Hemos llegado a una situación en que no sólo se desmontan servicios públicos sino que están llegando a ser prohibidos por las legislaciones. Un ejemplo es lo sucedido con los ayuntamientos españoles de Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Barcelona. Todos ellos tenían intención de prestar servicio de Internet gratuito mediante wifi, en el caso […]
Hemos llegado a una situación en que no sólo se desmontan servicios públicos sino que están llegando a ser prohibidos por las legislaciones. Un ejemplo es lo sucedido con los ayuntamientos españoles de Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Barcelona. Todos ellos tenían intención de prestar servicio de Internet gratuito mediante wifi, en el caso de Santa Cruz de Tenerife «ayudar en su conectividad a los sectores de población más desfavorecidos, los jóvenes en especial». En Málaga el servicio iba a ser temporal y el acceso se limitaba a la navegación y el correo sin posibilidad de intercambio de archivos. En los tres casos, la Comisión del Mercado de las Comunicaciones (CMT) ha decretado que o cobran por el servicio o no pueden prestarlo porque distorsionaría la competencia. Anteriormente, fueron sancionados los ayuntamientos de Atarfe (Granada) y Ponteareas (Pontevedra). Y eso que, como denuncian los ayuntamientos, el objetivo era cubrir una demanda que las telefónicas no atienden, en ninguno de los ayuntamientos sancionados daba servicio ningún operador.
Es evidente que si se le preguntara a los vecinos de esas ciudades, estarían de acuerdo en disfrutar de conexión inalámbrica a Internet gratuita. Si, a pesar de desearlo sus representantes políticos y de tener presupuestado el servicio, éste es ilegal es que algo falla en nuestro sistema democrático. La dictadura del mercado ha llegado a un nivel en que Telefónica no ha podido aplicar una docena de planes de descuento porque supondría la exclusión del mercado de los competidores y una competencia desleal.
Pero no es sólo Internet lo que demuestra el control del mercado por encima de la voluntad de los políticos y los ciudadanos, todos recordamos cómo las bibliotecas municipales se han visto obligadas a cobrar un canon por el préstamo en contra del criterio de ciudadanos, ayuntamientos y muchos autores. O como el ministerio de Cultura aclaró en 2004 que no tenía competencia legal para disminuir el IVA para quienes compraran libros.
En marzo del pasado año, la televisión pública británica, la BBC, tuvo que cerrar su portal educativo Jam porque perjudicaba los intereses comerciales de los centros educativos privados.
No es difícil imaginarse un futuro en el que pueda estar prohibido que un Estado facilite asistencia sanitaria a un indigente porque eso pondría en peligro la competencia empresarial con las clínicas privadas. Y quien sabe si no multarán a quien dé una limosna a un mendigo porque también distorsionaría el mercado laboral ofertando dinero sin remuneración laboral.
Si nuestro sistema legal y económico ha establecido que el mercado está por encima de las decisiones de nuestros representantes y de la voluntad de los ciudadanos, es evidente que sobran las elecciones, los parlamentos y los gobiernos. Ya lo dijo la bruja Avería en La bola de cristal , ¡Viva el mal, viva el capital!.