La periferia europea, denominada como PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) por los medios financieros dominantes, sigue siendo objeto de la actualización del Consenso de Washington. Este consenso del neoliberalismo del siglo XXI, que bien podría llamarse Consenso de Frankfurt, apuesta por viejas recetas con resultados muy conocidos, sobretodo en América Latina. Más planes de […]
La periferia europea, denominada como PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) por los medios financieros dominantes, sigue siendo objeto de la actualización del Consenso de Washington. Este consenso del neoliberalismo del siglo XXI, que bien podría llamarse Consenso de Frankfurt, apuesta por viejas recetas con resultados muy conocidos, sobretodo en América Latina. Más planes de (des)ajuste y (des)estabilización para la periferia europea dejando cada vez más nítido el rol de ésta para la nutrición de las transnacionales con sede en los países centrales de Europa. La (des)integración europea continúa por el camino fijado velando por la tasa de ganancia de unas cuantas empresas, caiga quien caiga. Las transeuropeas siguen obteniendo muchos beneficios a costa del nuevo mercado común, del ajuste laboral y del ajuste fiscal-financiero que permite reportar grandes dividendos a las empresas financieras acreedoras de la burbuja de la deuda.
Durante este periplo, en España, el neoliberalismo del siglo XXI se cristalizó en una suerte de boomerang inmobiliario, acompañado de una política económica sin atención a la economía real. El sistema financiero se centró en obtener ganancias de un casino sin reglas definidas. La política financiera, de hecho, perseguía a ultranza objetivos de máxima rentabilidad sin hacer ningún esfuerzo por contribuir a objetivos de la desaparecida economía real. La política financiera no estaba dirigida al terreno productivo; no cumplía función social alguna ni tampoco económica. En medio de esta reorientación neoliberal de la política financiera, se rediseñó el sistema de caja de ahorros en España que ayudó a disponer de un sistema financiero más privatizado, menos social y económico, y mucho más oligopólico.
La semana pasada aparecía un escándalo más dentro de un marco de crisis sistémica del capitalismo. Esta vez era la hora de Bankia, quien había sido fruto del proceso concentrador de fusiones de las cajas de ahorro en el estado español. Una auditoría interna pone de manifiesto la verdadera situación económico-financiera de la entidad con un agujero de 15.000 millones de euros. El sistema financiero español había engordado la cuenta de dividendos en base a una política de poseer activos inmobiliarios. Estos inmuebles se convirtieron en activos tóxicos porque ni se pueden vender, y mucho menos, a precios del boom. Siguen sobrevalorados contablemente, sin correspondencia aproximada a su valor real actual. El intervencionismo regresivo neoliberal, en los primeros años de los efectos de la crisis, se caracterizó por un salvataje bancario basado en préstamos a la banca con fondos públicos (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), a un tipo de interés muy bajo, y que después, éstos eran usados para prestar a interés alto, fundamentalmente para seguir incentivando un consumo eterno sin base productiva interna, provocando así mayor desequilibrio en la balanza comercial. El sistema financiero optó por ese callejón sin salida en aras de seguir incrementado beneficios y permitiendo remuneraciones millonarias a ejecutivos de bancos, como el vicepresidente del gobierno en la era Aznar, y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato que llegó a ser presidente de Bankia. De esta manera, la banca privada española dispone de un balance desequilibrado, con importantes activos tóxicos sobrevalorados y con pasivos a pagar. Dicho en palabras sencilla, quiebra técnica.
Ante el riesgo de la quiebra real de Bankia, el presidente español Mariano Rajoy decide, contradiciéndose a sí mismo, que intervendrá inyectando dinero público a Bankia, convirtiendo el préstamo en activo, y «nacionalizándola» parcialmente. En un principio, desde fuentes del propio Gobierno se habla sobre que la intervención ascenderá a una cuantía cercana a los 10.000 millones de euros. Esto ocurría cuando hacía justo un mes que el Gobierno español anunciaba un recorte con carácter «extraordinario» para la educación y la sanidad, curiosamente, de 10.000 millones de euros, alegando que era imposible sostener los niveles de endeudamiento del Estado español que satisficiera las exigencias de «Europa» (cabría preguntarse quién es Europa) en cuanto a los requerimientos sobre el déficit.
Este suceso trajo consigo el clásico efecto dominó que seguimos empeñados en esconder con lenguaje eufemístico, y con instituciones anónimas que suelen tener dueños con nombres y apellidos. El efecto en cadena no se hizo esperar; Bankia ha perdido en 10 días 2.400 millones en Bolsa, ha habido arrastre sobre resto de valores bursátiles, luego caída de la Bolsa española, y por último, tendencias negativas en el resto de bolsa europeas. Un día después, significativa subida de las acciones de Bankia, con subida del índice bursátil español (IBEX 35). Economía de la fortuna con ruleta trucada. Y como ya viene siendo habitual, no podía faltar la prima de riesgo, que bien se podría denominar tasa de ganancia para unos pocos bolsillos. Esta prima de riesgo se transforma en ganancia inmediata después de especular en la compra de deuda pública al cobrar más intereses. Paradójicamente, esta prima de riesgo no tiene riesgo alguno para esos pocos bolsillo porque el establishment dominante económico y financiero se asegura que la tasa de ganancia sea cada vez más alta y se pague cómo sea. El famoso «rescate» es ese; te presto dinero para que pagues a los acreedores de la bolsa a cambio de hundir a la mayoría de la población en desempleo, recesión económica, vulneración de derechos laborales y desposesión de derechos sociales mediante privatizaciones encubiertas en educación y sanidad.
La periferia europea sigue sometiéndose a una suerte de primacracia que aboga por el desmontaje progresivo del sistema democrático. Dicho de otra manera, la economía real se prostituye al valor de la prima de riesgo, provocando así un encarecimiento de los intereses que el Estado español tiene que pagar por la deuda pública. En la subasta de deuda pública del día 17 de mayo, el Gobierno español logró colocar los 2.490 millones de euros en bonos a tres y cuatro años que se había propuesto, pero claro, a unos tipos de interés mucho más altos que en las anteriores subastas. Concretamente en dos de los tres tipos de títulos subastados, el repunte de los tipos de interés fue superior a un punto porcentual. Y ¿quién paga estos mayores intereses de la deuda? ¿Son los accionistas de la banca privada? Claro que no. Se pagan con los impuestos de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
El círculo es más vicioso cuando se observa detenidamente el caso concreto previamente citado: el saneamiento de la banca privada con ayuda pública. Esta desintoxicación de activos tóxicos de la banca privada se transforma en una intoxicación generalizada que afecta a la mayoría de los ciudadanos, los mismos que seguirán pagando impuestos para satisfacer la insaciable prima de riesgo que cubra la próxima emisión de deuda pública proveniente de estos fondos inyectados a la banca privada. Parece un trabalenguas pero no lo es. Léase con calma porque es así como la prima de riesgo no tiene riesgo para unos pocos, pero sí que lo tiene para la gran mayoría de la población. La primacracia actúa con subterfugios capaces de inocular a cualquier aparente sistema democrático.
Alfredo Serrano Mancilla ( @alfreserramanci) es Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS (España); Sergio Martín Carrillo (@Sergio_MartinC) es Doctorando Español, Master Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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