Ante el abismo al que se enfrenta la zona euro, el nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha empezado a enmendar a su antecesor recortando ligeramente los tipos de interés. En nuestro país, en cambio, no se observa ninguna autocrítica de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, por su […]
Ante el abismo al que se enfrenta la zona euro, el nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha empezado a enmendar a su antecesor recortando ligeramente los tipos de interés. En nuestro país, en cambio, no se observa ninguna autocrítica de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, por su responsabilidad en relación a la crisis financiera que padecemos.
El Banco de España tiene encomendado legalmente preservar un importante bien público, fundamental para el bienestar social y económico de nuestro país: la estabilidad del sistema bancario. Función que no ejerció correctamente, como pone de manifiesto el actual colapso financiero que padecemos empresas y ciudadanos. Para su cumplimiento, los órganos rectores del Banco de España, con sus gobernadores a la cabeza, tienen -según las leyes 13/1994 y 28/1988- capacidades legales y competencias específicas, con amplios recursos inspectores para incoar expedientes sancionadores, propuestas de intervención o de sustitución de las administraciones en relación con las entidades bancarias españolas. Por lo que no resulta exagerado considerar que el Banco de España es la «policía financiera» del Estado español.
Por ello merece la pena hacerse dos preguntas: ¿inició expedientes sancionadores a alguna entidad bancaria, por excesos de endeudamiento y préstamo a promotores inmobiliarios? ¿Ha ejercido de forma completa sus competencias policiales en materia financiera? La respuesta a la primera es sencilla: no existen noticias de que fuera iniciado expediente sancionador alguno contra alguna entidad bancaria. La segunda requiere un mayor análisis.
En mayo de 2006, un año antes de que estallara la crisis financiera mundial, la Asociación de Inspectores del Banco de España envió una carta al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, en la que reflejaban literalmente: «Nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador (…) y obvia una de sus causas más evidentes: la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España (…) por la voluntad de su máximo responsable, el gobernador». El gobernador entonces era Jaime Caruana, pero ni él, ni la persona que fue nombrada un mes y medio después como gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pusieron en marcha ninguno de los «medios normativos necesarios para poner freno a los crecimientos del crédito con los que cuenta el Banco de España», en palabras de los propios inspectores.
Los gobernadores alertaron en repetidas ocasiones, incluso en el Congreso, contra el excesivo endeudamiento inmobiliario, en apologéticos discursos neoliberales en los que aprovechaban para cargar contra los derechos laborales, contra la regulación protectora del trabajo, a favor del «capital libre y liberador» que ellos ven como santo grial de su mundo ideal neoclásico. Estos avisos son prueba evidente de que disponían de información fehaciente y precisa de cada entidad bancaria, elaborada por sus diligentes equipos inspectores, sobre los excesos de endeudamiento en los que habían incurrido varias de ellas. Pero se limitaron a alertar a los gestores de las entidades, a los políticos, a la sociedad de los riesgos que se acumulaban detrás de esa borrachera de endeudamiento.
¿Se imaginan ustedes que la Policía Nacional, ante la acumulación de evidencias de conductas delictivas de mafias o delincuencia internacional, se limitase a alertar a esos presuntos delincuentes de que sus conductas atentan contra el bienestar y la propiedad de los ciudadanos, pero no les investigase ni detuviera?
Consideraríamos que está incumpliendo con su deber profesional de servicio público y que presuntamente sería responsable de un delito de «prevaricación por omisión» de las responsabilidades legales que se le tienen encomendadas. Tal como el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, puso de manifiesto en una sentencia condenatoria que dictó como ponente (sentencia 674/1998 de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo).
El interés general ha sido triturado y saqueado por las conductas irresponsables de las entidades bancarias, que desde 2008 han cerrado el crédito, han saqueado las cuentas públicas, y han conseguido los recortes en el bienestar social más sangrantes de la historia contemporánea: reducciones en salarios públicos, en pensiones, en personal de empresas públicas y en la misma sanidad y educación públicas.
Creemos que es preciso, por salud democrática, la persecución de las supuestas responsabilidades de orden penal. Por eso entendemos que el fiscal general del Estado debería investigar si la conducta dilatoria de los gobernadores del Banco de España en corregir las conductas irresponsables de varias entidades bancarias, durante los años de borrachera de endeudamiento inmobiliario, podrían suponer un presunto delito de «prevaricación por omisión» por haber ocultado la situación de endeudamiento insostenible de varias entidades financieras, poniendo en peligro al conjunto del sistema bancario español y el empleo y bienestar de millones de españoles.
Fuente: http://blogs.publico.es/