El pasado martes Amnistía Internacional (AI) presentó su informe correspondiente al 2005. Como todos los años, luego de dar cuenta de los principales problemas y casos paradigmáticos en los 150 países y territorios en los que está presente, ofrece un balance general de los derechos humanos en el mundo, desde la perspectiva de algún tema sobresaliente en el periodo.

Incluye, además, un prólogo de su secretaria general que hace eco del mismo. Ante el hecho de que el movimiento civil y social logró en el 2005, de diferentes maneras, frenar la avalancha del actual gobierno de Estados Unidos y sus aliados para imponerle al mundo un concepto acotado e interesado de seguridad, en detrimento de la vigencia plena de los derechos humanos, este año AI presenta su análisis bajo la aspiración más generalizada de la seguridad, entendida ésta como seguridad humana, que en forma más acorde con la dignidad de toda persona, y políticamente más eficiente, engloba y trasciende todos los demás conceptos de seguridad en el actual mundo globalizado, recogiendo una vez más la concepción integral de los derechos humanos, como universales, indivisibles e interdependientes.

Para la organización, «la verdadera seguridad humana implica hacer realidad todos los derechos (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales)», pues los seres humanos «sólo pueden prosperar y desarrollar todo su potencial si se sienten seguros en todos los aspectos de su vida(…) Para conseguir seguridad humana -dice AI al inicio de su informe- es necesario que las personas y las comunidades estén a salvo no sólo de la guerra, el genocidio y los atentados terroristas, sino también del hambre, las enfermedades y las catástrofes naturales». Y por ello, afirma literalmente AI, aunque los gobiernos sigan fomentando el discurso de que los derechos humanos son un obstáculo, más que un prerrequisito esencial para la seguridad humana, creció en 2005 la convicción de que el respeto por el estado de derecho era vital para la seguridad humana, y de que el menoscabo de derechos humanos en el contexto de la «guerra contra el terror» (sic) no era un camino para obtener seguridad. «Por razones tanto de principios como de carácter programático -dice por su parte Irene Khan en su prólogo-, los derechos humanos deben considerarse un elemento esencial de las estrategias sostenibles de seguridad mundiales y regionales, no una opción extra para las épocas de bonanza». A partir de lo cual señala que no le cabe ninguna duda «de que los acontecimientos de 2005 demuestran que la autoridad política y moral de los gobiernos se juzgará cada vez más en función de su actitud ante los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional». Lo cual no deja de tener aplicación directa en México, luego de los recientes acontecimientos en Atenco y los hechos en Isla Mujeres hace unos días.

Para la organización, que se ha comprometido también a poner al descubierto el vínculo entre la pobreza y los abusos contra los derechos humanos, y por lo mismo, a hacer a los gobiernos responsables de erradicarla, la ausencia del respeto, protección y realización de los derechos económicos, sociales y culturales comenzó a verse cada vez más el año pasado como una injusticia grave y una negación del desarrollo humano.

«Innumerables situaciones en todo el mundo -expresa la organización- pusieron de relieve como la pobreza puede constituir una violación en toda la regla de los derechos humanos (civiles, culturales, políticos y sociales), y como la pobreza, la marginalidad y la indefensión ante la violencia están intrínsecamente unidas.»

Por ello, entre otras cosas, señala la falta de voluntad política de los gobiernos para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, situación tanto más grave porque son inferiores a los que cada Estado debe alcanzar en virtud del derecho internacional sobre la materia; así como la consideración de los migrantes simplemente como mercancías, «proveedores de servicios o agentes de desarrollo», sin tomar en cuenta su contribución a las sociedades que los acogen y a sus países de origen, y con su secretaria general lamenta que «una poderosa combinación de intereses económicos y políticos haya conseguido entorpecer los esfuerzos internacionales en favor de la promoción de la responsabilidad jurídica de las empresas respecto a los derechos humanos».

Las normas de derechos humanos de la ONU para empresas fueron objeto de debate, y se experimentaron nuevos avances en la aceptación de códigos de conducta voluntarios por parte de las empresas. Sin embargo -concluye AI-, «persistió la necesidad de establecer normas universales comunes sobre el compromiso de las empresas para con los derechos humanos y la rendición de cuentas ante la justicia».