EL Tratado de Libre Comercio Centroamérica-EEUU, conocido como (CAFTA) fue promovido por la administración Bush desde 2002 y firmado por los países en mayo de 2004, a los cuales se sumó República Dominicana en agosto de ese mismo año, por lo que se conoce en la actualidad como RD-CAFTA.
El Tratado “fue implementado primero en los Estados Unidos y El Salvador el primero de marzo de 2006, luego en Nicaragua y Honduras el primero de Abril del 2006, en Guatemala el primero de Junio del 2006, y finalmente en la República Dominicana el primero de marzo del 2007. En noviembre del 2008, el Congreso Nacional de Costa Rica aprobó una ley sobre derechos de propiedad intelectual que impidió el proceso de implementación del TLCC.A./R.D. El tratado tomó efecto en Costa Rica en enero del 2009”[1]
La promoción y venta del RD-CAFTA por el gobierno norteamericano a los gobiernos, dirigentes políticos, empresarios y organizaciones de sociedad civil de la región centroamericana, se sustentó en varios argumentos que no recibieron el debate requerido al interior de los países, con la única excepción de Costa Rica, que, incluso desde la academia, cuestionó los argumentos sustentados en la teoría de las ventajas comparativas de la economía clásica y mayores oportunidades de empleo para la fuerza de trabajo, sin importar sus grados de calificación. El Tratado asumió países homogéneos y dotación de recursos similares, agentes económicos con acceso a información confiable, lo cual no era ni es evidente incluso entre países de la región centroamericana.[2]
El primer argumento es que los países de la región deben producir y especializarse en aquellos bienes que tienen demanda externa y generen divisas. No deben seguir produciendo bienes para el mercado interno como maíz y arroz, que perfectamente pueden adquirirse vía importaciones a menor precio, dedicando las tierras a la producción de bienes para la exportación. No se dice nada de los subsidios del Estado a la producción de estos bienes de consumo popular en el país del norte, generando empleos, aumentos de productividad, excedente exportable e ingresos para el fisco.
El segundo argumento es que un cambio de la estructura productiva a favor de los llamados bienes “transables”, posibilita que las tierras se usen eficientemente y aumente en forma sostenida la productividad, además de generarse divisas para que el gobierno pueda cubrir su demanda de importaciones y de las empresas y personas de bienes y servicios que el país no está en capacidad de producir, ejemplo ciertos insumos, medicamentos, bienes de capital y pagos de fletes por transporte.
Un tercer argumento es el aumento de los montos de Inversión Extranjera Directa (IED), que “supuestamente” impactan en la producción y los niveles de empleo de las economías, reduciendo los niveles de pobreza. No se cuestiona el tipo de inversión y las condiciones exigidas en cada país, protección del trabajo y el sacrificio fiscal que representa para el Estado.
La destrucción de las economías campesinas, impactos negativos en el ambiente, inseguridad alimentaria y la pérdida de empleos directos en el agro por la reducción de las áreas de siembra de productos básicos, no se consideró; igual, la mayor dependencia externa de bienes y servicios ligados al Tratado. Como política compensatoria se aceptó que la desgravación arancelaria fuera gradual y se diera un tiempo prudencial para que los países adaptaran sus economías a las nuevas condiciones, haciendo eficiente sus fincas productivas o transformándolas en fincas modernas explotando nuevos rubros con demanda externa garantizada, caso contrario permitir la venta de tierras para darle paso a los “eficientes”.
Se introdujeron cláusulas de salvaguarda para permitir a los países hacer reclamos si los impactos negativos son tan evidentes, o existen problemas no previstos que demandan un tratamiento especial. Para el caso, las medidas fitosanitarias y controles de los productos exportados por los países a EEUU, pueden afectar los volúmenes de comercio e ingresos si los contenedores se retienen por mucho tiempo en la frontera.
Desde los gobiernos de la Región Centroamericana, sobre todo motivado por estudios de la academia y de organismo de cooperación externa, se visualizó la necesidad de conformar una Agenda o Agendas Complementarias al Tratado, para minimizar los impactos negativos del mismo, y facilitar a los actores involucrados (gobierno, empresarios, campesinos, ambientalistas incluso), una agenda de trabajo con acciones puntuales para avanzar en forma conjunta, no individualmente.
“Se trata de un conjunto de políticas y medidas que apoyan a los sectores productivos que podrían beneficiarse y/o que podrían ser afectados por la entrada en vigencia del tratado, y que están vinculados a la Agenda Nacional de Desarrollo. La interpretación de esta definición puede variar en cada país junto con la noción de que se debe complementar, lo que se responderá según el contexto de cada uno de ellos. Además, depende de la voluntad política de los Gobiernos y de la interacción de éstos con los actores de la sociedad, en particular con los grupos organizados, tanto empresariales como productores y otros” [3]
Un punto central era supeditar el RD-CAFTA a las prioridades de desarrollo nacional establecidas en estrategias y planes de desarrollo de mediano y largo plazo, donde la creación de empleos de buena calidad, reducir la pobreza, inseguridad alimentaria y deterioro ambiental eran los principales objetivos a alcanzar, más allá del aumento de la oferta exportable de productos con pocas posibilidades de superar la creciente demanda de importaciones al amparo del RD-CAFTA y cuyo reflejo es un creciente déficit comercial que afecta las posibilidades de desarrollo de los países al destinarse los recursos al pago de importaciones, pero también de la deuda externa.[4]
Deberían diseñarse políticas diferenciadas que permitieran proteger la producción nacional campesina de bienes “salarios como los granos básicos, hortalizas y frutas, frente a la presión para que dichas áreas de siembra se destinen al monocultivo o productos que utilizan insumos altamente contaminantes; igual proteger las fuentes de agua y el bosque afectado por la generalización de la minería extractiva, especialmente en países como Honduras.
La agenda complementaria se visualizaba como un instrumento para fortalecer los procesos de integración regional, aprovechando las experiencias de cada país en el diseño, ejecución y evaluación de políticas agrícolas, la institucionalidad creada y las medidas de tipo fitosanitario y medioambiental. Ello es extensivo a las organizaciones de productores de granos básicos, carnes y lácteos, potenciado las cadenas agroalimentarias nacionales y regionales para cada uno de los productos.
La inestabilidad política de la región, gobiernos autoritarios con objetivos no muy visibles y de corto plazo, la vigencia de políticas de corte neoliberal en los países, que idolatran al mercado y el libre comercio, han conspirado contra la aprobación y puesta en marcha de una Agenda Complementaria al RD-CAFTA y profundizado sus efectos e impactos negativos y la dependencia del comercio con los EEUU con fuertes grados de asimetrías comerciales.
Hoy se habla de avances con la ejecución del RD-CAFTA referidos al aumento de las exportaciones, la IED y el empleo, que no son los que se habían estimado antes de entrada en vigencia. Todos los países han aumentado el flujo de comercio con EEUU, siendo la balanza favorable a favor de este país con respecto a sus socios. “Esto así, porque en 2004 la balanza comercial de CA y RD con Estados Unidos era en una proporción de 54.3 a 45.7 favorable para la región, mientras que, ya para el año pasado, se había invertido en una proporción de 45.3 a 54.7 favorable para Estados Unidos”[5]. Guatemala y República Dominicana han empeorado su situación comercial con EEUU, mientras que El Salvador, Honduras y Costa muestran déficit en 2021; solo Nicaragua mantiene un superávit comercial. La IED ha venido disminuyendo y las cifras de desempleo y subempleo son alarmantes antes y después del Covid-19.
En Honduras, la preocupación de los productores de maíz y arroz es evidente, al entrar en vigencia la desgravación arancelaria para que estos productos entren libres del pago de impuestos. Para Fredy Torres, productor de arroz, “estamos dependiendo de las las importaciones que vengan de Estados Unidos o de América del Sur; porque ya llegamos al cero por ciento. Los agroindustriales ya no quieren comprar la cosecha nacional«. (tunota.com13-01-2023). Uno de los efectos fue la caída de la producción de arroz en un 50% durante los últimos diez años.
Es ausencia de una Agenda Complementaria al Tratado y frente a las protestas de los productores y organizaciones campesinas, gobiernos de la región en forma unilateral (cada uno en su momento) han exigido a EEUU la revisión o derogación del RD-CAFTA, pero ocupa que todos se pongan de acuerdo y lo exijan en conjunto, lo cual es una tarea difícil por las divergencias políticas e ideológicas que existen. Un caso curioso es el de Nicaragua, donde el gobierno de Joe Biden ha pedido en forma unilateral su expulsión de los “beneficios” del RD-CAFTA, justificado en la inestabilidad política vivida y encarcelamiento de dirigentes de oposición política y pastores religiosos, sumado a los muertos y las violaciones de derechos humanos denunciadas por EEUU y organizaciones de sociedad civil afines.
Hay una condicionalidad no estipulada en el convenio del RD-CAFTA, donde EEUU y países afines ejercen presión a los gobiernos para que se acepten las reglas del juego democrático y del libre comercio, mantengan bajos los salarios y respeten derechos de propiedad, descartando de entrada políticas redistributivas y reducción acelerada de la pobreza. Existe una competencia entre países por atraer inversiones golondrinas ligadas a la manufactura maquiladora, ya que si no cumple con las reglas ni se garantizan incentivos y derechos de propiedad, las empresas tienen que salir del país; se suma la crisis económica y caída de la demanda de productos regionales en las economías de mayor tamaño, caso particular de EEUU y la UE.
A la espera de atraer mayor inversión de EEUU y otros países para maquila, turismo, energía y agricultura de exportación, como una fuente primaria de generación de empleos (la mayoría no sostenibles por el cierre de empresas y la condiciones laborales), cada año la inversión en la producción de alimentos básicos se reduce y las economías campesinas se resisten a morir al considerar que los gobiernos las han abandonado. Con el Covid-19 el hambre aumentó en la región centroamericana, y no hay garantía que las importaciones masivas de alimentos básicos desde EEUU sea la solución, por el aumento de la inflación, falta de empleos y aumento de la pobreza.
De acuerdo a la FAO, unas 6 millones de personas en Centroamérica sufren desnutrición, el 14.2% de la población. En Honduras, 1.5 millones de personas tienen hambre. Las estrategias y políticas contra la desnutrición y el hambre pasan por atacar las causas estructurales de la pobreza y desigualdad, pero también por revisar o derogar aquellos instrumentos que como el RD-CAFTA se vendieron como soluciones únicas. Se necesita de un liderazgo para ello, utilizando los mecanismos y la institucionalidad creada en el marco de la integración económica regional.
Notas:
[1] Ver RD-CAFTA “Efectos y Alternativas”. Tercer Reporte Anual de la Coalición Alto al CAFTA. Diciembre de 2008, pág. 4.
[2] El Tratado de Libre comercio se ligó además a los enunciados y políticas de corte neoliberal, especialmente lo relacionado con la apertura comercial indiscriminada y unilateral, el llamado arancel “0”, tasa libre de tipo de cambio, liberalización de las importaciones, ausencia de reconocimiento de las asimetrías en cuanto al tamaño y nivel de desarrollo de los países, protección de la inversión extranjera, gobierno pasivo, entre otros. Ver para ampliación, en el caso de Costa Rica, Henry Mora “Doce Ensayos por la Dignidad Nacional, La Soberanía y el Derecho al Desarrollo (No al TLC). Editor DEI, San José, Costa Rica, 2006.
[3] Ver a Juan Manuel Villasuso Estomba y Doris Ostoriof Obregón “EL CAFTA-RD y las Agendas Complementarias en Centroamérica. Editor Ruta, Diciembre de 2007, pág. 40.
[4] En realidad el contenido del RD-CAFTA es muy amplio que lo referido al sector agroalimentario, e incluye aspectos ligados a los servicios, institucionalidad, inversiones, propiedad intelectual, incentivos a la industria manufacturera, normas laborales y ambientales, pero no considerados inicialmente en una Agenda Complementaria focaliza en los efectos negativos en el agro.
[5] Ver a Esteban Delgado “Estados Unidos lleva Ventaja sobre Centroamérica y RD en DR-Cafta”. Revista el Dinero, No 361, año 8, jueves 30 de diciembre de 2022. Santo Domingo, República Dominicana.
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