La Asamblea Nacional iniciará un nuevo período legislativo en el próximo mes. Le corresponde, como actividades urgentes, la aprobación de leyes establecidas en la Constitución, como la de Comunicación, de Aguas, de Tierras, entre otras; y aquellas reformas o nuevas normativas previstas en el plan de trabajo de las y los legisladores electos. Empero, el […]
La Asamblea Nacional iniciará un nuevo período legislativo en el próximo mes. Le corresponde, como actividades urgentes, la aprobación de leyes establecidas en la Constitución, como la de Comunicación, de Aguas, de Tierras, entre otras; y aquellas reformas o nuevas normativas previstas en el plan de trabajo de las y los legisladores electos.
Empero, el desempeño de la Función Legislativa no puede medirse solamente por el número de leyes aprobadas durante cada año, o según el número de juicios políticos que se lograron realizar en cada período.
Ese desempeño también se expresa en un conjunto de políticas institucionales que pueden fortalecer la gestión y que la Asamblea necesita adoptar para mejorar su nivel de trabajo, y que podrían ser:
1) Implementar el desarrollo de estudios sobre la legislación vigente, mediante convenios de trabajo e investigación con las universidades, lo cual contribuirá a contar con estadísticas y estudios de caso para sustentar diferentes tipos de reformas legales. Al respecto, la Asamblea también debería buscar algún tipo de coordinación y articulación con los proyectos de investigación y tesis que se hacen en los centros universitarios para apoyarse en su tarea legislativa y fiscalizadora;
2) La construcción de indicadores para el seguimiento y evaluación de la política pública, mediante sistemas de monitoreo para la gestión en los diferentes niveles de gobierno, según el tipo de comisión legislativa;
3) Pedir que todas las carteras de Estado presenten informes de gestión y comparezcan ante la respectiva comisión legislativa -fijando plazos, procedimientos y medios de verificación-. Esto permitirá que las comisiones puedan asumir su corresponsabilidad en la administración estatal -al reforzar las políticas públicas mediante sus roles legislativo y control político-;
4) La articulación con los sistemas de información públicos que persiga dos fines:
a) La generación de un sistema propio de información que pueda convertirse en una escuela digital legislativa;
y, b) La sistematización de información útil y relevante, según el rendimiento de la institucionalidad estatal;
5) La creación de dos unidades de análisis para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales como son: La vigilancia de la ejecución presupuestaria del Estado, para a partir de eso tener mayores insumos y elementos de juicio para su aprobación; y, el seguimiento a los procesos de fiscalización generados por la Asamblea hacia sus resultados en los entes de control y jurisdiccionales, según los informes que emita la comisión sobre esta materia, sin perjuicio de la competencia de cada asambleísta.
Las actuales atribuciones de la Unidad Técnica Legislativa bien pueden ser asumidas por los asesores de los asambleístas, mediante su organización del trabajo para los fines que cumplía esa dependencia, de tal manera que esa unidad pueda transformarse en las dos unidades técnicas mencionadas.
Otro factor crucial en el que deberían trabajar todas las comisiones, según su ámbito de legislación, sería hacer esfuerzos por construir metodologías e índices que permitan evaluar las leyes vigentes para la búsqueda de sus reformas legales que puedan dotarles de mayor utilidad, según su tipo de funcionamiento, lo cual también pasa por revisar las condiciones en que operan los reglamentos actuales de las leyes. Si consideramos que no todas las leyes tienen su reglamento, que otros reglamentos dificultan la aplicación de las normas orgánicas u ordinarias o las desnaturalizan, éstas deben considerar su posible actualización o reforzamiento normativo. Si bien, la potestad reglamentaria corresponde al Ejecutivo, se requiere de análisis amplios que puedan examinar integralmente si todo lo creado por una norma responde a las realidades y necesidades del país en ese sector.
Gran parte de estas actividades deberían ser desarrolladas también por las y los asambleístas alternos, que han tenido una relación de trabajo muy débil con la legislatura y sus electores y que tampoco podrían quedar únicamente para desarrollar la interlocución con los sectores sociales de cada jurisdicción, por cuanto eso también le corresponde al dignatario principal.
Un tema pendiente es el desarrollo de protocolos y reglamentos para potencializar los procedimientos, productos y la calidad de la fiscalización legislativa, para que ésta se convierta en un instrumento de control político que contribuya al desarrollo de las políticas y del servicio público, sin desconocer su relevancia en la búsqueda colectiva de políticas de transparencia, ética pública, prevención y lucha contra la corrupción.
Un punto aparte merece el análisis de la participación ciudadana en esta función del Estado. Solamente si tomamos en cuenta la fecha de promulgación de su Ley Orgánica, con anterioridad a la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana, podemos vislumbrar la necesidad de una reforma legal que pueda crear mecanismos propios de participación y las formas de articulación con otros ya existentes. Además, hay que señalar que las acciones de difusión e información de esta institución no pueden equipararse ni reemplazarse con lo que debería ser una política activa y contundente de participación.
Otro elemento de importante legitimación política sería ajustar el rendimiento de cada legislador y legisladora con su remuneración. Debería fijarse un valor mínimo de remuneración decente para cada uno, que irá ascendiendo hasta llegar a la actual remuneración máxima, la cual se obtendría si se alcanzara el cumplimiento de un conjunto de parámetros de cumplimiento del trabajo legislativo definido por el Consejo de Administración Legislativa.
Los parlamentos modernos no dependen solamente de las mayorías que pueden formarse para su accionar, sino de todas aquellas políticas y estrategias para un modelo de gestión que mejore la información, su interrelación con la comunidad y la profesionalización del quehacer legislativo para la toma de decisiones.
*Artículo tomado de la sección de Opinión, de la edición impresa de diario El Telégrafo de Ecuador, del día 17 de abril de 2013.