El Consejo Educación Superior (CES) ha planteado reformar la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Se buscaría con ella incorporar atribuciones para fiscalizar y sancionar a universidades cuyos directivos (¿’propietarios’?) tengan afanes de lucro. Ninguna debe operar como empresa lucrativa, y menos que sus autoridades y parientes participen en paraísos fiscales o destinen recursos para […]
El Consejo Educación Superior (CES) ha planteado reformar la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Se buscaría con ella incorporar atribuciones para fiscalizar y sancionar a universidades cuyos directivos (¿’propietarios’?) tengan afanes de lucro. Ninguna debe operar como empresa lucrativa, y menos que sus autoridades y parientes participen en paraísos fiscales o destinen recursos para fines distintos, máxime si reciben apoyo estatal y exoneraciones tributarias. No cabe que la educación sirva para enriquecer a nadie. Estos rezagos del viejo país deben ser liquidados.
Se debe revisar también otros aspectos sobre la base de la experiencia vivida, por ejemplo, con la Universidad de Guayaquil (UG), que después de una dudosa evaluación, realizada con metodologías antojadizas, fue ubicada en la categoría D, por debajo de sus extensiones, convertidas en universidades, evaluadas con el mismo método que a su matriz. Tras una larga, conflictiva e inútil intervención, a través de una comisión (CI), integrada en forma errática por el CES, con una deficiente supervisión, se identifican viejos y nuevos problemas, que deben servir para otras propuestas de reformas que el nuevo CES deberá considerar.
El CES no debe tener atribuciones para intervenir una universidad por tan largo período (cerca de 3 años); menos sin informes y evaluaciones periódicas, claramente difundidos, ni resultados académicos positivos. No cabe un intervencionismo integral, indiscriminado, extremo, de altos costos, que incorpora -incluso- aspectos sujetos a manipulación y politiquería, como aprobación de contratos de conserjes a la par que de académicos y hasta de millonarios contratos de servicios y construcciones; recategorización y concursos de centenares de docentes, emisión de nombramientos, cambios repentinos y en seguidilla, ‘a dedo’ o ‘al ojo’, de decanos y subdecanos, nombrados por un rector encargado, también puesto ‘a dedo’ por la CI, con pésimos resultados de gestión y hasta con títulos falsos, o rector-candidato, que se convierte -junto a otras autoridades encargadas- en amo y señor de la contienda, que deja de ser democrática.
La UG ha convocado -por primera vez con la ley vigente- a elección de autoridades, por medio de las encargadas, que reciben órdenes de la CI y devienen, por intereses, en actores influyentes en el proceso, sin que -además- a la institución se la haya recategorizado.
Se requiere elegir 4 autoridades, hombres y mujeres que deben tener título de doctores (PhD); y la UG tan solo cuenta con 4 o 5 docentes que cumplen con los requisitos y no hay una sola mujer, por lo que no se puede cumplir con la paridad de género cómo lo exige la ley, a no ser que se improvisen candidatas, importándolas o solicitándolas en préstamo, a fin de imponerlas como autoridades, tras un proceso eleccionario masivo, en el que participarían más de 60.000 personas.
Tremendo lío, tras la intervención de magros resultados que, sin resolver graves problemas, ha perjudicado la imagen de la Revolución Ciudadana y sus buenos objetivos sobre la educación superior. Más grave el asunto, que no se ha contado con procedimientos de análisis y difusión adecuados; y se ha creado un ambiente conflictivo, sectario, represivo y hasta de miedo, impropio en un espacio académico.
Todo esto debe cambiar, y para ello debemos contribuir. Las reformas legales deben servir para hacer efectiva la eficiencia, excelencia académica, autonomía, universalidad del pensamiento y apoyo técnico sostenido al proceso de cambios del país que alienta el Gobierno.
La U, que requiere cambios profundos -no hay dudas-, está lejos de ellos y el nuevo CES debe revisar su acción frente a ella. Su historia e importancia social y política así lo exigen.