Las problemáticas de seguridad saturan las primeras planas de los diarios y los medios de comunicación: drogas, homicidios, ejecuciones, asaltos. La vida cotidiana se ha vuelto más insegura a medida que aumentan las promesas, los presupuestos y la dureza de las leyes. Desde hace más de 60 años todo ha fracasado en seguridad y hasta […]
Las problemáticas de seguridad saturan las primeras planas de los diarios y los medios de comunicación: drogas, homicidios, ejecuciones, asaltos. La vida cotidiana se ha vuelto más insegura a medida que aumentan las promesas, los presupuestos y la dureza de las leyes. Desde hace más de 60 años todo ha fracasado en seguridad y hasta un recital se convierte en un peligroso viaje a lo desconocido.
La geopolítica de la seguridad no es «algo más» sobre seguridad, es la redefinición completa de toda la problemática, donde ya nada es evidente y todo debe ser repensado; se trata al mismo tiempo de una nueva disciplina académica y de un nuevo paradigma sobre seguridad. La criminología y la política criminal se basan tradicionalmente en el binomio delito/delincuente y en la omnipotencia de ley, una estructura que ha demostrado con entusiasmo y vehemencia su ineficacia para bajar los indicadores y mejorar la calidad de vida. Por otro lado, la seguridad ciudadana es un paradigma interesante y muy de moda, pero postula un ejercicio co-rresponsable de la seguridad para un desarrollo pleno de los derechos ciudadanos mientras adorna de bellas palabras y corrección política las rutinas operativas de instituciones corruptas desde su origen, como la policía.
Siempre se presentó como evidente que la ley regula el comportamiento de las sociedades y castiga las conductas inadaptadas, regulación y castigo institucionalizados en el Derecho, la legislación, la función pública, los cuerpos policiales y el sistema de justicia penal, un complejo sistema rotulado genéricamente como «seguridad». Sin embargo, la geopolítica de la seguridad afirma que el más importante actor de la seguridad todavía permanece oculto y sospechado: el Estado, un actor que en su doble rol de garante de seguridad y ofensor criminal ya no puede pretender la continuidad de una inocencia que nunca tuvo; es necesario develar el carácter intrínsecamente criminal del Estado contemporáneo.
Si en el Estado nace el problema, allí hay que buscar la solución. La violencia legítima fue siempre el elemento que definía al Estado en su intervención sobre las problemáticas de seguridad, es claro que actualmente esa definición es ilegal e inoperante. El elemento del Estado que define ahora las problemáticas de seguridad es el territorio. Se trata de un territorio disputado, fragmentado y criminalizado; un territorio constituyente y significante, pretendido por el Estado y por otros actores no estatales, con pertenencias cada vez más pequeñas y más fuertes, un territorio donde emergen las diferencias y se manifiestan las identidades, donde la ley es construida localmente.
El territorio y la territorialidad tienen una dimensión concreta y una dimensión simbólica, referidas ambas a una relación entre un territorio y los sujetos que lo habitan, con un fuerte carácter edificador de las personas y de las comunidades humanas. En el estudio de las problemáticas de seguridad afirmamos que el territorio ‘es’ el problema. Por eso hablamos de territorio y no de espacio, para priorizar el anclaje físico concreto de la territorialidad, que impacta sobre las personas pero no las constituye pasivamente, porque el territorio no es el espacio subjetivado sino una construcción históricamente significativa e intersubjetivamente definida. En el territorio suceden los hechos pero sobre todo en el territorio se constituyen las personas y la comunidad humana que vive en él. Dado que las sociedades no son homogéneas no hay inadaptaciones sino emergentes singulares para los cuales la ley es un universal abstracto sin rasgos imperativos locales.
Estas territorialidades no distinguen clases sociales ni ubicaciones geográficas; todos los supuestos ofensores se sienten territorialmente inocentes frente a una ley que en nombre de representar a «todos» invade los territorios de cada uno sin aceptar diferencias ni disonancias. La defensa de la pluralidad y la diversidad también implica la aceptación de la territorialidad de la seguridad, una característica que es más ofensivamente criminalizada en los barrios periféricos, pobres y reterritorializados de las grandes ciudades.
En la búsqueda de nuevos enfoques teóricos derivados de una cuidadosa observación del mundo real, no basados en falsas premisas nacidas de fantasías bibliográficas, la pregunta realmente pertinente es a qué territorio nos referimos cuando hablamos de las problemáticas concretas y actuales de seguridad.
¿Dónde está el territorio en la ciberseguridad, la corrupción empresarial, el financiamiento de las campañas electorales, el fútbol y otras actividades? El acoso sexual por Internet tiene un carácter territorial difuso, quizás inexistente. Las probables implicancias criminales del desarrollo de la robótica implican un esfuerzo importante de investigación para la resolución de su matriz territorial. El financiamiento de las campañas electorales se refiere a dinero, sin que el territorio tenga allí ninguna incumbencia aparente.
Hasta ahora se ha considerado al territorio como una entidad física concreta con alcances simbólicos y constituyentes. Esa concepción de territorio es útil para una geopolítica de la seguridad que se centra en el estudio de las problemáticas del delito de contacto físico, desde el delito común hasta el crimen organizado, pero resulta insuficiente para el análisis de problemáticas más complejas, ancladas en el desarrollo tecnológico y en los comportamientos intersubjetivos reales, donde el ámbito físico concreto no es evidente y donde la territorialidad depende de la construcción históricamente determinada de universos compartidos que se van haciendo día a día.
El concepto de territorio ampliado refiere a una territorialidad «cargada sobre los hombros», que los delitos no territoriales van sembrando en su recorrido, dejando «rastros» de territorialidad en los diferentes ámbitos y a través de los distintos actores que participan del proceso criminal. Caso por caso es menester elaborar el mapa territorial anclado en dos referencias: la eventual participación del Estado en cada paso del circuito criminal y los indicadores de estatalidad presentes en cada conducta criminal. Para la geopolítica de la seguridad el territorio no es un dato dado, es un proceso que debe ser reconstruido a partir de datos a veces inconexos y circunstanciales y también en base a las percepciones de territorialidad que cargan en sí los actores de cada etapa del proceso.
En el caso de la corrupción empresarial de Odebrecht, el Estado está presente en el núcleo del problema, por ser la empresa cabecera del complejo militar-industrial de una potencia emergente, lo que implica una cosmovisión centro-periferia y una lógica de relaciones internacionales. Sin esa visión territorial ampliada el tema se diluye en pleitos leguleyos, en planteos sobre corrupción y en la defensa del Estado de derecho (liberal), sin ahondar en la centralidad política (estatal-territorial) del problema. La denuncia de corrupción desprovista de una geopolítica de seguridad supone una concepción angelical de la política y no una visión geopolítica con dimensionamiento territorial ampliado.
El financiamiento ilegal de las campañas electorales está cargado de prejuicios y mojigatería, que en muchos casos considera corrupción a conductas legítimas y califica de marketing exitoso a la aceptación de recursos ilegales provenientes del narcotráfico y la trata de personas, siempre volcando todas las energías en el escándalo mediático como mecanismo sancionador. Las leyes que controlan los financiamientos de la política no se cumplen ni se controlan, por su carácter asfixiante y antipolítico, una ética propia del Estado de derecho. Las sociedades reclaman a la política algo que la política no puede otorgar, el ejercicio de una conducta moralmente intachable para la gestión y solución de problemas turbios, conflictivos y humanos. El territorio del financiamiento político no está definido ni delineado, porque los actores necesitan una eliminación previa del carácter prescriptivo de la legislación electoral.
Los delitos cibernéticos, sea que perforen la seguridad bancaria, la seguridad nacional o la intimidad personal, dependen de legislaciones nacionales, políticas de comunicación, culturas de autoprotección y soberanía informática. El espacio virtual es un área de ejercicio de soberanía como el espacio aéreo, el terrestre, el subsuelo o el marítimo, una discusión que debe hacerse desde la geopolítica, no desde el software y el equipamiento informático. Los patrones de vigilancia global tienen base territorial nacional y deben elaborarse programas de políticas públicas de seguridad, porque el espacio virtual es tan real como cualquier otro tipo de espacio.
El fútbol y sus condimentos criminales, tan intocables como mafiosos, es uno de los elementos explicativos del narcotráfico en Rosario y de los problemas de inseguridad en todas las grandes ciudades. El Estado está siempre presente en el comercio de drogas de los barra-bravas, por la complicidad policial y las alianzas políticas. La territorialidad del fútbol, con una presencia estatal tan fuerte, es menos dificultosa de reconstruir.
La robótica y la automatización son novedades apasionantes y arrolladoras que prometen cambiar nuestros modos de vida en muy breve tiempo. Siendo un proceso en construcción que se desarrolla frente a nuestros ojos, su territorialidad es aún indefinida, en virtud de que la lógica de estabilidad que puede obtener es incierta. Pero sí podemos afirmar que el desarrollo de la robótica y la automatización profundizan la brecha tecnológica entre países y al interior de las sociedades. Pobres y ricos tendrán un acceso diferenciado a la tecnología, lo que podría implicar mecanismos abruptamente desigualitarios de acceso y ejercicio del poder y también de calidad democrática. Sea como sea, el territorio y el Estado estarán muy presentes. Que el aumento de la criminalidad sea un resultado esperable de la brecha tecnológica es una conclusión evidente.
En cada comportamiento y en cada proceso criminal la política pública en la geopolítica de la seguridad manifiesta la misma intención: aumentar los indicadores de estatalidad del Estado y disminuir los indicadores de estatalidad del delito. De esta forma se eliminan los incentivos legitimadores de la apropiación ilegal de la renta nacional y se estimulan los comportamientos asociados a un Estado democrático y sustentador de una mejor calidad de vida ciudadana.
Sabemos que el concepto de territorio y territorialidad ampliada merece una investigación y desarrollo mayor, aún pendiente de realizarse. Es el próximo desafío de la geopolítica de la seguridad.
Miguel Angel Barrios, Profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política. Ha escrito obras de investigación entre las que se destacan «Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica» (Director), «Consejo Suramericano de Defensa: desafío geopolítico y perspectivas continentales» y «Seguridad ciudadana: de lo municipal a lo Continental». Profesor en la Licenciatura en Seguridad en la Universidad de Morón y creador de la cátedra de Seguridad ciudadana en la Universidad del Salvador. Dicta Seminarios y cursos a academias policiales de América Latina y es consultor en políticas públicas de Seguridad.
Norberto Emmerich, doctor en Ciencia Política y licenciado en Relaciones Internacionales. Ha escrito «Una teoría política para el narcotráfico«, «Geopolítica del narcotráfico en América Latina» y «Narcos en Buenos Aires: el caso de la villa 31«. Profesor de «Seguridad Ciudadana» y «Política Criminal» en la licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Fue decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador y coordinador general de Investigaciones en la misma Universidad.
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