El feminismo, los derechos humanos y el ideal de justicia social se implementan en lo cotidiano, no como etiquetas para las elecciones.
El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas ante las declaraciones misóginas y antiderechos de Lenín Moreno , presidente del Ecuador
Las últimas declaraciones del presidente Moreno sobre el temor de los hombres a ser acusados de acoso es otra evidencia del carácter del gobierno, que en lugar de generar políticas y acciones efectivas para garantizar la aplicación de los principios constitucionales basados en el respeto a los derechos humanos y en particular de las mujeres, niños, niñas y adolescentes al derecho a una vida libre de violencia, impulsa el fortalecimiento de un Estado, extractivista, machista, xenófobo y racista. El machismo es política de Estado desde hace tiempo; y, esa línea política es responsabilidad del presidente. Ya varias veces sus declaraciones nos colocan, a nivel internacional, como un país sin cultura política en derechos humanos.
En 2019, las irresponsables declaraciones del presidente y sus secretarios, así como la negligencia de la policía y su jefa ante el femicidio de Diana Carolina en Imbabura, desencadenaron una cacería de venezolanos y venezolanas. Decenas de hombres, mujeres y niños, niñas fueron perseguidos con antorchas en la provincia norteña producto de la xenofobia promocionada por el Gobierno.
Sistemáticamente el Gobierno de Alianza País, ahora con Moreno a la cabeza, descarga la responsabilidad de la violencia machista en los hombros de los y las más vulnerables. No se reconoce el rol de la policía en la vulneración de derechos, se los condecora; se reduce el presupuesto para prevención de violencia de género contra las mujeres, pero se invierte cantidades exorbitantes en circo para el pueblo; no se financian las políticas para reducir las alarmantes cifras de embarazo adolescente que colocan al Ecuador a nivel de los peores indicadores de la región.
Sin embargo, se aprueban grandes desembolsos para armar a la policía con el fin de reprimir al pueblo; no se aprobaron las reformas al COIP para aumentar las causales que buscaban proteger a las mujeres que fruto de una violación quedaban embarazadas, y por tanto, se mantiene la criminalización de las mujeres pobres que abortan cuando han sido violadas; se recorta la inversión en salud y educación; hay persecución y criminalización a líderes y lideresas sociales por protestar por sus derechos; mientras los gastos en propaganda para el régimen se incrementan. La militarización de la vida, de los territorios en continuo despojo por el extractivismo devastador, la política seguritista y entreguista, el control sobre los cuerpos de las mujeres y disidencias, así como la violencia machista es el pan de cada día de este régimen heredero del correísmo.
La estrategia del gobierno es la criminalización de la lucha social y la creación de «enemigos públicos» entre las y los luchadores populares, con el propósito de impedir y desarticular la organización social contra las políticas neoliberales y favorecer los intereses económicos y políticos de sus aliados; los empresarios, los banqueros, el FMI y de los grupos religiosos fundamentalistas. Todo esto para reafirmar y renovar las estrategias del capitalismo imperialista neoliberal, patriarcal y misógino enquistado en nuestro país; por esa razón las continuas declaraciones del presidente Moreno, no son exabruptos inocentes, chispoteos al mejor estilo de personajes cómicos, es una política de Estado en este nuevo período de Alianza País.