El delicado proceso que vive Ecuador en la actualidad, que implica entre otras cuestiones la privatización de la seguridad, pasa por la reconfiguración del Estado bajo las lógicas neoliberales y también por la proyección de los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región.
Bajo el subterfugio de la seguridad, que se ha situado como monotema nacional, en el marco del “conflicto armado interno” que el mismo Noboa declaró en 2024, pretextando la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado, el país enfrenta no sólo el aumento de la violencia sino la erosión del poder estatal y el aumento de la dependencia extranjera privada (mercenaria) para enfrentar la crisis; y no sin consecuencias importantes.
Como se sabe, uno de los pilares fundamentales del Estado moderno es el monopolio legítimo del uso de la fuerza armada. Sin embargo, la creciente privatización de la seguridad ha fragmentado dicho monopolio pues, lo que antes parecía ser una función exclusiva del Estado, hoy se comparte con actores privados, que en muchas ocasiones tienen mayor poder e influencia que un país y que operan bajo lógicas del capital, del mercado y no de interés público.
De hecho, el aumento de la participación de privados en conflictos y guerras está estrechamente ligado al proceso de privatización motivado por el neoliberalismo; es decir que su protagonismo como actores en las dinámicas securitarias responde a estrategias y políticas propias de esta nueva etapa del capitalismo.
Si bien la utilización de entes privados y el desplazamiento de funciones estatales en cuestiones referentes a la seguridad tiene larga data, será en los noventa del siglo pasado, década que evidenció los efectos negativos de la implementación de las primeras políticas neoliberales, que su participación aumentara de la mano de la reconfiguración del orden internacional de la postguerra fría.
En otras palabras, el aumento de corporaciones, tropas o recursos provenientes del capital privado vino acompañado de la rearticulación y expansión global del sistema de acumulación capitalista -frente a la implosión de la Unión Soviética y del socialismo con ella-; del (relativo) cambio del paradigma tradicional de seguridad -que transitó de un arquetipo unidireccional (estadocéntrico) y unidimensional (militar) a uno que incorporó a otros actores y otras cuestiones en sus dinámicas y definición-; y de la disminución de presupuestos militares, armamento y ejércitos -y el consecuente excedente de tropas, equipamiento militar y arsenales-, producidos masivamente en el marco de la confrontación capitalismo vs. socialismo.
Entre las tareas que desempeñan los actores militares o policiales privados se incluyen la protección de infraestructuras estratégicas, entrenamiento militar y asesoría de las fuerzas armadas, apoyo logístico, funciones de inteligencia, tareas de vigilancia, protección de personal, mantenimiento de sistemas armamentistas e incluso la participación directa en combate.
En contextos donde el Estado se muestra “incapaz” de proteger a su población, como en el caso de Ecuador, la participación de actores privados puede conducir no sólo a la falta de rendición de cuentas, debilitamiento de instituciones militares y policiales o violación de derechos humanos (sobre todo en escenarios de conflicto armado), sino al uso de la violencia privatizada como síntoma inherente del supuesto “debilitamiento del Estado”, para que grupos poderosos aseguren su dominio. Dicho de otro modo, la falta de capacidad (o voluntad) estatal puede ser alimentada intencionalmente para favorecer a quienes se benefician de la violencia, como grupos criminales, élites políticas corruptas o, como es el caso, corporaciones de seguridad privada.
A medida que los actores privados se apropian de las tareas que están bajo la autoridad de los Estados, éstos pierden su exclusividad en el ejercicio de funciones coercitivas; y cuando el poder coercitivo ya no emana únicamente del aparato estatal se corre el riesgo de que se subordine a intereses militares, económicos o empresariales (lo que por supuesto también sucede con el poder del Estado pues, a menudo, de hecho, éste se vuelve una amenaza a la seguridad de quienes gobierna).
Por otro lado, la privatización de tareas estatales relativas a la seguridad, defensa y usos de la fuerza armada conlleva, casi naturalmente, a la militarización de los procesos securitarios, lo que requiere, a su vez, de la adopción de lógicas, lenguajes y estructuras propias del ámbito militar en la gestión de problemáticas sociales o económicas, por ejemplo. Siendo así, al tiempo que el Estado pierde soberanía frente a actores privados a los que ha cedido el control de capacidades estratégicas, también adopta mecanismos propios de la militarización (como regímenes de excepción o de guerra) que inevitablemente repercutirán negativamente en la población, sobre todo en grupos que, a menudo, son objeto de políticas securitarias que reproducen más violencia.
En América Latina y el Caribe existen más de 16,000 empresas militares y de seguridad privadas que emplean aproximadamente a 2.4 millones de personas. Algunas de estas corporaciones llevan a cabo tareas de entrenamiento o equipamiento pero otras, en especial las estadounidenses, son contratadas en la región para asistir a las fuerzas de seguridad pública, combatir el crimen organizado e incluso a “grupos terroristas”.
En el caso particular de Ecuador, uno de los países con mayor tasa de homicidios en la región, la crisis de seguridad asociada al narcotráfico, pandillas y (des)control de las rutas de tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, ha llevado al país a la adopción de una estrategia securitaria apoyada en la militarización de la seguridad pública, que incluye el despliegue de fuerzas armadas para combatir las amenazas y la utilización de fuerzas privadas de seguridad. Durante el 2025, por ejemplo, en la región latinoamericana la media de homicidios fue de 17.6 por cada 100,000 habitantes, lo que se tradujo en 5% menos que la registrada el año anterior. No obstante, la tasa de homicidios de Ecuador aumentó un 31% con respecto a 2024 y alcanzó un máximo histórico el año pasado, al llegar a 50.9, lo que significó pasar de ser el segundo país más seguro del continente en 2017 al más inseguro y violento en 2024.
Si bien lo anterior ha sido utilizado como parte de una narrativa estatal que justifique la estrategia de seguridad militarizada de Daniel Noboa, que incluye una alianza del gobierno ecuatoriano con fuerzas armadas privadas bajo el mando de Erik Prince, exmilitar estadounidense y fundador y dueño de la compañía privada Blackwater (hoy Academi), cierto es que la violencia en Ecuador está en aumento. No sobra decir que, esta poderosa corporación militar ha estado involucrada en diversos conflictos armados en el mundo y en controversias que incluyen el asesinato de civiles, como en la Masacre de Nisour en Bagdad, Irak, en 2007, cuando fuerzas de Blackwater contratadas por Estados Unidos abrieron fuego contra civiles iraquíes, dejando como resultado 17 muertos y 20 heridos.
La estrategia entre Noboa y Prince anunciada en 2025 (que aún es poco clara pero que tiene como objetivo fortalecer las capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo, entrenar a la fuerza pública y proteger el espacio marítimo ecuatoriano), no sólo se ha mostrado insuficiente para erradicar el narcotráfico y la violencia generada por pandillas, sino que devela un cambio significativo en la política de seguridad de este país latinoamericano, si consideramos que la estrategia entre el Estado y las fuerzas asociadas a Blackwater está acompañada de una reforma constitucional que elimina la prohibición del establecimiento de bases militares y fuerzas armadas o de seguridad extranjeras en el territorio, lo que responde, por un lado, a la profundización de la lógica neoliberal que promueve el adelgazamiento del Estado en áreas estratégicas y, por otro, a la importante posición que guarda Ecuador para garantizar los intereses extraterritoriales de EE.UU.
Su ubicación, situada entre Colombia y Perú, primer y segundo productores de cocaína en el mundo, respectivamente, vuelve a Ecuador un territorio clave dentro del sistema de flujo del narcotráfico global. El Puerto de Guayaquil en el Pacífico, que es el más importante del país debido a que por él transitan el 85% de importaciones varias y petróleo, hace del territorio un importante nodo logístico para el tránsito de cocaína que va hacia Europa y Estados Unidos; convirtiéndolo a su vez en un punto estratégico para los grupos del crimen organizado.
El control de rutas de tráfico de la mano de la “cooperación” con un país “aliado”, que no tiene bases militares permanentes en su territorio pero que el gobierno, dirigido por un empresario de nacionalidad estadounidense, sí pretende la reinstalación de la base en Manta, una antigua base de Estados Unidos, y la instalación de otra en las Islas Galápagos, se vuelve parte fundamental de los intereses de seguridad de la potencia.
Lo que se está viendo en Ecuador forma parte así de una importante reestructuración del poder hemisférico en el que EE.UU. tiene gran injerencia con resonancias peligrosas para este país andino. La cesión de la tarea estratégica de la seguridad a alguien como Prince, quien es parte de redes político militares vinculadas al complejo militar estadounidense, implica indudablemente la proyección de los intereses geopolíticos estadounidenses en América Latina pero también involucra una rearticulación doméstica significativa.
Para empezar, la participación de empresas militares privadas en asuntos públicos conduce a la erosión de la soberanía. Cuando el Estado, que es por antonomasia el garante de la seguridad, delega funciones estratégicas que implican tareas de inteligencia, entrenamiento, operaciones militares, etc. a contratistas privados, se hace patente una fragmentación de la estructura de poder institucional que puede conducir a la privatización de los conflictos o la guerra y a la incapacidad de garantizar el orden.
Al mismo tiempo, la mercantilización de la seguridad transforma lo que tradicionalmente ha sido visto como un derecho en un bien que depende de la capacidad monetaria para adquirirlo, llevando a la securitización neoliberal en donde se prioriza la gestión empresarial de riesgos y amenazas sobre la garantía de los derechos y el cumplimento de las obligaciones del Estado. Reducir las funciones sociales propias del aparato estatal puede conducir, por ejemplo, al fortalecimiento de aparatos de control y vigilancia.
Por otro lado, cuando el Estado se vuelve menos social y más policial se normalizan regímenes de excepción y sus mecanismos inherentes como la represión, la vigilancia, el disciplinamiento, la violación sistemática de derechos, la contrainsurgencia o la falta de rendición de cuentas pues, a diferencia de las fuerzas armadas estatales, que pasan por un proceso de regulación jurídica, las privadas operan sin transparencia alguna.
Como muestra de lo anterior, baste decir que desde que Noboa asumió la presidencia (finales del 2023) ha firmado 17 decretos que normalizan el estado de excepción. El toque de queda impuesto recientemente en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, provincias con 6.5 millones de habitantes (35% de la población) y en las que suceden más de la mitad de los homicidios nacionales), es ejemplo de ello. La operación, que incluyó el despliegue de 75,000 militares bajo una maniobra conjunta entre el gobierno y fuerzas estadounidenses, tuvo como resultado la detención arbitraria de 253 personas sin que, al día de hoy, se sepa cuántas efectivamente están vinculadas al crimen organizado.
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 560: https://www.alai.info/wp-content/uploads/2026/04/ALenMovimiento_560_abril2026-1-43-46.pdf
Sandra Kanety Zavaleta Hernández: Internacionalista. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales y Profesora de Tiempo Completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores en México, Nivel II.