El gobierno aprovechándose de la conmemoración histórica y popular, pretende «revolucionariamente» acomodarse para sí el 15 de noviembre de 1922 con dos argumentos: Primero, rendir un homenaje por la represión contra de la clase obrera guayaquileña, y segundo, celebrar un año de su conformación como movimiento político, desempolvaron su melancólica declaración de principios intitulada «Nuestro […]
El gobierno aprovechándose de la conmemoración histórica y popular, pretende «revolucionariamente» acomodarse para sí el 15 de noviembre de 1922 con dos argumentos: Primero, rendir un homenaje por la represión contra de la clase obrera guayaquileña, y segundo, celebrar un año de su conformación como movimiento político, desempolvaron su melancólica declaración de principios intitulada «Nuestro Juramento», en donde la crítica y la autocrítica no está permitida, solo admite genuflexiones y lealtad , no para Alianza País sino al jefe, inaugurando de manera radical la revolución de la obediencia.
Continúan su falsa revolución ciudadana, sustentada en el extractivismo minero, la judicialización de la protesta social, el incremento tributario aplicando el numeral 5 del Consenso de Washington que hace referencia a la aplicación escalonada -es decir bajo reformas- del pago de impuestos, el casi obligatorio alineamiento de los medios de comunicación privados a su proyecto político a través de la imposición de una ley de comunicación, con la finalidad de exterminar todo tipo de crítica al gobierno que dice ser «democrático»; el asalto político-ideológico a los ecuatorianos a través de las cadenas radiales y televisadas de los sábados, para «desmentir» las denuncias o acusaciones que le hace la oposición mediocre, a éste gobierno único y sabio, dueño de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, del pleno empleo y del buen vivir, de los que están en el gobierno.
Antes de comenzar el 2012, año electoral, recicla nuevamente sus insustituibles, dóciles, únicas y todólogas figuras políticas, preocupados por la buena marcha del Estado hacia el socialismo del siglo XXI, deciden como todo gobierno de derecha poner en el desempleo a casi 3.000 servidores públicos bajo la figura inconstitucional de la «venta de renuncia obligatoria». Haciéndose los ciegos y sordos de la denuncia realizada por el Presidente de los Servidores Públicos Miguel García, del ingreso de más de 92.000 personas al servicio público bajo contrato, favoreciéndoles a jóvenes altivos y soberanos, porque en el Ecuador se ha convertido casi en delito ser adulto mayor, tratándoles de manera irrespetuosa a los ecuatorianos que han dejado, su esfuerzo, su vida por el país, para como vulgar mercancía descartable ponerlos en la calle, a quienes han cumplido más de 60 0 70 años de edad.
Este gobierno, con su fraseología de «izquierda» ha retomado prácticas neoliberales como el terror y el miedo, empleando fuerzas represivas como el GOE y el GIR acompañados de un empleado del Ministerio de Relaciones Laborales, entregan documentación notificando la compra de renuncia obligatoria, con la finalidad de despedir masivamente a empleados y trabajadores estatales; quienes se nieguen a firmar o recibir el documento son amenazados con armas de dotación del Estado, o esposados para sacarlos por la fuerza de sus oficinas. En donde quedó el discurso del Presidente de la República que decía: «que las armas jamás iban a ser utilizadas en contra del pueblo».
La transitoria de la Ley Orgánica de Servicio Público enviada desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional decía: «En razón de la racionalización del sector público, las instituciones podrán establecer procesos de compra de RENUNCIA OBLIGATORIA de las y los servidores públicos de carrera, previo el pago de una indemnización, por una sola vez, de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio y hasta un monto máximo de ciento setenta y cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general en total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. Este proceso no superará los dieciocho meses contados a partir de la promulgación de esta ley». Pese a la llamada amenazadora sobre la posible aplicación de la famosa muerte cruzada, en un instante de lucidez, dignidad e independencia rechazaron la disposición transitoria.
Ley que no fue aprobada por la oposición de la Federación de Servidores Públicos, que la preside el doctor Miguel García, el Ejecutivo insiste nuevamente e intenta con el decreto 813, que reforma el reglamento a la Ley de Servicio Público, en lo concerniente a la «compra» de renuncias obligatorias: «Artículo 8.- A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado dice: «Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra K) del Artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de los mismos».
La ley Orgánica de Servicio Público -LOSEP- artículo 47, literal K) dice: «Compra de renuncias con indemnización», no tiene carácter obligatorio, deja a voluntad del funcionario público, en caso de aplicarla constituye un despido intempestivo, y atenta contra la estabilidad de los empleados. Paradójicamente existen cerca de 20.000 empleados públicos que quieren jubilarse voluntariamente y otros 5.000 que tiene más de 70 años de edad, pero no existe presupuesto, el Estado no tiene plata, pues necesitan 880 millones de dólares para las anheladas jubilaciones.
Decreto inconstitucional porque el Artículo 33, de la Constitución Política del Estado dice: «El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado».
El Artículo 325.- «El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores».
Artículo 326, numeral 1.- dice «El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. En el numeral 2 consta que los «derechos laborales son irrenunciables e intangible. Será nula toda estipulación en contrario».
La Asambleísta Nivea Vélez, les recordaba que el pleno de la Asamblea había expuesto «su preocupación por la reacción de las FF.AA. si se incumplía el acuerdo con la cúpula militar. ‘Insistí en el tema con los coordinadores de PAIS, pero alguien dijo que en la presidencia había malestar y que si no nos allanábamos podía decretarse la muerte cruzada…Eso incidió en muchos’ «. De haber actuado con prudencia e independencia de Carondelet el país no hubiera atravesado aquella lamentable y difícil situación el 30 de septiembre del 2010.
El Ejecutivo y la Asamblea Nacional son los responsables de aquellos sucesos, porque el Presidente de la República veta el proyecto enviado desde la Asamblea Nacional, asume el problema en calidad de Comandante en Jefe, su intemperancia hace que acuda al desafío y en vez de explicar la ley, insulta en su casa a los uniformados, como quién les dice yo tomo las decisiones, la ley va porque va, lanzó por la borda los acuerdos parlamentarios realizados tiempo atrás, por eso se aprobó la Ley Orgánica de Servicio Público -LOSP- en segundo debate, con el apoyo de 108 Asambleístas; pero, al ser enviado al Ejecutivo para su aprobación o veto, el mencionado cuerpo jurídico fue devuelto con 81 observaciones en un legajo de 90 páginas, con «aportes» realizados por el Abogado Alexis Mera Giller, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
Antes de aprobar dicha ley, la bancada oficialista «se reunió con el presidente Rafael Correa en Carondelet para analizar los vetos del Ejecutivo a tres leyes importantes entre ellas la LOSEP. Esta última se trató a breves rasgos por falta de tiempo y solo se discutió la compra de renuncias obligatorias, la extensión de la jornada laboral a los salubristas, el pago de jubilaciones con bonos y el sometimiento de todo el sector público al Ministerio de Relaciones laborales. La eliminación de los incentivos económicos que se entregaban como parte de los ascensos y condecoraciones en las F.F.A.A y la Policía quedó fuera del debate…el bloque se reunió para definir una postura frente a la objeción presidencial; pero apenas 12 de los 57 asambleístas asistieron…tomaron la decisión de ratificarse en determinados artículos, entre ellos el que mantenía los incentivos económicos para la fuerza pública…María Augusta Calle y Fernando Bustamante explicaron la importancia de sostener el acuerdo de la Comisión con las Fuerzas Armadas. Siempre nos hablaron del malestar que se generaría entre los militares, pero nunca de la Policía».
Una vez aceptado el veto presidencial a la ley de Servicio Público, en lugar de buscar 83 votos, hacer mayoría y aprobar el proyecto inicial logrado a base del consenso en la Asamblea, lo cual habría permitido ver una pizca de independencia entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional; pero no, se sometieron una vez más a lo ordenado desde el Ejecutivo, a quién no le pueden contradecir, ni verle a los ojos, porque la amenaza de la muerte cruzada los tiene traumados.
La amenaza del cierre de la Asamblea Nacional por orden del Presidente de la República y la convocatoria a nuevas elecciones no les deja dormir, más les interesa mantener sus cómodos sueldos, su tráfico de influencias, cuotas de poder político, antes que buscar independencia política del Ejecutivo, cumplir con su rol independiente de legislar y fiscalizar, aspecto ultimo que ha sido descartado totalmente con el infantil argumento de no hacerle juego a la derecha, de no darles tribuna para que los «enemigos de la revolución» se luzcan y ganen protagonismo.
Este gobierno que todo lo sabe, todo lo soluciona, todo lo compra, que todo lo calcula, que a todos amenaza y judicializa, con el argumento de ahorrar 40 millones de dólares que se gastaban en medallas, incentivos por ascensos de grado, juguetes en los aparatos represivos del Estado, emite aquella absurda ley. Contradictorio a su «política de ahorro y eficiencia económica», gasta 70 millones de dólares anuales en publicidad, despide a quienes están por jubilarse y personal especializado en área de salud y otras dependencias del Estado, perjudicándoles económicamente ya que no podrán acceder a la jubilación y una pensión digna por parte del IEESS, porque solamente recibirán la liquidación que les entregara el Estado. El ilustrado gobierno solo recortando el 50 % del gasto en publicidad habría evitado los sucesos del 30 de septiembre, que llevó luto, dolor y lágrimas a familias ecuatorianas.
La ministra Doris Solís Carrión, sin demostrarlo, ha expresado públicamente que los despedidos «han sido quienes han cometido actos de corrupción», de existir aquello, el Estado es cómplice de dichos actos al pagar o indemnizarlos, ya que están reconociendo un delito, pese a ello los premian en lugar de enviarlos a la cárcel o iniciarles un sumario administrativo cumpliendo el debido proceso para sancionarlos.
Sin argumento legal alguno, desde las dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales, han enviado a un funcionario de dicha dependencia acompañados por elementos del GIR del GOE para que hagan la entrega de dichos anuncios, de manera «culta como solo ellos saben hacerlo», con pistola en mano o esposándoles los han sacado de sus puestos de trabajo. El ilustrado gobierno, ha puesto a funcionar al departamento de inteligencia de la Policía Nacional para que «identifique a los corruptos, déspotas y ociosos funcionarios que reciben coimas, llegan tarde o tratan descortésmente al usuario»; lamentablemente el Ejecutivo no hace público quienes han recibido dinero, ni tampoco la Policía entrega el informe con los nombres de los billeteados.
Recordemos que el 15 de noviembre de 1922, es el bautizo con bala y represión de la clase obrera ecuatoriana, es la siembra del miedo y del terror, muestra en el inicio del siglo XX, de lo que es capaz la burguesía, para impedir que los trabajadores de la ciudad y el campo reivindiquen sus derechos, liberad, principios, salarios justos y dignidad. El ex Presidente del Ecuador José Luis Tamayo, representante incondicional de la burguesía dispuso que la Policía, haga lo que mejor sabe hacerlo hasta la fecha: reprimir y torturar, lo cumplió a cabalidad, miles de muertos y heridos quedaron en las calles y plazas de Guayaquil, otros fueron lanzados al Río Guayas para esconder o hacer desaparecer el delito, pero la historia no perdona, ni permite que oculten la verdad.
Ante la represión feroz, la burguesía capitalista para justificar sus excesos, calificó como «comunistas», vagos, saqueadores y delincuentes a la clase obrera, que con su sangre derramada, con apoyo de gobernantes progresistas y la creación de los partidos Socialista y Comunista, se inicia el sindicalismo en el Ecuador, sus luchas por las 8 horas de jornada laboral, se dictaron leyes que incluyan salarios mínimos, jornadas laborales y contratos de trabajo, se promulgó el primer Código de Trabajo, se creó la Caja de Pensiones, el Ministerio de Bienestar Social, entre otras reivindicaciones.
Luchas que no terminaron ahí, sino que continuaron haciendo respetar sus derechos y reivindicaciones, enfrentado a dictaduras, gobiernos reaccionarios y, a los llamados progresistas serviles de la burguesía local y transnacional, que ha toda costa intentaron e intentan aniquilarlos vía: represión, amedrentamiento, soborno, encarcelamiento, desprestigio de sus dirigentes, masacrando trabajadores, clausurando organizaciones y centrales sindicales, emitiendo leyes represivas que permitan mejorar las condiciones de explotación a los trabajadores y empleados públicos, quienes se niegan a aceptarlas terminan siendo judicializados bajo la acusación de terrorismo.
No les importó en lo más mínimo que la Constitución Política de 1998 se neoliberal, copiaron el artículo 35, numeral 10, los socialistas del siglo XXI en alianza incondicional con los representantes de la burguesía, por convenir y proteger sus intereses, dicho artículo lo copiaron completito y hasta lo mejoraron, en la Constitución del 2008, el artículo 326, numeral 15, «prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones». Sellaron por completo la movilización y protesta reivindicativa de los trabajadores y empleados, lo que ni gobiernos dictatoriales pudieron hacerlo, lo lograron los denominados socialistas del siglo XXI, demostrando una vez más que es una revolución de derecha, porque protege los intereses de la burguesía.
Los revolucionarios chimbos, que no saben que «…El socialismo es una convicción profunda y no una tapadera cómoda para ocultar tendencias conciliadoras pequeñoburguesas…» a pretexto de colaborar con la mal llamada «revolución ciudadana» han hipotecado al gobierno partidos y movimientos políticos históricos. Dirigentes sindicales y de los partidos políticos de izquierda tienen que responder por su entreguismo vulgar y sin principios; recuerden compatriotas quienes enlazados por los brazos desfilaron con el Presidente de la República el primero de mayo, en la última consulta popular la apoyaron públicamente a nombre del cambio institucional del Ecuador más no por el cambio de estructuras, y para continuar en el colaboracionismo entreguista, le dan gusto al Presidente de la República y conforman la -Cntspe- Confederación de Trabajadores del Sector Público adscrita al gobierno, con la presencia del Ministro de Relaciones Laborales y como «testigo de honor» el Presidente Rafael Correa Delgado.
Petición que no es de ahora, en su libro ya plantea la necesidad de crear organizaciones sociales afines al proyecto político: «Ante la ausencia de sociedades motivadas y cohesionadas, instituciones formales y sólidas y la necesidad de crear valores y actitudes que aceleren el progreso, el rol de adecuados liderazgos es fundamental. Liderazgo es sencillamente la capacidad de influir sobre los demás, pudiendo utilizarse para servir a los demás, o servirse de los demás, lo que, lamentablemente, es lo que ha sido frecuente en América Latina cuando han existido liderazgos fuertes. Buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, institucional y cultural, y su importancia disminuirá en la medida en que precisamente esos liderazgos ayuden a consolidar estos capitales. Lamentablemente, dentro de todas las crisis que sufrió América Latina durante la larga y triste noche neoliberal, probablemente la mayor de ellas fue la crisis de líderes».
Lo expuesto en el libro «Ecuador: de banana repúblic a la no república» ha sido cumplido al pie de la letra por funcionarios de gobierno adscritos al ministerio coordinador de la política, buscó contactos políticos mediante invitaciones a dirigentes y ex dirigentes sindicales, campesinos, barriales, para hablarles, convencerles de las virtudes de la «revolución ciudadana», que se integren y colaboren en ella, bien sea apoyando con las ya existentes o formando organizaciones afines, con la finalidad de otorgarle al gobierno una apariencia de izquierda a través del apoyo de los trabajadores de la ciudad y el campo.
Los «invitados» a la mesa del poder político, no pudieron resistir la tentación de la oferta y acudieron, no por estar convencidos del proceso político sino porque les ofrecían el Buen Vivir desde el Estado, dirigentes de «izquierda» canjearon los principios, la ideología y la militancia por dinero, los viajes, la etiqueta y el frac, por acomodo, por tráfico de influencias y poder político, estos que decían luchar por el cambio del sistema, de pronto -por unos dólares más- se convirtieron en defensores del capitalismo y sumisos con los dueños momentáneos del poder político.
Dirigentes políticos y laborales que antes habían convocado a sendos paros y huelgas nacionales, a través del Frente Unitario de los Trabajadores -FUT- hoy de manera vergonzosa han claudicado, prefiriendo las mieles del poder a costa de la persecución, judicialización a trabajadores y empleados del sector público y dirigentes campesinos y antimineros. Nadie es imprescindible en la lucha, pero la traición es repudiable, por ello rechazamos a los colaboracionistas:
Fausto Dután militante y dirigente nacional del Partido Socialista-Frente Amplio, ex dirigente del FUT, de la CEDOC-CUT, Dirección del Seguro Social Campesino; Rafael Quintero López, Presidente Nacional del Partido Socialista-Frente Amplio, es Subsecretario de Relaciones Exteriores para África, Austria y Oceanía; al ex dirigente de los trabajadores eléctricos del Ecuador, ex vicepresidente del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) y ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, Edgar Ponce Iturriaga, como «buen comunista» le mandaron a la Habana, Cuba, en calidad de embajador; al ex ministro de Energía y Recursos no Renovables y también ex dirigente de los trabajadores eléctricos, Ingeniero Miguel Calahorrano Camino lo designaron embajador del Ecuador en los Países Bajos.
Ricardo Ullcuango Farinango, ex parlamentario por Pachacutik, dirigente indígena de la parroquia Cangahua en la ciudad de Cayambe y de la CONAIE, le nombraron embajador en Bolivia. Xavier Garaicoa Ortíz, ex Secretario General del Partido Comunista del Ecuador, fue nombrado Procurador General del Estado, renunció al ser acusado de peculado por haber entregado «Bonos Espirituales» de hasta 10.000 dólares a los empleados de la Procuraduría General del Estado, el monto asciende a 7’600.000 dólares, en el 2008 fue sobreseído definitivamente por la Primera sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
Gustavo Iturralde, ex Secretario General del Partido Comunista del Ecuador, fue asesor de Lucio Gutiérrez desde el 2003 hasta el 2005, en el actual gobierno de la «revolución ciudadana» fue nombrado sin concurso como Director de La Unidad de Análisis Financiero -UAF- el 11 de enero del 2011, durante la reunión del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos -CONCLA-.
Eduardo Ruilova Quezada es Responsable Político del Comité Socialista Manuel Agustín Aguirre. Cuenca-Ecuador