El presidente demócrata Franklin D. Roosevelt (1933-1945), condujo dos tipos de políticas que consolidaron la hegemonía mundial de los EEUU: la una, interna, se conoció como New Deal, caracterizada por un conjunto de medidas destinadas a superar la grave crisis económica (1929/1933) iniciada con el derrumbe de la Bolsa de Valores de New York. Durante […]
El presidente demócrata Franklin D. Roosevelt (1933-1945), condujo dos tipos de políticas que consolidaron la hegemonía mundial de los EEUU: la una, interna, se conoció como New Deal, caracterizada por un conjunto de medidas destinadas a superar la grave crisis económica (1929/1933) iniciada con el derrumbe de la Bolsa de Valores de New York. Durante los primeros «cien días» del New Deal, la depresión empezó a ser abatida, gracias al enfoque social de las medidas adoptadas, que cuestionaron la visión ortodoxa de la economía liberal clásica.
El New Deal, en efecto, se ocupó de los trabajadores, elevó impuestos, introdujo el de las rentas, creó la seguridad social, pensiones para ancianos y desocupados, fomentó el empleo público y la participación del Estado en la economía. Roosevelt también afirmó la democracia norteamericana y sus éxitos le valieron tres reelecciones.
La otra política, externa, completó la superación del tradicional aislacionismo norteamericano, pues Roosevelt intervino durante la Segunda Guerra Mundial (1939/1945) junto a los aliados para derrotar a las potencias del Eje encabezadas por Alemania e impulsó una nueva configuración del mundo basada en la cooperación global de las naciones.
Todavía en vida, el presidente Roosevelt también tuvo decidido empeño en crear una organización económica internacional, para lo cual fueron invitados diversos países del mundo a la «Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas», que se realizó en Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos), a partir del 1º. de julio de 1944. La Sesión Plenaria de clausura se realizó el 22 de julio de 1944, quedando redactados dos instrumentos: Acuerdo sobre creación del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Acuerdo sobre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Los fines establecidos por el Acuerdo constitutivo del FMI fueron: – Promover la cooperación monetaria internacional; – Facilitar la expansión y el desarrollo equilibrado del comercio internacional, a fin de contribuir al fomento y mantenimiento de altos niveles de empleo e ingresos reales y al desarrollo de las fuentes productivas de todos los países participantes; – Promover la estabilidad del cambio; – Ayudar a establecer un sistema de pagos multiláteros y a eliminar restricciones del cambio sobre el exterior que obstaculicen el desarrollo del comercio mundial; – Confianza entre los países participantes, poniendo a su disposición los recursos del Fondo bajo garantías adecuadas, a fin de corregir desajustes en su balanza de pagos; – Acortar la duración y disminuir el grado del desequilibrio entre las balanzas de pago internacionales.
Desde su creación, el FMI tuvo una relación insignificante con América Latina; pero la región conoció bien a esta institución a partir de la década de 1980. El sobreendeudamiento de los diversos países con bancos privados y a tasas bajas de interés (en promedio el 5%), estalló en 1982 cuando México declaró su imposibilidad para pagar la deuda externa, cuyos intereses fluctuaban ahora entre el 15% y el 20%. A México siguieron los otros países. Entonces la banca transnacional acudió al FMI, que pasó a ser su intermediario con los gobiernos, para asegurar el pago de los créditos y la provisión de nuevos préstamos siempre que se cumpliera con estrictos programas de ajuste especificados en las famosas «Cartas de intención».
En esencia, tales Cartas introdujeron el neoliberalismo en América Latina, en una era de «aperturismo» iniciada por el presidente norteamericano (republicano) Ronald Reagan (1981-1989), quien abandonó toda herencia del New Deal. La globalización neoliberal también triunfó por el derrumbe del bloque socialista.
Con el FMI, los países latinoamericanos fueron obligados a liberar mercados internos y externos, suprimir controles de precios de productos básicos, liberar tasas de interés y tipos de cambio, elevar precios de los servicios públicos, incrementar precios de los combustibles, suprimir subsidios, disminuir y hasta eliminar impuestos que estorben a las empresas, achicar el gasto público y equilibrar las cuentas fiscales, privatizar empresas estatales, balancear los distintos índices de la economía, flexibilizar las relaciones laborales.
El recetario fondomonetarista finalmente quedó expresado en el Consenso de Washington (WC, 1989), con un decálogo de medidas para solucionar las economías de los países latinoamericanos. La aplicación de ese recetario en América Latina fue la causante del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población, la concentración de la riqueza, la pérdida de derechos laborales, la ruina de las pensiones jubilares, el derrumbe de los servicios públicos, el auge de la corrupción privada y pública, la crisis institucional, el deterioro de la democracia y la crisis política persistente.
Durante las décadas finales del siglo XX y los inicios del XXI predominaron los programas neoliberales, fondomonetaristas, del WC. Fue un ciclo beneficioso para las transnacionales y para las burguesías de la región, pero grave para las sociedades latinoamericanas. Existen suficientes estudios que así lo demuestran.
Ese ciclo neoliberal fue cortado por el de los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda, que adoptaron otros modelos de desarrollo y de políticas económicas y sociales.
Entre 1983-2003 Ecuador firmó 16 Cartas de intención con el FMI. De modo que la democracia representativa ganada con el inicio de los gobiernos constitucionales en 1979 después de una década de dictaduras militares, fue frustrada por la debacle social y política ocasionada por el modelo empresarial inspirado en el neoliberalismo y fiel a las recetas del FMI.
Con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) Ecuador apartó al FMI de la injerencia económica. En contraste, el gobierno de Lenín Moreno, subordinado a los intereses de las elites empresariales del país, revive el interés por el FMI y sus ministros económicos anuncian la posibilidad de concluir un arreglo con esta institución.
Como se ve, no ha importado la historia económica pasada. Ni siquiera la nefasta experiencia actual del FMI en Argentina. Simplemente hay que cumplir con las consignas empresariales. Así es que Ecuador se prepara para el retorno del FMI.
Fuente: http://bit.ly/2U2URIt