Manifestantes, periodistas y defensores de Derechos Humanos denuncian agresiones y detenciones en Guayaquil durante un plantón pacífico en contra del recorte presupuestario en la educación, la falta de medidas y protocolos para el levantamiento e identificación de cadáveres en Guayaquil, la ausencia de un presupuesto suficiente de la salud, los despidos de trabajadores y la priorización del pago a la deuda externa.
Hoy, 14 de mayo de 2020, a las 09:00 se realizó el plantón pacífico con distanciamiento y medidas de protección pertinentes durante la emergencia sanitaria, convocado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, a la que se sumó el Frente Amplio Estudiantil. Entre las personas presentes, se encontraban estudiantes secundarios menores de edad y universitarios, mujeres, trabajadores, jubilados, representantes de organizaciones de Derechos Humanos y periodistas.
La manifestación se realizó en contra del recorte presupuestario, la falta de medidas y protocolos para el levantamiento e identificación de cadáveres en Guayaquil, la ausencia de un presupuesto suficiente de la salud, los despidos de trabajadores y la priorización del pago a la deuda externa. Desde los primeros minutos de la protesta pacífica, la Policía Nacional empujó y agredió a una de las manifestantes que estaba tocando el tambor. Defensores/as de Derechos Humanos y periodistas que se encontraban en el lugar se acercaron para documentar estas vulneraciones, pero también fueron brutalmente reprimidos por la Policía y se les arrebató sus cámaras y celulares.
Posteriormente, al avanzar por la Av. 9 de Octubre, la Policía Nacional dispersó a las personas que se movilizaban pacíficamente. A Fernando Bastidas, miembro del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), identificado plenamente con chaleco de la organización, fue perseguido por miembros de la Policía durante cinco calles, e impidieron que grabara la violencia con la que estaban reprimiendo a las personas que se encontraban en la movilización pacífica. Entre los periodistas agredidos que se encuentran heridos, están: Valentina Encalada, Miguel Canales y Andrés Loor, del CDH.
También Paul Murillo, del CDH, fue detenido por intentar evitar que la Policía golpeara a una manifestante. Actualmente, se encuentra ilegal y arbitrariamente detenido en una Unidad de Policía Comunitaria en las calles Junín y Boyacá, junto con X.M., A.H. y J.Ch. También tenemos información de la posible detención de más personas. Organizaciones de Derechos Humanos hemos solicitado información sobre los manifestantes a la Policía Comunitaria, cuyos integrantes han expresado que las personas retenidas se encuentran bajo la figura de “contravención”, pero no se ha dado una explicación clara o razón por la cual se han formulado los cargo de la detención.
Preocupa que sólo hasta hace unos pocos minutos antes de las 14h00 (desde las 09h30) se pudo conocer el lugar específico en el que están detenidos los defensores de derechos humanos.
Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, le recordamos al Estado que está obligado a respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica, aun en tiempos de pandemia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya observó al Estado ecuatoriano por uso excesivo de la fuerza, con fecha 14 de abril de 2020, recomendando que debe “Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”. Asimismo, la Corte Constitucional en su dictamen del mes de octubre No. 5-19-EE/19 estableció que “(iv) la Policía Nacional y complementariamente las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales deben respetar, el derecho de los ciudadanos a manifestarse, siempre que lo hagan de forma pacífica, sin alterar el orden público”. El dictamen No. 1-20-EE/20 no excluye expresamente el derecho de protesta pacífica.
Adicionalmente, le recordamos al Estado, a la Policía Nacional y a los agentes municipales que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras, artículo 1). En este sentido, el Estado es el responsable último de proteger a los defensores y las defensoras de los derechos humanos, de impedir que se produzcan abusos y violaciones de los derechos humanos de estas personas y abordar de manera efectiva las denuncias de violaciones y abusos cometidos contra ellas y relacionados con su trabajo de derechos humanos, y de garantizar que los defensores y defensoras pueden llevar a cabo su labor en un entorno favorable y seguro.
Por lo que exigimos al Estado que se abstenga de reprimir las expresiones pacíficas de protesta de la población y de criminalizar a defensores de derechos humanos. Exigimos la libertad inmediata del Defensor de DDHH, Paul Murillo, y de todas las personas detenidas de manera irregular en los hechos anteriormente detallados.