En este caso sería más propio hablar de la «Fiera» que del amigable animal doméstico y su natural rebeldía que sugiere esta metáfora. Con ello aludo a la «fiereza» de la reacción con que la oligarquía ecuatoriana se ha tomado el proyecto de ley mediante el cual el Gobierno del Presidente Rafael Correa pretende actualizar, […]
En este caso sería más propio hablar de la «Fiera» que del amigable animal doméstico y su natural rebeldía que sugiere esta metáfora. Con ello aludo a la «fiereza» de la reacción con que la oligarquía ecuatoriana se ha tomado el proyecto de ley mediante el cual el Gobierno del Presidente Rafael Correa pretende actualizar, o sencillamente modernizar, los impuestos sobre la herencia y las plusvalías cuya regulación actual se basa en una Ley que data de…1927. Denominado como Proyecto de Ley de Redistribución de la Riqueza su propósito no es otro que lograr, vía impuestos específicos, que las rentas más altas contribuyan a los recursos del Estado para financiar los programas sociales, entre otros objetivos. Las tablas de cálculo del impuesto están diseñadas para que su impacto recaiga fundamentalmente sobre ese 2% que controla el 90% de las empresas en Ecuador. De modo resumido, se pueden conocer sus claves mediante este enlace: http://www.telesurtv.net/news/
Seguramente como economista que es el Presidente Rafael Correa, habrá tomado buena nota y puede que hasta se haya inspirado parcialmente en las conclusiones de otro economista, Thomas Piketty, cuyo estudio sobre la concentración de la riqueza se expone en el libro «El capital en el siglo XXI», el libro de no ficción más vendido del año 2014, según The New York Times. Elaborado con una metodología neo-clásica (el mismo autor se reconoce ajeno al método marxista) sus conclusiones son demoledoras para el propio sistema capitalista: en ausencia de mecanismos reguladores, esto es mediante impuestos a la herencia y a las plusvalías, la concentración de la riqueza avanza exponencialmente más que el desarrollo económico, las desigualdades sociales se acrecientan y el propio sistema puede llegar a implosionar. Los impuestos a las grandes fortunas, como los que sugiere el propio Thomas Piketty, serían un elemental mecanismo corrector, de naturaleza reformista.
Sin embargo la reacción de la oligarquía ecuatoriana ante este proyecto de ley no ha dado muestras precisamente de «ilustración económica», actitud que comparten el conjunto de oligarquías latinoamericanas. «Con mi herencia no te metas» vienen a decir. Sacan la artillería mediática pesada, distorsionando y confundiendo sobre la naturaleza y alcance del proyecto, movilizan la infantería reclutada en sectores de las «clases medias» abducidas por un discurso de progreso material insolidario (aunque en realidad la ley no les afecte) y logran reclutar una parte significativa de sectores populares a modo de «fuerzas de choque», implicándose en una suerte de carnaval político contra natura de sus intereses de clase. Alrededor del enfrentamiento a este proyecto de ley desatan una campaña de calle, con ingredientes de violencia política, cuya finalidad última es nada menos que desalojar del poder al Gobierno legítimo de Rafael Correa, poniendo fin al proceso de la Revolución Ciudadana. ¿Les suena familiar este guión en Venezuela?
Las grandes fortunas latinoamericanas (muchas de ellas fraguadas al calor de la dominación colonial) sienten especial aversión hacia todo lo que signifique limitar sus «sagrados» y por lo visto «naturales» privilegios. En materia de recaudación fiscal por el Estado, para el conjunto de Latinoamérica, el aporte de quienes acumulan más dinero y bienes está considerablemente por debajo de la media europea, esa Europa en la que se deshacen en elogios como modelo de sociedad «donde todo funciona a las mil maravillas». Y en sentido inverso, son las clases populares las que soportan el grueso de la carga fiscal mediante impuestos al consumo (IVA) y escalas contributivas ancladas en el pasado y nada progresivas. Las reformas fiscales en la etapa histórica moderna del continente brillan por su ausencia. Con estos ingresos fiscales junto con los beneficios derivados de la explotación de las empresas públicas, es como el Estado se dota de los recursos necesarios para financiar las políticas sociales y el desarrollo de las infraestructuras y servicios. Todo ello contribuye, cuando se aplica correctamente, a la mejora de la calidad de vida social y naturalmente a la revalorización del capital y el patrimonio acumulado. Ahora bien, para estos señores del dinero la cosa no va con ellos. Si sus empresas reciben una mano de obra cualificada gracias a la inversión pública en enseñanza, si esas mismas empresas mejoran su rendimiento gracias a las inversiones en infraestructura y comunicaciones y si su patrimonio inmobiliario se revaloriza gracias a la ampliación y mejora de los servicios…todo ello les debe salir gratis, según manda la «tradición histórica», a modo de estar instalados en territorio libre de impuestos…para ellos.
La iniciativa legislativa del Gobierno de Rafael Correa que la derecha ecuatoriana ha contestado con tanta estridencia, viene a «meter el dedo en la llaga» de una de las grandes asignaturas pendientes de los procesos de cambio abiertos en las últimas décadas en Latinoamérica. Las políticas sociales que caracterizan a sus gobiernos, tendentes a mejorar las condiciones de vida de las clases populares y paliar las desigualdades sociales (todavía hoy con altos índices), se han sustentado fundamentalmente en los ingresos derivados de la explotación y exportación de las commodities (agrícolas, mineras y energéticas). En los últimos años la recesión económica mundial ha impactado en el continente, los precios de estas materias han caído significativamente y su contribución al financiamiento del modelo se debilita. Queda la opción del abandono del mismo mediante un ajuste neoliberal o, entre otras medidas, el recurso por la vía de la reforma fiscal (la asignatura pendiente) a la contribución de «los que más ganan» (y han seguido ganando en estas dos últimas décadas) a la sostenibilidad del modelo. En esta última dirección y en el contexto de una contraofensiva de la derecha latinoamericana y mundial por recuperar sus espacios de poder, sin lugar a dudas la confrontación está servida. Para situar en contexto el tema véase mi artículo «Tesis de Abril»: http://www.aporrea.org/
La retirada «temporal» del proyecto de ley anunciada por el Presidente Rafael Correa en la noche del lunes 15 de Junio, es una respuesta al clima de inusitada hostilidad desatado por la derecha mediática y política y a la necesidad de un debate clarificador que ponga las cosas en su lugar y evite tergiversaciones sobre su verdadero alcance. La derecha oligárquica rápidamente se ha anotado el tanto de la «victoria» cuando la batalla no ha hecho sino comenzar. El repliegue, digamos que táctico, denota a su vez cierta pasividad entre los agentes integrantes de la Revolución Ciudadana, sorprendidos y confundidos ante la intensidad y virulencia de la «guerra relámpago» (aprovechando la ausencia del Presidente) de la derecha explotando el miedo a una «expropiación general del legado familiar». Esta experiencia nos remite también a la necesidad del carácter participativo de los procesos de cambio. Los movimientos sociales, los agentes políticos y sindicales que han sido artífices en la creación de una alternativa de poder deben acompañar en todo momento los procesos de cambio. Debatir en su interior y socializar/popularizar el debate sobre las cuestiones importantes de modo que esté siempre activada la capacidad de movilización. El debate sobre una Reforma Fiscal que toque los privilegios de los grandes poderes económicos, aun tratándose de una medida de carácter reformista en un contexto de avance hacia cambios profundos, no es una cuestión menor. Es bandera de los movimientos por el cambio emergentes en Europa y para América Latina una necesidad insoslayable que choca de lleno con la lógica neoliberal. Que la iniciativa de Ecuador sea contagiosa.
Joseba Pérez es Miembro de la Fundación Pakito Arriarán.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.