Estimados amigos y amigas éste es un día amargo para la Amazonía, para los pueblos Sioina, Siekopai, Kofanes, Shuar, Kichwas y colonos, todos agrupados en la UDAPT, que hemos luchado contra la petrolera Chevron por 25 años. Con altura, dedicación, amor por la vida, los pueblos de Orellana y Sucumbíos, hemos ganado el juicio a […]
Estimados amigos y amigas éste es un día amargo para la Amazonía, para los pueblos Sioina, Siekopai, Kofanes, Shuar, Kichwas y colonos, todos agrupados en la UDAPT, que hemos luchado contra la petrolera Chevron por 25 años. Con altura, dedicación, amor por la vida, los pueblos de Orellana y Sucumbíos, hemos ganado el juicio a Chevron. Es una muestra de resistencia y capacidad.
Sin embargo, el Estado ecuatoriano, fue incapaz de ganar un arbitraje internacional frente a la misma petrolera. Como puede apreciar, son dos casos distintos. Uno es el caso que la UDAPT junto a los pueblos hemos llevado en estos 25 años contra Chevron y otro es el arbitraje de Chevron contra Ecuador. Sin embargo, el día de hoy el panel de arbitrajes publica un laudo arbitral contra el Estado Ecuatoriano, en el cual ordena al Estado ecuatoriano, que viole la Constitución del Ecuador y ordene a los jueces que no ejecuten la sentencia nuestra. Además, les ordena que tome las medidas necesarias para que impida que los afectados podamos hacer cumplir la sentencia fuera de Ecuador. Lo que dispone el panel de arbitraje es ilegal y atenta contra la seguridad jurídica de los afectados y del país. Es más ese arbitraje se basa en un TBI, suscrito entre Ecuador y Estados Unidos en el año 1997, en este caso aplicado de forma retroactiva.
Cualquier persona razonable, podría pensar que el Estado se defendería y al menos protestaría por la ilegalidad del arbitraje. Pero eso no ocurre hoy. Hemos escuchado a un procurador y al Secretario Particular de la Presidencia, hacerle el juego a Chevron, abogar en favor de Chevron y tratar de buscar culpables casa adentro. En otras palabras el Estado pretende cumplir con un ilegitimo laudo arbitral y sacrificar los derechos de los pobladores de las Provincias de Orellana y Sucumbíos. Esto es inaceptable.