El 13 de agosto marché por las calles de Quito con varios amigos y decenas de miles de personas. Tras conversar estos días con defensores y opositores al presidente Correa, creo, en primer lugar, que la popularidad de Correa desciende. (En la encuesta de Cedatos está en poco más de 40 por ciento, durante siete […]
El 13 de agosto marché por las calles de Quito con varios amigos y decenas de miles de personas. Tras conversar estos días con defensores y opositores al presidente Correa, creo, en primer lugar, que la popularidad de Correa desciende. (En la encuesta de Cedatos está en poco más de 40 por ciento, durante siete años se mantuvo por encima de 60 por ciento en el mismo sondeo).
Un factor principal es su agresividad verbal, su prepotencia. Otro factor es la percepción de la crisis económica, que se da también en otros países sudamericanos. El déficit de la balanza comercial de Ecuador será el doble este año que en 2014. Las exportaciones no pueden ya pagar las importaciones. El país vende petróleo por adelantado. La última venta con Tailandia: cobrar hoy para entregar en el futuro. Ecuador se endeuda. Además, está dolarizado, no puede devaluar, como lo hace Colombia, un importante socio comercial.
En segundo lugar, regresan las manifestaciones en la calle. En Guayaquil esas marchas son más de derecha que en Quito. La movilización del 13 de agosto en Quito fue liderada por indígenas y tuvo mucha participación indígena. Contó también con participación de sindicatos, partidos marxistas, médicos de bata blanca y abundante clase media. Las peticiones eran diversas: anulación del Decreto 16 contra las organizaciones no gubernamentales, apoyo a escuelas de educación bilingüe, apoyo a la caja del seguro social y a los jubilados. Una petición general es el rechazo a enmendar la Constitución de 2008 no por referendo, sino por aprobación de la Asamblea (el Parlamento).
Entre esas enmiendas constitucionales, algunas son triviales. La más importante es la que permitiría la reelección presidencial. Correa lleva de presidente desde enero de 2007 con muchos éxitos de gestión, pero con poca perspectiva para continuar repartiendo las rentas de la exportación de productos primarios, cuyos precios han bajado. Tiene en su pasivo político casos de corrupción en su gobierno y decisiones anti-ecologistas, como la de explotar el petróleo del Yasuní y la minería de cobre en la cordillera del Cóndor y en Intag (¿pero con el cobre a 2.5 dólares por libra y con fuerte oposición local, quién va a invertir?).
Según con quien uno hable, el presidente Correa tiene otros defectos u otras virtudes. Pero el tema político crucial va a ser la propuesta de cambiar la Constitución para permitir la reelección. Si Correa no fuera tan terco, respondería a las manifestaciones callejeras y a los cortes de ruta, no imaginando conspiraciones para derribarlo por la fuerza (cosa que no se plantea), sino con un anuncio público de que renuncia a la enmienda que permitiría la reelección presidencial. Eso inmediatamente calmaría los ánimos y abriría un panorama político distinto. Sería también una sabia decisión para mejorar su lugar histórico.
Al no atreverse a poner esa enmienda en un referendo, la deberá pasar por la Asamblea (donde Alianza País tiene mayoría absoluta desde 2013). Tiene plazo hasta diciembre de 2015, con vistas a la elección de 2017. El día que eso ocurriera habría 100 mil personas delante de la Asamblea (totalmente blindada por las fuerzas del orden). Resonaría el popular grito que escuché hace unos días: Quito no se ahueva, carajo! Habría enfrentamientos, donde la izquierda, los indígenas, los ecologistas, pondrían las víctimas en beneficio de la derecha neoliberal. ¿Es eso lo que quiere Alianza Pais?
El gobierno de Correa se encamina por una senda de represión. Para muestra, el 13 de agosto la policía detuvo, maltrató y anunció la deportación de Manuela Picq, periodista brasileña y pareja de Carlos Pérez, dirigente de Ecuarunari y veterano opositor de Correa por la minería de oro en Quimsacocha. La policía también detuvo y golpeó a Salvador Quishpe, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe.
¿Es capaz Correa de tragarse su vanidad y renunciar a la reelección, ayudando a preparar un nuevo candidato para 2017? Dentro de su partido, Alianza País, Correa no ha dejado sobresalir a líderes de distintas inclinaciones. Todas y todos han sido políticamente infantilizados por el gran jefe.
Se dice que un candidato posible de Alianza Pais podría ser Lenin Moreno, vicepresidente en los primeros seis años de Correa, persona apacible, nada agresiva, muy popular y muy eficaz en programas de ayuda a discapacitados. En segundo lugar, el guayaquileño Ricardo Patiño, canciller y, a la vez, hombre de partido, o el quiteño economista Fánder Falconí, un fundador de Alianza País, ex canciller que dimitió por defender el Yasuní.
También se habla de Ramiro González, del partido Avanza, estrecho aliado de Alianza País hasta que en abril de 2015 se desmarcó al oponerse a la decisión del gobierno de no contribuir a la caja de los jubilados como debería hacer.
Joan Martínez Alier es Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/16/opinion/018a1mun