Mural «Ofrenda» del LUM -Foto: S. A. El museo conocido como LUM -Lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social- está situado sobre el borde del extenso acantilado frente al océano Pacífico, en el exclusivo barrio limeño de Miraflores. Desde la rampa de acceso al enorme edificio, el mar bravío se oculta tras […]
Mural «Ofrenda» del LUM -Foto: S. A.
El museo conocido como LUM -Lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social- está situado sobre el borde del extenso acantilado frente al océano Pacífico, en el exclusivo barrio limeño de Miraflores. Desde la rampa de acceso al enorme edificio, el mar bravío se oculta tras la espesa bruma. El edificio parece una fortaleza pues, a pesar de las terrazas y de la amplitud de sus galerías de exhibición, tiene un aire lúgubre, como la época que intenta revisar: el periodo de violencia que azotó a Perú de 1980 a 2000.
Una de las características más notorias de la violencia es la gran desigualdad con la que afectó a la población peruana. El 79% de las víctimas de la violencia armada vivía en zonas rurales; y un 75% hablaba quechua como lengua materna. Numerosos pueblos andinos, especialmente de la región de Ayacucho, fueron sistemáticamente arrasados. Se estima que unas 69280 personas fueron asesinadas y desaparecidas durante el conflicto armado de Perú de 1980 a 2000. La gran mayoría de los asesinados fueron detenidos arbitrariamente, torturados, vejados sexualmente por las fuerzas policiales, militares y paramilitares o reclutados forzadamente o víctimas de represalias de Sendero Luminoso.
«El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le está mintiendo al país… En Ayacucho, las comunidades de Accomarca y Bellavista no fueron las únicas víctimas de las Fuerzas Armadas, otras comunidades aledañas a estas fueron castigadas por desobediencia a las Fuerzas Armadas, [que] en represalia cometieron actos de genocidio contra estos pueblos. Asimismo, muchas de las familias de los desaparecidos piden al presidente Alan García el cese de esta violencia», denunciaba el diario Marka el 28/09/1985.
El LUM expone los abusos y asesinatos cometidos tanto por senderistas como por militares y paramilitares mediante carteles, objetos (como la ropa de niños cuyos cuerpos fueron exhumados de fosas comunes en pueblos de Ayacucho, donde habían sido enterrados por las fuerzas militares), entrevistas a sobrevivientes, familiares de víctimas, exhibiciones de arte y videos.
Entre la información destacada por la guía del museo, pasa desapercibida una noticia escueta sobre la muerte de 200 presos acusados de terrorismo. El titular del cartel simplemente dice: «En operativo militar mueren más de 200 presos». No se especifica ni el número exacto ni los nombres ni quienes fueron los responsables de la represión. Me impacta el hecho de que más de 200 personas mueran en la cárcel, e igualmente me impacta la ligereza en el tratamiento del trágico suceso nada más ni nada menos que en un museo de la memoria. En otros sitios, averiguo que los presos se habían amotinado -en protesta por las condiciones de detención- en dos penales de hombres: San Pedro (Lurigancho) y San Juan Bautista (Isla El Frontón) y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, entre el 18 y el 19 de junio de 1986.
En El Frontón hubo la mayor cantidad de muertos, aproximadamente 133, aunque organizaciones de derechos humanos reclaman que la cifra es mucho más alta. La Marina estuvo a cargo de la represión, en la que lanzaron dos misiles sobre el penal, donde luego ingresaron atacando a los sobrevivientes con granadas y armas de fuego. El responsable de la represión contra el motín de esta cárcel fue el vicealmirante Luis Giampietri. Giampietri fue absuelto de toda responsabilidad criminal durante el gobierno de Alan García, quien lo «premió» eligiéndolo como vicepresidente en su próximo periodo de gobierno. Sin embargo, desde 2017, 31 años después de la matanza, Giampietri -junto con otros 35 marinos- está siendo juzgados por este crimen de lesa humanidad. Giampietri dijo a la prensa en 2016, que los abogados defensores de los presos asesinados son «terroristas que defienden a terroristas». El mismo discurso de hace tres décadas: o estás conmigo o eres terrorista.
En el juicio penal, que continúa abierto, se comprobó que al menos 25 presos fueron asesinados a sangre fría. Otros 108 perecieron por el ataque con explosivos que derrumbó la edificación en la que estaban atrincherados y los aplastó. La fiscal Luz del Carmen acusó a los ex-infantes de Marina de homicidio calificado en la modalidad de asesinato por ferocidad y explosión, tras comprobar que 25 de los reclusos fueron ejecutados extrajudicialmente.
«La mayor matanza de periodistas en el mundo»
Continuando con el recorrido, que ya es un auténtico descenso a los círculos más oscuros del infierno, aparecen los carteles y fotos sobre el asesinato de ocho periodistas -de La República, El Observador, El Diario y Oiga-, más el guía y un campesino. Esta carnicería, que fue llamada «la mayor matanza de periodistas en el mundo», ocurrió en Uchuraccay, una comunidad rural del departamento Ayacucho, el 26 de enero de 1983. Días previos el general Clemente Noel (máxima autoridad militar de Ayacucho) había elogiado públicamente a los pobladores de este pueblo por sus «actitudes sanas», en referencia al linchamiento de dos senderistas. Los periodistas tenían la intención de entrevistar a los comuneros sobre el linchamiento, pero al llegar al pueblo fueron emboscados y asesinados. El asesinato colectivo de periodistas fue investigado por una comisión designada por el presidente Belaúnde Terry, con un fin «moral», no jurídico ni policial. La comisión presidida por el escritor Mario Vargas Llosa concluyó que los comuneros fueron responsables de los crímenes sin la participación directa de las fuerzas del orden, aunque actuaron siguiendo los consejos dados a los campesinos por las patrullas antiterroristas de la Guardia Civil peruana. Así concluye la exposición de los hechos en el museo.
En el museo no se menciona que los hallazgos de la Comisión Vargas Llosa (que también fue el primer director del LUM) fueron contestados por familiares de los periodistas asesinados. En 2011, el abogado Julio Falconí Gonzáles publicó el libro El caso Uchuraccay: claves de un complot contra la libertad de expresión. Señaló que «las muertes fueron intencionadas y que los autores y responsables de las muertes de los periodistas no fueron únicamente los comuneros, sino que también intervinieron efectivos policiales y militares en dichas muertes». Estas conclusiones se basan en pericias forenses de los cadáveres de los periodistas que indican que su muerte fue causada por golpes utilizando «un instrumento compatible con culatas de fusil y palos».
Adicionalmente, periodistas y activistas de derechos humanos analizan que los comuneros tenían licencia para matar. Los periodistas asesinados habían expresado que tenían la intención de entrevistar a los comuneros sobre el linchamiento de los senderistas; y esta intención era conocida por las patrullas militares pues el día antes los periodistas se habían alojado en el hostal Santa Rosa, de Ayacucho, frecuentado por periodistas nacionales e internacionales y por miembros de la policía secreta peruana (PIP). Ante la misma Comisión investigadora presidida por Vargas Llosa, uno de los comuneros confesó que efectivos de las patrullas antiterroristas llegaron al poblado en helicóptero para decirles que si llegaba un grupo de terroristas, los mataran. De igual manera, los testimonios recogidos por la Comisión demostraron la falsedad de las declaraciones oficiales del general Clemente Noel, máxima autoridad militar de la zona, a quien se le abrió un juicio, que luego fue archivado.
El recorrido del museo se debería completar revisando los materiales del Centro de documentación. Entre los valiosos documentos, disponibles en internet, quisiera recomendar el documental Santuario de Ralp León Arias. Filmado en la región de La Hoyada, departamento de Ayacucho, en el centro del conflicto, tiene como protagonistas a las madres de campesinos jóvenes secuestrados, torturados y asesinados por las fuerzas militares.
«Coca, hojita verde, tú sabes mi vida y mi sufrimiento desde 1984, tomando tu agua caminaba por Puracuti, caminaba buscando a mi querido hijo. Duermo, sueño, despierto y sigo buscando…», canta en quechua Natividad Barzola mientras recorre un sendero seco y pedregoso, bajo el inclemente sol andino, en dirección al Santuario de la Memoria. Su voz expresa el amor por el hijo y el dolor por su pérdida, y al finalizar el cántico, su mirada estalla en lágrimas, pero su voz no se acalla y se sostiene con la determinación de denunciar a los militares que no solo le mataron al hijo sino que también la humillaron a lo largo de años de búsqueda infructuosa. Más de tres décadas después, Natividad, campesina quechua de pelo negro azabache e intensa energía a pesar de los años, continúa dando testimonio:
«Mi hijo era estudiante, tenía 19 años… a mi hijo lo sacaron 8 militares de mi casa… Caminé por todas partes, hasta fui a La Casa Rosada [Centro de detención clandestina, Huamanga, Ayachucho] a preguntar por él, pero y me decían que no sabían nada. Llegué al cuartel a preguntar por él y los militares me decían que no sabían nada. ‘Qué cosa quieres, terruca vieja’, me decían».
La Hoyada, como se llama el lugar donde estaba el cuartel Los Cabitos, fue un campo de concentración, que al igual que los campos nazis incluía un horno crematorio. En la zona se encontraron restos de cientos de personas, la mayoría de las cuales siguen sin ser identificadas. Seis madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP), comentan que desde 1982 los militares usaron este sitio para torturar, asesinar y quemar los cuerpos de los detenidos en La Hoyada, que por iniciativa de los familiares de desaparecidos hoy es el Santuario de la Memoria. Las madres señalan el siniestro horno que usaban los militares, bajo las órdenes del general Clemente Noel, para quemar los cuerpos de los detenidos. Vemos el descascarado horno y el desolado entorno, que hoy es un campo polvoriento, con la vegetación baja y sufrida del clima semidesértico.
Hay un paralelo entre el paisaje y la historia que este paisaje encierra: la desolación de las vidas segadas de cientos de hombres jóvenes por el solo delito de ser pobres, de ser quechuas, de ser estudiantes o de pretender un mundo mejor. Sin embargo, las madres y familiares al transformar este sitio de infamia en un lugar de Memoria continúan descorriendo el manto de silencio con el cual los militares y sus cómplices intentaban cubrir la barbarie. Y al quitar el manto de silencio, están escribiendo -en quechua y en castellano- la verdadera historia del Perú.
Notas:
1) Enlace al documental Santuario: https://youtu.be/z2Pcg1VHYbk
2) El general Clemente Noel murió en libertad en 2005, aunque tenía una orden de captura por su responsabilidad en la matanza de cientos de campesinos en Los Cabitos, La Hoyada, donde hoy se erige el Santuario de la Memoria.
3) Las fotos son de la autora, tomadas en el LUM en febrero de 2018.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.