Más de un año de grave situación sanitaria derivada del coronavirus nos debe llamar la atención sobre las políticas públicas, especialmente la política económica, y más aún el impacto que se genera sobre el orden económico vigente.
El asunto es que las decisiones sobre qué hacer en cuestiones económicas y sociales consolidan o transforman el orden socioeconómico.
¿Hace falta insistir en la gravedad del tema cuando ya son casi 86 millones de contagiados y 1,855 millones de fallecidos en todo el mundo?
Más aún, cuando todo parece reiterarse en una nueva oleada y con novedosas cepas que agravan la situación de la pandemia y su impacto económico y social.
Luego de la aparición en Wuhan, China, a fines del 2019, la pandemia se concentró en Europa hacia comienzo del 2020, para luego concentrarse en América. Las consecuencias fueron gravísimas y todo indica que el tema no se superó.
América Latina y el Caribe lo sintieron muy fuerte, agravado por los límites en las respuestas públicas luego de décadas de un discurso contrario a la intervención estatal, salvo escasas excepciones donde se sostienen las políticas por los derechos de la población, caso de Cuba y su política sanitaria.
Ese discurso hegemónico, por la liberalización de la economía, tiene historia de casi medio siglo, desde que la restauración conservadora en Gran Bretaña y en EEUU le otorgaran carta de ciudadanía.
Thatcher y Reagan lo hicieron, elevando a dogma de época los enunciados de la Escuela de Chicago y su mayor exponente, Milton Friedman, premio nobel de economía del Banco de Suecia en 1976.
Recordemos a Friedman como el padre de las políticas públicas liberalizadoras de las dictaduras del Cono Sur de América, que a los inicios de los setenta fueran el ensayo necesario para su aplicación en el sistema mundial.
El eje de aquellas políticas se orientaba en contra de la intervención estatal y a favor del libre juego del mercado.
La mercantilización de la vida cotidiana creció en todos los ámbitos, especialmente sobre aquellos en los que se había construido un imaginario de “derechos”, casos de la salud, la educación o la seguridad, entre muchos otros.
Era el tiempo de bajar gasto público y con ello reducir la presión tributaria sobre los patrimonios privados e inducir una ampliación de la inversión productiva.
Se conoció esa política como “reaganomics”, la que inspiró a Danald Trump con su baja de impuestos al inicio de la gestión.
Pese a ello, a la liberalización económica, la intervención estatal nunca cesó y todo indica que esa política de “no intervención” hace agua ante los sucesivos problemas de la economía estadounidense y mundial.
Fue evidente esa participación estatal en las crisis en el país hegemónico del sistema mundial, en el 2001, el 2008 o ahora en el 20/21.
Soberanía económica
La intervención pública, vía emisión monetaria y de deuda fue y es gigantesca en EEUU.
No es diferente en el resto del mundo, solo limitado por las capacidades relativas del poder de fuego de cada Estado nacional.
Una cosa son aquellos Estados que gestionan monedas de aceptación global, sea EEUU, Europa Unida, Gran Bretaña, Japón o China, a aquellos cuyas monedas solo circulan en sus territorios.
Incluso entre estos no es lo mismo según sean sus tamaños relativos. La capacidad de intervención del Estado brasileño superó en magnitud a cualquiera de sus vecinos regionales, aun con un gobernante en la lógica discursiva de Donald Trump.
A esta altura no se discute el papel del Estado, sino sus destinatarios, objetivos y fines de última instancia, centrados en sostener el régimen del capital.
Los subsidios a los más pobres se orientan a satisfacer las necesidades de consumo que sustentan el modelo de producción y circulación de elevada concentración de ingresos y riqueza.
¿Podría ser diferente? Solo si se modifica la orientación de esos recursos públicos, centrados en otras formas de organizar la producción y la circulación de bienes y servicios, fuera del círculo del lucro y asentados en la autogestión y la cooperación no lucrativa.
La generación de cadenas de producción y distribución por fuera de la lógica de mercado sugiere un camino de transición a planificar, más aún cuando asistimos a un rebrote de contagios y un potencial nuevo cierre de la economía con recesión e impacto social regresivo.
La capacidad de acción soberana es lo que se discute, por lo que no da lo mismo el debate sobre la autonomía relativa de las economías nacionales en los espacios de la dependencia, por caso, Latinoamérica y el Caribe, en donde creció notablemente la subordinación al dólar estadounidense.
Des-dolarizar constituye una necesidad, o lo que es lo mismo, transitar un rumbo de soberanía monetaria, que requiere en sí mismo un proceso de soberanía productiva, impensable sin procesos de cooperación regional por un modelo productivo.
Ese camino de política soberana supone el ensayo de la cooperación científica y tecnológica para potenciar desarrollos nacionales con probado éxito, caso de las vacunas cubanas[1] o los satélites argentinos[2], por solo mencionar dos ámbitos de probada eficiencia en el escenario mundial.
Son mínimas señales de desarrollos en la frontera de la innovación y la tecnología que pueden planificarse en la perspectiva de resolver las demandas alimentarias, sanitarias y de satisfacción de las necesidades esenciales de la población.
En definitiva, es una cuestión de decisión política de los pueblos. La ilusión de la no intervención estatal choca con la realidad e impone discutir el sentido de esa participación de los Estados nacionales y su cooperación internacional, especialmente a nivel regional.
La integración regional no subordinada para un accionar soberano de los países de Nuestramérica es una necesidad ante la nueva ronda del virus que amenaza a la humanidad.
No es utópico pensar en apuntar en contra y más allá del régimen del capital. No solo se trata de intervenir en la coyuntura, sino de hacerlo para modificar las relaciones sociales de producción y distribución en beneficio del conjunto social.
Notas:
[1] Visitar los sitios del Ministerio de Salud o del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de CUBA.
[2] Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, en: https://www.cultura.gob.ar/conoce-a-la-conae-la-nasa-argentina_6752/
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP