Uno de los pilares sociales y económicos que permite la resiliencia frente a las crisis económicas, políticas, climáticas o de salud, y el cual no es considerado dentro de los análisis y de las estrategias públicas y privadas a mediano y largo plazo, es el acceso igualitario a los alimentos que debería tener la población.
La Constitución de la República en su artículo 281 menciona que la Soberanía Alimentaria es un objetivo estratégico y una obligación del Estado garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.
En Ecuador la mayor parte de los alimentos provienen de familias campesinas, alrededor del 60% de los alimentos de alimentos frescos de la canasta básica de los ecuatorianos. Sus producciones están orientadas a todos los niveles de la cadena de distribución de alimentos: mercados locales, nacionales e internacionales, pero también al autoconsumo. Según la información registrada por el INEC, en el 2013, el tamaño promedio de las explotaciones de la agricultura familiar campesina (AFC), en promedio era de 3.3 hectáreas, y correspondía al 88% de las unidades productivas agropecuarias (UPA) a nivel nacional, con un número promedio de productores por UPA, según de 3 personas. Por otro lado, estos productores y productoras están ubicados por región: Sierra con 63.3% de las UPA, seguida por la región Costa con el 26.4% de las UPA y la región Oriental con el 10% de las UPA (MAG, 2018).
A nivel estatal central y local y a través de organizaciones de la sociedad civil se ha intentado establecer acciones de fortalecimiento de este sector, sobre todo en la construcción de mercados locales. Pues una de las debilidades en la producción de alimentos, es el sistema de distribución, en Ecuador, es casi imposible el acceso directo de productores familiares a los canales finales de comercialización. A nivel estatal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha implementado la estrategia de Circuitos Alternativos de Comercialización (CIALCO), desde el 2012, con un ejercicio de generar relaciones entre productores y consumidores; es así que antes de la emergencia existían 275 CIALCO, con la participación de 6.290 productores (MAG,2020). Y en el caso de las sociedades civiles, existen varias experiencias de construcción de procesos de sensibilización en temas de nutrición, uso de recursos de manera sustentable, cocina, entre otros, y generación de mercados de igual manera.
A nivel preliminar frente a la emergencia se ha observado los siguientes problemas: a) Inexistencia de un protocolo nacional de respuesta en situación de emergencias para la provisión de alimentos; b) Acciones no articuladas de la sociedad civil y del estado a nivel central y local; c) No se conoce la oferta productiva real de la Agricultura Familiar Campesina; d) Muchas de las organizaciones de productores familiares están compuestas por personas sobre los 50 años; c) No existe la infraestructura para generar una distribución rápida de alimentos de manera directa de productores a consumidores; d) No existen equipos para la protección de las personas que distribuyen alimentos ni a nivel de productores familiares y empresarial; e) La desconexión de los conocimientos de como producir alimentos por parte de las poblaciones urbanas; d) La consolidación de consumo de alimentos procesados y bajo nivel nutritivo; e) La visibilizaciòn de la desigualdad económica y regional de los territorios.
La respuesta de provisión de alimentos a nivel nacional a cargo de la agricultura familiar campesina, solo ha sido efectiva en 13 provincias, los cuales han podido gestionar un proceso de respuesta ante la emergencia (Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Santo Domingo, El Oro, Napo, Esmeraldas, Morona Santiago, Carchi, Imbabura, Loja, Los Ríos, Azuay). Como se observa la provincia que tiene el mayor caso de reportes de contagiado con el COVID-19, no dispone de un sistema con distribución alternativa de alimentos que no provenga de las grandes cadenas de supermercados. En la provincia de Pichincha, uno de los polos que más ha demandado alimentos, obviamente por su número poblacional, es el Distrito Metropolitano de Quito, movilizando las siguientes redes públicas y privadas:
Movilización de alimentos en el Distrito Metropolitano (26 de marzo de 2020)
Como se observa, existe un interesante número de experiencias públicas y de organizaciones de la sociedad civil que han podido sostener el aprovisionamiento directo, frente a las cadenas de supermercados, no obstante este esfuerzo se disipa ante su capacidad de tiempo de aprovisionamiento, distribución, seguridad de productores y técnicos que apoyan al proceso, frente a la capacidad que tienen las cadenas de supermercados o mayoristas en el acopio de alimentos, que una gran parte de su stock no proviene del país. Frente a este escenario de crisis económica, acompañada con un proceso de crisis sanitaria, que vive el Ecuador, debemos preguntarnos seriamente, ¿Cuál es el estado de nuestra soberanía alimentaria? ¿Son suficientes las acciones actuales para preservar nuestra soberanía alimentaria? ¿Qué hace falta por fortalecer? ¿Qué debemos hacer como Estado y Sociedad Civil?
Referencias:
Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018, 2020)
INEC (2013)
Que rico es.org
App Rappi, Glovo (Quito)
Fuente: https://coyunturaisip.wordpress.com/2020/03/28/puntos-iniciales-de-reflexion-sobre-la-emergencia-sanitaria-en-ecuador-y-el-acceso-a-los-alimentos/#more-1264