La población indígena y campesina de frontera no puede ser considerada como enemiga del Estado, sino como víctima de un conflicto. Diversos informes de organismos de derechos humanos, iglesias y otras organizaciones sociales, en los últimos 25 años han dado cuenta de que extensos sectores de territorio ecuatoriano estaban bajo control de fuerzas irregulares colombianas. Los gobiernos, lejos de acoger estos informes, miraron a las organizaciones que informaban sobre esta realidad como actores enemigos de las instituciones gubernamentales y cómplices de alguna de las partes en conflicto.
Ante los graves acontecimientos que se vive en la zona norte de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente:
Las poblaciones de los manglares de San Lorenzo, así como Mataje, Alto Mataje, Borbón, el Pan y otras, al igual que todas las poblaciones fronterizas colombo – ecuatorianas, han sido históricamente olvidadas por los distintos gobiernos ecuatorianos, lo que permitió que se vuelvan vulnerables frente a diversos actores violentos que fueron y son parte del conflicto colombiano aún no resuelto. Muchas poblaciones intentaron mantenerse en paz mediante la consolidación de tejidos sociales fuertes, en tanto otras debieron sucumbir a la presión de los actores armados, no por convicción propia, sino forzada por las circunstancias. En este sentido, la población indígena y campesina de frontera no puede ser considerada como enemiga del Estado, sino como víctima de un conflicto.
Diversos informes de organismos de derechos humanos, iglesias y otras organizaciones sociales, en los últimos 25 años han dado cuenta de que extensos sectores de territorio ecuatoriano estaban bajo control de fuerzas irregulares colombianas. Los gobiernos, lejos de acoger estos informes, miraron a las organizaciones que informaban sobre esta realidad como actores enemigos de las instituciones gubernamentales y cómplices de alguna de las partes en conflicto. Las organizaciones aconsejaron fortalecer el tejido social e implementar proyectos sociales que acerquen al Estado con la población local; sin embargo, la respuesta estatal siempre se amparó en la doctrina militar de seguridad, provocando desconfianza y adversidad frente a las acciones militares, a quienes se les consideró como intrusos en la dinámica comunitaria.
La situación geopolítica actual del norte de Esmeraldas no es producto de acontecimientos recientes, como el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, ni de las desmembraciones de la disidencia de este proceso; esta situación actual es un status quo al que se lo dejó consolidarse al menos durante los últimos veinte años y que explota ahora cuando el gobierno ecuatoriano busca recuperar el territorio perdido. Las mafias del narcotráfico lo que hicieron es aprovechar la desidia gubernamental para incrustarse en el territorio y las poblaciones de frontera.
Lamentamos la muerte de militares ecuatorianos, lamentamos las heridas provocadas a otros uniformados; nos preocupa el secuestro de periodistas y exigimos su liberación; nos solidarizamos con sus familias, pero a la vez somos firmes en exigir que el gobierno nacional sea transparente en la información que proporciona sobre lo que sucede en el norte de Esmeraldas, pues solo una información veraz y oportuna puede salvar las vidas de compatriotas que deben laborar en la zona. Es necesario aceptar que frente a la ausencia estatal, los grupos armados irregulares y mafias de narcotraficantes lograron colocar minas antipersonales desde el alto Mataje hasta los manglares de San Lorenzo protegiendo sus vías de abastecimiento y movilización; aceptando esta realidad se podrá mejorar la planificación de misiones militares y proteger su vida con el equipamiento adecuado; es necesario también que los voceros gubernamentales respondan a las preguntas que se les haga en las ruedas de prensa, solo así se podrá evitar que, frene a la falta de información, corresponsales de medios de comunicación vayan en busca de noticias en lugares que no garantizan su integridad. En este sentido, rechazamos también la decisión gubernamental de mantener en secreto la identidad de los periodistas secuestrados, cuando sabemos que los protocolos frente a situaciones de secuestro recomiendan fortalecer la identidad de las personas secuestradas, fortalecer su imagen como seres humanos con responsabilidades laborales y familiares para de esa forma hacer notar que una acción equivocada de los secuestradores puede tener graves consecuencias. No dar identidad a los secuestrados fortalece la posición de mando del secuestrador.
Comprendemos que en las actuales circunstancias recuperar el control territorial no es una tarea fácil y se debe actuar con firmeza; sin embargo, es necesario que el ejército no cometa los errores que cometió en años pasados en la provincia de Sucumbíos, en donde se produjeron violaciones a los derechos humanos de los habitantes de frontera, como tortura, ejecución extrajudicial y desapariciones, cuyos casos, al no encontrar justicia en el ámbito nacional a pesar de haber sido reportados por la Comisión de la Verdad, ahora son tratados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperar el control territorial no es sinónimo de criminalización de la población local ni solo es una cuestión de seguridad militar.
De igual forma, comprendemos que es necesaria la colaboración internacional para enfrentar esta crisis, pero eso no significa que el Ecuador deba plegar a la política de seguridad colombiana y menos entregar nuevamente bases militares ecuatorianas a tropas extranjeras. Para quienes añoran la presencia estadounidense en Manta debemos recordarles que sus misiones para el control de drogas fue un fracaso, pues en diez años se capturó en promedio menos de 15 toneladas anuales de droga por país y base militar involucrada (Manta, Aruba y Curazao), lo que implica que no logró ni frenar el tráfico de drogas ni reducir los cultivos de coca o el tráfico de precursores químicos. En contraposición fueron innumerables las violaciones a los derechos de pescadores y migrantes ecuatorianos, tal como lo estableció la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, en el año 2009 (https://bit.ly/2Evnx8w), y la propia investigación de INREDH en el año 2007 (https://bit.ly/2EcWU92). La política de «Guerra contra las drogas», iniciada por Estados Unidos en 1971, fue considerada un fracaso incluso por el propio ex presidente estadounidense Barack Obama en abril del 2012. La cooperación internacional debe darse en el marco del respeto a las políticas nacionales, a la Constitución y a la soberanía del Ecuador y, sobre todo, manteniendo siempre un profundo respeto a los derechos humanos.
Beatriz Villarreal: Presidenta INREDH
Tobar Luis Ángel Saavedra: Coordinador INREDH