A veces, el gran capital resulta inquietantemente eficaz a la hora de encubrir sus actos infames con cortinas de humo y espejos.
Y otras veces —en una demostración de poder descarnado y desenfrenado— no lo es.
Apenas seis días después del bombardeo de Caracas, el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, le dijo a Trump que se necesitaban «cambios significativos» en las leyes de Venezuela para garantizar la inversión.
El director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, se hizo eco de ello, exigiendo una «reestructuración completa» de la economía venezolana: «También debemos pensar incluso en reestructurar todo el sistema energético venezolano, incluida [la petrolera estatal] PDVSA».
Avancemos 20 días (¡sí!), y la más querida «presidenta interina» de Trump, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge —que preside la Asamblea Legislativa— pusieron sus zapatos de baile fabricados en EE.UU. y, obedientes, comenzaron a zapatear y a mover las caderas al ritmo de los ejecutivos petroleros, implementando retrocesos exprés en lo más básico del marco legal venezolano.
El mensaje a los posibles inversores estadounidenses fue muy claro: «Quienes piensen, basándose en las cifras y los análisis, que este es un buen momento y que Venezuela es un buen lugar para invertir, deben saber que cuentan con garantías, seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente», dijo Delcy a sus nuevos amigos gringos en marzo. «Desarrollarse», dijo.
La rapidez con la que los Rodríguez respondieron al llamamiento de los directores ejecutivos del sector energético estadounidense, unida al carácter radical y opaco de las medidas de desregulación, aprobadas por una Asamblea Nacional que no es más que una pantomima, llena de lacayos y sin ningún —sí, ningún— debate, que echan por tierra avances clave logrados bajo el mandato de Chávez, no deja lugar a dudas sobre quién lleva ahora las riendas en este país latinoamericano. Una cosa es que los ejecutivos petroleros estadounidenses dicten órdenes a un gobierno extranjero, pero que ese gobierno ejecute tus dictados en 20 días, ¡eso sí que es hacer alarde de poder!
Entonces, ¿cómo se ha desarrollado la pantomima legislativa de los Rodríguez «revocadores»?
Primer acto: el petróleo
Como en todo buen teatro, el primer acto fue contundente, audaz y llamativo.
La Ley de Hidrocarburos es posiblemente la ley más importante de Venezuela después de la Constitución, tras haber sido modificada por Chávez en 2001 y posteriormente en 2006-2007 para salvaguardar el control público sobre el subsuelo, la exploración, la extracción y la venta de los recursos petroleros, incluyendo el cobro de cuantiosas regalías e impuestos.
Los Rodríguez tardaron solo 26 días en desmontar todo eso.
Según el Secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, la modificación de la ley fue un «símbolo del deseo de impulsar la reforma y llevar al país por un camino positivo», lo que dio lugar a la concesión de valiosas licencias de la OFAC a empresas como BP, Chevron, Shell y Repsol para que regresaran a Venezuela.
Pero las bases revolucionarias venezolanas no están de acuerdo y lo describen como un «revés histórico en la defensa de la soberanía nacional», el «desmantelamiento del proyecto bolivariano» y el día en que Venezuela «dejó de ser dueña de su petróleo en cualquier sentido que importe».
La reforma abre aún más la puerta a que las empresas petroleras privadas inviertan y gestionen las actividades petroleras primarias (exploración, extracción, transporte, almacenamiento), deshaciendo el equilibrio 49/51 % entre lo privado y lo público impuesto por Chávez. Incluso permite que actores privados minoritarios asuman la «gestión integral» de un proyecto petrolero mixto por encima de los estatales mayoritarios.
Permite a las empresas privadas gestionar la comercialización directa y la venta de sus cuotas de petróleo de acuerdo con sus modelos de negocio e intereses a través de cuentas bancarias en el extranjero. Anteriormente, la venta de petróleo estaba reservada al Estado venezolano de acuerdo con los intereses nacionales.
Allana el camino para la resolución de conflictos en tribunales internacionales, socavando y potencialmente contradiciendo la soberanía y el predominio del código legal de Venezuela sobre sus propios recursos.
Elimina la regalía petrolera del 30% que se destinaba al Estado venezolano para financiar proyectos sociales. Esta ha sido sustituida por «hasta un 30 %» que fijará el Gobierno, lo que significa que las regalías podrían ser del 1 % para los mejores amiguitos.
También elimina los impuestos a la extracción y permite que el anterior impuesto sobre la renta del 50 % para las operaciones petroleras quede sujeto a la misma discrecionalidad opaca del Gobierno.
Aunque es cierto que la ley abre nuevos caminos a la hora de arrasar por completo la soberanía petrolera de Venezuela, cabe señalar que no es más que una intensificación de lo que inició el predecesor de Delcy.
Desde 2016, Maduro puso en marcha una apertura del sector petrolero, ofreciendo lucrativas exenciones fiscales, procesos de contratación opacos a puerta cerrada y, en algunos casos, incluso rompiendo el equilibrio del 49 %/51 % entre el sector privado y el público. Fue también Maduro quien propuso inicialmente reformar la Ley de Hidrocarburos.
Segundo acto: las minas
El segundo acto comienza con la visita a Caracas de unos bandidos vestidos de traje. Primero, Wright y un grupo de directores ejecutivos del sector energético el 11 de febrero; luego, el Secretario del Interior, Doug Burgum, y otro grupo de directores ejecutivos del sector energético el 4 de marzo. Ambos hablaron de minas con Delcy mientras los venezolanos gritaban «buuuuu».
Dos días después de la visita de Burgum, la OFAC ofreció otro incentivo, permitiendo a las empresas estadounidenses trabajar con la empresa minera estatal venezolana Minerven. Esto resultó ser suficiente para que Jorge Rodríguez presionara a la Asamblea Nacional para que aprobara sin más la reforma de la Ley de Minería apenas 48 horas después.
En palabras del diputado del PSUV Orlando Camacho, la reforma busca «atraer capital nacional y extranjero estableciendo garantías legales» para su dinero. ¿No es eso más o menos lo que Woods le pidió a Trump que hiciera en Venezuela en enero?
La reforma concede amplias concesiones de extracción de 30 años a empresas privadas con sede en el extranjero, lo que, en esencia, destruye el control estatal sobre el sector y revoca la nacionalización del oro llevada a cabo por Chávez en 2011.
En palabras del gigante jurídico estadounidense Holland & Knight, «los inversores extranjeros dispondrán [ahora] de un marco jurídico mucho más claro y seguro que les permitirá, entre otras cosas, desarrollar proyectos rentables».
La reforma también promueve la minería artesanal, peligrosa para el medio ambiente, que estaba regulada en la ley anterior; permite que las disputas se resuelvan en tribunales internacionales; y autoriza que las ventas de oro sean gestionadas por empresas privadas en lugar del Banco Central.
En materia de política fiscal, desregula las regalías y los impuestos, que ahora serán «de hasta un 6%». Es decir, podrían ser del 0% para los amiguitos.
Tercer acto: el trabajo
La reforma de la famosa y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012 de Venezuela está en marcha; al fin y al cabo, ninguna pantomima está completa sin que los héroes se enfrenten a un poco de sufrimiento.
Aún no sabemos qué dice, pero en una entrevista del 11 de mayo, el Ministro de Trabajo, Carlos Castillo, reveló que la reforma «busca un sistema que sea verdaderamente sostenible para el país, el sector empresarial y los trabajadores. No podemos seguir con la mentira, la mentira de la cobertura social».
También mencionó que la popular cláusula de «inmovilidad laboral», que impide que las mujeres embarazadas sean despedidas mientras están de baja por maternidad, por ejemplo, debería «revisarse» y sustituirse por el concepto de «estabilidad laboral».
Castillo también pidió que se «reestructurara» el sistema de pensiones. Sí, claro.
Según se informa, la federación empresarial Fedecámaras está presionando para que se reconozcan legalmente los contratos de cero horas, el teletrabajo y la desregulación contractual, mientras que hay fuertes rumores de que podría legalizarse la detestada «bonificiación» del Gobierno.
Los sindicatos, como era de esperar, no están contentos, lo que probablemente sea la razón por la que no se les ha concedido un papel en esta obra.
Cuarto acto: los impuestos
Nada dice «ven a jodernos» como reducir la carga fiscal del capital extranjero.
Al igual que con la LOTTT, el contenido real de esta reforma es un misterio, pero va.
Los sectores empresariales están presionando con fuerza para que se reduzcan los impuestos a las empresas, mientras que otros han sugerido que podría dar lugar a lagunas fiscales, amnistías y mayores desgravaciones fiscales para las empresas.
También podrían eliminarse los impuestos actuales sobre las grandes transacciones o el comercio en dólares.
Por su parte, Delcy ha pedido «un sistema más competitivo, un modelo tributario más eficiente, procedimientos más sencillos y que fortalezca la producción nacional», mencionando una vez más la «seguridad jurídica» y la «estabilidad macroeconómica». Interpreten eso como quieran.
Quinto acto: la electricidad
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 2 de junio una reforma electoral que «introducirá» concesiones de 25 años a empresas privadas para la generación, el transporte y la venta de electricidad, 15 años después de que Chávez las nacionalizara.
Delcy ha hecho un llamamiento público a las empresas estadounidenses Siemens y General Electric para que «resuelvan» los devastadores cortes de electricidad que afectan al oeste del país.
Salida a escena
Esta pantomima de retrocesos legislativos ha recibido críticas mordaces y ninguna risa por parte de la clase trabajadora venezolana, que está empezando a comprender —y a resistirse— al tutelaje de Estados Unidos.
Como escribí en la última columna de Venezuela Flex: «Delcy pretende continuar con la política de 2018 de su predecesor, que busca convertir a Venezuela en un paraíso de inversión para el capital extranjero con la mano de obra quizá más barata del mundo, todo ello a costa de una fuerza laboral agotada y exasperada».
Sin embargo, nadie podría haber predicho el ritmo de los retrocesos que pillaron a las masas dormidas. Lo hecho, hecho está (hasta que lo deshaga una revolución), y lo que está por venir (especialmente la reforma de la LOTTT) esperemos que desencadene una lucha.
Mientras tanto, los ejecutivos petroleros estadounidenses disfrutan del espectáculo, bebiendo champán y calculando sus márgenes de ganancia desde la distancia, en medio de su alarde de poder machista al ver a Delcy saltar y bailar al paso de su agenda legislativa.
Eva García es columnista habitual de Marxism-Leninism Today, escribe desde Venezuela y ofrece una contranarrativa clasista frente a los medios de comunicación masivos. Se puede contactar en evagarciaperiodista [@] gmail.com. Sus columnas pueden reproducirse libremente (con la debida referencia a la publicación original en MLT) sin permiso previo.
Fuente original: https://mltoday.com/the-venezuela-flex-gnarly-legislative-rollbacks/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.