Las organizaciones, movimientos civiles, políticos, sociales, profesionales y ciudadanos que suscriben el presente Manifiesto, cumplen con su deber de informar a los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas que tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas sin discriminaciones de ninguna índole; a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos; a las organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos; al Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador; y, a la opinión pública nacional e internacional:
1) El gobierno del presidente Daniel Noboa, que se desliza cada día hacia una preocupante tendencia autoritaria, se encuentra empeñado en llevar a cabo una política económica extremista de signo neoliberal que afecta a amplios sectores de la sociedad, especialmente a los grupos humanos vulnerables de bajos ingresos y en riesgo, como son los pacientes en riesgo, los adultos mayores jubilados, los neonatos y niñez, y entre los que se destacan los pueblos indígenas cuyas comunidades y organizaciones resolvieron realizar un paro nacional en protesta por las inconsultas e impopulares medidas gubernamentales, y se declararon en resistencia, derecho autorizado por la Constitución ecuatoriana, que además de ser un derecho individual es un derecho colectivo;
2) Frente al paro nacional, que ya dura tres semanas y podría extenderse aún más, pues el gobierno se niega a reconocer y atender las justas demandas de las mayorías, el régimen ha optado por la represión desmesurada y nunca antes vista en situaciones históricas similares durante las más de cuatro décadas de período democrático. Ha hecho desproporcionado uso de la fuerza incluso de armas letales y ha exhibido un sofisticado equipamiento militar y policial con drones y vehículos antimotines israelíes, todo ello dirigido a la represión de la protesta social en comunidades del campo y en las ciudades, represión estatal que ha dejado hasta el momento varias víctimas mortales, decenas de heridos, algunos de ellos en riesgo, decenas de detenidos y desaparecidos temporales, dirigentes judicializados, numerosos activistas bloqueados sus cuentas bancarias, suspensión de energía eléctrica (apagones) y caída de internet a miles de personas de comunidades enteras para generar terror e incomunicación antes de los ataques de la fuerza pública, clausuras de radios populares y medios alternativos, allanamientos y una narrativa peligrosamente racista e intolerante, sin que las autoridades puedan justificar este comportamiento, acusando, por el contrario, a los manifestantes de «terroristas», «narcotraficantes», etc., sin ninguna prueba o indicio que hagan creíbles tan absurdas y temerarias acusaciones;
3) Repudiamos, por lo tanto, la inusitada represión del gobierno a las marchas pacíficas de decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos en el país que han ocupado legítimamente el espacio público para denunciar y oponerse a la represión y a las políticas extremas de corte neoliberal;
4) Por estos motivos, consideramos necesario dejar constancia de nuestra preocupación por las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el Ecuador, tanto a consecuencia de la represión desmedida que usa estrategias incluso ajenas a la historia democrática del país, como de las políticas neoliberales que aplica el gobierno de Noboa, las cuales han sido impuestas a pesar de ser inconstitucionales por violar derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
5) Instamos a las autoridades judiciales competentes a que, en cumplimiento de su labor constitucional y con apego a la ley e independencia, exijan a las autoridades que cese la represión y persigan a los perpetradores y no a las víctimas de los graves abusos, que tan solo están ejerciendo su derecho constitucional a la resistencia y la propuesta dialogal en demanda de sus derechos.
6) En suma, el gobierno ecuatoriano se encuentra incumpliendo importantes compromisos internacionales en materia de derechos humanos, al tiempo que desconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, multicultural, plurinacional y laico. Además, el gobierno ha olvidado que la soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, elementos, todos estos, que forman parte de la estructura constitucional del Ecuador, que no pueden menoscabarse o suprimirse sin causar un grave daño al régimen democrático vigente en el país;
7) Las y los firmantes, estimamos pertinente demandar la imperiosa necesidad de que cese la injustificada represión y narrativa del odio desatada contra los pueblos indígenas, en particular contra la emblemática ciudad de Otavalo, así como contra toda la población civil del país, desarmada e indefensa, que solo reclama pacíficamente el derecho a asegurar para todos y todas una vida digna que les permita tener acceso a servicios de calidad en salud, educación, ambiente, vivienda, infraestructura y demás derechos sociales como la seguridad social, en un espacio de democracia y libertad;
8) Por tanto, advertimos al gobierno del Ecuador que su conducta contraria a los derechos humanos y la democracia, es susceptible de acarrear al gobierno y a todos los funcionarios que hayan impartido o ejecutado órdenes ilegales para reprimir a miles de personas, así como aquellos que las hayan obedecido, una responsabilidad penal internacional imprescriptible, por cometer acciones tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no existe ley, decreto, reglamento o cualquier acto del poder público con la potestad de eximir de tales responsabilidades a las autoridades y funcionarios públicos, ya que los derechos humanos representan un límite infranqueable a la voluntad de la autoridad o de las mayorías;
9) Recordamos el derecho de todos los ecuatorianos y ecuatorianas a la paz basada en la dignidad humana y la justicia; y, en tal sentido, apoyamos todas las iniciativas para lograr un diálogo real, nacional, con las organizaciones de los pueblos indígenas, con acuerdos serios que impliquen de forma inmediata el cese de la represión y establezcan las bases y condiciones que favorezcan el pleno reconocimiento y respeto a su mandato y a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano, con especial referencia a los derechos de las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, de manera que se asegure el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos al desarrollo económico, social y cultural, a la autodeterminación y a vivir y prosperar en un medio social y cultural libre de racismo y de cualquier otra forma de discriminación y desigualdad, así como a una existencia que se desenvuelva en un ambiente sano y protegido;
10) No descartaremos acudir a organismos internacionales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que realice una visita inmediata, así como también los diferentes Relatores de ONU, competentes en los temas aquí relatados.
11) Con el fin de salvaguardar el fiel cumplimiento de todos los compromisos resultantes de un proceso urgente pero serio de diálogo, respetuoso de los pueblos indígenas y las mayorías; consideramos necesario que el gobierno y las organizaciones indígenas y movimientos sociales, puedan designar garantes internacionales reconocidos y serios, tanto del sistema de derechos humanos de la ONU, cuanto de la CELAC, con el fin de que alienten al gobierno el camino del diálogo real y supervisen la ejecución del mismo y los potenciales acuerdos.
La vida de millones de seres humanos exige que cese la represión.
Suscribimos:
Dr. E. Raúl Zaffaroni, Profesor emérito de la UBA, ex Juez de la Corte Suprema de Argentina y Juez en retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dr. Baltazar Garzón, ex Juez de la Audiencia Española, defensor de DH, coordinador de la defensa jurídica de Julián Assange. Asesoró a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Miembro de varios comités contra la tortura. Presidente de la Fundación FIBGAR, por la Jurisdicción Universal y los derechos humanos.
Dr. Roberto Caldas, ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dr. Patricio Pazmiño, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex Presidente de la Corte Constitucional.
Dr. Ernesto Pazmiño Granizo, ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ex Defensor Público General.
Dr. Heinz Dieterich Steffan, Alemania – México. Ex Profesor Investigador de la UAM. Preside el CTS y WARP.
Dr. Gilberto López y Rivas, Profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de México. Articulista de «La Jornada».
Edgar Ponce Iturriaga, ex Presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, ex Embajador, ex Presidente del Consejo Superior del IESS, ex dirigente sindical nacional de los trabajadores. Jubilado.
Diego Borja, ex Ministro de Estado, ex Asambleísta constituyente, ex candidato vicepresidencial.
Marisol Revelo, Diputada Federation Wallonie Bruxelles (Diputada del Poder Legislativo de Bélgica) / Sindicalista, defensora de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar, de la salud y de las cuidadoras. Primera mujer ecuatoriana migrante en alcanzar nacionalidad belga y este cargo por voto popular masivo.
Virgilio Hernández, Parlamentario Andino, ex Asambleísta Constituyente,
ex Asambleísta Nacional.
Ab. Ricardo Urcuango, ex Asambleísta nacional.
Gissela Garzón, ex Asambleísta, feminista y luchadora por los derechos de género.
Ernesto Pazmiño Chávez, ex Asambleísta alterno y Asesor Legislativo.
Alexis Ponce, defensor de Derechos Humanos.
Gerardo Machado, Asambleísta del Ecuador,
Frente Cultural Bolivariano del Azuay
Dr. Pablo Villagómez, Embajador.
Horacio Sevilla, Embajador.
Kintto Lucas. Escritor y periodista uruguayo – ecuatoriano; ex Vicecanciller y ex Embajador.
Fernando Yépez Lasso, ex-Vicecanciller del Ecuador.
Jorge Acosta, Activista social y defensor de DH.
León Sierra Páez, Artista, Director de Teatro, Psicoanalista.
Rubén Bravo, Sociólogo y ex Director de la Carrera de Antropología de la Universidad Salesiana UPS.
Genoveva Fernández Lagar, Auxiliar Sanitaria. España.
Mayra Barzaga García, investigadora y académica, Cuba.
Ilonka Vargas, Magister en Artes, Actriz y Directora de Teatro.
Karina Palacios, escritora y psicoterapeuta.
Lucrecia Maldonado, escritora.
Rita Vargas, escritora.
María Fernanda Andrade, escritora, psicóloga, investigadora social, defensora de derechos.
Galo Galarza, escritor.
Ricardo Carrillo, Antropólogo.
Rafael Villalba, ingeniero civil.
Cristian González, dirigente y activista social.
Ab. Juan Álvarez, jurista, investigador y académico.
Raúl Yungán, Pueblo Puruhá, Doctor en Ciencias de la Educación.
Geovanni Jaramillo, Activista de Derechos Humanos LGBTIQ.
Raúl Ortiz Patiño, periodista autónomo.
Sandra Ivonne Costales, Contadora privada.
Dra. Adriana Alexandra Ortiz Costales, Médica.
Barón Hidrovo, secretario general del Comité Provincial Manabí del PCE.
Germán Castillo, Consejero del Consejo Consultivo de Diversidades Sexo -genéricas del DMQ.
Pilar Salazar, Odontóloga.
Emiliex Cruz, Activista en Género y Diversidades Sexo-Genéricas.
Héctor Mora, Jubilado.
Edwin Sánchez,
UniTierra Ecuador, Organización Social.
Alexandra Silva, Directora del «Colectivo Mujeres Migrantes y Revolucionarias de Europa, Asia y Oceanía»
Michell Moreano, servidora pública.
Jorge Bonilla, Activista por los derechos de las personas con discapacidad.
José Gilberto Ariza Rueda, Coordinador del Comité del Pueblo en Resistencia y del Foro Internacional de víctimas del Estado en el Ecuador.
Rocío Guevara, Latacunga.
Margarita Pozo
Coordinadora General de Plataforma Democrática, Abogada, Trabajadora Social
Wilson Álvarez presidente nacional de la FETMYT Federación Nacional de trabajadores de las alcaldías y prefecturas del Ecuador.
Juan Fernando Morales Abogado Politólogo
Carlos Rodríguez Abogado Manta Manabí.
Eduardo Velarde Analista político económico.
Jorge Cáceres, Coordinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano.
Daniela Balarezo, RED DE MUJERES Y DIVERSIDADES DEL BOSQUE MODELO CHOCÓ ANDINO.
Annie Rosenfeld, Actriz de televisión y teatro, Gestora Cultural, Autora y Compositora.
Sybel Martínez, Abogada, feminista y activista de DDHH.
Mauricio Porras, economista.
Fernando Ortiz Patiño,
pequeño empresario y constructor.
Ana Ambrogi, periodista argentina.
Teresa Ramos, directora de teatro, gestora cultural y actriz.
Pablo Tenorio Ambrossi, sociólogo, militante de izquierda.
Antonio Lara, docente y dirigente social
Ing. Tarcio Chiquito, dirigente social
Jimmy Coronado, fotógrafo
ORGANIZACIONES
Colectivo de Comunicación y Derechos Mujeres Contando
Liga del Cáncer de Seno
Colectivo Nelson Mandela, Ecuador
Asociación Nacional de Pacientes en riesgo y Familias cuidadoras del Ecuador (Alexis Ponce)
Plataforma Democrática, Espacio político social jurídico de hecho, 2017
Integrado por líderes y lideresas de gran trayectoria de décadas.
Abogados por la Democracia
Asesoría Legal J&S
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