La OEA (Organización de Estados Americanos), en nombre de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en carta al gobierno brasileño a comienzos de abril, solicita la suspensión inmediata de la concesión de un complejo hidroeléctrico en Belo Monte, en el Pará, pues dicha obra presenta serios riesgos para los pueblos indígenas que habitan en […]
La OEA (Organización de Estados Americanos), en nombre de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en carta al gobierno brasileño a comienzos de abril, solicita la suspensión inmediata de la concesión de un complejo hidroeléctrico en Belo Monte, en el Pará, pues dicha obra presenta serios riesgos para los pueblos indígenas que habitan en la región del río Xingu.
Al gobierno de Dilma no le gustó el tirón de orejas. Y ordenó al palacio de Itamaraty escribir una nota «a la altura», manifestando su perplejidad. El ministro Patriota, de Relaciones Exteriores, calificó de «precipitadas e injustificables» las recomendaciones de la CIDH.
Según la OEA las comunidades indígenas de la región no fueron oídas con respecto a la obra; una vez más los caras-pálidas creen saber lo que es bueno para los pieles rojas… Esa arrogante convicción ya ha provocado el genocidio de millones de indios a lo largo de cinco siglos en América Latina. En nombre del progreso se sacrifica a nuestros pueblos originarios.
La OEA defiende el derecho de los indígenas del Xingu a tener acceso al Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto de Belo Monte. Y exige que sean tomadas medidas «vigorosas e inclusivas» para proteger la vida y los derechos de las naciones indígenas.
Al comenzar la construcción del complejo millares de personas en busca de trabajo se dirigirán a esa región, con el peligro de que lleven consigo epidemias, alcoholismo y prostitución a los indios, además de los desequilibrios ambientales que la hidroeléctrica puede causar.
El gobierno brasileño acaba de firmar en Ginebra una resolución de la ONU para investigar la violación de los derechos humanos en Irán. Pero se siente incómodo cuando la OEA decide hacer lo mismo en el Brasil. Dos pesos, dos medidas. ¿Y si el gobierno de Dilma decide ignorar la petición de la OEA? Pues corre el peligro de ser juzgado por la CIDH y en última instancia puede ser expulsado de la OEA. Aunque esto no suceda, la imagen de nuestro país quedaría perjudicada en el escenario internacional. Sobre todo en el momento en que el gobierno de Dilma marca diferencias con el gobierno de Lula y enfatiza que, en política externa, los derechos humanos tendrán prioridad y no los intereses económicos. (¿Esto incluye a la China?). ¿Qué es lo «injustificable y precipitado»: la advertencia de la OEA o la construcción de la hidroeléctrica en Belo Monte? ¿Por qué esa resistencia a consultar a los pueblos indígenas del Xingu? ¿Por qué el Ministerio Público del Pará entró en la Justicia con diez acciones contra Belo Monte?
Progreso no es hacer obras en detrimento de comunidades y ecosistemas. Hay que cambiar el paradigma del lucro en favor de la calidad de vida de la población. Si eso no ocurre, nuestras ciudades continuarán siendo amontonamientos de autos -pues la industria automotora paga grandes tributos al gobierno- sin que se le ofrezca a la población un transporte colectivo de calidad, como el metro.
Fuente original: http://alainet.org