El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (1) presenta el reporte «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador«, que recoge una serie de casos de personas detenidas desaparecidas por patrullas de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el contexto de la militarización decretada por el Gobierno Nacional. Los 16 casos descritos en el presente reporte fueron registrados durante el 2024 en provincias de la costa: 9 casos en la provincia de Los Ríos, 4 casos en la provincia del Guayas y 3 casos en la provincia de Esmeraldas.
Los casos registrados suman 27 personas víctimas de desapariciones forzadas. 9 de ellas son menores de edad.
¿Qué es una desaparición forzada?
Se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, lo que sustrae a la víctima de la protección de la ley (Artículo 2 del Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPED) y Preámbulo de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas).
Contexto
El 9 de enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 111 que declaró por primera vez un estado de excepción bajo la causal de conflicto armado interno en el país, movilizando a las Fuerzas Armadas a escala nacional, incluyendo los centros de privación de libertad (2). En este contexto, se promovió el uso de la fuerza letal para “neutralizar grupos terroristas” (3).
La declaratoria de “conflicto armado interno” fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, quienes advirtieron que dicha medida pone en grave riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía. Asimismo, señalaron que la situación en Ecuador y la justificación del Ejecutivo no cumplía -ni cumple- con los requisitos establecidos para tal declaratoria.
Estas organizaciones alertaron que la movilización de las Fuerzas Armadas, entrenadas para combatir al “enemigo”, es una medida mediática que refuerza un enfoque securitista y punitivista y pone en grave riesgo derechos humanos fundamentales (4). y que, en su lugar, lo que el país necesita es una política pública integral, con medidas efectivas, integrales, estratégicas, técnicas y profesionales, de mediano y largo plazo que aborde los factores que inciden en el aumento y proliferación del crimen organizado (5).
Es en este contexto de militarización y de grave riesgo para la vida y la integridad de las y los habitantes del Ecuador, se han denunciado graves violaciones de derechos humanos. El presente informe busca denunciar los patrones de desapariciones forzadas cometidas por integrantes de Fuerzas Armadas en contextos de operativos de seguridad, particularmente ocurridas en la Costa del Ecuador.
Familiar de Luis Alberto Sabando Veliz
Antecedente históricos
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en sus 42 años de existencia ha documentado la recurrente práctica de la desaparición forzada por parte de cuerpos de la fuerza pública en la costa del Ecuador. Resaltamos el caso de Manuel Bolaño Quiñonez (22 años) detenido desaparecido el 14 de octubre de 1985 en Esmeraldas; Consuelo de los Angeles Benavides Cevallos (35 años) detenida desaparecida el 4 de diciembre de 1985 en Esmeraldas; Felipe Arpi Avila (33 años) e Ignacio Dominguez detenidos desaparecidos el 20 de abril en Guayas; Wilson Carabajo Fajardo (29 años) detenido desaparecido el 27 de abril de 1990 en Los Ríos; Luis Valverde Alvarez (31 años) detenido desaparecido el 2 de marzo de 1991 en Los Ríos; Marco Romero Carrasco (17 años) detenido desaparecido el 24 de febrero de 1992 en Esmeraldas; Douglas Flores Burgos (45 años) y Benito Velez Loor (34 años) detenidos desaparecidos el 5 de abril de 1992 en Quevedo; Jhonny Gómez Balda y Cesar Mata Valenzuela detenidos desaparecidos el 19 de noviembre del 2003; Luis Alberto Sabando Veliz (21 años) el 29 de septiembre del 2004.
Antecedente legal
La Constitución de la República del Ecuador reconoce en su artículo 66 numeral 3 literal c que el derecho a la integridad personal integra “La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”.
De la misma forma el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, establece:
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por «desaparición forzada» el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Es así, que la desaparición forzada posee un carácter pluriofensivo. Según la jurisprudencia reiterada de la Corte IDH, su ocurrencia implica la violación de múltiples derechos protegidos por la Convención. En primer lugar, vulnera el derecho a la libertad personal, independientemente de que la detención o privación de la libertad se haya llevado a cabo conforme a la ley. En segundo lugar, afecta el derecho a la integridad personal, ya que el aislamiento prolongado y la incomunicación forzada constituyen un trato cruel e inhumano, contrario a los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención. En tercer lugar, pone en riesgo el derecho a la vida, dado que la víctima se encuentra en una situación extrema de vulnerabilidad que incrementa ese peligro. En cuarto lugar, se infringe el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que la desaparición forzada elimina la protección legal y compromete la seguridad personal y jurídica del individuo, impidiendo el reconocimiento de su personalidad jurídica. Además, también representa una violación del artículo I.a de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que prohíbe expresamente su práctica (6).
En esa misma línea, la Corte IDH ha reconocido que una desaparición forzada comprende de tres elementos y ha desarrollado su naturaleza permanente o contínua:
La Corte recuerda que la desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos constituida por tres elementos concurrentes: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Al respecto, este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, así como su naturaleza permanente o continua, en la cual la desaparición y su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se hallen sus restos de modo que se determine con certeza su identidad. (énfasis añadido) (7).
Familiares de Jairo Damián Tapia Alvarez
Patrones identificados en intervenciones militares en casos de desaparición forzada en 2024
La Corte Constitucional del Ecuador y la Corte IDH ha establecido que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser ser: (i) extraordinaria, (ii) subordinada y complementaria, (iii) regulada, (iv) fiscalizada y (v) se deben garantizar mecanismos de rendición de cuentas y denuncias frente al abuso de cualquiera de sus facultades o en el caso de violación a derechos humanos (8). A pesar de ello, los múltiples operativos causantes de desaparición forzada de personas, no han cumplido con estos requisitos.
Paralelo a ello, se han identificado patrones en relación a: detenciones, obstáculos en el acceso a la justicia y falta de eficiencia en procesos investigativos:
1. Arbitrariedades en el momento de la detención
En los casos registrados, se observa un patrón de intervención militar caracterizado por:
• Ingresos no autorizados: Los militares ingresaron a domicilios sin orden judicial ni consentimiento, causando desorden, robo y destrucción de pertenencias personales.
• Operativos indiscriminados de control en vía pública: Se identifican que las detenciones ocurren en circunstancias de operativos de carretera, en los que se priva de la libertad de forma aleatoria e indiscriminada.
• Amenazas y violencia: Durante los operativos, los familiares fueron amenazados con el uso de gas y otros medios de intimidación.
• Uso excesivo de la fuerza: Mayormente las personas detenidas fueron golpeadas y sufrieron agresiones físicas en el rostro y en las partes de su cuerpo. También, se identifica que acompañantes de los ahora detenidos desaparecidos fueron liberados desnudos como presunta forma de castigo.
• Ausencia de protocolos para el tratamiento a niños, niñas y adolescentes: Considerando que casi la mitad de las víctimas son niños, niñas y adolescentes, no se evidencia la aplicación de protocolos para este grupo de atención prioritaria en circunstancias de presuntas infracciones.
2. Obstáculos en el acceso a la justicia
Las personas familiares víctimas de desaparición forzada han tenido complicaciones a la hora de acceder a la justicia:
• Demoras en la recepción de denuncias: Las autoridades de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) recomendaron a los familiares esperar varios días antes de presentar denuncias.
• Ineficiencia institucional: La DINASED no realizó adecuadamente las labores de investigación inicial.
• Retrasos deliberados: La Fiscalía demoró en admitir las denuncias, justificando estas demoras en un supuesto esfuerzo por proteger la integridad de los ciudadanos desaparecidos.
Estos obstáculos comprometen el acceso a la justicia y generan revictimización de las familias afectadas.
3. Falta de eficiencia en proceso investigativo
El desarrollo de las investigaciones presenta serias irregularidades y falta de diligencia:
• Tipificación errónea de la investigación previa: Funcionarios y funcionarias de la Fiscalía procesan las denuncias por secuestro o investigación involuntaria, a pesar de haber identificado indicios claros de participación de las Fuerzas Armadas. Esto influye en los mecanismos investigativos.
• Ausencia de notificación y falta de comunicación o participación: Los familiares no reciben información sobre el avance de los procesos legales ni participan en los mecanismos de búsqueda.
• Falta de apoyo psicológico: Las familias no han recibido atención psicológica a pesar de la situación traumática que enfrentan.
• Pronunciamientos insensibles: Algunas autoridades locales a cargo de la investigación realizan declaraciones desalentadoras, sugiriendo a los familiares que su pariente desaparecido ya se encuentra muerto o que la investigación durará más de 15 años.
Familiares de Jonathan Gabriel Adrihan Bravo y Oscar Arturo Adrihan Bravo
El rostro de la desaparición forzada en Ecuador
Los casos expuestos han sido puestas en conocimiento del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Algunos ya cuentan con un pronunciamiento del Comité disponiendo medidas de acción urgente y medidas cautelares en los siguientes términos:
• Medidas de investigación siguiendo los protocolos y estándares internacionales en materia de desaparición forzada y localización de la persona desaparecida.
• Establecer una estrategia integral con un plan de acción y cronograma para la búsqueda inmediata y la investigación exhaustiva e imparcial.
• Adoptar medidas cautelares para preservar la vida e integridad de los familiares de los desaparecidos, asegurando que puedan continuar con las actividades de búsqueda sin represalias.
• Garantizar mecanismos claros para informar a los familiares sobre los avances en la búsqueda e investigación e involucrar a los familiares de manera directa.
• Implementar medidas inmediatas para proteger y asegurar la cadena de custodia de los elementos probatorios relevantes, como registros de cámaras y comunicaciones.
1. CASO BRUNO RODRÍGUEZ y FARDI MUÑOZ – CANTÓN ESMERALDAS, ESMERALDAS.
Bruno de 23 años de edad y con 50% de discapacidad intelectual salió casa a la tienda el 30 de enero del 2024 con Fardi Muñoz y fueron interceptados por militares, golpeados en un sector baldio y llevados en una camioneta blanca. La madre de Bruno intento acercarse pero los militares no se lo permitieron pese a su insistencia. A pesar de haber puesto la denuncia, no tienen conocimiento del paradero de ambos.
2. CASO CIRILO MINOTA – CANTÓN QUININDÉ, ESMERALDAS.
Cirilo de 35 años de edad, regresaba de Esmeraldas el 4 de abril a las 14h30. En el trayecto los militares detuvieron a tres chicos,incluyendo a Cirilo. Los dos chicos fueron golpeados y abandonados en un sector alejado de la zona de detención. Sin embargo, no se conoce el paradero de Cirilo.
Cuenta con medidas de acción urgente y medidas cautelares del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
3. CASO OSWALDO MORALES – CANTÓN EL EMPALME, GUAYAS.
Oswaldo de 23 años de edad fue detenido por militares en el Cantón El Empalme mientras se dirigía en su carro a comer con tres amigos el 25 de abril del 2024. Dejaron a sus tres amigos golpeados en el camino. Oswaldo Mauricio Morales Santana no aparece.
4. CASO NEIVI QUIÑONEZ Y ARIEL CHEME – BARRIO SAN PEDRO, ESMERALDAS.
Neivi Quiñonez (18 años) y Ariel Cheme (19 años) fueron detenidos por militares en Esmeraldas el 17 de julio de 2024. Familiares de las víctimas denunciaron que la causa de su desaparición y posterior ejecución fue un operativo de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, en un sector del barrio San Pedro, en la ciudad de Esmeraldas. La angustia de los padres y familiares se extendió por una semana hasta que se produjo el hallazgo de dos cuerpos incinerados en el recinto Cabuyal, del vecino cantón de Rioverde, a casi 40 kilómetros del sitio de la detención.
5. CASO JORDY MORALES – CANTÓN VINCES, LOS RÍOS.
Jordy de 31 años de edad fue detenido el 23 de agosto del 2024 a la 01h00 de la madrugada en el interior de su casa ubicada en el sector de Antonio Sotomayor, cantón Vinces. Fue llevado por patrulla de 10 militares con rumbo a un lugar desconocido en una camioneta gris. Así mismo, los militares se llevaron $300 dólares y los documentos personales de Jordy Morales. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
6. CASO DAVE ROBIN LOOR ROCA y JUAN SANTILLAN – CANTÓN VENTANAS, LOS RÍOS.
Dave Robin de 20 años de edad y Juan Santillan de 27 años de edad fueron interceptados por dos camionetas de militares mientras se dirigía a una tienda en el Cantón Ventanas el 26 de agosto del 2024. Esa misma noche, una patrulla militar allanó arbitrariamente el domicilio de la madre de Dave Robin sin dar explicación. Esa noche, la madre de Dave Robin en la busqueda de su hijo, halló en el camino a un joven desconocido, desnudo y fuerte golpeado. El chico indicó que los militares estaban torturando a varios jovenes dentro del monte. La denuncia fue ingresada por desaparición involuntaria a pesar de haber indicios de participación militar.
Cuenta con medidas de acción urgente y medidas cautelares del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.