El programa de Naciones Unidas «Propuestas Locales de Gobernabilidad» (Prólogo) nació con el objetivo de frenar la corrupción en algunos países como Colombia, El Salvador y República Dominicana. Maliciosamente, algunos ya se han apresurado a afirmar que, para colaborar en tan encomiable empresa, nadie más versado que Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana que, […]
El programa de Naciones Unidas «Propuestas Locales de Gobernabilidad» (Prólogo) nació con el objetivo de frenar la corrupción en algunos países como Colombia, El Salvador y República Dominicana.
Maliciosamente, algunos ya se han apresurado a afirmar que, para colaborar en tan encomiable empresa, nadie más versado que Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana que, al igual que su equipo de gobierno, ha practicado el delito en todos los supuestos que recuerda el código penal: malversación de fondos, clientelismo, cohecho, estafa, fraude, robo, falsificación… Con la misma aviesa intención se ha censurado que esa arruinada administración se aboque a tan cristiano y caritativo gesto, pero el hecho de que esa comunidad sea la más endeudada de todo el Estado español y, no obstante, haya decidido despojarse de más de medio millón de euros para financiar ese proyecto y seis millones más para cooperar con el desarrollo en «el ámbito de la gobernabilidad» del tercer mundo sólo se explica por su proverbial generosidad.
Dígase lo que se diga, esa aparente contradicción que pudiera surgir entre la catadura moral de quien tiende la mano y la virtud del acto, más que a la sospecha mueve a la admiración por quienes asumen como penitencia la expiación de sus propios pecados. ¿No sería encomiable que Jack el Destripador, por ejemplo, presidiera la comisión de Derechos Humanos? ¿No resultaría enternecedor que la nueva presidenta de la asociación contra el maltrato a los animales fuera, precisamente, Cruela de Vil?
Así debió entenderlo el representante del PNUD, Gerardo Berthin, quien tras celebrar el desembolso, sin tiempo para responder las inquietudes de algunos medios, salió rumbo a Panamá desde donde da forma al «prólogo» latinoamericano.
Si nadie más idóneo para expresar la solidaridad en el combate a la corrupción que Camps y su gobierno, ningún país más oportuno que cualquiera de los que conforman el llamado tercer mundo para agradecerla.
El problema de países como República Dominicana es que su subdesarrollo es tan subdesarrollado que hasta a la corrupción afecta. Y por más que se esfuerzan, años tienen en ello, con la ayuda internacional de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario, para no mencionar a la «embajada», en hacer progresar su corrupción, en desarrollarla aún más, en institucionalizar su descomposición hasta lograr crear una atmósfera en verdad irrespirable, todavía están muy lejos de alcanzar las pautas de crecimiento en perversión conseguidas en una Europa que desarrolla su vileza con mucha mayor rapidez y consistencia de la que puedan asimilar sus ex colonias.
Sea porque carecen de monarcas, por la ingesta de plátanos o el mestizaje, los países latinoamericanos, en materia de corrupción, siguen estancados. No han conseguido encumbrarla a superiores niveles de desarrollo sostenido y sustentable, no han sabido llevarla con la prestancia que se estila en Europa. Al igual que a sus presidentes les falta el carisma de Berlusconi, la altura de Sarkozi, o la gracia de Aznar o Zapatero, también a sus escándalos se les reprochan sus cortas miras, su escasa resonancia.
Y es que la corrupción no se improvisa. Hace falta escuela, tradición. Algunas repúblicas bananeras todavía no habían nacido cuando ya en Europa se habían asentado los saberes y principios que rigen la corrupción. Siglos de diferencia que no pueden obviarse.
En el Estado español, sin ir más lejos, ya en el siglo IXX podemos encontrarnos con figuras tan sobresalientes como la reina regente María Cristina de Borbón, que jamás rechazó un buen negocio y que, a pesar de acabar implicada en operaciones fraudulentas con la sal, los ferrocarriles o el tráfico de esclavos, de todos salió ilesa y, lo que es mejor, provista de una respetable fortuna de más de 300 millones de reales. Y si no sigo ahondando en detalles más recientes sobre la citada dinastía, no es por el temor de que un juez vaya a suponerme alguna fobia hacia los borbones, sino porque aprecio la regia modestia y discreción en que siempre han solventado sus transacciones y porque abundan en la historia del Estado español otros muchos casos de notoria solvencia, no necesariamente reales, que prefiero recordar.
Inolvidable es, por ejemplo, en la España de Franco, Juan March Ordinas, quien, vox populi, llegó a ser investido como el último pirata del Mediterráneo. Todavía se le venera y recuerda. Manuel Arburua, quien fungiera como ministro de Comercio, siempre fue exaltado por el propio Caudillo como ejemplo de extrema laboriosidad. No debía ser fácil comenzar de botones y, en unos pocos años de sacrificado ejercicio, transformarse en multimillonario.
Más recientemente, los casos Matesa, Sofico, Naseiro, Gal, PSV, Hormaechea, Filesa, Caso del Lino, Malaya, Palau, Matas, Pretoria, Gürtel… por citar algunos, ponen de manifiesto las diferencias que en materia de corrupción sigue marcando el desarrollo europeo.
Asombra la ingenuidad que, con la mejor intención, acompaña las denuncias de pretendidos actos de corrupción en los tradicionales desayunos escolares latinoamericanos cada vez que, servidos por ambiciosas empresas, intoxican a decenas de niños por consumir alimentos en mal estado. Hasta se sabe de algún caso en el que se han reportado defunciones.
Lejos, muy lejos, tan corrupta práctica de la venta fraudulenta de aceite adulterado que en el Estado español, Caso Colza, provocó el envenenamiento de 60. 000 ciudadanos y la muerte de 700.
El hecho de que en algunas repúblicas latinoamericanas voten los muertos, siendo meritorio, no puede compararse con el progreso alcanzado en Europa donde, en algunos países, no votan los vivos.
Ojalá que ese fervor demostrado por las autoridades de la comunidad levantina en la que, prácticamente, todos los cargos civiles disfrutan de cargos penales, sirva al encomiable fin de desarrollar el autogobierno en el tercer mundo, y lo haga, además, con la misma impunidad y clamor popular (lo de popular va sin segundas) que disfruta en el estado español.
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