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Preparativos mediáticos para una intervención

Por Romain Migus | 05/05/2018 | Venezuela
Fuentes: TopoExpress

Traducido de Maria Piedad Ossaba

El 20 de mayo de 2018 se celebrará la elección presidencial en Venezuela. Esta convocatoria del pueblo a las urnas será la ocasión de pedir a los ciudadanos que hagan una elección sobre el futuro de su país, de la forma más soberana y más democrática. El chavismo, conducido por Nicolás Maduro, afrontará cuatro candidatos de oposición entre ellos Henri Falcón (1).

El ex gobernador del Estado de Lara fue el director de campaña del candidato de oposición Henrique Capriles Radonski en la última elección presidenciales de 2013. Con un 22% de intenciones de voto en los sondeos, es hoy el candidato de oposición en la mejor posición para intentar arrebatar el ejecutivo al presidente saliente. Nicolás Maduro, por su parte, ahora se acredita con un 52% de las intenciones de voto (2). Situación improbable si se atiene a las coberturas mediáticas dominantes pero que sigue siendo perfectamente racional en el contexto venezolano, donde el chavismo conserva una fuerte base electoral.

Es por lo tanto una elección crucial que se celebrará a finales de mayo, y que permitirá a los venezolanos definir el rumbo político del país para los próximos seis años. Nada muy original para un país que cuenta con 25 procesos electorales distribuidos en los 19 años de Revolución Bolivariana. Salvo que estas elecciones tendrán lugar en Venezuela, donde se desarrolla una terrible guerra de cuarta generación, cuya batalla de la información es uno de los ejes centrales.

Varias operaciones psicológicas ya fueron puestas en práctica desde la llegada de Hugo Chávez al poder. La última tuvo como objetivo lograr la aceptación en la opinión pública internacional de un cambio de régimen por la fuerza tras la elección de una Asamblea Constituyente, el 30 de julio de 2017. Ante la increíble movilización de los electores venezolanos a favor del proyecto de nueva constitución, este objetivo debió abortarse. Pero ha causado grandes perjuicios, y la propaganda desplegada en ese momento consiguió hacer admitir como verídicas toda una serie de matrices de opinión falsas. Es a partir de este terreno fértil que el sistema mediático se prepara de nuevo para tratar de hacernos aceptar como lógica una intervención antidemocrática contra el gobierno de Venezuela.

Este escenario no debe ser tomado a la ligera. Nunca la posibilidad de un ataque militar había sido tan propicia como en la actualidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no lo excluyó (3). Tras el fiasco de la intervención en Siria, un derrocamiento del Gobierno bolivariano podría realzar el prestigio militar de EE.UU en lo que considera como su feudo. A su vez, también es un buen medio para Washington de probar la determinación rusa de defender un mundo multipolar y de saber en cuántos teatros de operaciones el Kremlin puede estar presente simultáneamente.

Ahora le toca al sistema mediático convencer la opinión pública de la pertinencia de una intervención. Hasta la próxima elección presidencial, asistiremos a un acoso destinado por una parte a deslegitimar el alcance democrático del proceso electoral, y por otra parte a crear en la opinión pública un dejar hacer en caso de intervención extranjera.

Por consiguiente debemos prepararnos para hacer frente a una operación psicológica de gran amplitud que se basa en varias falsedades elaboradas desde hace años contra el Gobierno bolivariano. Los medios dominantes así construyeron varias matrices de opiniones que legitimaban cada una un pretexto para una intervención contra el país de Bolívar.

Una intervención para restablecer la democracia

En mayo de 2016, algunos meses después de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas, un proceso de diálogo entre el chavismo y sus opositores comenzaron en República Dominicana bajo los auspicios del ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del ex Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández y el ex Presidente de Panamá, Martin Torrijos. Esta serie de 150 reuniones tenía como objetivo sacar al país política y pacíficamente de la crisis política provocada por los intentos violentos de la oposición para derrocar al presidente Maduro.

En enero de 2018, parecía haberse encontrado un acuerdo con respecto a una vieja cantinela los Estados Unidos y sus aliados venezolanos: la convocatoria a una elección presidencial anticipada (4). El acuerdo se refería a las garantías electorales y la fecha de la elección, inicialmente prevista para abril.

Sin embargo, como señala Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de la Comisión de diálogo para el Gobierno, «Todo estaba listo [para la firma del acuerdo] hasta el escritorio donde debíamos hacer nuestras declaraciones oficiales. Y luego, en la tarde, Julio Borges, el ex presidente de derecha de la Asamblea Nacional, recibió una llamada telefónica de Colombia del ex secretario de Estado de EE.UU, Rex Tillerson (…) La oposición anunció que no firmaría el acuerdo. De regreso a Caracas, José Luis Rodríguez Zapatero envió una carta a la oposición para pedirle cuál era su alternativa puesto que se negaba a participar en una elección presentando las garantías en las que ella misma había trabajado» (5). La franja más radical de la oposición decidió entonces boicotear la elección para hacer creer que Nicolás Maduro se presentaba solo en la carrera al Palacio de Miraflores.

A pesar de que cuatro opositores se presenten contra el Presidente saliente, este argumento se reprodujo ampliamente por el sistema mediático para dejar creer a la opinión pública que el gobierno bolivariano amaña las elecciones y organiza una parodia de democracia. Varios gobiernos ya anunciaron que no reconocerán los resultados de la próxima elección presidencial: EE.UU, los países latinoamericanos miembros del grupo de Lima (6), así como el reino de España o la República Francesa. Pero lo que los medios nunca muestran, es que las condiciones están perfectamente reunidas para elecciones democráticas y transparentes.

En Venezuela, para evitar los fraudes, las elecciones no son organizadas por el ejecutivo. La Constitución de 1999, que reconoce la existencia de cinco poderes independientes – el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el moral y el poder electoral- deja a este último la tarea de organizar los procesos electorales, en función de la Ley orgánica de los procesos electorales. Este marco legal, adoptado en 2009, no se modificó después. Permitió, en particular, la elección de Henrique Capriles como gobernador del potente Estado de Miranda (por 2 veces), reconoció la elección de Antonio Ledezma como Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas o también la de Julio Borges como diputado a la Asamblea Nacional. Ninguno de los representantes electos de la oposición nunca ha emitido una duda sobre el buen desarrollo del sufragio que lo dio vencedor, y la propia oposición jamás ha puesto en entredicho el marco legal de los procesos electorales. Cuando los medios nos hablan de una elección ilegítima, ¿por qué no se refieren a la legislación que encuadra el voto de los ciudadanos en vez de hacerse los portavoces de una oposición poco democrática?

¿Cómo se vota en Venezuela? He aquí una buena pregunta nunca abordada por el sistema mediático. Explicaciones: En primer lugar, cada partido político tiene el derecho a postular sus partidarios como asesores en los colegios electorales, así como una lista de observadores nacionales e internacionales. A continuación, el Centro Nacional Electoral (CNE) convoca, en presencia de todos los partidos, a una auditoría previa del programa informático utilizado para la recolección de datos. Observadores de cada partido político seguirán el proceso electoral desde la sede del CNE y también desde la empresa de telecomunicación encargada de la transmisión de los datos. Cada etapa debe ser aprobada por todos los participantes. Y de hecho, hasta ahora siempre lo ha sido.

Por lo que respecta al voto (7), Venezuela utiliza un doble sistema electrónico y manual. Cuando uno entra en el colegio electoral, se identifica mediante su tarjeta de identidad y de una máquina de reconocimiento de huellas digitales. Es pues imposible votar dos veces. A continuación se escoge su candidato en una máquina que pide confirmación del voto. Una vez confirmado, lo maquina emite un tiquete con el nombre del candidato, que el elector coloca en un sobre y deposita en una urna. Para terminar, después de haber firmado el registro electoral, empapa su dedo pequeño en tinta indeleble para garantizarse una segunda vez que no repetirá su voto. La noche de los resultados, el CNE procederá a una auditoría donde se sortearán, delante de los responsables de los distintos partidos, los colegios electorales donde se verificará el resultado electrónico. Se trata entonces de comparar los resultados obtenidos en la urna tras el conteo final con el resultado electrónico. Nunca fue detectado un error durante los múltiples procesos electorales.

Cuando el mal perdedor, Capriles Radonski impugnó la elección de Nicolas Maduro en 2013, el CNE abrió 100% de las urnas para compararlas con el resultado electrónico que daba un corto margen del 1,49%. Después de haber hecho abatir 11 chavistas por sus partidarios y haber puesto el país a fuego y sangre durante varias semanas, Capriles Radonski tuvo que reconocer su derrota (8).

Estas garantías para blindar el resultado condujo al ex presidente estadounidense Jimmy Carter a definir el sistema electoral venezolano como «el mejor del mundo» (9). Son los mismos procedimientos que definirán el voto de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018.

«Olvidando» sistemáticamente presentar el funcionamiento del sistema electoral venezolano, los medios nos toman como blanco. Estas omisiones cuando dejan lugar a verdaderas campañas de propaganda son criminales. Como todo parece indicar que Nicolás Maduro debería ganar la próxima elección (10), el no reconocimiento del carácter democrático de esta elección por los medios tiene como objetivo legitimar una intervención extranjera » para restablecer la democracia» como fue el caso en Haití o Serbia.

Una intervención contra un Estado canalla (Rogue State) o fallido (Failed State)

La palabra fue pronunciada varias veces por el vicepresidente de EE.UU (11). El Estado venezolano seria fallido o incluso un Estado canalla.

Según los servicios de propaganda estadounidenses y sus correas de transmisión mediáticas, Venezuela ya no contaría con un sistema institucional que funcione sino que dependería de la buena voluntad de un dictador y de una milicia que garantizaría su protección y su permanencia en el poder. El año 2017 dio lugar a varias construcciones mediáticas en torno a este tema. Reanudemos la cronología de los acontecimientos para no ser víctima de los bombardeos mediáticos sobre este delicado tema.

Tras la elección legislativa de 2015, en la que la oposición ganó 112 de los 167 escaños, una denuncia por fraude fue presentada en tres circunscripciones. Tal medida no es exclusiva de Venezuela, es un procedimiento similar que fue iniciado contra el ex primer ministro francés Manuel Valls, cuya elección como diputado despertó sospechas de fraude electoral (12).

Después de la investigación, la elección de estos diputados del Estado de Amazonas fue invalidada por el tribunal electoral que convocó de nuevo a los ciudadanos a las urnas en estas tres circunscripciones. Prefiriendo el enfrentamiento a la libre elección democrática, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup tomó la decisión de no respetar la sentencia del poder electoral. Como lo estipula la Constitución, fue el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que falló y declaró la Asamblea Nacional en situación de desacato judicial mientras la elección de los tres diputados no tuviera lugar. Por lo tanto, todas las decisiones de la Asamblea Nacional fueron consideradas nulas por el TSJ mientras persistiera esta situación. Esta tensión institucional afectó a los poderes legislativo, judicial y electoral.Es incluso suficientemente simbólica por la vivacidad y el buen funcionamiento de las instituciones venezolanas que no permiten ni vacío jurídico ni falta de poder. Y donde el hilo constitucional nunca ha sido roto. Cabe señalar que en esta confrontación, el ejecutivo no pudo tomar ninguna decisión.

A pesar de ello, los medios internacionales propagaron la idea de que las instituciones no funcionaban en Venezuela y que el presidente Maduro había acaparado todos los poderes silenciando una Asamblea contradictoria. Este conflicto jurídico se duplicará rápidamente con un intento de golpe de Estado fallido. De marzo a julio de 2017, violentos enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del orden dejaran más de 142 muertos y más de 800 heridos. Inmediatamente, una campaña mediática se puso en movimiento para atribuirle al gobierno bolivariano la totalidad de las muertes ocurridas. Tras la investigación, se reveló que cerca del 70% de las muertes son imputables de manera directa o indirecta a los grupos de choque de la oposición (13).

La elección de la Asamblea Constituyente y las elecciones locales posteriores permitieron un retorno a la calma, pero la propaganda de los medios ha hecho su camino y la idea de un Estado fallido, donde las instituciones ya no funcionan aró los espíritus, manipulados por las empresas de comunicación. Es desde esta perspectiva que es necesario comprender el reciente show mediático montado por la oposición para juzgar y detener el presidente Maduro (14).

Un nuevo «Tribunal Supremo de Justicia en el exilio» designado por una Asamblea Nacional, cuyas decisiones se consideran nulas decidió, basándose en la demanda de la antigua fiscal de la República Luisa Ortega, destituida y buscada por la justicia por corrupción (15), de proceder al enjuiciamiento del presidente venezolano por corrupción, y solicitar su captura por Interpol. La Asamblea Nacional aprobó posteriormente la solicitud de esta judicatura ficticia, y Luisa Ortega «ordenó» a las Fuerzas Armadas de capturar el presidente.

Lo que parece una mala broma se inscribe en esta estrategia de hacer pasar Venezuela por un Estado fallido. Creando ilegalmente instituciones judiciales paralelas (TSJ y Fiscal «en el exilio»), la oposición pretende dar la impresión de una crisis institucional. Esta situación de ingobernabilidad artificial podría justificar a su vez la intervención de países que no reconocerían los verdaderos poderes legales existentes. Recordemos que la constitución de poderes paralelos en el exilio siempre ha sido el preludio de aventuras militares como lo fue el caso en Libia y Siria.

De la misma manera, y sin ninguna prueba, Venezuela está acusada de ser una «narco-dictadura», premisa necesaria para ser calificada de Estado canalla. En 2015, el diputado chavista Diosdado Cabello y un grupo de militares fueron acusados, sin ninguna prueba tangible, de pertenecer al misterioso Cartel de los Soles (16). La acusación sólo se basaba en los testimonios de antiguos miembros de la administración venezolana «refugiados» en los Estados Unidos después de haber sido acusados por la justicia de su país por corrupción. Pero el sistema mediático se desbocó. Los grandes grupos de comunicación comenzaron a construir una «verdad» por un astucioso sistema de triangulación de la información. Por ejemplo, el Washington Post citaba como prueba un artículo del diario español ABC, que luego iba a ser retomado por el Wall Street Journal, luego por los diarios colombianos, quienes a su vez invocaban los artículos de sus colegas europeos, y así sucesivamente. El único problema, la ausencia manifiesta de pruebas. Las últimas noticias, tres años después de este caso las pruebas están clasificadas en la misma carpeta que aquellas sobre las armas de destrucción masiva iraquíes o sobre las armas químicas sirias.

Qué más da, la idea germinó en la opinión pública para la cual Venezuela bolivariana, a pesar de sus esfuerzos en la lucha anti droga, ahora se asocia al narcotráfico. Esta matriz del narco -Estado fue reforzada por el arresto por la DEA, de dos miembros de la familia de la esposa del presidente Maduro, acusados de tráfico de cocaína. Una vez más, ninguna prueba conectaba esta detención a una operación ilegal organizada desde las altas esferas del Estado.

Que importa, para el sistema mediático, Venezuela se convirtió en una «narcodictadura» (17). Esta precipitación del tribunal mediático es tan asombrosa como selectiva. El mismo año, los hijos del presidente de Surinam y de un ex presidente de Mauritania fueron detenidos y condenados por tráfico de drogas (18). Sin embargo, ningún medio utilizó estos sucesos para transformar los dos países mencionados en narco-Estados.

No permitamos que nos engañen por las fake news de los medios dominantes. El relato mediático encaminado a transformar Venezuela en Estado fallido o en Estado canalla sólo tiene un objetivo: justificar una intervención extranjera como fue el caso en la operación Causa Justa* en Panamá, o en las destrucciones de Afganistán o Libia.

Una intervención «humanitaria»

Al margen de la VIII cumbre de las Américas, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió con miembros de la franja más extrema de la oposición venezolana. Durante la reunión, uno de los políticos presentes, Antonio Ledezma, que había llamado algunas semanas antes la comunidad internacional «a derrocar a Maduro» (19), declaró: «más que ayuda humanitaria, lo que necesitamos es una intervención humanitaria» (20). Más claro imposible.

Esta declaración se inscribe como punto culminante de la estrategia de guerra económica desplegada contra el pueblo venezolano y cuyo propósito, como en el caso del Chile de Allende, es » hacer chillar la economía venezolana» (21). Especulación contra el bolívar, la moneda nacional, contrabando de extracción de los productos de primera necesidad, saqueo de la gasolina, tráfico de billetes de banco venezolanos, reducción de la nota de solvencia de Venezuela a pesar del pago de su deuda, todos los medios son buenos para asfixiar la economía del país y podrir la vida de los ciudadanos.

A esto se añade un feroz bloqueo económico y financiero por parte de EE.UU y sus aliados. Establecido bajo Obama, ha sido reforzado por el presidente Donald Trump. Como lo señala la economista Pascualina Curcio (22), un 64% del total de las importaciones de medicamentos y el 82% de los alimentos importados por Venezuela provienen de los Estados Unidos o de países europeos y latinoamericanos alineados a la política de Washington y en su voluntad de penalizar a las empresas que comercian con entidades públicas venezolanas. Es un acto criminal encaminado a fabricar la miseria para justificar una intervención humanitaria, terminología hoy famosa para cubrir los horrores de una guerra, como en Somalia o Kosovo.

Ahogados por esta guerra económica, cientos de miles de venezolanos decidieron emigrar a los países de la región o a los Estados Unidos (23). Este proceso migratorio se convirtió en un pretexto para atacar al gobierno y despertar el espectro de una intervención humanitaria. Qué más da que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación no considere reales problemas de malnutrición en Venezuela en su último informe 2017 (24), qué más da que Alfred De Zayas, experto independiente de las Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, haya declarado: «He comparado las estadísticas de Venezuela con las de otros países, y no hay una crisis humanitaria. Sí, hay problemas de abastecimiento y escasez pero para quienes hemos trabajado decenas de años para las Naciones Unidas y que conocemos la situación de países de Asia, África, e incluso de las Américas, sabemos que la situación en Venezuela no constituye en modo alguno una crisis» (25). El tema de la crisis humanitaria va ser alimentado por toda una serie de ONG con objetividad dudosa (26) y retomado por todo el sistema mediático mundial para legitimar el oxímoron de una intervención militar «con fines humanitarios».

Justificándose por la crisis económica de su vecino, el gobierno brasileño ordenó un despliegue militar en la frontera con Venezuela (27). Colombia, por su parte, decidió construir campamentos para refugiados en las ciudades fronterizas. El presidente colombiano Juan Manuel Santos envió incluso miembros de su gobierno… a Ankara, para aprender de la gestión por la administración turca de la afluencia de refugiados sirios que huyen de la guerra en su país (28).

Si no se trata de negar la magnitud del proceso migratorio de los venezolanos, afectados por las consecuencias del bloqueo y la guerra económica, la reacción de los países vecinos y de la administración estadounidense nos parece indicar que estamos más cerca de preparativos de guerra que de una simple gestión migratoria. A título de contraejemplo, cuando, a comienzos del siglo XXI, un 15% de los ecuatorianos tuvieron que huir de la miseria en la cual las políticas neoliberales los habían sumido, ningún Estado pensó a exigir una «intervención humanitaria» en Ecuador. ¿Y qué decir de Grecia donde la mitad de la población vive fuera de las fronteras de la República Helénica? ¿Existirían unos medios coherentes para pedir el bombardeo de Atenas?

Poner nuestros cerebros en estado de alerta

A medida que se acercan las elecciones presidenciales, yla probable victoria de Nicolas Maduro, la presión mediática va a intensificarse. Este desbocamiento se realizará a las cuatro esquinas del planeta, al mismo tiempo, con los mismos argumentos, y sobre todo con las mismas fuentes de información. Éstas proceden o de ONG financiadas por los Estados Unidos, o por el prisma de la triangulación de una información nunca comprobada. El desencadenamiento de fake news que se anuncia en la elección presidencial en Venezuela – que, recordémoslo, no será reconocida por ciertos países- tendrá por objetivo provocar un choque en la opinión pública, y así impedir toda manifestación de solidaridad contra las medidas punitivas que les seguirán. Paradójicamente, los que se atreverán a poner en duda la doxa mediática entonces serán linchados en nombre de la democracia y la libertad de expresión.

Debemos negarnos a que nuestro cerebro sea tomado como blanco por los ataques y los misiles mediáticos. Defender Venezuela en la tormenta programada, no es solamente afirmar nuestra adhesión con los principios de respeto de la soberanía democrática y de la no injerencia; es también rebelarse contra los atentados a nuestra integridad mental, no aceptar ser cómplice del conflicto anunciado y reafirmar nuestro derecho a ser informados de manera honesta y equilibrada.

Traducido del francés por Maria Piedad Ossaba

N de la T:
* Operación Causa Justa: La Invasión estadounidense de Panamá de 1989 fue un operativo militar del ejército de EE.UU llevado a cabo entre el miércoles 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990​ cuyo objetivo era el de capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense acusado del delito de narcotráfico, como también neutralizar las Fuerzas de Defensa de Panamá. El operativo fue denominado Operation Just Cause(Operación Causa Justa) por el comando militar de EE.UU, y dejó aproximadamente un saldo de 3.000 muertos.

Publicado originalmente en la web del autor: http://www.romainmigus.com/

Nuestra fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/venezuela-preparativos-mediaticos-para-una-intervencion/