El Hotel de la Monnaie de Paris en el siglo XIX La heterodoxia económica y los programas de la socialdemocracia en descomposición sufren de una falta total de precisión en cuanto a la constitución de un sistema bancario alternativo. Para remediarlo, esta contribución intenta avanzar hacia una propuesta compartida, coherente y operacional sobre un plan […]
El Hotel de la Monnaie de Paris en el siglo XIX
La heterodoxia económica y los programas de la socialdemocracia en descomposición sufren de una falta total de precisión en cuanto a la constitución de un sistema bancario alternativo. Para remediarlo, esta contribución intenta avanzar hacia una propuesta compartida, coherente y operacional sobre un plan de organización del sector bancario y con condiciones concretas para que un gobierno popular, que podría llegar al poder en Europa, lo instaurase.
La medidas que se deben poner en marcha de forma inmediata
Para que una vez llegado al poder, un gobierno popular tenga un cierto margen de maniobra y pueda limitar los riesgos de una asfixia financiera, debe instaurar el control de capitales. Controlar los capitales no está necesariamente en contradicción con los tratados europeos. El artículo 65 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea introduce, efectivamente, un cierto número de restricciones a la libertad de movimientos de los capitales, justificado por la lucha contra las infracciones a las leyes nacionales en materia fiscal o prudencial, o por motivos ligados al orden público o a la seguridad pública. Estos motivos fueron invocados en Chipre en 2013 y para Grecia en 2015. De todas maneras, aunque el control de capitales fuese contrario a los tratados, un gobierno popular podría asumir su desobediencia. Por otro lado, se plantea la cuestión del lugar que ocuparía una medida para regular los capitales en la jerarquía de normas, y, por consiguiente, de la posibilidad para un gobierno de ponerla en marcha inmediatamente. En varios países europeos, la reglamentación nacional prevé medidas para controlar los movimientos de capitales que, como la regulación de la duración de las inversiones, son de nivel reglamentario y no de nivel legislativo. Por lo tanto, podrían ser aplicadas de forma inmediata desde la llegada al poder de un gobierno popular.
Hacia una socialización del sistema bancario privado
El sistema financiero no debe constituir un centro de beneficios en sí mismo, independiente de la financiación de la economía real.
La moneda, el ahorro, el crédito y el sistema de pagos, puesto que son útiles al interés general y que, por lo tanto, deberían responder imperativamente a una lógica de servicio público, deben ser utilizados y gestionados en el marco de un servicio público. El sistema financiero no debe constituir un centro de beneficios en sí mismo, independiente de la financiación de la economía real. Mientras que el desarrollo del capitalismo financiero y las finanzas desreguladas derrumbaron a la economía real en 2008, y amenazan hacerlo de nuevo, la urgencia es la socialización total o parcial del sector bancario. Efectivamente, dos vías programáticas se pueden tomar sobre este problema: o proceder de entrada a la socialización total del sistema bancario, yendo hasta la integración de los bancos de financiación e inversiones, así como del sector de las aseguradoras; o socializar una parte del sector bancario con la creación de un polo público concebido como una etapa antes de la socialización de la totalidad del sector. En todo caso, los bancos deben tener una misión de interés general, como lo decidido en Francia después de la Segunda Guerra mundial, cuando dos tercios del crédito estaban controlados por los poderes públicos.
El término socialización se suele preferir al de nacionalización. Nacionalizar podría confundirse con «estatizar», la toma de control de los bancos por las elites dirigentes en el marco de un capitalismo nacional. Socializar se refiere, más explícitamente, a una colectivización en la que los trabajadores ejercen el poder de decisión y de control, que son dos dimensiones esenciales de ese proceso. En Francia, el término socialización ya fue privilegiado por el socialista Jules Moch en 1945. Durante una reunión de la instancia dirigente de su partido, explicó en qué consistía la diferencia: «Para los socialistas, reside fundamentalmente en tres caracteres que permitirían distinguir las socializaciones, que pensaban que se podían hacer, de algunas formas de nacionalización: los capitalistas serían eliminados, no solamente de la propiedad sino también de la gestión de las empresas; éstas no generarían un capitalismo de Estado que no haría más que sustituir un patrón por otro; la gestión sería democrática asociando los trabajadores con los técnicos, los representantes de los intereses generales en consejos tripartitos que gozarían de autonomía de gestión. La empresa socializada se mostraría así como un laboratorio de emancipación de los trabajadores, base de una nueva sociedad que los socialistas sueñan con edificar.«
Efectivamente, durante las nacionalizaciones producidas en Europa a partir de 2008, como consecuencia de la crisis de los bancos privados (Royal Bank of Scotland en Gran Bretaña, Hypo Real Estate en Alemania, ABN-Amro en los Países Bajos, Fortis, Dexia Belfius en Bélgica, Bankia en España, Banco Espírito Santo en Portugal…), los gobiernos no los reorientaron en una dirección favorable a la población. Señalemos que la nacionalización de los bancos fue decidida cuando las ayudas públicas (préstamos, recapitalizaciones, garantía, etc.) ya no fueron suficientes para mantener a flote esas entidades privadas. Y lo que es peor, además de dejar que la población soporte las pérdidas de los bancos privados nacionalizados, las nacionalizaciones fueron concebidas, en ese momento, como simple paréntesis precediendo a futuras privatizaciones. Con frecuencia, los Estados ni siquiera ejercieron el poder en esas instituciones, dejando la dirección a los representantes del sector privado. La idea de «socialización» asume una lógica completamente diferente y quiere poner la primera piedra en la construcción de una sociedad nueva.
Hay que estimular el ejercicio de un control de las actividades del banco por los trabajadores del sector bancario
La palabra «socialización» es utilizada preferentemente a «nacionalización» o «estatización» para indicar claramente hasta qué punto es esencial el control ciudadano, con la participación en las decisiones de los dirigentes, los representantes de los asalariados, clientes, asociaciones, cargos electos locales, que completarían el control de los representantes de instancias bancarias públicas nacionales y regionales. Por consiguiente, es necesario definir de manera democrática el ejercicio de un control ciudadano activo . Así mismo, hay que estimular el ejercicio de un control de las actividades del banco por los trabajadores del sector bancario y su participación activa en la organización del trabajo. Las direcciones de los bancos deberían remitir anualmente un informe público sobre su gestión transparente y comprensible. Habría que privilegiar un servicio de proximidad y de calidad que rompa con las políticas de externalizaciones llevadas a cabo actualmente. Hay que promover que el personal de los establecimientos financieros garantice a los y las clientes un auténtico servicio de consejos, y erradicar las políticas comerciales agresivas de ventas forzadas.
Los modos concretos de la transición
La transición hacia un sistema bancario socializado plantea, no obstante, varias cuestiones a las que un gobierno popular deberá responder.
El número de bancos a socializar
Si un programa gubernamental no prevé socializar la totalidad del sistema bancario, se debe plantear la cuestión del número de bancos a socializar y del criterio de elección. Más allá del aspecto teórico, esa decisión nos remite a la relación de fuerza que un gobierno popular es capaz de establecer, y de su capacidad para apoyarse en la movilización de la población. En casi todas las experiencias de nacionalizaciones bancarias, los bancos de negocios fueron excluidos del ámbito de las leyes de nacionalización y mantenidos en el sector privado por la presión del sector financiero. Así, en el momento del segundo paréntesis de nacionalización de bancos en Francia durante el gobierno de François Mitterrand, en 1981-1982, la Secretaria del Estado para la extensión del servicio público proponía inicialmente la nacionalización de todos los establecimientos que dispusieran de más de 500 millones de francos del total del balance . Finalmente, bajo la presión del medio bancario, ese umbral fue elevado a 1.000 millones de francos. El número de bancos a nacionalizar pasó de 60 a 39. Este ejemplo ilustra bien que el hecho de que establecer un servicio público bancario estará condicionado por una relación de fuerza, cuestión que se debe preparar muy bien.
La indemnización a los accionistas
Con el fin de socializar los bancos, se plantea también la cuestión de la indemnización de los accionistas privados. Conviene tratar de manera diferente los grandes y los pequeños accionistas. Los grandes accionistas son, en efecto, activa o pasivamente responsables de la acentuación de las actividades bancarias especulativas y de alto riego para los ahorradores, para el Tesoro público y para el conjunto de la sociedad. Los pequeños accionistas no intervienen en las decisiones de los bancos, y es normal que se los indemnice. Por otro lado, es lógico que los depósitos estén protegidos. En la mayoría de las nacionalizaciones de los bancos ya realizadas, los accionistas fueron indemnizados a cargo de los contribuyentes. Especialmente, fue el caso de las nacionalizaciones producidas en Europa y en Estados Unidos a partir de la crisis de 2008. Los accionistas fueron indemnizados y los gastos de la nacionalización estuvieron a cargo de las finanzas públicas. Un gobierno popular que llegue al poder en los próximos años no está obligado a hacer lo mismo. Podría decidir pagar solo un euro simbólico a los grandes accionistas, y recuperar el coste del saneamiento del banco sobre su patrimonio global. [1]
Hacia un polo público bancario
Si la opción de la socialización inmediata de la totalidad del sector bancario no es compartida por el conjunto de las fuerzas reunidas para un gobierno popular, el polo público bancario podría representar una solución de compromiso y permitir a ese gobierno disponer de medios para su política. Para orientar el crédito hacia proyectos social y ecológicamente útiles, la socialización de los bancos generalistas debería dirigirse hacia el apoyo a la creación de un polo público bancario (o polo financiero público). Ese polo público tendría por misión sostener un plan de relanzamiento económico, ecológico y social, reforzar el aparato productivo, dirigir el ahorro popular hacia la satisfacción de las necesidades sociales y económicas, y garantizar la inclusión financiera y el acceso de todas las personas a los servicios financieros.
Con la perspectiva de la creación de ese polo, un gobierno popular podrá apoyarse en las instituciones ya presentes en cada país. Por ejemplo, en el caso de Francia, ese polo reuniría en primer lugar la Caja de depósitos y consignación y el Banco público de inversiones ( BPI ). Creado en 2012, el BPI fue completamente deformado y adopta un comportamiento de banco clásico a pesar de que debería ser uno de los actores clave de la inversión en la transición ecológica. También podrían agregarse otras estructuras públicas y semipúblicas como la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Postal o la Coface. Podría ser sensato integrar en ese polo público a los grandes bancos mutualistas (Crédit agricole, BPCE Banque populaire-Caisse d’épargne, el Crédit Mutuel). Eso tendría dos ventajas: sacar las redes mutualistas de la lógica puramente financiera de los otros grandes grupos bancarios como el BNP o la Société Générale, y dar más fuerza al polo público para poder hacer frente a los bancos privados cuya nacionalización se habría diferido en el tiempo, en la hipótesis de un proceso de socialización por etapas.
De manera general, en ese polo público, en materia de gobernanza, cada establecimiento conservaría su autonomía de funcionamiento y sus propias instancias de dirección. No obstante, la acción de esos establecimientos estaría dentro de un marco común definido por una instancia de dirección nacional que garantizaría la coherencia del conjunto. La instancia de la dirección nacional estaría compuesta por cargos electos nacionales y locales, responsables de las entidades y representantes de la sociedad civil, en particular organizaciones sindicales y asociativas. El polo público tendría sedes territoriales, organizadas según las mismas modalidades de manera de asegurar una malla suficientemente fina y equilibrada del territorio.
A escala europea, un gobierno popular podría tratar de organizar la cooperación entre su polo financiero público y las entidades similares existentes en otros países, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo armado financiero de la UE. Así mismo, se haría todo lo posible para poner el Banco Central Europeo al servicio de una política social, contrariamente a su función actual de gendarme financiero que vela escrupulosamente por la instauración de las políticas de austeridad.
La estructura del futuro sistema bancario
Reconducir a los grupos bancarios y a sus establecimientos a sus misiones esenciales: la conservación sin riesgos del ahorro y de los depósitos y la financiación de la economía real.
En caso del mantenimiento de un sistema bancario privado, se generaría un sistema bancario tripartito: un polo financiero público, integrando a los bancos socializados y otras instituciones públicas, coexistiría con los bancos privados y un polo mutualista. En cuanto al polo mutualista, se trataría de volver a poner en pie a los bancos cooperativistas y mutualistas, reinvirtiendo los valores de democracia, de solidaridad y de no-lucro inscritos en sus estatutos, ya que actualmente estos bancos funcionan y se comportan de la misma manera que los bancos privados. Los representantes de los asalariados podrían tener un derecho de información y de veto sobre los proyectos que serían financiados. La socialización impone revisar fundamentalmente la composición de los consejos de administración y de rever su modo de designación. Para el conjunto de los bancos que no pertenecen al sector público, una «ley bancaria» debe redefinir las misiones de todos los bancos, así como la composición y el modo de designación de los miembros de sus consejos de administración, cualquiera sea su estatuto jurídico. De este modo, los bancos privados estarían obligados a hacerse cargo de una parte de los clientes «poco rentables», por lo que no serían únicamente acogidos por el Polo bancario público. Una nueva deontología debería definirse para el conjunto del sector bancario y una hoja de ruta exigente debería imponerse al mismo para reconducir a los grupos bancarios y a sus establecimientos a sus misiones esenciales: la conservación sin riesgos del ahorro y de los depósitos y la financiación de la economía real. Se deberá ejercer un seguimiento muy vigilante sobre los bancos dejados fuera del campo del polo público para controlar el respeto de la nueva deontología y de la buena aplicación de la hoja de ruta.
La cuestión de saber si un polo bancario público puede coexistir con los bancos privados y si éstos, sometidos a regulaciones públicas importantes, pueden ponerse al servicio del interés general es una cuestión esencial, de ahí, la necesidad del seguimiento ya citado. En caso de no respeto de sus obligaciones por parte de los bancos privados, intervendría una sanción de socialización y los responsables de los grupos infractores verían su responsabilidad civil y penal comprometidas ante los tribunales.
En el caso en que una fuerza de izquierda tomase la opción de la socialización integral del sector bancario, eso podría generar lo siguiente:
Pensemos lo que significa concretamente la socialización del sector bancario: los bancos privados desaparecen, es decir, que después de su expropiación (indemnizando a los pequeños accionistas), su personal sería reafectado al servicio público bancario y de seguros, con garantía de antigüedad, salarios (hasta un máximo autorizado con el fin de limitar fuertemente los salarios demasiado altos, y, al mismo tiempo, aumentar los salarios bajos para reducir la desigualdad salarial) y con una mejora de las condiciones de trabajo (abandono del benchmarking [2] y de prácticas de ventas forzadas). Un sistema de reclutamiento para los nuevos contratos sería instaurado, respetando las normas de dicho proceso para un servicio público.
Se estará ante una situación que presenta una concentración de agencias bancarias en competencia en las grandes aglomeraciones y una penuria o ausencia de sucursales en las pequeñas ciudades, los pueblos y los barrios populares. Una red densa de agencias locales tendrá que ser desarrollada con el fin de aumentar fuertemente la accesibilidad a los servicios bancarios y de seguros, con un personal competente para responder a las necesidades de los usuarios en relación con las misiones de servicio público. Ninguna persona será excluida del acceso al servicio público bancario que debe ser gratuito.
Las agencias locales del servicio público gestionarán las cuentas corrientes y recibirán el ahorro de los usuarios que estará totalmente garantizado. El ahorro será gestionado sin tomar ninguna clase de riesgo. Ese ahorro se afectará, bajo control ciudadano, a la financiación de proyectos locales y de inversiones más amplias centradas en la mejora de las condiciones de vida, la lucha contra el cambio climático, el abandono de la energía nuclear, el desarrollo de circuitos cortos, la financiación de la ordenación del territorio respetando las normas sociales y ambientales rigurosas, etc. Los ahorradores podrán elegir el o los proyectos que desearían financiar con sus ahorros.
Las agencias locales concederán créditos sin riesgos a individuos, familias, pequeñas y medianas empresas y estructuras privadas locales, a las asociaciones, a las colectividades locales y a los establecimientos públicos. Estas agencias podrán afectar una parte de sus recursos a proyectos de una escala más grande que los propios a nivel local, naturalmente, en el marco de una política concertada.
El hecho de que las agencias locales gestionarán los medios financieros de medida razonable para usos locales o para proyectos más amplios que serán presentados de manera precisa (con el establecimiento de un calendario de programación y herramientas de seguimiento que permitan controlar claramente la utilización de los fondos y la buena concreción de los proyectos) facilitará el control de los diferentes protagonistas.
Los proyectos locales a financiar serán definidos de manera democrática con un máximo de participación ciudadana.
Las agencias locales tendrán también a cargo los contratos de seguros para las personas físicas y jurídicas.
Sostener la transición hacia una economía social, sostenible y ecológica
El sector bancario socializado permitirá reconstituir un circuito virtuoso de financiación de los poderes públicos
Por otro lado, los ministerios a cargo de la salud pública, la educación nacional, la energía, los transportes públicos, las pensiones, la transición ecológica, etc., dispondrán de medios de financiación provenientes del presupuesto del Estado.
Agencias transversales especializadas intervendrán en los ámbitos y las actividades que excedan las competencias y las esferas de acción de un solo ministerio. Tendrán como objetivo asegurar misiones específicas o transversales definidas con la participación ciudadana, como el programa de abandono total de la energía nuclear, que comprende también el tratamiento con seguridad de los residuos nucleares a largo plazo.
El sector bancario socializado permitirá reconstituir un circuito virtuoso de financiación de los poderes públicos: éstos podrán emitir títulos que serán adquiridos por el servicio público sin pasar por los dictados de los mercados financieros.
Muchos aspectos del proyecto quedan para una elaboración colectiva ya que estamos en la fase preparatoria del establecimiento de un sistema completamente nuevo. Eso demanda un ambicioso trabajo colectivo de puesta en común de ideas y propuestas. Ese trabajo no hace más que comenzar.
Una nueva regulación y supervisión del sector financiero
De forma inmediata, un gobierno popular deberá poner en marcha una regulación importante del sector financiero con el fin de asegurar la estabilidad financiera. El tamaño de los bancos debe reducirse para que ningún banco «sistémico» pueda ser una amenaza para el conjunto del sistema. Los bancos de negocios deben ser separados de los bancos de depósitos para proteger a estos últimos. Los bancos de negocios no se beneficiarán de ninguna garantía del Estado. Esta medida ya había sido tomada por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1933, luego de la onda de choque del crash de Wall Street de octubre de 1929. El presidente, recientemente elegido, cerró los bancos durante una semana en marzo de 1933 y, ese mismo año, hizo aprobar la ley bancaria (Banking Act, conocida también por la Glass Steagall Act) que impuso la separación de los bancos de depósito de los bancos de negocios.
Además, la nueva regulación bancaria impondrá:
○ Aumentar significativamente la parte de los fondos propios de los bancos en sus balances, llevándola al 20 %.
○ Tomar todas las medidas útiles para obligar a los bancos a sanear su fuera de balance (shadow banking), al imponerles que aclaren todas las operaciones especulativas y todas las transacciones arriesgadas sin interés real para la colectividad.
○ Prohibir las relaciones de crédito entre los bancos de depósito y los bancos de negocios.
○ Prohibir la titulización. Cada actividad conllevará en sí su propio riego, a través de las exigencias reglamentarias adaptadas.
○ Prohibir el trading de alta frecuencia
○ Prohibir la especulación
○ Prohibir los mercados de mutuo acuerdo
○ Prohibir todas las relaciones de los establecimientos bancarios con el shadow banking y los paraísos fiscales y judiciales.
○ Prohibir la socialización de las pérdidas
○ Poner fin al secreto bancario
○ Perseguir sistemáticamente a los dirigentes responsables de delitos y crímenes financieros y retirar la licencia bancaria a las instituciones que no respeten las prohibiciones y sean culpables de malversaciones.
○ Instaurar una verdadera responsabilidad financiera correspondiente a los grandes accionistas, con el fin de que la recuperación del coste de sus actividades peligrosas pueda efectuarse con el conjunto de su patrimonio.
○ Aumentar la imposición a los bancos para obligarles a participar en el esfuerzo fiscal del país.
Para asegurar la supervisión de la esfera financiera, puede crearse un comisariado de la seguridad financiera. Reuniría las autoridades de supervisión de los bancos, de los mercados financieros y de los seguros. Tendría por misión:
○ Evaluar la evolución del ahorro, del crédito, y del buen funcionamiento del sistema de pagos.
○ Verificar y controlar si la política de las entidades bancarias se encuentra bien centrada en los ejes de la hoja de ruta que le fueron definidos, especialmente con respecto a la financiación de la transición ecológica, la financiación de las necesidades de funcionamiento y de inversiones de los grandes servicios públicos, la financiación de las desprivatizaciones de los grandes servicios públicos que habían sido transferidos al sector privado (por ej., salud, agua, energía, etc.).
○ Verificar la adecuación de los actores públicos y privados de la economía a las necesidades de la población
○ Vigilar también sectores como el inmobiliario para prevenir eventuales burbujas.
El comisariado pondrá en marcha el control de capitales, así como una tasa sobre las transacciones financieras. Además, tendría por misión someter las innovaciones financieras a un principio de precaución: los bancos que desarrollen esas innovaciones deberán probar su utilidad y asumir su entera responsabilidad. Los productos y las actividades demasiado complejas serán prohibidos. El supervisor tendría, finalmente, la posibilidad de imponer multas significativas a los bancos en el caso de falta a la reglamentación y a sus obligaciones, con el fin de ajustar las sanciones al perjuicio sufrido por la sociedad y a las ganancias ilegales obtenidas. Así mismo, los dirigentes serían susceptibles de ver su responsabilidad personal comprometida en caso de faltas graves. Se retirará la licencia bancaria a cualquier banco que contravenga de manera constatada la nueva legislación y sus dirigentes serán llevados ante la justicia y podrían ser condenados a penas de prisión.
La recuperación del control de los Bancos Centrales
Un gobierno popular debería también recuperar el control de su Banco Central, con la perspectiva de retomar el control de su política monetaria y de sus condiciones de financiación. En 1871, La Comuna de París cometió el error de no tomar el control del Banco de Francia. De tal manera, que se vio privada de unos recursos financieros considerables que el Banco Central libró al enemigo de Versalles. Según Karl Marx en su correspondencia a propósito de la Comuna de París en 1881: «Con solo la requisición del Banco de Francia se hubiera puesto fin a las amenazas bélicas versallescas«. La revolución cubana no cometió ese error. Desde el primer año, en 1959, el gobierno puso al Che en la presidencia del Banco Central de Cuba. El dominio del Banco ayudó a la realización de una serie de profundas reformas sociales que, sostenidas por potentes movilizaciones populares, marcaron positivamente los comienzos de la revolución cubana.
Retomar el control del Banco Central es esencial para sacar al Estado de las garras de los mercados financieros para la financiación de los servicios públicos. Como escribió Benjamin Lemoine en su libro L’ordre de la dette sobre el sistema francés de financiación pública. «Al salir de la Segunda Guerra Mundial y durante más de una veintena de años, el aparato del Estado, mediante el circuito del Tesoro, recogía recursos financieros en cantidad suficiente para, durante la mayoría del tiempo, escapar a la presión de los acreedores. Dominaba la actividad de los bancos y de las finanzas y acoplaba sus propios instrumentos de tesorería a esas reglamentaciones. Así mismo, su financiación estaba coordinada con las políticas nacionales que determinaban la cantidad de moneda y orientaban los créditos afectados a la economía.» Esa política permitió a Francia financiarse durante cerca de 40 años sin depender de la buena voluntad de los mercados financieros, dominados por los bancos privados y de otras sociedades financieras. Un circuito del Tesoro como ese podría ponerse de nuevo en funcionamiento.
La necesidad de contar con el apoyo de la población
La socialización del sector bancario y el sostén popular son condiciones necesarias para cualquier cambio de modelo.
Como escribió Antoine Prost con respecto a las nacionalizaciones de la Liberación, éstas deben ser situadas en el contexto de la Resistencia con «un movimiento que venía de abajo». En 1945, el 70 % de los franceses eran favorables a la nacionalización de los bancos (el 81 % entre los obreros). Para alcanzar ese grado de apoyo en el seno de la población y para evitar la reapropiación por los capitalistas de empresas y de actividades socializadas, un gobierno popular deberá preparar el terreno y explicar a la población los retos que conlleva semejante cambio de paradigma. Algunas iniciativas sobre el terreno que asocien a la población como auditorías ciudadanas, pueden ponerse en marcha y deberían ser apoyadas por una fuerza política que tenga como objetivo acceder al gobierno. En Francia, en Grecia y en España, los colectivos para una auditoría ciudadana de la deuda pública fueron creados a partir de 2011, y dieron lugar a informes, análisis y acciones ciudadanas sobre la cuestión de la deuda nacional y de las deudas locales. De manera general, las cuestiones monetarias y financieras deben perder su carácter sagrado. Friedrich Engels señalaba en 1891 el «santo respeto» con el que los comuneros se detuvieron ante las puertas del Banco de Francia (y al mismo tiempo reconocía que: «El Banco en manos de la Comuna valía más que diez mil rehenes»). Las finanzas deben ser explicadas y liberadas del encantamiento. No haberlo hecho en forma suficiente contribuyó, sin duda, a los retrocesos de Alexis Tsipras después de su victoria en las elecciones de enero de 2015. La diplomacia secreta y el poder de los expertos no permiten apoyarse en una amplia movilización popular, sin embargo, necesaria para reconquistar terreno frente al dominio del capital.
Para una fuerza de izquierda, es fundamental mostrar a la población el enorme avance que constituiría la decisión de dejar de confiar la propiedad y la gestión del sistema bancario en el gran capital, y las enormes ventajas que podría aportar la existencia de un servicio bancario público.
La importancia de la movilización popular
La socialización del sector bancario no puede ser vista como un lema o una reivindicación autosuficiente, que los dirigentes aplicarían después de llegar al gobierno. La socialización debe ser concebida como un objetivo político a alcanzar en el marco de un proceso liderado por una dinámica ciudadana. No solamente es necesario que los movimientos sociales organizados existentes (entre ellos los sindicatos) hagan de la socialización una prioridad en su agenda, y que los diferentes sectores (colectividades locales, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de consumidores, etc.) se posicionen en ese sentido, sino también -y sobre todo- que los empleados y las empleadas de los bancos estén sensibilizados y sensibilizadas con la función de su oficio y en el interés que podrían tener en ver los bancos socializados; que usuarios y usuarias sean informados allí donde se encuentren (un ejemplo: ocupaciones de agencias bancarias en todos lados el mismo día) con el fin de participar directamente en la definición de lo que debe ser la banca.
La socialización del sector bancario y el sostén popular son condiciones necesarias para cualquier cambio de modelo.
Solamente movilizaciones muy grandes pueden garantizar que la socialización del sector bancario sea realizada en la práctica puesto que es una medida que afecta al corazón del sistema capitalista.
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Notas:
[1] Una parte importante de los bancos disimula en sus cuentas activos tóxicos (diferentes productos estructurados evaluados a su valor nominal mientras que el valor de mercado es muy inferior) y están afectados por los non perfoming loans (NPLs) (créditos con riesgos de no pago)
[2] El benchmarking es una herramienta de vigilancia a los asalariados cuyos resultados, accesibles a todos permanentemente, son comparados de forma continua mediante una clasificación estigmatizadora para los considerados como los menos eficientes. Es una técnica de gestión por medio del estrés, muy difundida en las grandes empresas para generar una emulación malsana.
Fuente: http://www.cadtm.org/Que-medidas-deberia-tomar-un-gobierno-popular-con-respecto-a-los-bancos