El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lleva años reclamando desde su organización un sistema fiscal más justo y que se persiga el verdadero agujero de la recaudación de impuestos: las grandes fortunas y las empresas.
Que el Estado va a necesitar aumentar algunos impuestos para salir de la crisis es un hecho, el debate se centra en cuáles y a quiénes afectará. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las propuestas fiscales que los acompañan parece que quieren poner el foco en las rentas altas y los grandes patrimonios. Pero la competencia a la baja que convierte a algunas comunidades autónomas en paraísos fiscales para esas grandes rentas y patrimonios, como el caso de la de la Comunidad de Madrid, hace muy complicado que dichas medidas sean efectivas.
Mientras, en Europa, los acuerdos fiscales o la armonización de algunos impuestos no parecen llegar nunca. Resuenan nuevos impuestos, como el impuesto a los plásticos o el Impuesto a las Transacciones Financieras, pero no acaban de cuajar. La Comisión Europea planta cara a Irlanda con el caso Apple, aunque se ha llevado un buen bofetón por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que da la razón a la compañía estadounidense. Estados miembro están más por endeudarse que por cobrar impuestos y la necesidad de aprobar medidas fiscales por unanimidad tiene al Consejo Europeo y a la política fiscal de la Unión secuestrada. Todo ello conforma un cóctel donde quienes ganan más son los que más se aprovechan de un sistema poco progresivo y permisivo con la elusión fiscal. Pero también donde cada vez más gente llama sin tapujos “paraíso fiscal” a Irlanda o a Países Bajos y pronuncia ese lema de que “esta crisis la paguen los ricos”.
Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) llevan años denunciando la falta de progresividad de nuestro sistema fiscal, las malas prácticas políticas que no ponen remedio a esa injusticia y la falta de medios —o sea, de voluntad política de ponerlos— que tienen el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Su presidente, Carlos Cruzado, habla sobre los nuevos presupuestos, las nuevas medidas fiscales y el rumbo de una Europa que parece cambiar el discurso pero no sus acciones.
Se han presentado unos nuevos PGE, en los que se ha aumentado
el techo de gasto, que se han llegado a anunciar como “el fin de la
austeridad”. ¿Cómo los ves tú?
Suponen un cambio. Es
cierto que la actitud ante la crisis y sus consecuencias no es la
misma que la que se tuvo ante la anterior crisis, la financiera, y no
solo en España, sino a nivel europeo. Se está contando con esa
aportación de los fondos europeos, que es una cantidad importante.
Por lo que sí que es verdad que hay un cambio desde esa austeridad
que hizo tanto daño a la gente.
También es cierto que todavía no tenemos una foto fija. Esta segunda ola va a tener unos efectos devastadores, por lo que es bastante difícil hacer una predicción de si estos PGE tendrán el alcance necesario. Habrá que ver cómo queda el desempleo después de los ERTE, qué pasa con los autónomos, etcétera. En líneas generales, desde Gestha vemos bastante bien estos presupuestos.
Calcular el gasto puede ser fácil, pero no tanto acertar con
los ingresos. ¿Cómo ves las medidas fiscales anunciadas y sus
previsiones de recaudación?
Las medidas fiscales que se
habían acordado entre PSOE y Unidas Podemos en aquellos presupuestos
que no llegaron a salir las vimos como un primer paso para tener un
sistema fiscal más justo, pero era un paso limitado. Estas nuevas
medidas que se han anunciado son más limitadas todavía. También es
cierto que hay algunas medidas que, dado el momento actual y la nueva
crisis, puede que no sea el mejor momento para adoptarlas. Creemos
que hay medidas que hacen al sistema más progresivo, pero que se
quedan cortas. El ejemplo del impuesto sobre la renta, el IRPF, es el
más claro. Se ha creado un tramo desde los 300.000 euros, que ya
desde la técnica tributaria hay un salto ahí desde los 60.000 y los
300.000 que no encaja muy bien en una escala que debe ser progresiva.
De hecho lo que hemos propuesto es que se tomen las medidas que
adoptó el Partido Popular en 2012, en el que se aumentó todos los
tramos, pero que puso otros tramos. Podría ser otro a los 120.000 y
otro a los 175.000 que les diera una progresividad con cierto
sentido.
Uno de esos impuestos es el de Patrimonio. Pero este se puede
reducir por parte de las comunidades autónomas mediante
bonificaciones, como en el caso de la Comunidad de Madrid, donde se
está bonificado hasta el 100% y no pagan nada. ¿Qué podría hacer
el Gobierno central con esas exenciones?
Es un tema que
afecta sobre todo a los impuestos estatales cedidos, los de la
riqueza, como el de Patrimonios y Sucesiones. En estos impuestos se
está viendo una competencia a la baja por algunas comunidades
autónomas, con Madrid a la cabeza. Por un lado estamos reduciendo y
rebajando esos impuestos a la riqueza, justo lo contrario que se está
plantenado por distintas instituciones, como el FMI la OCDE, que ya
hablan de implementar y recurrir impuestos a la riqueza.
La mejor forma de combatir esa competencia a la baja entre comunidades autónomas es modificando todos los impuestos cedidos. Dentro de esa reforma tributaria general que necesitamos, la parte de impuestos cedidos tiene que ir ligada a la financiación autonómica. Esa modificación tiene que entrar en el marco de esa modificación del modelo de financiación, que ya lleva años retrasándose. Ahí es donde se deben regular esos impuestos y dotarlos de cierta armonización para evitar que competencia y que se descapitalice la recaudación de impuestos. En eso parece que hay cierto consenso entre los expertos. De hecho, para el cambio de modelo de financiación que ya se debatió entre expertos del Ministerio de Hacienda y representantes de cada comunidad autónoma hubo un consenso por unanimidad en la necesidad de seguir cobrando el impuesto y de dotarle de un mínimo para evitar esa competencia a la baja.
Y lo mismo pasa con el Impuesto de Patrimonio. Esa subida de un punto que se establece ahora por el Gobierno solo tendrá efecto en aquellas comunidades donde se aplique la tarifa estatal, que son solo cinco o seis. Por lo que el impacto será pequeño en aquellas comunidades que lo bonifiquen, como el caso de Madrid, donde directamente la cuota que se aplica es cero, está bonificada al 100%. Hay que tener en cuenta que en Madrid es donde residen más del 50% de los que ingresan más de seis millones de euros y el 60% de las personas que tienen más de 30 millones de euros. Esto hace que en Madrid esos ricos no paguen el impuesto y, según los últimos cálculos del Ministerio de Hacienda, la Comunidad deje de ingresar cerca de 1.000 millones al año. Esto es una incongruencia. Por un lado las comunidades estén pidiendo una mayor financiación por parte del Estado y, por otro, con esos instrumentos fiscales de los que disponen y con esa corresponsabilidad fiscal que marca la Constitución, se está renunciando a ingresos. Más que de corresponsabilidad fiscal, nosotros hablamos de irresponsabilidad fiscal para referirnos a esas comunidades que, como Madrid, no quieren gravar a sus ciudadanos.
De hecho esta semana pasada el Gobierno ha autorizado a la
Comunidad de Madrid a emitir bonos de deuda autonómica.
Si
analizamos ese aumento de deuda pública en la Comunidad de Madrid y
la evolución de los ingresos fiscales que ofrece Madrid, vemos que
hay una contradicción en esas rebajas fiscales que benefician a un
porcentaje muy pequeño de madrileños y el aumento de su deuda.
Además, son rebajas fiscales de las que se benefician un porcentaje
muy pequeño de madrileños. En el Impuesto de Patrimonio, por
ejemplo, estamos hablando de 15.000 ciudadanos, de los cuales una
parte de estos debería ser la que tribute la mayor parte de esos 900
millones de euros.
Sí que es cierto que cada vez se señala más a estas prácticas abusivas y el daño que están haciendo a las economías del resto de países, pero es verdad que los tratados piden esa unanimidad. Nos falta todavía una armonización en cuanto a los impuestos directos, como el de sociedades, que permite que países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo o Malta estén realizando esa competencia a la baja que tanto daño hace al resto de países. Por lo tanto, bienvenido sea ese discurso de la UE, sobre todo ahora con esta política expansiva y que se plantean nuevos impuestos como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) o los servicios digitales.
Que además serían impuestos comunes.
Exacto, estos
serían comunes y sería la idea, pero las experiencias no son muy
halagüeñas. Con el ITF ya se intentó hace diez años para que
fuera común, no se llegó a esa unanimidad, luego probaron unos
cuantos países con el proceso de cooperación reforzada y ni con ese
procedimiento ha habido acuerdo. Por lo que insisto que bienvenida el
cambio de discurso, pero hacen falta acciones.
¿Cómo ves la nueva herramienta para reactivar la economía
desde Europa, el fondo Next Generation UE?
Sufrió un
recorte frente a las primeras propuestas, pero sí que es cierto que
es un cambio importante respecto a las políticas de Europa. Por lo
que lo veo positivo; veremos en qué queda. Es cierto que en España,
uno de los más afectados por nuestro peso en el PIB del turismo, va
a ser un desembolso muy importante, necesario para ese enorme gasto
que se está planteando en estos presupuestos. Habrá que ver qué
condicionantes tienen y que no sean comparables a los que nos
exigieron en la anterior crisis.
En Gestha habéis vuelto a denunciar que no se ponen recursos
en la inspección de Hacienda, sobre todo en perseguir la evasión de
las grandes fortunas, causantes de un mayor agujero en la
recaudación. ¿Ha cambiado esto con el nuevo Gobierno de coalición
y los nuevos presupuestos?
Hemos visto un cambio de
discurso. Se empieza a hablar de luchar contra el fraude de las
grandes fortunas y, aunque no se dice expresamente, del control del
fraude en las grandes empresas. Nosotros en ese sentido lo vemos
positivo, pero planteamos que para desplazar esa lupa desde el
control de discrepancias y pequeños autónomos al control de las
grandes fortunas y empresas, no solo tiene que haber medidas
organizativas, que las tiene que haber, sino también dotar de
mayores recursos a la Agencia. La OCDE hace una comparativa de
administraciones tributarias entre países que muestra un resultado
muy negativo en España, un déficit muy importante con la media de
la OCDE o de la UE. Esos datos muestran que tenemos la mitad de
medios que nuestros vecinos y, si invertimos la mitad que la UE en
perseguir el fraude, es normal que tengamos el doble de fraude y de
economía sumergida. Si nos comparamos a países de nuestro entorno a
los que nos deberíamos parecer, como Francia o Alemania, la
diferencia es mucho mayor. Y luego, por supuesto, está la falta de
efectivos. La falta de una política de planificación. De hecho,
desde Gestha hemos propuesto a los grupos políticos en este momento
la elaboración de un plan para que en seis años podamos estar en el
nivel más cercano a nuestros países cercanos. Por lo que tenemos un
problema de falta de recursos, pero también de efectividad y
optimización de los recursos. En este sentido, los técnicos
planteamos que podamos asumir mayores responsabilidades en la lucha
contra el fraude.