El Correismo ha implantado un modelo de democracia no liberal a través de un complejo aparato institucional que, paradójicamente, se ha diseñado para simular serlo. En efecto la revolución ciudadana ha logrado consolidar un proceso burocrático autoritario que ha impulsado la extensión de las atribuciones de la función ejecutiva hacia las otros poderes de estado […]
El Correismo ha implantado un modelo de democracia no liberal a través de un complejo aparato institucional que, paradójicamente, se ha diseñado para simular serlo. En efecto la revolución ciudadana ha logrado consolidar un proceso burocrático autoritario que ha impulsado la extensión de las atribuciones de la función ejecutiva hacia las otros poderes de estado y cuya influencia se ha extendido inclusive a los campos de acción de la sociedad civil (movimientos sociales, participación cuidada, control social) y la esfera pública (medios de comunicación, y universidades). Sin embargo, y esto es lo más interesante de todo, ha logrado consolidar su hegemonía desde el consenso. No es pues, de ninguna manera una dictadura.
La hegemonía ha sido definida por muchos teóricos y casi todos ellos giran prácticamente sobre los mismos parámetros generales: para Gramsci, hegemonía, es la combinación de coerción y consenso; para Chomsky es el resultado de la manufactura de consensos; para Laclau es la superación del antagonismo en mera diferencia; para Althusser es la interpelación ideológica hacia sujetos que terminaron creyendo que la ideología dominante ha sido generada desde ellos mismos (a través de aparatos ideológicos como la familia , la escuela o las iglesias, por dar un ejemplo); y así se podría seguir citando autores quienes básicamente están de acuerdo en un punto importante: es hegemónico aquel actor que ejerce dominio bajo el consenso de sus dominados, los cuales llegan a creer que los designios del «interpelador», la «clase dominante» o el «líder» obedecen a los anhelos del colectivo (o la masa como diría Ortega y Gasset).
La revolución ciudadana es hegemónica, de eso no hay duda. Pero yo quisiera saber ¿porqué?. La mayoría de mis colegas ponen en el líder, Rafael Correa, la principal responsabilidad del modelo de autoritarismo consensuado en el que vive el Ecuador contemporáneo. Yo no estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo del todo. Pienso que Correa es un caudillo evidentemente muy listo que estuvo en el momento y el lugar adecuado y que aprovechó hábilmente sus circunstancias, sin embargo pienso que la responsabilidad de la crisis institucional y democrática por la que está pasando el país debe explicarse desde otros responsables. Por supuesto esto es muy polémico, pero pienso que este no es un texto para ganar un concurso popularidad sino más bien un documento de índole crítico.
Primer responsable. El sistema de partidos políticos.
En 1990 el Presidente Borja, de la izquierda democrática, fue testigo de un importante desborde indígena que cuestionó por primera vez el sistema de partidos políticos y exigió un estado plurinacional. Borja terminó su período pero ya estaba claro que un amplio sector de la sociedad ecuatoriana no tenía interés en seguir confiando en la democracia elitista diseñada por la Dictadura en el 79. Años después el gobierno de Sixto Durán Vallen, vería como la coordinadora de movimientos sociales (que incluía a los indígenas) lograba frenar sus pretendidas reformas de corte neoliberal. Sí la sociedad política tradicional menguaba en su legitimidad social y las organizaciones sociales ganaban protagonismo. Paradójicamente Sixto Durán Vallen logró durante su gobierno que los actores no pertenecientes a partidos políticos tradicionales puedan lanzar candidaturas y formar par de la sociedad política. Pachakutik, el partido indígena fundado en 1996 fue uno de los beneficiarios de esta reforma. Había sido inaugurado el momento de los «recién llegados» .
Los siguientes dos presidentes sin embargo continuaron siendo miembros de partidos políticos tradicionales, pero ambos fueron nefastos: Abdalá Bucarám del partido Roldosista fue destituido por incapacidad mental en 1997, luego de varios escándalos y denuncias de corrupción, pero muy especialmente por causa de su antagonismo con otros partidos políticos tradicionales. Desde luego los movimientos sociales cobraron gran protagonismo y fueron quienes influenciaron en alguna medida la creación de una nueva constitución en 1998, que permitió la creación de importantes espacios de participación ciudadana, principalmente a nivel local.
El próximo presidente electo, vendría del la Democracia Popular. Jamil Mahuad, protegería a la banca en crisis con fondos públicos, y decretaría un majestuoso cataclismo social con el congelamiento general de ahorros de los depositantes en el sistema financiero nacional. No se necesita pensar demasiado para saber que la confianza en los partidos políticos tradicionales había llegado a su fin. Los líderes de los movimientos sociales que protagonizaron las protestas contra Mahuad y los Coroneles insurrectos, en el 2000, se convirtieron en los nuevos precedentes políticos de un país en el que ser miembro de un partido tradicional se había convertido en un estigma.
Desde luego las siguientes elecciones las tendría que ganar un outsider, y así fue. Lucio Gutiérrez de sociedad patriótica fue el líder que representaba el entendible fastidio hacia los partidos políticos tradicionales. Gutiérrez trató de reemplazar a las élites de la sociedad política tradicional con sus propios, lamentables, cuadros. El resultado fue nefasto, hasta el punto de tratar de estableces su propia corte suprema escogida ilegalmente desde el congreso nacional y conformada en su mayoría por abogados que habían recibido sus títulos en una universidad famosa por venderlos (me refiero a los los títulos) al por mayor. Gutiérrez al igual que Bucarán se embarcó en amargas disputas con los partidos políticos tradicionales quienes todavía tenían suficiente poder como para sacarlo de su cargo. Los movimientos sociales que lo habían apoyado también se desgastaron durante este proceso. Al final los grupos de clase media del norte de Quito se arrojaron el mérito de haber derrocado al famoso «dictócrata».
No se necesita decir mucho más, las élites políticas tradicionales, y las recién llegadas que pretendían imitarlas dejaron de ser una opción creíble. En aquellos tiempos usted hubiera podido poner una lechuga a competir por la presidencia de la república en contra líderes de partidos políticos tradicionales y esta hubiera ganado. Lo digo de verdad. No hubiera sido el mérito de la lechuga sin el desmérito de la deteriorada sociedad política ecuatoriana. Pero no fue necesario buscar una lechuga. Un simpático profesor universitario, con cuatro títulos académicos serviría muy bien también. Este, sin embargo, tenía su propia agenda, y a diferencia de sus, lamentables, predecesores también tenía un muy bien logrado plan de acción.
Segundo responsable. Los movimientos sociales y la sociedad civil.
Los líderes de los movimientos sociales y la sociedad civil organizada en el Ecuador siempre ha tenido un bizarro sueño dorado: dejar de ser sociedad civil y convertirse en sociedad política. Bueno casi siempre. En el Ecuador la sociedad civil padece de un terrible trastorno de personalidad, sus líderes anhelan con todo el corazón ser presidentes, diputados, ministros, concejales, etc. Esa condición los ha hecho copartícipes de la crisis política y civil, del Ecuador.
El 1996 el movimiento indígena probó suerte con Pachakutik, ellos querían ganar poder político. Esto no es malo. Es bueno. Sería excelente tener finalmente un presidente indígena, es aplaudible. El único problema es que los sus cuadros políticos generalmente coinciden con sus dirigentes sociales. No fue así la primera vez. En las elecciones de 1997 el candidato de Pachakutik fue un simpático periodista y no un dirigente social o civil, pero esa fue una excepción y no la regla en sus futura participaciones electorales.
Por otro lado, en el 2000 Antonio Vargas, formó parte de un fugaz triunvirato que asumió el poder en el Ecuador tras derrocar a Mahuad. Sí, era evidente que este tipo de sociedad civil no era auto limitada como exige la teoría (digamos desde gente como Arato y Cohen, por decir algo), ellos querían ser sociedad política, ser ¨gobierno¨. Tal vez por eso apoyaron a Gutiérrez en las siguientes elecciones. Sin embargo el lamentable proceso de cooptación que vivieron bajo este presidente desgastó su imagen grandemente.
En efecto la constitución de 1998 había creado varias instancias mixtas «Consejos para el monitoreo de políticas píblicas» que recibían recursos del estado y ayudaron, entre otros, al movimiento indígena a gozar de un muy interesante espacio institucional. Así pues CODENPE, Salud indígena, Educación Bilingüe, fueron importantes espacios donde una nueva élite de dirigentes se consolidó. Al mismo tiempo proyectos y fondos fueron gestionados desde iniciativas como el Prodepine. Sí, la dirigencia vivió una época dorada, pero poco a poco esto la desconectó de su base.
En cuanto a otras formas de sociedad civil, las ONGs también tuvieron un importante auge tras la constitución de 1998, básicamente por la enorme cantidad de proyectos de desarrollo que se generaron, y las iniciativas de participación (a nivel local) que se pudieron consolidar gracias la Carta política. Las ONGs fueron fuertes y muy influyentes en el Ecuador de la primera década del 2000. Nótese que las protestas en contra de Lucio Gutiérrez fueron lideradas en gran medida por directivos de ONGs.
Tres nombres de líderes civiles fueron protagónicos durante las protestas y los desbordes ciudadanos que sacaron del Poder a Lucio Gutiérrez: María Paula Romo, Norman Wray, y César Montufar los dos primeros líderes de la agrupación civil «ruptura de los 25» y el último directivo de la corporación «Participación Ciudadana». Los tres reclamaban la necesidad de construir un contundente espacio «ciudadano » que pueda interactuar de manera decisiva sobre la sociedad política. Los tres fueros resueltos líderes de la sociedad civil en su momento. Pero a los pocos meses los tres se embarcarían en sus propios proyectos políticos.
Romo y Wray apoyarían a Correa desde la versión política de su movimiento (luego de haber sido ellos mismos quienes lo propusieron como ministro de economía en el gobierno de Palacio), ambos llegaron a ser Asambleístas Constituyentes, Romo fue elegida otra vez Asambleísta en 2009 y Wray concejal en la misma elección. Por su parte Montufar se postuló varias veces, primero para Asambleísta Nacional Constituyente, sin éxito, luego para Asambleísta en 2009, obteniendo un curul. En 2013 los tres volbieron competir en elecciones, Wray como candidato presidencial, y los otros como Asambleístas, en los tres casos sin éxito.
No queda sino repetir lo dicho anteriormente: Los líderes visibles de la sociedad civil, ecuatoriana tienen, una participar debilidad por consolidarse como entusiastas miembros de la sociedad política. Esto ha quitado credibilidad a los grupos civiles en Ecuador, y ha favorecido a los caudillismos que no han encontrado contrapesos ciudadanos suficientemente consolidados que los confronten con efectividad.
¿Usted piensa que las luchas de por los derechos civiles en Estados Unidos durante los sesentas hubieran tendido el mismo éxito si Martín Luther King hubiera manifestado su interés en usar su posicionamiento como líder social para lanzar su candidatura como alcalde de Atlanta? La sociedad civil es un elemento democratizador indispensable, conviene entender que el público no es ingenuo y ver a los líderes civiles saltando a la palestra política cada vez que tienen oportunidad no ha hecho más que erosionar este vital espacio de la esfera pública.
Por otro lado es extraordinario mirar la enorme cantidad de ex dirigentes sociales y ex directivos de ONGs que trabajan directa o indirectamente para el gobierno, ya como funcionarios ya como investigadores externos. Esto es entendible, tomando en cuenta que el estado ecuatoriano es sin ninguna duda el mayor contratista del país, y trabajar es una necesidad. El problema es el congelamiento de cualquier tipo de exposición crítica de parte de estos actores bien formados y con mayor experiencia que la media en temas relacionadas a la política nacional.
Tercer responsable. La izquierda progresista.
Discúlpenme, pero el modelo de burocracia autoritaria del corréismo no se construyó ayer, tampoco el año pasado, ni siquiera con las reformas al consejo de la judicatura del 2011. Este ha sido un proceso minuciosamente planificado, diseñado y establecido desde el 2008. Es efecto, en la Constitución de Montecristi donde se crearon dos nuevas funciones de estado «independientes» de el accionar del legislativo, y que cayeron muy fácilmente bajo el dominio del ejecutivo. De hecho el consejo nacional electoral transitorio fue consolidado sin concurso por actores afines a los asambleísta de País, y luego ellos mismo organizaron los concursos para escoger los vocales del polémico consejo de participación ciudadana y control social, el cual a su vez organizó los procesos (tan cuestionados por los verdores ciudadanos que los vigilaron) que posicionaron a candidatos afines al corréismo en las posiciones directivas de todos los organismos de control, con el icónico caso del primo del presidente de la república, Galo Chiriboga, en la fiscalía general del estado. Recuerde usted, además, que fue el mismo CPCCS quien estableció el proceso de selección de los vocales del definitivo Consejo Nacional Electoral. Todo esto fue estructurado desde los lineamientos establecidos en Montecristi. Y fue evidente a lo que se iba desde el principio.
Fue en este mismo momento fundacional constituyente que el ¨consentimiento expreso¨ fue declinado a favor de una ¨consulta previa¨ sin valor vinculante, dejando la puerta abierta para que los proyectos mineros puedan afectar territorios indígenas sin necesitar que las comunidades los autoricen. Así mismo fue la constitución 2008 la que incluyó conceptos que tienen una carga simbólica extraordinaria como «estado plurinacional», «derechos de la naturaleza» pero que a la final perdieron totalmente su significado, porque jamás fueron definidas ni se establecieron políticas o normativas para concretarlas.
Sin embargo el ambiguo proceso de Montecristi fue defendido con uñas y dientes, incluso por los mismos activistas y políticos de izquierda que ahora reniegan de la manera en que el Consejo Nacional Electoral procesó el tema de las firmas para una potencial consulta popular relacionada con la explotación de recursos petroleros en el parque Yasuní. Cuando en realidad fueron ellos quienes apoyaron la construcción es esta misma estructura de sumisión de las instituciones democráticas bajo el dominio del ejecutivo.
Sincerémonos, la izquierda ecuatoriana jamás ha buscado un lineamiento que promulgue un sistema democrático institucionalizado y que tenga los pertinentes balances de poder en los poderes del estado. En 2008 la izquierda ecuatoriana estaba fascinada con el proceso de la revolución ciudadana y su, más que evidente, lineamiento burocrático autoritario. Entonces sí, desde luego que son corresponsables.
Por otro lado escandaliza ver la increíble facilidad con la que varios actores civiles críticos han pasado por alto todos aquellos principios a que defendían a (capa y espada) cuando eran militantes. Pongamos un ejemplo contundente: el caso de la penalización del aborto por violación. La Asamblea Nacional quedó conformada en el 2013 por una aplastante mayoría de PAIS, y varios de los y las asambleístas que alcanzaron curules eran bien conocidos y conocidas promotor@s de los derechos reproductivos de las mujeres. De hecho al legislativo del 2013 se le llamó «la asamblea histórica». Sin embargo bastó con una orden del líder para que los principios de varios legisladores y legisladoras queden en entredicho y finalmente se consolide la penalización del aborto en casos de mujeres por violación. Ni un voto en contra desde el oficialismo. Ni uno, ni siquiera de los más acérrimos militantes en discursos de género. El presidente actuó de acuerdo a lo que él pensaba era lo correcto, pero los y las asambleístas particularmente aquellos y aquellas que habían sido militantes actuaron en contra de sus propias creencias, y deben ser considerados y consideradas los verdaderos responsables de la, peligrosa posición en la en están las mujeres que han sido abusadas y necesites abortar en el país. No tuvieron a nadie quien las defienda en la asamblea.
Hay varios otros ejemplos, pero quisiera tomar dos:
En primer lugar el de la ministra de salud Carina Vance Mafla quien fuera una destacada activista por los derechos de género dentro antes de convertirse en funcionaria en el organigrama de PAIS. Sería muy interesante saber que ha dicho ella sobre el peligro que supone la penalización del aborto por violación. Después de todo ella maneja las estadísticas dado que ocupa un cargo privilegiado para conocerlas, y sabe lo peligroso que es continuar penalizando el aborto, especialmente desde una estructura estatal que ha prometido hacer cumplir esta ley desde la punición de las transgresoras. Desde luego no solo que no se ha pronunciado sino que apoya alegremente la reproducción de los consensos a favor de la hegemonía del proyecto correista, con todo lo que ello implica, con una ausencia extraordinaria de posicionamientos críticos.
En segundo lugar sería muy interesante conocer qué ha dicho el ex ministro Fander Falconí de la extravagante situación que han enfrentado los grupos de jóvenes que pretendían recolectar firmas sobre la explotación del Yasuní. Falconí fue uno de los principales artífices de esta iniciativa, el tendría que emitir una opinión, ¿no? Es verdad que Falconí renunció a sus posiciones como funcionario público, pero sigue un siendo militante entusiasta de país, que apoya incondicionalmente el proceso de autoritarismo consensuado del correismo, desde su silencio.
Cuarto responsable. El presidente.
El presidente encajó trágicamente como la pieza clave de un laberinto formado por los escombros de una sociedad política devastada, una sociedad civil ambigua y poco consolidada, y un conjunto de proyectos y buenas intenciones progresistas que legitimaron sin problema el autoritarismo en base a un «bien mayor» delineado por el discurso emancipador de un sector de la izquierda que demasiadas veces en la historia ha justificado desbordes manipulativos y poco democráticos.
Por supuesto que Correa es uno de los principales corresponsables del fenómeno correista, pero no es el único. Sin embargo si se quiere profundizar en este personaje, la literatura abunda. Yo prefiero no hablar desde aquello que es obvio sino precisamente desde lo que no lo es, y en esta medida me he enfocado en los ¨otros¨ responsables del proceso de autoritarismo consensuado del correismo.
Hay algo que sin embargo si valdría mencionar, y es que Correa no tiene contrapartes que lo ayuden a reprimir su excedido poder. Esto no le hace bien. Su «id» o «ello» puede desbordarse libremente, no tiene restricciones. No lo digo irónicamente, lo digo en serio. Los seres humanos necesitamos una estructura que conforme nuestro súper yo, es decir que nos ayude a ponernos un «hasta aquí». Sin un «súper yo» las pulsiones inconscientes se desbordan. El presidente no goza de ese privilegio. El privilegio de tener límites y restricciones, y sus percepciones ético axiológicas se confunden ambiguamente con sus estados de ánimo, sus emociones y su peculiar sentido del deber. Su situación es peculiar y compleja. Pero eso sería motivo de un estudio particular.
¿Bueno, pero entonces que hacer?
El «que hacer» debe nacer de un proceso de debates ínter subjetivos entre actores civiles y políticos y en base al consenso y la argumentación crítica. En todo caso hay algunos elementos que deberían tomarse en cuenta:
1. Instituciones democráticas. La retórica izquierdista en general nos ha dicho que el liberalismo es una especie de pecado terrible al que hay que tenerle horror y repudio. Esto me sorprende un poco, principalmente tomando en cuenta que Eloy Alfaro es el ícono más venerado del panteón de Alianza PAIS. No hablo del liberalismo económico (no es un ensayo de economía) sino del político. No tiene nada de malo asegurar estructuras que generen un equilibrio de poder en las funciones del estado, y la generación de instituciones y organismos de control perfectamente autónomas del poder ejecutivo. Consolidar una propuesta que asegure una democracia institucionalizada y equilibrada en sus instituciones, no es malo, sino bueno.
2. Confianza básica. El psicólogo E Erikson desarrolló el concepto de «confianza básica» que es una condición que los humanos deben desarrollar en sus primeros años de vida, esta, es indispensable para su adecuado desarrollo mental. Es tremendamente importante que el público ecuatoriano pueda restablecer la confianza en los actores que conforman la democracia. Sí, los odiados partidos políticos deberían reconstituirse y ganar ora vez la confianza el público, eso no debe ser fácil. Pero es necesario. La sociedad civil organizada y con ella los movimiento sociales deberían hacer lo propio.
3. Pluralidad. No se trata de volver a caer en el proceso maniqueo de «ellos son malvados» y «nosotros somos buenos». Pienso que ese ha sido el error de varios sectores de la izquierda ecuatoriana y eso ha ayudado a legitimar los autoritarismos. Note usted que cualquiera que critique el proceso de la revolución ciudadana es considerado, automáticamente, un ¨vende patrias¨, un ¨lacayo de el imperio¨, un heredero de la ¨noche neoliberal¨, o un mensajero de la «partidocracia» eso, estimado lector es reducir la realidad a categorías binarias y ya hemos tenido suficiente de eso. La pluralidad consiste en entender que la sociedad tiene actores que tienen intereses y puntos de vista diferentes a los nuestros y deberíamos buscar modelos democráticos que los acojan a todos y respeten sus espacios de acción.
4. Corresponsabilidad. Hay varios actores que son responsables de este proceso de autoritarismo consensuado. El actual presidente ha ganado cuanta elección se le puesto en frente precisamente por eso. Entender que parte de responsabilidad hemos tenido en este proceso puede ayudar a marcar un punto de partida para generar elementos alternativos que puedan encaminarse los consensos de los actores sociales. Y espero que estos conduzcan hacia una «democracia consensuada».
*El presente texto no debe ser considerado un documento académico sino un ensayo enfocado al posicionamiento crítico.
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