Los XV Juegos Panamericanos dejarán al estado de Río de Janeiro en mejores condiciones para combatir la violencia urbana en el futuro, según el secretario nacional de Seguridad Pública de Brasil, Luiz Fernando Correa.
En rueda de prensa con corresponsales de la prensa extranjera, Correa desacreditó este miércoles las evaluaciones críticas de organizaciones sociales sobre el legado de este acontecimiento deportivo.
La ciudad recibirá del 13 al 29 de julio a delegaciones de 42 países que sumarán unos 5.500 atletas, además de numerosos turistas extranjeros.
La operación de seguridad movilizará 18.000 agentes, 1.768 vehículos terrestres, 30 helicópteros y planeadores con motor y 120 perros, anunció Correa.
Ya se instaló un sistema de comunicación, control e inteligencia, con 18.000 radios digitales, más de 1.000 cámaras de vigilancia y centros de comando con numerosas computadoras. Gran parte de este equipamiento quedará como legado para la ciudad que afronta elevados índices de violencia y asesinatos.
La Secretaria Nacional de Seguridad Pública (Senasp), órgano del Ministerio de Justicia, destinó 295 millones de dólares a acciones que no se limitan a garantizar la tranquilidad durante los juegos, sino también a construir una nueva política en la materia en el estado de Río de Janeiro, destacó Correa.
No se trata, esta vez, de una operación intervencionista como las anteriores, en las cuales miles de soldados y policías federales ocupaban las calles de la ciudad, generando «sensación de seguridad» durante un gran acontecimiento internacional, pero luego volviendo a la situación anterior, señaló.
La intervención representaba la «negación» de la policía local, subordinándola a un comando venido de afuera y que, al salir, dejaba «un vacío» y fuerzas de seguridad aun más desacreditadas.
Ahora se cumple un programa conjunto, preparado desde enero, en que los 6.000 efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad, movilizada por la Senasp, «complementan» las fuerzas policiales locales, «que son las protagonistas».
Se creará, así, una integración de hecho y se capacitará a la policía local para un nuevo modelo de seguridad permanente, explicó Correa.
Los Juegos Panamericanos crean una oportunidad única para poner en práctica y consolidar la nueva estrategia, que comprende cambios en la actuación, la integración de información e inteligencia, la cooperación entre distintas fuerzas policiales, una mejor tecnología y programas de «seguridad ciudadana» que incluye acciones sociales en comunidades muy pobres, acotó.
El objetivo, según Correa, es «crear una masa crítica» de policías con mentalidad renovada.
La nueva política incluye «un proyecto pedagógico», por el cual se forma a policías en estrecha cooperación con las universidades y se supera el «estigma creado por la dictadura militar» (1964-1985), que alejó a las policías brasileñas «del conocimiento científico durante dos décadas».
La Fuerza Nacional de Seguridad, creada por la Senasp para actuar en cualquier parte del país si así es requerido por los gobiernos estaduales, «no es un nuevo cuerpo policial», sino que se constituye por efectivos aportados por las Policías militares y civiles de los 27 estados brasileños.
Todos se capacitan en ese proceso y vuelven a sus estados para diseminar la nueva doctrina, aseguró.
En Brasil la seguridad pública es función de los gobiernos estaduales, principalmente. El gobierno central dispone de la Policía Federal, que reprime delitos que sobrepasan fronteras, como el contrabando, la corrupción y el tráfico de drogas y de armas.
El gobernador del estado de de Río de Janeiro, Sergio Cabral Filho, pidió ayuda de la Fuerza Nacional y de las Fuerzas Armadas desde que asumió el cargo, el 1 de enero pasado, ante el recrudecimiento de la violencia, especialmente la ejercida por narcotraficantes.
La actuación de la Fuerza Nacional en Río de Janeiro, iniciada en enero, se acentuó en las últimas semanas y ganó luego dramaticidad en operaciones contra el narcotráfico en las «favelas» (barrios pobres hacinados) del complejo Alemán, en la zona norte de la ciudad.
La muerte de 19 personas la semana pasada disparó críticas sobre «excesos» policiales, pues se reprimió a pobladores sin antecedentes criminales y aparecieron muertos al parecer ejecutados de tiros en la nuca.
Éste es «el costo doloroso de la omisión acumulada históricamente», en que la ausencia de una política seria de seguridad dejó caer barrios enteros en manos del crimen organizado, dijo Correa.
Ahora se intenta corregir eso, «pacificando el terreno para luego promover acciones sociales» y no permitir que el narcotráfico vuelva a dominar las favelas, concluyó. Ese combate es permanente, sin relación con los Juegos Panamericanos.
Pero las experiencias pasadas de Río de Janeiro no estimulan la esperanza de mejorar la seguridad pública y otras áreas, como saneamiento, vivienda, transporte y urbanismo, evaluó Bruno Lopes, coordinador del Comité Social del Pan, constituido por 15 organizaciones.
«Se perdió una buena oportunidad» de promover mejoras aprovechando los Juegos, opinó Lopes también economista del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS).
«El saldo es negativo», pues entre 400 y 500 familias fueron desalojadas de sus casas para dar lugar a obras de infraestructura para los Juegos, con indemnizaciones insuficientes para adquirir nuevas viviendas, y otros cientos se sienten amenazados con sufrir el mismo destino, advirtió.
La Villa del Pan, que cuenta con 1.480 departamentos para albergar a los atletas, «tampoco mitigará el déficit habitacional» de la ciudad, pues son muy caros y solo personas ricas o de clase media podrían adquirirlos, según Lopes.
Una nueva línea del tren metropolitano, avances en la descontaminación de la bahía de Guanabara y otras obras de impacto social «no salieron del papel». Además quedan dudas financieras, ya que las inversiones necesarias, inicialmente estimadas en 420 millones de dólares, se multiplicaron por cinco, concluyó Lopes.