Con todas las luces del espectáculo del crecimiento apagadas, el gobierno brasileño empieza más una perversa etapa de ataques a los derechos de los trabajadores. En la mente petista, así como siempre ha sido en todos los gobiernos anteriores, de otros partidos, si hay una crisis, que sean los trabajadores a pagar por ella. Los […]
Con todas las luces del espectáculo del crecimiento apagadas, el gobierno brasileño empieza más una perversa etapa de ataques a los derechos de los trabajadores. En la mente petista, así como siempre ha sido en todos los gobiernos anteriores, de otros partidos, si hay una crisis, que sean los trabajadores a pagar por ella. Los intereses de los empresarios, de la banca y de los terratenientes son los que deben ser preservados en nombre de lo que dicen «interés nacional».
Así, con el apoyo de los empresarios locales, la presidenta Dilma Roussef ha firmado en ese día 06 de julio una medida provisoria – con fuerza de ley – que visa garantizar las ganancias patronales, disminuindo los sueldos de los trabajadores. Lo más dramático es que tal medida fue llamada de «programa de protección al empleo» y ha contado con la aprobación y aparcería de las dos de las mayores centrales sindicales de Brasil: la CUT y la Fueza Sindical.
Entonces, como si ya no fuera suficiente el proyecto de las tercerizaciones, la nueva fórmula de las pensiones, y las otras medidas provisorias (664 y 665) que reducen derechos tales como le seguro-desempleo, la pensión por muerte y el abono del PIS, ahora la idea es reducir la jornada de trabajo con reducción de sueldo de los trabajadores que estuvieren empleados en empresas que digan estar «en crisis».
El juego es simple. Caso que la empresa venga a tener disminución de ganancias ella puede usar esa medida para forzar los trabajadores a aceptar la reducción de salario. El argumento es que, con eso, se salva el empleo de la persona. La propuesta debe ser aprobada por los trabajadores desde un Acuerdo Colectivo específico. En la práctica, esa medida pone el trabajador en una situación de completo abandono y saca de los sindicatos la fuerza que un día tuvieran. O sea, los acuerdos entre patrones y empleados no serán hechos para mejorar la vida del trabajador, al revés. El patrón es el que recibe el beneficio. Lo que se quedará en cuestión es la ganancia del patrón. Y el sindicato será apenas un vehículo de acomodación de esos intereses, incentivando a los trabajadores a aceptar lo que sea «menos malo». Y dicen: mejor el sueldo reducido que el desempleo. Chantaje pura y simple.
La medida provisoria no solo garantiza al empresario el derecho de hacer acuerdos con los trabajadores con reducción de salario pero también da a él derecho a un subsidio del gobierno. Para entender: si uno gana un sueldo de 3.000 y tiene la jornada reducida en 30% como garantiza la MP, tendrá su montante reducido para 2.550. De ese valor los empresarios pagan de sus bolsillos apenas 2.100. Lo demás viene del gobierno vía el Fundo de Amparo al Trabajador.
Otro elemento a considerar es que el trabajador no tiene garantías de que se quedará en el empleo. La estabilidad tiene validad por el periodo de un tercio del tiempo de adhesión al plano. Eso muestra que la medida apenas garantiza las ganancias de los empresarios, que podrán demitir así que pase el plazo mínimo.
Las centrales sindicales que apoyaran esa medida ciertamente tendrán que responder a la historia por una decisión que deja el trabajador al desamparo en nombre de la ganancia empresarial. La idea de que es para proteger el empleo, por lo tanto, es falsa. El trabajador es el que más pierde.
Importante que se acuerde que cuando una portera como esa – de reducción de jornada con reducción de salario – se abre para que pase un buey, en poco tiempo puede pasar una manada y la histórica bandera de los trabajadores por reducción de jornada en esos tempos en que la tecnología ya permite que el sistema productivo haga el mismo trabajo en menos tiempo, se perderá.
No resta dudas de que con esas medidas, en poco tiempo la clase trabajadora tendrá de optar por un camino de lucha. Será un largo período de reconstrucción pero es necesario que empiece muy pronto. Los daños ya causados con el desmonte y la desarticulación del movimiento sindical que el gobierno petista ha provocado al largo de esos años precisan ser superados. Nuevas luchas son necesarias. Los trabajadores habrán de encontrar los nuevos senderos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.