El jueves 24 de julio por la mañana, por gracia de un tuit peregrino, me topé con el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones, que consiste en un simple artículo que busca reformar radicalmente el esquema de beneficios laborales de todo un sector. Luego de leerlo, lo primero que pensé fue que […]
El jueves 24 de julio por la mañana, por gracia de un tuit peregrino, me topé con el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones, que consiste en un simple artículo que busca reformar radicalmente el esquema de beneficios laborales de todo un sector. Luego de leerlo, lo primero que pensé fue que el personal jurídico de Carondelet debe estar sobrecargado de trabajo porque se les pasaron dos soberbias inconstitucionalidades en esa iniciativa presentada a la Asamblea Nacional. Por un lado, pretenden aplicar el artículo 328 de la Constitución a las «empresas que utilizan espectro radioeléctrico», para así reducir en un ochenta por ciento la participación obligatoria de los trabajadores en sus utilidades. Del quince al tres por ciento. Por otro, más inconcebible aún, sugieren que el Estado se embuche ese doce por ciento restante que quitan a los empleados de las empresas de telefonía celular, entre otras.
El 328 es clarísimo: en el caso de empresas de explotación de «recursos no renovables», el porcentaje de participación obligatoria de los trabajadores puede limitarse por ley. De hecho, en aplicación de tal disposición, hace ya algún tiempo se modificó dicho porcentaje en el sector de la minería y los hidrocarburos, que sin duda encajan en la clasificación de «recursos no renovables». Y la reducción fue también del quince al tres por ciento. Hasta ahí todo bien.
Ahora, sobre la primera cuestión, ¿el espectro radioeléctrico también se encuentra comprendido en esa categoría de «recurso no renovable»? Pues resulta que no. Y en esto ha sido categórica la Corte Constitucional al interpretar la Carta de Montecristi: «es claro que el espectro radioeléctrico no forma parte de los recursos naturales no renovables» (Res. No. 6, 2009). Y hasta el propio presidente Correa se ha referido a esa definición conceptual en una sabatina (Enlace Ciudadano 376). Por lo tanto, la disposición del artículo 328 invocada en el proyecto no es aplicable al mundo de las telecomunicaciones. Punto, no hay más vuelta que darle.
Luego viene el otro tema. ¿Con qué base jurídica se atribuye el Gobierno la potestad de proclamarse beneficiario de esos fondos arrebatados a los trabajadores? He leído una y otra vez el artículo 328 de la Constitución, así como todos aquellos que puedan tener relevancia, y no veo sustento. Porque en ninguna parte dice que el Estado se pueda quedar con esa tajada. Solo se dispone: «La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables». Nada más. No dice «el fisco podrá saciar su sed de recursos presupuestarios quedándose con la diferencia».
Si se permitiese al Estado quedarse con esa plata se estaría, en realidad, creando un nuevo impuesto, solapadamente. Y si de recolectar más recursos fiscales se trata, la vía correcta para hacerlo sería plantear una ley que establezca otro tributo. Por el contrario, en el presente caso se intenta alimentar el erario estatal con una apropiación inconstitucional de beneficios laborales. Así, de pasadita. Y esto aplica también a lo hecho con los hidrocarburos y la minería , donde también se quedaron mañosamente con el vuelto en exactamente la misma proporción.
Tampoco es que vengo acá a hacerme el sindicalista obrero solo por criticar al Gobierno. Para mí, libertario sinvergüenza, las reparticiones obligatorias de utilidades constituyen desincentivos a la inversión que causan más mal que bien para todos -propietarios y empleados- en el largo plazo. Pero, sinceramente, ya puesto a elegir, prefiero por mil razones que sean los trabajadores quienes se queden con ese billete. Mejor que ellos decidan en qué lo usan, antes de que se lo trague el Estado. Antes de que se consuma, por ejemplo, en algún sesudo análisis tecnocrático del amor en la Secretaría del Buen Vivir, o en pautar publicidad de cuentas de Twitter de funcionarios de cuarta.
Con todo respeto a la pipol del departamento legal de la Presidencia, les comento: parece que alguien no leyó la Constitución allá adentro o leyó otra. Quién sabe. Pidan vacaciones, o menos carga horaria, pero la próxima lean con atención los artículos que invocan.