Tal vez la forma más adecuada de abordar algunos conflictos sociales que están sucediendo en nuestro continente, sea a través de una mirada de larga duración, como la que habitualmente ensaya el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein. No hacerlo así, implica correr el riesgo de atribuirlos a caprichos personales de algunos presidentes o a la particular […]
Tal vez la forma más adecuada de abordar algunos conflictos sociales que están sucediendo en nuestro continente, sea a través de una mirada de larga duración, como la que habitualmente ensaya el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein. No hacerlo así, implica correr el riesgo de atribuirlos a caprichos personales de algunos presidentes o a la particular irresponsabilidad de las empresas involucradas en esos conflictos.
En efecto, varias de las situaciones más complejas para los movimientos sociales tienen en común dos hechos notables: forman parte de la nueva oleada neoliberal y se producen bajo gobiernos de signo progresista que buscan, de forma explícita, la construcción de un mundo multipolar. El ayuno del obispo brasileño Luiz Flavio Cappio contra la transposición del río San Francisco, la brutal represión contra los vecinos de Dayuma (Ecuador) que demandaban obras postergadas y el conflicto en torno a la fábrica de celulosa Botnia que enfrenta a los gobiernos de Uruguay y Argentina, reúnen ambas características señaladas. Similares consideraciones pueden hacerse respecto a los monocultivos de soja y caña de azúcar, así como las concesiones para la explotación minera en el área andina.
Las obras que demanda la transposición del río brasileño de 2.800 kilómetros, se realizan con la excusa de llevar agua a 12 millones de nordestinos pobres que sufren escasez en la época seca. Pero diversos estudios mostraron que las faraónicas obras, cuyo costo se estima en algo más de 3.000 millones de dólares, beneficiarán sobre todo a los grandes empresarios del Nordeste que producen camarones, frutas nobles y etanol para el mercado internacional. La Agencia Nacional de Aguas y Energía propone una alternativa más barata para atender las necesidades de los pobres sin agua, consistente en 530 obras que abastecerían a 1.300 municipios de la región a un costo que es sólo la mitad del que demanda el desvío de las aguas del río San Francisco.
Es la segunda vez que Dom Cappio realiza una huelga de hambre. La anterior fue en 2005 y la finalizó ante el compromiso de Lula da Silva de abrir un debate con la sociedad para evaluar las obras que liquidarían un río emblemático. Volvió a ayunar desde fines de noviembre porque en julio el gobierno envió a los militares a comenzar las obras. La Pastoral de la Tierra y muchos movimientos, entre ellos el MST, rodearon el ayuno de una amplia solidaridad. Llama la atención, e indigna, la reacción del gobierno. Durante dos semanas silencio absoluto. Pero el domingo 10, un artículo del ministro de Integración Nacional, Geddel Vieira Lima, publicado en Folha de Sao Paulo, acusa al obispo de «fundamentalista», de «despreciar las instituciones» y de «terrorismo simbólico». Vieira no es miembro del Partido de los Trabajadores (PT) sino del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero forma parte del gobierno Lula.
En Dayuma, en la provincia de Orellana, la represión a los pobladores se justificó porque a raíz de la protesta social se paralizó la producción petrolera por unas horas. El gobierno progresista de Rafael Correa militarizó un conflicto social enviando al ejército que reprimió con brutalidad, decretó el Estado de Emergencia e impidió -amenazando con su renuncia- que la Asamblea Constituyente se ocupe del tema. Dayuma es una parroquia pobre, donde falta agua y luz, los suelos son infértiles por la contaminación y los campesinos sufren pérdidas por muerte de animales y daño de cultivos.
En Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez militarizó en su momento la zona donde está la multinacional finlandesa Botnia, para evitar manifestaciones de ambientalistas. Exacerbando el nacionalismo, cerró los puentes e instaló guardias policiales para impedir que los miembros de la asamblea ambiental de la ciudad argentina de Guyaleguaychú, cruzaran el río para manifestar su rechazo a la planta de celulosa que comenzó a funcionar el mes pasado. El modelo forestación-celulosa fue instaurado por los gobiernos neoliberales de los años 90, pero ha sido asumido por el actual gobierno progresista al punto que se estima que pueden instalarse entre tres y seis grandes plantas en los próximos años.
En cada caso se justifican los emprendimientos con argumentos similares: nada puede poner en riesgo el desarrollo de nuestros países, entendiendo por desarrollo los megaemprendimientos que suponen crecimiento exógeno, basado en la exportación de commodities y materias primas que dejan poco y nada al país. Pero en los tres casos, se asiste a una criminalización de la protesta social porque se la considera -aunque no se lo diga siempre de modo directo- como un estorbo para los proyectos desarrollistas de esta segunda oleada neoliberal.
El potente crecimiento económico de Brasil -dicen desde el gobierno- es un requisito para elevar al país y a la región toda al rango de potencia global, lo que permitiría acotar las vulnerabilidades y dar un paso hacia el multilateralismo en la región y en el mundo. En Ecuador, el multilateralismo queda en evidencia con el anuncio de Correa del traspaso de la base de Manta a China, y la puesta en marcha del eje Manta-Manaos que forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). En ese corredor carretero y fluvial juega un papel destacado el eje petrolero denominado ITT (en las provincias Napo y Pastaza) que sería entregado a las empresas Petrobras (Brasil), Sinopec (China) y Enap (Chile).
Desde una mirada centrada en los movimientos sociales, un mundo multipolar es mucho más favorable que uno unipolar hegemonizado por los Estados Unidos. Este punto parece fuera de discusión. Sin embargo, lo que venga a raíz de la decadencia del imperio norteamericano, no será un paso adelante si forma parte del mismo modelo neoliberal contra el que los pueblos, organizados en movimientos, se pusieron en marcha. Para que el declive de la influencia de Washington favorezca a los sectores populares latinoamericanos, el lugar que sus multinacionales dejan vacante no deben ocuparlo otras empresas multinacionales (sean del país que sean), sino los estados en los que esos sectores pueden hacer pesar su vigilancia y su voluntad de cambios.
En la década de los 90, nuestro continente fue invadido por multinacionales europeas que se beneficiaron de las privatizaciones. El desastre que provocaron no fue menor que el de las multinacionales yankis. Ahora aterrizan empresas chinas, indias, mexicanas y brasileñas. ¿Vamos a confiar en que esta vez no volverán a esquilmar nuestros recursos y humillar a nuestros pueblos?