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Quiebre del orden democrático y victoria del campo popular en Ecuador

Fuentes: Rebelión

Cuando el 2 de octubre, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció las nuevas medidas económicas para respetar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nadie se imaginaba qué iba a pasar en las casi dos semanas siguientes. Todo fue muy rápido, intenso y se dio lugar a una de las mayores movilizaciones sociales que ha […]

Cuando el 2 de octubre, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció las nuevas medidas económicas para respetar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nadie se imaginaba qué iba a pasar en las casi dos semanas siguientes. Todo fue muy rápido, intenso y se dio lugar a una de las mayores movilizaciones sociales que ha conocido el Ecuador desde el retorno a la democracia en 1979. ¿Cuál fue el detonante de estas protestas?

Desde la consulta popular de febrero de 2018, se ha consolidado un bloque de poder alrededor del presidente Lenin Moreno, dejando de lado sus aliados de las elecciones presidenciales del 2017 – la Revolución Ciudadana alrededor de la figura de Rafael Correa – y reemplazándolos por los sectores empresariales. Es así como las cámaras de comercio son directamente representadas dentro del gobierno con la figura preeminente de Richard Martínez como ministro de Economía y Finanzas. El viraje neoliberal se concretó con la aprobación de la Ley de Fomento Productivo en agosto de 2018. Luego se implementaron poco a poco medidas de shock para, según los discursos gubernamentales, intentar resolver la crisis económica que el gobierno heredó de su predecesor: austeridad presupuestaria, privatizaciones, disminución de algunos subsidios, eliminación de ciertos impuestos y condonación de deudas con el Fisco para las empresas, etc.

Sin embargo, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en marzo de 2019, agudizó este neoliberalismo y obligó al gobierno a acelerar las reformas para obtener los desembolsos acordados que se elevan en total a alrededor de 10 000 millones de dólares (de los cuales 4200 millones vienen del FMI). Fue así que, después de varios rumores y globos de ensayos, Lenin Moreno anunció el 2 de octubre un paquetazo que incluía entre otras cosas la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel (lo que le ahorraría 1500 millones de dólares al Estado) y una reforma laboral que busca la flexibilización del mercado laboral, la disminución del 20% del salario al momento de la renovación de los contratos ocasionales en la función pública y la reducción de 30 a 15 días de vacaciones para los servidores públicos.

El 3 de octubre empezó una gran movilización a nivel nacional integrada por varios sectores sociales y que duraría hasta el 13 de octubre cuando Lenin Moreno decidió, bajo la presión de las organizaciones indígenas, derogar el decreto de eliminación de los subsidios. A continuación se analizará esta movilización social con los diferentes actores que participaron, las respuestas del gobierno y finalmente su desenlace.

 

  1. Historia de los momentos de la movilización social

 

Durante los 12 días que duraron las movilizaciones sociales, se pudo observar cuatro momentos principales.

Luego de un llamado a concentrarse el miércoles 3 de octubre por parte del movimiento de la Revolución Ciudadana que no tuvo tanta acogida, el día siguiente los diversos gremios de los transportistas y taxistas llamaron a un paro nacional indefinido. El resultado fue la paralización total del transporte público los dos primeros días. La eliminación del subsidio a los combustibles tiene consecuencias fuertes para el transporte de carga y el transporte público lo que evidentemente tiene repercusiones luego en el precio de los alimentos y mercancías, así como en el pasaje para las personas que se movilizan con buses y taxis. La respuesta del gobierno fue inmediata quien, además de prebendas para el sector, aceptó la subida de los pasajes para el transporte público. Es decir, al encarecimiento de la vida por la eliminación de los subsidios, respondió con más encarecimiento para los sectores populares, principales usuarios del transporte público. Además de esta negociación, bajo amenazas de encarcelamiento de los dirigentes gremiales, el gobierno declaró el Estado de excepción durante 60 días.

Sin embargo, otros sectores se habían movilizado durante estos dos primeros días e iban a tomar la posta el tiempo de esperar la llegada del movimiento indígena a Quito: estudiantes, jóvenes, trabajadores, feministas, ecologistas, correistas, personas no organizadas, etc. Es decir, una diversidad de sectores no conformes con el alza del costo de la vida, ni las reformas laborales, que fue ampliamente reprimida bajo el argumento gubernamental que eran desestabilizadores pagados por el correísmo para acabar con el gobierno. Empezaron los bloqueos de vías, sobre todo en las provincias de la Sierra, las tomas de gobernaciones, así como los primeros heridos y detenidos.

El movimiento indígena empezó a llegar el 7 de octubre a Quito. Así se inició el tercer momento cuyo actor principal sería la CONAIE. Esta organización, debilitada desde el inicio de los años 2000 y que todavía tenía un dirigente suyo en el gobierno algunos días antes (Humberto Cholango como secretario del Agua) lideró la huelga nacional del 9 de octubre, una de las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia (más de 50 000 personas solo en Quito, sin contar las movilizaciones en otras ciudades). Incluso los dirigentes indígenas declararon que no esperaban tanta gente y admitieron que fueron desbordados por sus propias bases. La agenda de reivindicaciones estaba clara: no estaban en Quito para derrocar al presidente de la República sino para la derogación del paquetazo económico. La respuesta represiva aumentó con la implementación de un toque de queda parcial en Quito y la militarización de la protesta. A partir de ese, y con los primeros muertos en las filas del movimiento indígena, este último se radicalizó con el lema «Fuera el FMI» y tres condiciones previas a todo tipo de negociaciones con el gobierno: la derogatoria del decreto 883 (eliminación de los subsidios), 884 (Estado de excepción) y la renuncia de los ministros del Interior, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Con el feriado del 11 de octubre, empezó el cuarto momento durante el cual se pudo observar la movilización de los barrios populares de Quito y la llegada de los indígenas amazónicos. La represión policial en las calles aledañas a la Asamblea Nacional fue respondida por un crecimiento de la violencia por parte de los manifestantes. Desde la noche del viernes y durante la mañana del sábado, estas calles se convirtieron en una batalla campal con escenas de guerrilla urbana. Al mismo tiempo que el movimiento indígena se desvinculó de la violencia, el gobierno agudizó su discurso contra los correistas financiados por Venezuela y delante una movilización que iba creciendo, decidió implementar un toque de queda total en Quito a partir del sábado tarde bajo el mando de los militares.

A partir de este momento, la CONAIE aceptó el diálogo propuesto por el gobierno a pesar de que ninguna de sus condiciones había sido aceptada. Fue así como el diálogo se realizó con la capital militarizada y una protesta reprimida. Entonces, se puede decir que fueron las circunstancias que obligaron al movimiento indígena a negociar con el gobierno sin respetar las tres condiciones que había puesto en la mesa.

 

  1. Desenlace y análisis del paro nacional

 

Además del carácter nacional de la movilización y de la diversidad de sus actores, como lo analizamos antes, una particularidad fue la violencia de esta misma tanto por parte de los manifestantes como desde el Estado con el quiebre del orden democrático.

Desde los manifestantes, la violencia se puede explicar por un lado con el cierre de los canales democráticos y por otro lado la represión de las fuerzas del orden. A pesar de presentarse como «el gobierno del diálogo» desde su llegada al poder, esta imagen perdió poco a poco credibilidad y más bien la que emergió es la del «gobierno de los empresarios» que hace avanzar la agenda de las cámaras y de la derecha ecuatoriana. La progresiva marginación de los otros sectores que hacían parte del bloque de poder (por ejemplo los sindicatos vinculados al MPD) les obligó a retomar una agenda anti-neoliberal y entrar en la oposición a este gobierno. Y durante el paro nacional, la Asamblea Nacional no sesionó y estuvo ausente; la Corte Constitucional avaló con un voto unánime el Estado de excepción (en un segundo dictamen algunos días más tarde, pidió delimitar su alcance y redujo su duración a 30 días); y la Fiscalía tomó la posición de judicializar la protesta y los detenidos.

Además de este vacío democrático, la represión estatal fue cada vez más fuerte, a tal punto que el saldo de este paro nacional es el más elevado de la época democrática: oficialmente, según la Defensoría del Pueblo, hubo 8 personas fallecidas, 1340 heridas y 1192 detenidas. Para justificar el nivel de represión, el gobierno desarrolló un framing que mostraba su desconocimiento de la movilización social: los correistas son los responsables de la violencia implementando un plan de desestabilización del gobierno con el apoyo financiero de Venezuela y de su Presidente Maduro (también del narcotráfico, de las FARC, del dinero de la corrupción de la década pasada, etc.). En síntesis, aplicó el libreto de la estrategia de defensa nacional de los años sesenta y setenta (en esa época contra el comunismo), simbolizado por la importancia de la vocería del ministro de Defensa. Se trata de crear un enemigo interno (el correísmo y su líder Rafael Correa) y un enemigo externo (Venezuela y su Presidente Maduro). Para esto, no dudó en acusar en cadena nacional, con nombre y apellido, a varios dirigentes de la Revolución Ciudadana, los mismos que están siendo perseguidos judicialmente luego del diálogo con el movimiento indígena.

Sin embargo, la respuesta represiva y los intentos de «corporativizar» la movilización social pusieron al gobierno en una posición de fragilidad al momento del diálogo. Esta fragilidad estuvo simbolizada en el cambio de la sede del gobierno a Guayaquil, pero también en el intento de reproducir con el movimiento indígena lo que ya había hecho con los transportistas: ofrecer dádivas sectoriales, en este caso, bonos y créditos para el agro. Hasta el final, el gobierno no supo reconocer la diversidad de la movilización, evidenciando una voluntad de simplificar a esta movilización – construyendo también una frontera entre los buenos manifestantes, el movimiento indígena, y los malos, los correistas – y una falta de conducción política en su interior.

Al contrario, el movimiento indígena se posicionó como el representante de toda la sociedad y no solo de los pueblos y nacionalidades indígenas, volviendo a su eslogan del levantamiento de 2001: «Nada solo para los indios». Con esto, no solo respondía a la presión de sus bases en las asambleas populares del Ágora de la Casa de la Cultura, sino también al reconocimiento que el movimiento indígena era uno de los principales actores movilizados. Esta posición de representación de los sectores movilizados se vio muy bien durante el diálogo que tuvo lugar el domingo 13 de octubre al final de la tarde entre el presidente Moreno, acompañado por las autoridades de las cinco funciones del Estado y una parte de su gabinete, entre ellos el ministro Richard Martínez, y por otro lado, autoridades de las tres principales organizaciones indígenas nacionales (CONAIE, Fenocin y FEINE). A pesar de los varios intentos del gobierno (e incluso del mediador de la ONU) de negociar el decreto 883, los dirigentes indígenas no cedieron en su voluntad de derogar este decreto. Lo que efectivamente pasó con la conformación también de una comisión bipartita para escribir un nuevo decreto alrededor de los subsidios a la gasolina.

Esto representa una gran victoria popular y pone de nuevo al movimiento indígena como un actor social importante capaz de hablar al conjunto de la sociedad ecuatoriana.

 

  1. A modo de cierre

 

El paro nacional de 12 días fue una movilización de varios sectores de la sociedad ecuatoriana que se sienten afectados por las políticas neoliberales cuyas condiciones vienen del FMI. Con la victoria popular, habrá que ver qué pasa en el futuro con el acuerdo con el FMI, aunque la eliminación de los subsidios no era lo más importante para la institución internacional, al contrario del alza del IVA y de la reforma laboral. Pero queda claro que será difícil para el gobierno pasar medidas económicas a espaldas del pueblo y de las organizaciones sociales.

La movilización social se ha desarrollado a nivel nacional, en diversos puntos de la Sierra, pero también en la Costa, en Guayaquil. Se observó también una polarización de la sociedad ecuatoriana, sobre todo de clase: los movilizados venían en gran parte de las clases populares que ven sus condiciones de vida y de trabajo empeorarse desde hace dos años; mientras que las élites económicas, los diferentes sectores de la derecha y las clases altas apoyaron las medidas del gobierno, mostrando además su racismo hacia los indígenas.

Un actor cuyo rol ha sido fuertemente cuestionado fue la prensa convencional: oscilaba entre desacreditar a la protesta social (utilizando las palabras de violencia, vandalismo), ignorarla o apoyar ciegamente al gobierno. Hubo un plantón pacifico delante Teleamazonas para denunciar la parcialidad de la información difundida durante estas protestas. Lo interesante fue la importancia de los medios comunitarios y alternativos, a pesar de la represión policial y gubernamental. Sus condiciones de trabajo fueron difíciles, particularmente por la desconfianza de los manifestantes, pero lograron difundir y narrar la movilización. Estos medios tienen que tomar más fuerza para romper el cerco mediático que difunde el sentido común neoliberal.

La represión y el quiebre del orden democrático fueron creciendo a lo largo de la movilización, con un fuerte rol de los militares: Estado de excepción, toque de queda, militarización de la protesta, uso de gas lacrimógeno cerca de un hospital o al interior de una maternidad y universidades, cierre de Radio Pichincha Universal, amenazas al principal partido de oposición, etc. La paz social no podrá volver sin la renuncia de los ministros responsables de esta represión y de las diversas violaciones a los derechos humanos denunciadas por todas las organizaciones de defensa de los DDHH. También se tendrá que enjuiciar a los responsables de las muertes y otras violaciones de los DDHH.

Para terminar, nos queda por hacer una pregunta: ¿hasta dónde va a ir el revanchismo del gobierno a través de la persecución judicial contra el correísmo? Hasta ahora, si se ha vuelto a la normalidad cotidiana para la mayoría de la población, la democracia está todavía ausente.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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