La crisis política se agudiza en Ecuador, luego de que, en la noche del viernes 15 de abril, el Presidente Lucio Gutiérrez cesó la Corte Suprema, nombrada en forma irregular el pasado 8 de diciembre, y decretó el Estado de Emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito, suspendiendo libertades constitucionales y disponiendo que las fuerzas […]
La crisis política se agudiza en Ecuador, luego de que, en la noche del viernes 15 de abril, el Presidente Lucio Gutiérrez cesó la Corte Suprema, nombrada en forma irregular el pasado 8 de diciembre, y decretó el Estado de Emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito, suspendiendo libertades constitucionales y disponiendo que las fuerzas armadas controlen y mantengan el orden, argumentando que las movilizaciones ciudadanas habrían alterado el orden interno.
La medida provocó el rechazo inmediato de amplios sectores de la población y de la mayoría de sectores políticos, mientras que las movilizaciones pacíficas en defensa de la democracia prosiguieron en múltiples zonas de la capital, por tercera noche seguida, bajo el grito común de «Lucio fuera». Si bien amplios sectores ciudadanos y políticos han venido presionando desde hace semanas para que el Congreso deje sin efecto el nombramiento inconstitucional de la Corte Suprema, no es atribución del Presidente disolver otro poder del Estado. Frente a ello, se multiplican las voces que llaman a resistir a lo que se califica de dictadura. Desde ayer, incluso aquellos dirigentes de la oposición moderada que limitaban su lucha a la cuestión de la Corte de facto, se han sumado a la demanda de renuncia de Gutiérrez por sus gestos dictatoriales. Es el caso de Paco Moncayo, Alcalde de Quito, y de Ramiro González, Prefecto de la Provincia de Pichincha, (donde se ubica la capital), ambos de la Izquierda Democrática, quienes buscaron perfilarse como líderes de la resistencia en Quito.
Para el día de hoy (sábado 16), los diputados de los partidos de oposición -que abarcan sectores políticos de las más distintas tendencias políticas, desde el Movimiento Pachakutik hasta al Partido Social Cristiano- han llamado a que el Congreso se reinstale en sesión permanente, para tratar el tema de la Corte y derogar el decreto de emergencia.
Entre tanto, las presiones internacionales han entrado en juego. La Embajada Norteamericana emitió un comunicado en el que exhorta a las autoridades a mostrar moderación y respetar los derechos civiles de todos los ciudadanos. Llama al diálogo político para resolver la crisis de la Corte Suprema, con miras a instaurar un sistema judicial independiente, y apela a asegurar el régimen de derecho. Por su parte, los cancilleres de la Unión Europea, reunidos en Luxemburgo, se pronunciaron por un rápido retorno a la normalidad constitucional en el país. Por su parte, el Presidente chileno, Ricardo Lagos, dio a conocer que suspende su visita oficial a Ecuador, previsto para el próximo martes, debido a la crisis interna.
Otro factor de peso es la actitud de las fuerzas armadas. Si bien Gutiérrez, ex militar, se ha asegurado un alto mando afín, existe un creciente malestar entre las Fuerzas Armadas, que se agudizó con el regresó al país, hace 15 días, del ex presidente defenestrado Abdalá Bucaram, luego de que la Corte de facto declaró nulos los juicios por peculado en su contra. Incluso, cuando Gutiérrez declaró el Estado de Emergencia en la televisión, rodeado del alto mando militar, fue notable la ausencia del comandante del ejército, Luis Aguas, quien estaría en desacuerdo con el decreto.
Si bien todos los sectores políticos, comenzando con el propio Gutiérrez, declaran que su intención es despolitizar la justicia, en la práctica cada cual pugna por tener sus intereses representados en la Corte Suprema. La decisión del Presidente de cesar la Corte de facto -compuesta de sectores cercanos al gobierno-, ha sido considerada como una movida para impedir que el Congreso deje sin efecto el nombramiento inconstitucional del 8 de diciembre -única salida constitucional-, lo cual podría implicar dejar también sin efecto lo resuelto por ésta, principalmente la anulación de los juicios contra Bucaram, aliado del régimen. Tampoco existe acuerdo sobre una nueva ley que establecería un mecanismo para nombrar la Corte, sin injerencias políticas.
Esta duplicidad e inercia es lo que ha provocado la ira ciudadana. Por lo mismo, en Quito, las protestas pacíficas prosiguen, bajo formas novedosas. Del «cacerolazo» del miércoles, al «reventón» (de globos) del jueves, al «tablazo» del viernes, miles de personas han salido a las calles en las noches, a pie y en caravanas motorizadas, a protestar en forma pacífica y en un ambiente festivo: jóvenes, mujeres, familias enteras con ancianos/as y niños/as.
La radio ha jugado un rol clave en esa convocatoria. Desde el día miércoles, la Radio la Luna, que tiene una tradición de dar voz a la ciudadanía, abrió sus ondas en permanencia para invitar a los capitalinos/as a organizar protestas espontáneas, por fuera de los liderazgos políticos y sociales tradicionales. Ello tuvo un efecto de irradiación hacia otra decena de radios de la capital, que han establecido líneas abiertas para que la ciudadanía exprese su inconformidad, y cadenas de noticias sobre las protestas.
El Decreto de Estado de Emergencia dejó suspendidos los derechos de libertad de expresión y de asociación y reunión pacífica, además de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, y el libre tránsito en el territorio. Sin embargo, las movilizaciones han continuado, desafiando el decreto. A pesar de amenazas contra Radio de Luna, la radio sigue transmitiendo a la ciudad -y a América Latina a través del señal satelital de ALER-, rodeada de decenas de simpatizantes que se han movilizado para defenderla.