El debate sobre el rol del Estado es central en la disputa de modelos económicos a nivel mundial y latinoamericano. Está contaminado por falacias que son presentadas como hechos. I. Se puede prescindir del Estado El Estado deseable es el «mínimo», enfatizan las usinas de pensamiento ortodoxas. Las políticas de austeridad están desmontando Estados en […]
El debate sobre el rol del Estado es central en la disputa de modelos económicos a nivel mundial y latinoamericano.
Está contaminado por falacias que son presentadas como hechos.
I. Se puede prescindir del Estado
El Estado deseable es el «mínimo», enfatizan las usinas de pensamiento ortodoxas.
Las políticas de austeridad están desmontando Estados en Europa. Como si despedir masivamente empleados públicos, reducirles los sueldos, bajar drásticamente las inversiones en salud y educación, privatizar los servicios públicos básicos, dejar sin protección social a los sectores más vulnerables no tuvieran consecuencias. Las tienen. Según Oxfam, ya hay más de 120 millones de pobres.
El Estado fue el que impidió que la economía de EE.UU. pasara de la recesión a la depresión en la gran crisis del 2008/2009. Los planes de estímulo públicos fueron decisivos.
II. El Estado es corrupto congénitamente
Según los mitos ortodoxos, la mejor manera de combatir la corrupción es privatizar.
Otra cosa dice una investigación de Harvard sobre más de cien países. La corrupción está vinculada con la desigualdad. Si es muy alta, hay una concentración de poder económico y político en un grupo reducido y la mayor parte de la población, carente de información y de educación, no incide. Se generan «incentivos perversos» hacia la corrupción en las elites porque perciben que tienen muy alta impunidad. La investigación mostró que cuando hay más Estado, y más actividad pública, hay una población que recibe educación y servicios públicos y que, «empoderada», participa y lleva adelante un control social que limita la corrupción.
Al revés del mito.
Por otra parte, la corrupción, que debe ser siempre combatida vigorosamente, no es exclusiva del sector público.
Sigue la investigación de EE.UU. e Inglaterra a ocho de los bancos líderes que adulteraron la tasa Libor, referencia del sistema financiero mundial. Varios han admitido su culpabilidad. Continúan los procesos criminales contra operadores de fondos manipuladores de información confidencial.
Varios de los ejecutivos de uno de los mayores laboratorios mundiales están procesados criminalmente en China por sobornos.
La lista es muy extensa.
III. El Estado es ineficiente por naturaleza
No parece. En los países líderes en logros para su población -como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca-, el Estado ha logrado dar a todos educación y salud de primera calidad. Ha sido decisivo en lograr avances enormes en esperanza de vida, igualdad de genero, equilibrio climático y equidad.
En la última década, en países como Argentina, Brasil o Uruguay, ha generado una nueva clase media sacando, según las cifras del Banco Mundial y del PNUD, a más de una cuarta parte de la población de la pobreza.
Programas públicos masivos como Bolsa Familia y Asignación Universal por Hijo son ejecutados ejemplarmente. Entre otras, una institución pública, la Anses, está entregando en el país mensualmente 15 millones de pagos, por derechos sociales, con la mayor excelencia gerencial y la más alta eficiencia.
IV. El funcionario público es el enemigo
En países como los nórdicos o Canadá, los funcionarios tienen el más alto nivel de estima de la sociedad. Su trabajo está jerarquizado, es una carrera real, tienen salarios dignos y oportunidades múltiples de crecimiento. En toda América latina, en donde llegó el neoliberalismo, se trató de mostrarlos como «el enemigo».
Se degradaron sus salarios reales, colocando a muchos de ellos por debajo de la línea de la pobreza, y se «flexibilizaron» las condiciones laborales dejándolos sin estabilidad ni protecciones.
Se eliminaron los espacios de fortalecimiento de la función pública. Se cerraron en toda la región, en la ola neoliberal, los institutos y escuelas de gestión pública.
V. La culpa es del Estado de Bienestar
En el fondo, lo que la ortodoxia económica discute no es simplemente el tamaño del Estado, sino sobre todo su rol. Por eso, uno de sus slogans preferidos actualmente es echarle la culpa de los problemas europeos al Estado de Bienestar.
Viola la realidad. Los únicos países en donde no cayó el producto bruto en Europa, y tienen tasas de desempleo reducidas, son los que han mantenido el Estado de Bienestar, como los nórdicos. Inclusive Alemania, poco afectada por la crisis, mantuvo intacto su Estado de Bienestar. El gasto total del gobierno fue en 2013 el 44,7 por ciento del Producto Bruto Interno.
Mientras la población de EE.UU. sufría fuertemente los impactos de la crisis, en 2008/9, a su vecino Canadá lo protegió su eficiente Estado de Bienestar.
Ese mismo Estado en construcción en los países de la Unasur, actualmente, fue determinante para que la población viera muy amortiguados los efectos de la gran crisis mundial de 2008/9.
VI. ¿A quién le conviene el Estado mínimo?
La falacia circulante, muy promovida en América latina, protesta contra el aumento del gasto público que, en los hechos, está a distancia de los países ricos: 18,4 por ciento del PBI vs. 26,3 por ciento.
¿A quién le molesta que haya en Argentina, Brasil, Uruguay y otros países Estados más fuertes?
Un Estado débil, pasivo y sin recursos es el ideal para que el uno por ciento más rico siga ampliando sus fuentes de ingresos principales, como la especulación financiera, los monopolios, los salarios ínfimos y la elusión fiscal.
Doscientos mil trabajadores textiles exigieron en la calles de Bangladesh que se aumente su miserable salario de 38 dólares mensuales. The New York Times editorializó (26/9/13): «El gobierno ha ayudado a bajar los salarios. Además de no aumentar el salario mínimo, los legisladores están coludidos con los grandes empresarios para impedir que los trabajadores puedan formar sindicatos».
Ese Estado mínimo y cooptado es el que reclama el uno por ciento.
Hace falta más que nunca desmontar éstas y otras falacias que buscan anular el rol del Estado.
Un documento reciente de la ONU señala que «las transnacionales han alcanzado un poder que minimiza el de muchos Estados. En 2012 tenían un total de 86 trillones de dólares de activos, más que el PB mundial». Y advierte: «Ese poder económico se refleja en su influencia política, su capacidad para controlar las regulaciones globales o nacionales».
Reequilibrar un escenario internacional donde unos pocos tienen tanto poder sólo será posible si el 99 por ciento cuenta con Estados democráticos que lo represente, y presiona y participa no para desarticularlos, como quiere el uno por ciento, sino para que tengan la máxima efectividad.
* La primera versión del texto sirvió de base a la conferencia de apertura del Congreso Argentino de Administración Pública, dictada por el autor ante 3800 participantes de todas las provincias y otros países.