Un rumor desestabilizador recorre las calles de Brasil. La derecha conservadora volvió a mostrar los dientes con una fuerte movilización el 16 de agosto, que tuvo como eje la denuncia de la corrupción en el gobierno de Dilma Rousseff, y el desconocimiento de la voluntad electoral manifestada en el respaldo que ella tuvo en segunda […]
Un rumor desestabilizador recorre las calles de Brasil. La derecha conservadora volvió a mostrar los dientes con una fuerte movilización el 16 de agosto, que tuvo como eje la denuncia de la corrupción en el gobierno de Dilma Rousseff, y el desconocimiento de la voluntad electoral manifestada en el respaldo que ella tuvo en segunda vuelta. Una parte de esa derecha intentó -finalmente sin resultados- promover un impeachment (acusación política con fines destitutorios) a la presidenta Dilma Rousseff, en el modelo del golpe institucional ensayado en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo. El impeachment, apoyado por el senador Aécio Neves (PSDB), agregó un factor institucional a la ya existente crisis. Sin embargo, sectores de la misma derecha desistieron de este camino, reforzando los movimientos tendientes a ejercer presión para apuntar al cambio de programa político de Dilma, lo que viene logrando crecientemente.
Los movimientos populares respondieron el 20 de agosto. Centenares de miles de personas manifestaron su voluntad de defender la democracia y el voto popular, pero exigiendo al gobierno de Dilma Rousseff una salida hacia la Izquierda frente a la crisis. La convocatoria de los movimientos populares se centró en la denuncia del viraje en el programa de gobierno que significan las actuales políticas de austeridad y ajuste y en rechazar las concesiones que Dilma está realizando ante las presiones de la derecha.
En la concentración se exigió, entre otras medidas, establecer impuestos a las grandes fortunas, auditoría de la deuda pública, control de las grandes ganancias y remesas. La consigna de la marcha fue: «¡Tomar las calles por derechos, libertad y democracia! ¡Contra la derecha y el ajuste fiscal! ¡Que los ricos paguen la crisis!». Se decía en el llamamiento a la misma: «En lugar de atacar derechos de los trabajadores, cortar inversiones sociales, aumentar los intereses, defendemos que el gobierno ajuste las cuentas de los más ricos(…) Estamos en contra del aumento de las tarifas de energía, agua y otros servicios básicos, que incrementan el costo de vida de los trabajadores».
UNA CRISIS POLITICA
La educadora del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Djacira Araújo, dice al respecto: «Es una coyuntura compleja, de crisis política. En cierto modo, esta reacción y estas movilizaciones no se iniciaron ahora. Hay una fuerza conservadora que intenta no reconocer el resultado de las elecciones y la voluntad del pueblo brasileño de elegir a Dilma en segunda vuelta. Creemos sin embargo que hay muchas cuestiones que es preciso que Dilma revise, que dé un giro a la Izquierda, que retome las demandas que están siendo levantadas por los movimientos populares, y para eso ella precisa ampliar su fuerza en el Congreso, que es bastante conservador, hacer algunos cambios en los Ministerios. Ella precisa tener la audacia de ver al pueblo como su aliado, y buscar esa reestructuración que pueda atender a las demandas sociales».
Analizando quién promueve el descontento y la convocatoria de la derecha, Djacira Araújo afirma: «Los grupos descontentos son aquellos derrotados en la elección, grupos de derecha que también están divididos. Algunos creen que la crisis no los beneficia. Pero hay sectores muy reaccionarios que vienen trabajando la perspectiva de un ‘golpe blando’, de desmovilizar totalmente al gobierno de la presidenta Dilma. La comprensión de los movimientos sociales, en cambio, es que es necesario que los trabajadores, que las organizaciones sociales, no se aparten de las demandas sociales, buscando un viraje a la Izquierda del gobierno, para hacer los cambios que le den sustento. Porque el bloque de poder que está constituido dentro del gobierno es cada vez más antidemocrático. Aprueban medidas antipopulares, a pesar de las fuertes movilizaciones sociales. Hay mucho descontento con la política económica, con la representación en el Senado. Los movimientos sociales en Brasil están decididos a defender la democracia, pero la presidenta Dilma necesita oír al pueblo».
Hay un sector de la derecha que apunta a presionar con estas acciones desestabilizadoras para empujar al gobierno cada vez más hacia la derecha; y hay sectores parte de esa derecha que son abiertamente fascistas. Caracterizando estas diferentes estrategias de la derecha, continúa Djacira: «Evaluamos que hay varios sectores ultraconservadores, ultrarreaccionarios, inclusive con propuestas anticonstitucionales y actitudes que deben ser consideradas criminales, con prácticas nazifascistas que no podemos aceptar en una sociedad democrática que hizo una opción por un proceso electoral legítimo. La presidenta Dilma tuvo un amplio apoyo de los sectores más pobres de la sociedad brasileña, porque los programas, aun siendo compensatorios, resolvieron necesidades vitales que nunca antes estuvieron atendidas. La derecha reacciona frente a los programas médicos, de alimentación, de vivienda, que favorecen a la población más pobre. No es sólo un ataque al gobierno de Dilma. Es una ofensiva de cuño fascista de criminalización de la pobreza, de los movimientos sociales, de las luchas sociales. Es un ataque a la sociedad que busca alternativas para la sociedad brasileña».
PARLAMENTO: FOCO REACCIONARIO
Las organizaciones populares denuncian el papel nefasto que está jugando la Cámara de Diputados, encabezada por Eduardo Cunha, a quien acusan de haber transformado al Parlamento en una «casa de la intolerancia y de la quita de derechos». En la pauta de la derecha, que se viene implementando desde el Congreso, figura la tercerización laboral, la precarización del trabajo, la reducción de la edad de imputabilidad penal, la ley antiterrorista, la contrarreforma política (con medidas como el financiamiento empresarial de las campañas electorales, etc.).
Dice Djacira Araújo: «El Congreso está empujando medidas antisociales, de Estado represor. Se fortalece un Estado represor y se minimizan las políticas sociales. Se están aprobando leyes para encarcelar a los adolescentes, bajando la edad de imputabilidad. No se abre un debate sobre la situación social, no se discute por qué la sociedad marginaliza a los adolescentes. Los adolescentes viven en conflicto con la sociedad que los desprecia, que no los incorpora. Es preciso pensar en eso. Es necesario para eso mantener la movilización del pueblo».
Los movimientos populares reclaman también una Petrobras 100% estatal. Esta demanda se realiza frente a una fuerte ofensiva mediática que busca utilizar los elementos de corrupción existentes en la gestión de la petrolera como excusa para su privatización. El periodista Beto Almeida afirma que «para solucionar eventuales conflictos e irregularidades, no es necesario privatizar. Al contrario, se debe aumentar la transparencia y fiscalización del control estatal. El PT debe transmitir un mensaje claro a la sociedad brasileña. Quienes están interesados en la privatización, y la promueven activamente, son los medios de comunicación vinculados a las empresas transnacionales». Tras la propuesta de privatización, denuncia Almeida, están los intereses petroleros norteamericanos.
MOVILIZACION POPULAR
En este contexto de ataques de la derecha, las organizaciones se movilizaron masivamente en las calles para defender la democracia y las reformas necesarias para Brasil: reforma tributaria, urbana, agraria, educacional. Plantean como ejes fundamentales la democratización de las comunicaciones y la reforma democrática del sistema político, para acabar con la corrupción y ampliar la participación popular.
Surge la pregunta sin embargo, a doce años de gobierno ininterrumpido del Partido de los Trabajadores: ¿Cuáles son los elementos que han favorecido esta desestabilización?
El líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro Stédile, afirma: «Estamos viviendo un periodo que conjuga tres crisis: una económica, que afecta a la economía brasileña que no crece hace ya dos años -y se prevé que tampoco lo haga en los próximos dos años- con un fuerte proceso de desindustrialización, que incide en el aumento del desempleo y la disminución del salario; una crisis social, debido a que el gobierno no resolvió ninguno de los problemas que motivaron las manifestaciones masivas de jóvenes en junio de 2013 (falta de vivienda en las ciudades, dificultades con el transporte, acceso a la universidad, etc.) y una crisis política». A esta la considera motivada por «el secuestro de la democracia brasileña hecho por los capitalistas, a través del financiamiento privado de las campañas electorales». En Brasil, las diez mayores empresas del país financiaron cerca del 70% de las campañas parlamentarias. De este modo, siendo de uno u otro partido, la gran mayoría de los parlamentarios responden a los mismos intereses económicos y políticos, lo que genera la fuerza del Congreso liderado por Eduardo Cunha.
Según Stédile, «hoy no existen más partidos, lo que existe es la bancada de Monsanto, de Bradesco, de Odebrecht. Y los elegidos por esas empresas no se sienten comprometidos con el programa de su partido sino, en primer lugar, con quien financió sus campañas. La burguesía no puede hacer una disputa ideológica abierta y decir a la sociedad que sus propuestas representan el retorno del neoliberalismo, porque ese programa ya fue derrotado cuatro veces en las elecciones. Entonces intenta viabilizar el programa por espacios institucionales donde tiene hegemonía. Ahí esas propuestas entran en la pauta del Congreso Nacional y del Poder Judicial. Intentan influir inclusive al gobierno de Dilma a través de sus ministros burgueses, cambiando el nombre de neoliberalismo por el de Agenda Brasil».
MONOPOLIO DE LA PRENSA
Según Stédile, lo que la burguesía propone frente a la crisis es realinear la economía brasileña con Estados Unidos, retomando de algún modo lo sucedido con el golpe de Estado producido en Brasil en 1964 contra el gobierno de Joao Goulart. «La idea -afirma- es que los norteamericanos vengan, inviertan y saquen la economía de la crisis, ampliando el mercado para las empresas brasileñas, que entrarían de manera subalterna en una relación con la economía industrial norteamericana. En segundo lugar, consiste en disminuir el papel del Estado, que hoy se expresa en las propuestas de cortar los gastos sociales, disminuir el número de Ministerios, los gastos de previsión social, etc. Tercero, disminuir el costo de la mano de obra». En definitiva, se trata de la restauración de la ortodoxia neoliberal extendida en el continente a partir del Consenso de Washington, y que viene siendo derrotada tanto por levantamientos populares como por masivos rechazos electorales.
Joao Pedro Stédile identifica a otro segmento, la pequeña burguesía, que plantea el golpe contra Dilma promoviendo una crisis institucional. Como en otros países, los sectores medios son el blanco privilegiado de las campañas de los medios privados de comunicación, que promueven la desestabilización de las políticas que tienen algún tinte social, agitando temas como la seguridad, la lucha contra la corrupción, la crítica a los gastos provocados por las políticas asistenciales. De este modo, frente a los límites de algunos gobiernos que se presentan como progresistas, crece una respuesta derechista, que amenaza con aumentar las políticas de ajuste y la represión.
Para combatir esta acción manipuladora de los grandes medios, los movimientos populares de Brasil han colocado entre sus demandas centrales romper con el monopolio privado de los medios de comunicación, lo que resulta urgente e indispensable para construir otra hegemonía cultural que posibilite detener las políticas desestabilizadoras.
SALIR DE LA CRISIS POR LA IZQUIERDA
Frente a esta crisis, el líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro Stédile, afirma la necesidad de que la clase trabajadora presente no sólo un programa defensivo contra el golpe, sino un programa que le permita retomar la ofensiva, con propuestas de cambios profundos. Propone que la Izquierda haga una autocrítica seria, ya que no sólo cayó en estos años en el electoralismo, sino que aún en esta esfera no se preocupó por defender una reforma política. El desafío principal para los movimientos populares -asegura- es construir una fuerza popular organizada. «La Izquierda olvidó a hacer trabajo de base, de concientización del pueblo. Hace veinte años que la Izquierda sólo piensa en elecciones. No es que no sea importante, pero la Izquierda precisa recuperar más a Gramsci. Una de sus visiones es que en la lucha por cambios sociales, la lucha de clases se manifiesta en todos los espacios de la vida social. Aparece en una radio comunitaria, en un sindicato, en un barrio, en una iglesia, en un diario, en una fábrica, en un comercio, en una plaza. Todos son espacios de disputa. Y nosotros, en el pasado reciente, redujimos todo a la disputa electoral». Plantea también la necesidad de recuperar el trabajo de formación de militantes, al que llama de «matrimonio permanente entre lucha de masas y formación teórica». Hay una juventud que viene saliendo a las calles, que no encuentra caminos ni respuestas en las políticas actuales, y a la que hay que llegar con formación política.
El otro tema fundamental, en la perspectiva de dar una salida a la crisis por la Izquierda, es la creación de un bloque popular con suficiente fuerza como para imponer este tipo de salida. Y en esta dirección, los sectores sociales que promovieron la movilización del 20 de agosto, que articulan básicamente a quienes votaron por Dilma en segunda vuelta, están avanzando en la construcción del Frente Brasil Popular, que busca producir un cambio de rumbo en el gobierno de Dilma.
Qué rumbo tomará el gigante brasileño es un dilema cuya resolución es fundamental para todo el continente. Hay algunas lecciones que surgen de este proceso, que parecen repetirse en distintos procesos. Por un lado, que todas las concesiones que los gobiernos «progresistas» realizan a la derecha, no alcanzan para satisfacerla. Los sectores concentrados de la burguesía van por todo su programa, van por sus máximas ganancias. No los detiene el descontento social, ni la crisis medioambiental, ni la indignación de los sectores populares. Sus políticas son de muerte y destrucción. Entonces, aquellos gobiernos que pretenden sostener una base social popular, tienen la necesidad de articular sus alianzas prioritarias con el pueblo que le dio su confianza.
Por otro lado, es necesario identificar que en algunos de estos procesos, los procesos electorales han aplacado las energías de las Izquierdas, y que la apuesta privilegiada a la negociación institucional debilitó la capacidad de movilización histórica de los movimientos populares. Retomar estas luchas, y articularlas en un bloque político popular, es la garantía para ir más allá de las propias negociaciones con las que los gobiernos intenten contener las crisis sociales.
En las lógicas de las Izquierdas, es fundamental retomar el trabajo de base, frente a una acción sistemática de confusión, manipulación de la información y de los deseos que realizan los grandes medios de comunicación.
La soberanía económica sobre los recursos estratégicos debe acompañarse con un cambio profundo del modelo productivo que permita que estos bienes estén al servicio de las políticas populares y no de las elites.
Mientras se sostenga la movilización, la historia sigue abierta. Su resultado no sólo interesa al pueblo brasileño, sino a todos los pueblos del continente. América Latina está midiendo fuerzas entre los pueblos y las transnacionales. Es una tensa disputa entre las políticas de vida y las políticas de muerte. La dimensión de cada batalla nacional se inscribe en esta perspectiva continental y mundial.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.