En los años 2000-2001, cuatro bancos quebraron en Nicaragua , dejando en la desesperación a miles de ahorrantes (el 95 por ciento de los cuales eran pequeños ahorrantes, con menos de 20 mil dólares depositados). El Gobierno de Arnoldo Alemán intervino, no tanto para ayudar a estos pequeños ahorrantes, sino para resguardar los intereses del […]
En los años 2000-2001, cuatro bancos quebraron en Nicaragua , dejando en la desesperación a miles de ahorrantes (el 95 por ciento de los cuales eran pequeños ahorrantes, con menos de 20 mil dólares depositados). El Gobierno de Arnoldo Alemán intervino, no tanto para ayudar a estos pequeños ahorrantes, sino para resguardar los intereses del restante 5 por ciento, conformado por los grandes depositantes y por sus millones de dólares.
Convenció a algunos bancos (Banpro, Bancentro y BDF) para que adquirieran rapidamente los bancos quebrados, garantizándoles la cobertura de las «pasivo bancarios» a través de la emisión de Certificados Negociables de Inversión (CENIs) y de sus altísimos intereses. Esta maniobra se convirtió muy rapidamente en una deuda muy pesada para las financias estatales, ya saqueadas por la administración Alemán. La situación empeoró aún más con las medidas financieras de corte neoliberal adoptadas por el Presidente Enrique Bolaños, quién siguió beneficiando a los banqueros nacionales que habían adquirido los bancos quebrados. En todo ese proceso despilfarrador de las financias estatales participó Eduardo Montealegre , ex Canciller en el gobierno Alemán, Ministro de Hacienda y Credito Público con Bolaños y reconocido banquero. Después de haber dejado su cargo de funcionario público, Montealegre se apartó del Partido Liberal Constitucionalista (Plc) de Alemán y formó un nuevo movimiento político (Alianza Liberal Nicaragüense – ALN), presentandose como candidato en las próximas elecciones presidenciales y denunciando los escándalos de corrupción en la administración del ex presidente, de la cual fue parte activa como ministro.
Así comenzó el drama que hundió la economía de Nicaragua en estos últimos años. Quiebras bancarias por las cuales nadie fue condenado, una Deuda Interna que ha tocado niveles nunca alcanzados en el pasado y que ha desviado, gracias a las políticas neoliberales de los últimos gobiernos y a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la mayor parte de los fondos destinados para la lucha a la pobreza, subasta de los bienes y de las propiedades de los bancos quebrados a precios muy por debajo de su valor de mercado, enriquecimientos desmesurados de los miembros de las Juntas Liquidadoras y Administradoras, nombrados ilegalmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN), para controlar, administrar y recuperar los bienes de los bancos quebrados antes de la venta a los nuevos propietarios, reclasificaciones de los «pasivos bancarios» y de los clientes para poder conseguir una mayor cantidad de CENIs, emisión ilegal de los CENIs por parte del BCN, conflictos de intereses y extrañas maniobras para que ministros, funcionarios públicos y miembros de partidos, entre ellos también importantes figuras del FSLN, estuvieran entre los beneficiarios de los CENIs y como miembros de las Juntas Liquidadoras y Administradoras de los bancos quebrados.
La Coordinadora Civil acaba de publicar un reportaje sobre la historia de las quiebras bancarias basado en artículos elaborados por Eloísa Ibarra y publicados en El Nuevo Diario , desde octubre 2001 al 2006.
A continuación un amplio resúmen.
Consolidación de la banca – año 1999
La historia de los cierres bancarios comienza en 1999 cuando la Asamblea Nacional aprueba tres leyes bancarias que modifican sustancialmente el funcionamiento de los bancos, pero que no se aplicaron estrictamente, ni en iguales términos a todas las instituciones financieras en el proceso que las autoridades llamaron «consolidación de la banca». El proceso lo inicia el ex Presidente Arnoldo Alemán con la intervención y liquidación de bancos (2000-2001) y lo continúa el Presidente Enrique Bolaños (2002-2003) con la aceptación de la reclasificación de carteras, la entrega de Certificados Negociables de Inversión (CENIs), la renegociación de las tasas de interés y la ampliación del plazo para el pago y la subasta de los bienes provenientes de los bancos llevados a liquidación. Entre las funciones principales del Superintendente de Bancos está el efectuar supervisiones a todos los bancos, para asegurar que cumplan las leyes financieras que garantizan mantener sano el sistema financiero.
Esto no se siempre se cumplió y por ejemplo, intervienen el Interbank, cuando tres meses antes había sido felicitado por la Superintendencia por su excelente cartera.
El primer banco intervenido fue el Banco Intercontinental (Interbank) el 7 de agosto del 2000, le siguieron el Banco del Café (Bancafe) el 22 de noviembre del 2000, el Banco Mercantil (Bamer) el 3 de marzo del 2001 y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) el 4 de agosto del 2001. El Banpro adquiere el Interbank y el Banic, Bancentro adquiere el Bamer y el BDF el Banco del Café. A veces el proceso de intervención fue largo (por ejemplo el caso del Interbank donde pasaron siete meses en ilegalidad y al final se vendió sin licitación), mientras en otros como en el Bamer se vendió al día siguiente, sin dar oportunidad a otra salida menos costosa para el país. Las autoridades financieras del pasado y el actual gobierno se han empeñado en tratar de convencer a los nicaragüenses de que sus decisiones han sido transparentes y que sólo han actuado pensando en evitar mayores males al país.
Pero detrás de eso, no todo es tan cristalino y lo único que se conoce con certeza es la deuda de más de 500 millones de dólares , originada de ese proceso ( casi el 65 por ciento de las Reservas del BCN n.d.r .). En el 2000-2001, cuando se intervienen los cuatro bancos, el Superintendente de Bancos es Noel Sacasa Cruz y el Consejo Directivo lo integran Esteban Duquestrada (Presidente y Ministro de Hacienda y Crédito Público), Noel Ramírez (Presidente Banco Central de Nicaragua), Gabriel Pasos Lacayo, Frank Arana Icaza, Roberto Solórzano Chacón (COSEP) y Antenor Rosales (FSLN).
Juntas administradoras y liquidadoras ilegales
La Junta Administradora la debe nombrar el Superintendente de Bancos y su función es administrar el banco intervenido durante un periodo que no puede exceder los seis meses.
La Junta Liquidadora también la nombra el Superintendente y se encarga de liquidar el banco, vender los bienes, velar por los créditos e investigar si hay algún tipo de irregularidad.
La Superintendencia de Bancos (SIB) nombró a funcionarios de los propios bancos intervenidos (Interbank, Bamer, Bancafe y el Banic) en las Juntas Liquidadoras , violando la Ley 314 y la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros. Esta ley establece que « ningún miembro de la Junta Directiva , socio, ni alto funcionario de un banco intervenido puede formar parte de una Junta Administradora y Liquidadora , porque esta Junta tiene que establecer responsabilidades y acusaciones, si es necesario».
Algunos ejemplos de irregularidades
Para el nombramiento de los miembros de la Juntas Administradoras y Liquidadoras, en el periodo 2000-2001, hubo una verdadera lucha porque aunque por ley le correspondía al Superintendente, Arnoldo Alemán, Noel Ramírez y Esteban Duquestrada incidieron directamente para poner sus fichas. A pesar de rechazar estas acusaciones, existen suficientes pruebas y declaraciones del los propios miembros de las Juntas que corroboran los hechos (…)
(…) En ese afán por poner a sus fichas, se violó la ley, por ejemplo al nombrar como miembros de la Junta Administradora del Interbank a Samuel Santos , accionista del Interbank (y responsable de Relaciones Exteriores del FSLN n.d.r.), en el Banic a Guillermo Lugo (último Gerente), en el Bancafé a Carlos Matus (ultimo Gerente) y en el Bamer a Manuel Centeno (alto funcionario del banco). Lo mismo pasó con las Juntas Liquidadoras, donde los miembros ganaron ingentes cantidades de dinero.
Los miembros de la Junta Liquidadora del Interbank (Rodolfo Delgado Cáceres, Juan José Rodríguez y Fernando Rodríguez Alaniz) recibieron como honorarios US$ 808,500 (Delgado recibió el 60 por ciento de ésa cantidad). Los liquidadores del Banco del Café (Carlos Matus, Roberto Sánchez y Juan José Icaza) recibieron como honorarios US$ 709,535. Los liquidadores del Bamer (Edgard Pereira Deshón, Manuel Centeno Cantillano y Carlos Bonilla López) recibieron US$ 296,934. Los miembros de la Junta Liquidadora del Banic (Otoniel Ruiz, Guillermo Lugo Alaniz y Alí Molina) recibieron como honorarios U$ 1,128,062.
Otras irregularidades La Junta Liquidadora del Interbank no entregó a la Superintendencia el detalle de los pagos efectuados a los abogados que recuperaron créditos. Por ejemplo, los socios de la empresa Cobranza Globales 2001 S.A. recibieron 1.6 millones de dólares en comisión por cobro de cartera morosa a los empresarios Centeno Roque, los mayores deudores del Interbank. Una operación matemática nos indica que ese 5% por ciento corresponde al cobro de una cartera de 32.4 millones de dólares. El pago fue autorizado por Noel Ramírez, según documento de febrero 2001.
LA RECLASIFICACION DE LAS CARTERAS – de cliente excelente a cliente riesgoso
Los Bancos clasifican a sus clientes , tanto ahorrantes como deudores, en tipo A, B, C y D. Cliente A y B : excelente/bueno.Tiene mucho dinero ahorrado y/o está al día con sus cuotas de préstamos. Cliente C y D : riesgosos.Tiene menos dinero ahorrado, no cumple con los pagos a tiempo. Las personas que tienen préstamos de un banco quebrado deben cancelar su deuda al banco que asume las responsabilidades del banco quebrado.
Estos son Banpro, Bancentro y BDF , que tienen que pagarles a los ahorrantes del banco que quebró y cobrar los préstamos que habían sido otorgados por los bancos quebrados. Después de la intervención de los bancos, el BCN, firmó contratos con los banqueros que asumieron los bancos quebrados, en los que se estableció que juntos con el banco que asume la deuda analizarán los créditos. Es aquí donde reclasifican a los clientes .
Los clientes A y B, quienes son buenos, aparecen como clientes C o D, o sea como clientes de riesgo. Esta reclasificación se hace con el motivo de aparentar que los bancos están asumiendo deudas de clientes de riesgo y de tal forma conseguir una garantía de que no van a perder su dinero.
La reclasificación es ilegal e ilícita porque la reclasificación le corresponde a la Superintendencia de los Bancos y al banco que quebró y no al BCN y al banco que asume la deuda.
Además, el BCN actúa en medio de un conflicto de intereses , porque las instituciones que aceptan la reclasificación de carteras de los bancos intervenidos son a la vez accionistas de los bancos beneficiados.
Ejemplos de reclasificaciones
En el 2002-2003, cuando se aceptan las reclasificaciones, el Consejo Directivo del BCN lo integran Mario Alonso Icabalceta (Presidente), Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público y accionista de Bancentro), Gilberto Cuadra (accionista de Banpro), Ricardo Parrales , Benjamín Lanzas y Silvio Conrado . La Junta Liquidadora de Bamer en marzo del 2002 encontró que entre marzo y septiembre 2001 se había reclasificado la cartera e informaron esto a la SIB y el BCN.
Sugerieron que, mientras no se logre un acuerdo definitivo sobre el monto de las provisiones, no se firmara el finiquito con Bancentro, que había adquirido aproximadamente el 75 % de la cartera que la SIB había calificado como «Buena». Eduardo Montealegre , en calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público, miembro del Consejo Directivo del BCN, Presidente del Consejo Directivo de la SIB y también accionista de Bancentro, tenía que conocer el caso. Sin embargo, Montealegre sigue diciendo no conocer esa situación y el BCN aceptó y dió como válida la reclasificación.
El Consejo Directivo del BCN que participa directamente en estas decisiones lo integran Noel Ramírez Sánchez (Presidente BCN y accionista de Banpro, a través de su esposa), Esteban Duquestrada (Ministro de Hacienda y Crédito Público – actualmente prófugo de justicia), Ricardo Parrales, Gilberto Cuadra (accionista Banpro), Silvio Conrado (FSLN) y Benjamín Lanzas (empresario).
La reclasificación se refleja en la siguiente manera: De 196 créditos A y B , 175 son reclasificados . Esto afectó seriamente la liquidación del Bamer, aumentando la brecha entre activos y pasivos. Arrojó un saldo en contra de Bamer de 64.3 millones de córdobas y por ende el Estado emitió CENIs a Bancentro por un valor de 73.8 millones de córdobas.
CENIs la garantía
La garantía de que los bancos no van a perder su dinero cuando asumen las deudas de clientes de riesgo se constituye por CENIs (Certificados Negociables de Inversión), emitidos por el Estado a través del BCN. Los CENIs son títulos valores o documentos financieros denominados en córdobas pero con mantenimiento en dólares. No circulan como dinero, pero tienen un valor asignado, son libres de impuestos y ganan intereses. En este sentido el Estado, a través del BCN, asume costos que no le corresponden y que, además, son costos que son más altos dado que se han reclasificado los clientes. En septiembre de 2002, el presidente Enrique Bolaños , mediante Decreto Presidencial, autoriza a Eduardo Montealegre , Ministro de Hacienda y Crédito Público, suscribir un convenio para que el Estado asuma formalmente la obligación de pagar al BCN por el respaldo a los bancos, o sea, la emisión de los Cenis. Hasta 2005, el Estado había pagado al Banpro 169 millones de dólares, al BDF 98.3 millones y al Bancentro 17.4 millones, este último por adquirir el Banco Sur (quebrado años antes).
Entre los accionistas de los tres bancos beneficiados con los CENIs se encuentran el ex Presidente del BCN, Noel Ramírez , el ex Ministro de Agricultura, Augusto Navarro y el ex Ministro de Hacienda y Crédito Público y actual candidato presidencial, Eduardo Montealegre (…)
La subasta, una olla podrida
(…) La subasta de bienes de bancos quebrados efectuada en 2003 y organizada por el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Alonso Icabalceta y el Consejo Directivo, constituyó uno de los más grandes actos de corrupción revestidos de legalidad en perjuicio del pueblo nicaragüense. La subasta, cuyo objetivo era vender los bienes aún en poder de las juntas liquidadoras para recuperar dinero, constituyó el mayor negocio con información privilegiada en la que participaron funcionarios de gobierno, familiares de éstos y accionistas de bancos que antes habían rechazado esos bienes. Cuando se subastaron los bienes, el Consejo Directivo del BCN lo integraban: Mario Alonso Icabalceta (Presidente BCN), Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público), Ricardo Parrales, Gilberto Cuadra (socio Banpro), Silvio Conrado (FSLN) y Benjamín Lanzas (empresario).
Mario Alonso y Eduardo Montealegre violaron el Acuerdo Interinstitucional firmado por ambos el 21 de noviembre de 2002, en el que se establecía que «la realización de los activos recibidos por el BCN de las Juntas Liquidadoras se efectuará conforme valores determinados por el mercado «.
En la subasta no se establecieron precios bases y todo se vendió fuera del precio de mercado . Según declaraciones de Mario Alonso, antes de la subasta principal del 21 de mayo de 2003, la gestión y liquidación de activos fueron parte de las negociaciones que el gobierno sostuvo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dentro de las acciones de reducción de la deuda interna. «La comunidad internacional ha requerido la liquidación de activos, entre otras razones, para que podamos financiar nuestro programa económico. Si no lo hacemos así, el financiamiento tiene que salir de algún lado, el cual obviamente es de la parte fiscal», declaró Alonso.
La famosa «First Financial Netword»
Según datos del BCN, la firma First Financial Netword – compañía contratada para la subasta – vendió en 26 millones de dólares parte de los bienes de siete bancos calculados en 382.6 millones de dólares .
De eso le pagaron a la First Financial Netword, 1.2 millones de dólares al ser escogida para la subasta y 1.82 millones de dólares en concepto del 7 % de éxito por la venta que representó el 8.6 por ciento del valor de los bienes en libros. O sea que sólo quedaron 24 millones para financiar el programa económico. El BCN escogió a First Financial Netword aunque presentó la oferta económica más alta de las firmas que participaron en la licitación.
Esta firma fue representada en Nicaragua por Ricardo Terán Salomon, Presidente de la Corporación «Roberto Terán», bajo la firma «Allianza Socied «.
Propiedades vendidas a precio de «guate mojado»
Teran aseguró que la mayoría de los precios por las propiedades oscilaron entre un 50 y un 70 del valor en ese momento, porque en 2003 el país estaba convulsionado y el presidente Enrique Bolaños enfrentado con los poderes del Estado. Sin embargo, los datos del BCN demuestran que en la mayoría de los casos no pasaron del 50 por ciento del valor , y hubo propiedades compradas al 0.1 del «valor en libros». El «valor en libros» es el precio más bajo que los bancos le dan a una propiedad. Los mayores compradores en la subasta, irónicamente, fueron los bancos que adquirieron los bancos cerrados, quienes conocían muy bien la situación y valores de las propiedades y créditos que rechazaron.
Según Terán, nunca analizó que los banqueros que compraron ya tenían información desde antes. Entre los grandes compradores aparecen el Banpro , el Bancentro y las empresas Financo S.A . y Grant Thorton & C.
Un ejemplo muy claro del negocio realizado por los banqueros
De todos los bienes sacados a subasta, el de mayor valor fue el Centro Banic . Bancentro compró el Edificio del Centro Banic (valorado en libros en 13.8 millones de dólares), el Estadio de béisbol (valorado en libros en 1.7 millones de dólares) y el parqueo (valorado en libros en 1.9 millones de dólares). Todos los bienes mencionados, cuyo valor suman 17.8 millones de dólares , más cuatro propiedades, en Lomas de Guadalupe, Bancentro los compró en 5.3 millones de dólares . En el 2001, Guillermo Lugo, de la Junta Liquidadora del Banic, afirmó que no negociarían con Banpro (banco adquirente) el edificio del Banic a un precio inferior a los 14.7 millones de dólares, en que fue valorado por dos avalúos y aún así fue vendido a Bancentro a un precio mucho más bajo.
Funcionarios y banqueros multiplicaron sus riquezas
Funcionarios de las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños han aumentado sus patrimonios en los últimos años, a la sombra de los cargos financieros claves, donde se tomaron las decisiones para la emisión de los Cenis, sus intereses y se decidió la suerte de miles de bienes y créditos provenientes de las Juntas Liquidadoras. Otros, como el ex Superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz , quien huyó del país en el 2003, fue premiado con un cargo en el Banco Mundial. El Nuevo Diario tuvo acceso a informaciones fidedignas, que revelan que el actual diputado, Noel Ramírez Sánchez , cuando asumió el cargo de Presidente del BCN en 1997 tenía un poco más de 300 mil dólares en sus acciones en Banpro. Hoy estas acciones representan varios millones. Noel Ramírez mantiene sus acciones a nombre de su esposa Inelia Lovo Balladares y de otras personas familiares políticos, quienes tienen pagarés. Esto aparece en documentos referidos a la vida económica de Ramírez. En nuestro poder tenemos también un documento donde aparece que las acciones de Eduardo Montealegre representaban un poco más de 1.5 millones de dólares cuando asumió el primer cargo en la administración Alemán en 1997 y al salir del gobierno, representaban más de cuatro millones de dólares . Todas las acciones de Montealgre aparecen ahora vendidas a Roberto Argüello Osorio y «Comercial View Corporation» a través de pagarés que se mantienen sin cancelar.
En una entrevista, Montealegre admitió que no le han terminado de cancelar los pagarés y mientras eso no suceda, recibirá dividendos provenientes de Bancentro.
Banpro y el Bancentro han crecido a la sombra de los beneficios financieros que les han dejado los CENIs obtenidos al adquirir los mejores bancos llevados a quiebra en un proceso colmado de irregularidades. Según informes del BCN, en el 2003 se pagaron 100 millones de dólares por los CENis a Banpro, Bancentro y al BDF y en el 2004 unos 80 millones de dólares y estos se sospecha que provinieron del Alivio a la Deuda Externa.
En 2003, el BCN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público renegociaron las tasas de interés sobre los CENIs pendientes de pago.
Los Cenis de Banpro bajaron de un promedio de 17.78 a 8.43 por ciento, la del BDF de un promedio de 10.80 a 7.43 y la de Bancentro subió de 7.93 a 8.29 por ciento.
Se ampliaron los plazos originales de pago .
Para Banpro pasaron de 2-4 años a 10 años, en Bancentro de 3 años a 10 y en el BDF de 1-3 años quedaron en 3 años. En ese momento las tasas de interés de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años plazo eran de 4 por ciento.
Como consecuencia de la ampliación de los plazos y la tasa de interés pactada, la deuda con los banqueros pasará de 492 millones a 611 millones de dólares, según datos oficiales de Hacienda.
El gobierno de Bolaños ha utilizado unos 200 millones de dólares que deberían haberse utilizado en salud, educación y otros gastos sociales a los más pobres, para pagar a los banqueros .
Además de los casi 400 millones de dólares en CENIs por el Interbank y el Banic, Banpro se beneficiará con la venta de las propiedades obtenidas en la subasta del BCN, a precios que no pasaron del 25 por ciento de su valor. Asimismo obtendrá una enorme ganancia por el cobro de los créditos obtenidos en la Subasta del BCN.
Estos créditos, valorados en libros en 93 millones de dólares, los compró en 770 mil dólares, es decir en 0.89 por ciento de su valor y si recuperará un mínimo del 15 por ciento de su valor, se ganaría 13 millones de dólares. Banpro se encuentra en proceso de recuperación de créditos a través de diversos grupos de abogados contratados para hacer cobros prejudiciales y promover demandas en la vía civil. A Bancentro el BCN le entregó 50.5 millones dólares en CENis por el Bamer y también obtendrá más dinero por el cobro de la cartera cafetalera, cuyo valor en libros en el BCN era de 22 millones de dólares y la compraron en 1.9 millones de dólares.
La cartera comprada por Bancentro, Banpro, FINANCO y Grant Thorton contiene 42,432 créditos, detrás de los cuales se encuentran miles de personas de todos los estratos sociales, pero sobre todo medianos y pequeños productores y ahorrantes, que son perseguidos extra y judicialmente para que paguen. Grant Thorton compró en 281 mil dólares una cartera de créditos valoradas en libros en casi 28 millones de dólares (1.01 por ciento de su valor) y de cobrarla a un mínimo de 15 por ciento, obtendría casi cuatro millones de dólares. FINANCO compró créditos en 5.75 por ciento de su valor y si de estos recuperarán un mínimo del 15 por ciento, obtendrían más de seis millones de dólares.