza habitacional, energética… vamos, el empobrecimiento, es estructural. Hace muy pocas semanas, el relator sobre extrema pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, advertía de la preocupante situación social que se vivía en nuestro país y concluía que había visto barrios “en peores condiciones que campos de refugiados”. Los datos de Foessa vienen alertando del crecimiento de las desigualdades informe tras informe. La gestión de la crisis de 2008 agudizó la pobreza de quienes ya lo eran y sumió en la precariedad a amplios sectores que hasta ese momento se consideraban clase media. Es decir, la gestión del coronavirus cae en una sociedad en la que hay muchas trabajadoras y trabajadores fijos-discontinuos, temporales, autónomos y pymes que viven al día, en la que los servicios públicos se han venido empequeñeciendo y la gestión de los servicios sociales funciona como si la precariedad o las dificultades para pagar la casa fuesen una excepción y no la regla.
Pero además tenemos que mirar hacia delante. Estamos ante una situación de alarma por el coronavirus pero también en una situación de emergencia climática. Aun a riesgo de que nos acusen de parapetarnos en la ciencia, queremos recordar que las proyecciones para nuestro país hablan de eventos climáticos extremos, olas de calor, sequías atroces que sabemos –tenemos los datos delante– que van a afectar gravemente a nuestras economías, a nuestros lugares de residencia, al mantenimiento de nuestras viviendas o a nuestros puestos de trabajo. Igualmente, la crisis de energía y materiales va a tensionar de forma aún más fuerte el mantenimiento de las economías globalizadas. De hecho, a la vez que sucede el coronavirus, Arabia Saudita y Rusia protagonizan una guerra comercial por el petróleo que, sin duda, va a agravar situación tan extrema.
Este frenazo, así, no es deseable desde la perspectiva del ecologismo social. Hemos asistido estos días a un desplome de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la peor forma posible, sin planificación, sin justicia, sin alternativa. Estamos hartas de señalar el canibalismo y perversión de una economía que cuando crece crea crisis cada vez más graves que afectan a las más pobres –en las riadas recientes de Reinosa o en la borrasca Gloria, quienes no pagaban un buen seguro de casa lo han perdido todo– o un frenazo como éste que vuelve a afectar sobre todo a las más vulnerables y precarias. Estamos hartas de señalar desde hace décadas que esto iba a suceder –incluidos escenarios de pandemias anunciados por la comunidad científica– y de que las respuestas solo blinden privilegios de élites que se independizan, ellas y sus posesiones, dejando atrás a un montón de personas a las que el propio negacionismo de las élites les arrebata la capacidad de organizarse.
«Ni reglas fiscales ni regla de gasto son ética y políticamente aceptables si queremos poner a la gente y su supervivencia como prioridad»
En definitiva, si no hay medidas ambiciosas y estructurales, puede que lo que venga después –o a la vez– del coronavirus sea una nueva aplicación de la doctrina del shock, similar a la de 2008, pero con un punto de partida más frágil y un escenario de futuro plagado de nuevos frenazos socioeconómicos soportados por sociedades cada vez más pobres y controladas.
En una sociedad hiperconectada por arriba y atomizada por abajo, la vida corre riesgo. En una sociedad que razona en términos mercantiles y no en términos de seguridad, protección, bienestar para todas las personas, vengan de donde vengan, la vida corre peligro.
Estos días hemos experimentado lo que es verdaderamente imprescindible. Hemos experimentado lo que no se puede dejar de hacer y quién lo hace. Nos referimos a los cuidados a menores, mayores, diversas funcionales, en general a todo el mundo. Hemos comprobado la importancia de tener servicios públicos robustos: sanidad, educación, dependencia, etc. Hemos visto cómo las administraciones públicas han apelado a la corresponsabilidad. Hemos asistido a comportamientos no adecuados y lamentado la actitud de personas que no han respondido, pero también al surgimiento espontáneo de dinámicas de apoyo mutuo. Estamos viendo cómo la sociedad civil organizada en muy poco tiempo ha sido, está siendo, capaz de articularse. El trabajo y la creatividad puesta al servicio del bien común. Este sarpullido de solidaridad y comunidad es necesario, disuelve las individualidades y hace a las personas conscientes de sus capacidades individuales y colectivas.
Ahora bien, la lógica de la protección también afecta a los gobiernos. No se trata solo de dictar medidas de confinamiento, cierre de locales o actividades, sino que la corresponsabilidad hay que combinarla con un paquete de medidas que sea coherente con la gravedad del momento, con la consciencia de la vulnerabilidad y precariedad previas y con los escenarios de presente y futuro que pueden transformarse en distópicos si no se hace nada. Sabemos ya lo que el Gobierno de este país y los del resto de Europa nos piden que no hagamos y ahora hace falta saber lo que los gobiernos van a hacer por sus pueblos.
Creemos que es el momento de abordar con valentía y ambición un plan de choque que no sea coyuntural, sino que permita surfear esta crisis lo mejor posible y deje a la sociedad en mejores condiciones para abordar las futuras.
«Hay que impulsar un paquete de medidas económicas y sociales de, al menos, el 10% del PIB. Estamos hablando de 120.000 millones de euros»
Eso pasa por generar un paquete de medidas sociales que no sean meras ocurrencias o chapuzas temporales, sino que conduzcan a una situación de mayor resiliencia. La clave es garantizar ingresos y servicios públicos de forma masiva.
El estado de alarma debe establecer que no hay límite para abordar la emergencia del coronavirus, como no deberá haberlos para abordar la climática. Ni reglas fiscales ni regla de gasto son ética y políticamente aceptables si queremos poner a la gente y su supervivencia como prioridad.
Es evidente que esta coyuntura hace imprescindible modificar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea para ponerlo al servicio de la mayoría social. Hay suficiente temperatura y preocupación para intentar tumbar las absurdas políticas austericidas. Si no es ahora, ¿cuándo vamos a ser capaces de superar límites no científicos que impiden dedicar recursos a la gente?
Pero además es que no hay que esperar a modificar el marco legal europeo para actuar. Con sus propias reglas y sin modificar tratados ni Constitución española, deberíamos impulsar un paquete de medidas económicas y sociales de, al menos, el 10% del PIB. Estamos hablando de 120.000 millones de euros. Y no hablamos solo de aplazar impuestos. Hablamos de garantizar ingresos de subsistencia y servicios públicos de manera masiva.
A quienes quieran escudarse en la ortodoxia presupuestaria les remitimos a la lectura del propio artículo 135 de la Constitución, que en su apartado 4 dice que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”. ¿Alguien piensa que no es aplicable a lo que ahora estamos viviendo?
Y a quienes se remitan a actuaciones de otros países europeos, basta indicar que el Gobierno alemán ya lo está haciendo: pondrá a disposición de las empresas en dificultades hasta 500.000 millones de euros a través del marco de garantía establecido por el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), por cierto, banco público. De forma inicial, se liberarán 20.000 millones. Olaf Scholz (PSD), vicecanciller alemán, ha asegurado que defenderá que el resto de países, independientemente de su margen fiscal y los criterios de déficit, tengan también la posibilidad de hacer lo que necesitan.
«Tenemos 45.000 millones de euros parados en las cuentas bancarias. hace falta que esos remanentes vayan a paliar necesidades de las personas más vulnerables»
Por eso, en el marco de las administraciones públicas debe eliminarse el techo de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos y permitir déficit, para que puedan implementar medidas de impulso de gasto y políticas públicas para proteger a la sociedad de las consecuencias de esta crisis. Igualmente, debe promulgarse un decreto de autorización de uso de remanentes para inversiones financieramente sostenibles en las entidades locales. Se trata de administraciones cercanas a la ciudadanía y que podrían adoptar medidas muy positivas porque los ayuntamientos de todo el Estado acumulan 28.300 millones de euros en depósitos bancarios, según los datos del Banco de España del tercer trimestre. Las corporaciones locales, no solo no reciben intereses por estos fondos, sino que los bancos quieren cobrarles por ese ahorro.
También tienen ahorro en depósitos las comunidades autónomas, en concreto 16.700 millones de euros. Ni siquiera hace falta ir a buscar el dinero.
«Tenemos 45.000 millones de euros parados en las cuentas bancarias y hace falta que esos remanentes vayan a paliar necesidades de las personas más vulnerables».
Y todas estas medidas no precisan de modificación legislativa. Pueden y deben aplicarse de manera inmediata.
Es preciso garantizar medios humanos y de equipamiento al personal sanitario, de emergencias y servicios básicos y fortalecer el sistema de ayudas a domicilio, aumentando personal decentemente pagado, medidas de seguridad, equipamiento individual y protocolos de actuación ante síntomas o diagnosis de nuevos enfermos.
El estado de alarma debe permitir impulsar medidas para garantizar el empleo, prohibiendo los despidos, ERE’s y ERTE’s en empresas que sobrepasen un determinado umbral de facturación o que hayan tenido beneficios en el año previo. Tampoco es de recibo que se despida a trabajadoras y trabajadores en determinados sectores estratégicos, como el sanitario, energético, producción y distribución de bienes de primera necesidad y sanitarios. Debe ampliarse la cobertura del seguro de desempleo y del subsidio, el porcentaje de base y la extensión de plazo de cobro.
Y no menos importante es garantizar una renta mínima o mínimo de subsistencia o ingreso mínimo vital por persona, la cobertura especial de desempleo para trabajadores y trabajadoras precarias, fijos-discontinuos o temporales, que no tienen en el momento actual ni siquiera derecho a tener cobertura, acompañadas de la suspensión de liquidación de obligaciones fiscales y prohibición de baja en régimen general, autónomo y cualquier otro asimilado por impago de cuota mensual.
Uno de los aspectos que ha contribuido a visibilizar esta crisis es la crisis de cuidados. Es necesario establecer permisos retribuidos para el cuidado de menores mientras dure la emergencia: automático para familias monoparentales y para una de las dos personas en el caso de contar con dos progenitores, así como la consideración de Incapacidad Temporal Profesional para autónomos y profesionales con obligaciones de cuidado de menores sin otro progenitor en situación de permiso retribuido.
Se debe declarar la Incapacidad Temporal Profesional y organizar la entrega de prestación para todas las personas que se encuentren en cuarentena o no puedan prestar servicio a distancia.
Deben arbitrarse ayudas directas a los sectores económicos directamente afectados por la declaración del estado de alarma, a trabajadores autónomos o negocios de carácter familiar con o sin empleados a cargo, así como el trámite directo de prestación por desempleo ante cualquier extinción de relación laboral o la no admisión de bajas ante la Seguridad Social durante el periodo de alarma.
En cuanto a las viviendas es preciso prohibir cortes de luz, agua, gas y cualquier suministro; suspender resoluciones o procedimientos por impagos de alquileres o hipotecas. Que no se admita ninguna demanda por dicho motivo. Se deberá establecer moratorias al pago de hipotecas y alquileres y garantizar seguridad habitacional y establecer planes contra el sinhogarismo durante el estado de crisis.
Una cuestión también importante es evitar el acaparamiento y/o especulación con bienes de primera necesidad, sanitarios y de dinero en efectivo. Se debe bloquear el precio de productos de alimentación, primera necesidad, sanitarios y transporte.
Llega el momento de hablar de cómo se paga todo esto y lo primero que hay que decir es que por supuesto que hay recursos para hacerlo. Y para ello hay que combinar la acción de políticas fiscales y también monetarias.
No se puede salir de esta situación sin que las élites paguen más impuestos. Sigue existiendo una brecha de recaudación fiscal con respecto a la media de la Unión Europea y es en este momento cuando la herida se hace más dolorosa. En España la recaudación alcanza el 40,3% del PIB, por lo que sigue siendo uno de los países con menor presión tributaria al ingresar menos por IRPF, IVA y cotizaciones sociales que nuestros socios comunitarios. En concreto 5 puntos porcentuales menos que la media. Eso son 60.000 millones de euros anuales. Si nos comparamos con Francia, la brecha sería de casi 100.000 millones de euros.
Y en el ámbito monetario, es imprescindible que, por una vez, el Banco Central Europeo sea de todas y todos y no el lobby de la banca privada. Por eso, el déficit y el incremento de la deuda pública que se va a producir a corto plazo debe ser adquirida por el BCE de forma directa a los Estados, sin la intermediación de las entidades bancarias privadas que hagan negocio a costa de esta crisis, como ha pasado en esta última década.
No asumir medidas ambiciosas supondría reeditar las respuestas a la crisis de 2008. Es momento de hacer otra cosa ya, no cuando salgan las cifras de paro y empobrecimiento que deja esta dramática situación. De hacerlo así, podemos convertirlo en algo estructural que genere resiliencia y permita hacer las transiciones sociecológicas a un nuevo modelo que sí o sí tendremos que construir. Por las buenas o por las malas.
Solo protegiendo a las personas es posible generar las condiciones para repensar el freno y la reducción de la escala material de la economía que inevitablemente planteará la crisis de energía, materiales y la emergencia climática. Si salimos de esto en condiciones de más pobreza, desconfianza y miedo, se abren las puertas a la llegada de las ultraderechas.
El Gobierno tiene una importante responsabilidad y está llamado a asumirla. Confiamos en que lo hará. Para eso les pusimos allí.