!Soberanas!

La Ley de interrupción voluntaria del embarazo ha entrado en vigor embarcada en la polémica. La presentación de alegaciones ante el tribunal constitucional provocará que de nuevo se lance un debate interesado en los medios. Unos y otros nos querrán hacer creer que esta ley supone una consecución de la histórica reivindicación feminista a favor del aborto. Seguirán intentando ocultar lo que realmente ha sucedido de nuevo: una falta de respeto a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Es por este motivo que en Alternatiba hemos decidido volver a lanzar la campaña Si ellos parieran el aborto sería libre. Los derechos no se negocian ni tienen plazos. ¡Aborto libre y gratuito!, en defensa de uno de los derechos de las mujeres más vulnerados: el de decidir sobre su propio cuerpo.

Desde Alternatiba entendemos que la consideración del aborto como delito, la tutela que se quiere imponer a las mujeres sobre su capacidad de decisión, y la conculcación de su derecho a que las interrupciones del embarazo se practiquen en la sanidad pública, son otras fórmulas de violencia patriarcal, y como tal deben ser denunciadas.

De esta manera, no podemos sino oponernos a la ley del aborto del PSOE, por tres razones fundamentales: no respeta la libre decisión de las mujeres, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos; no establece medidas concretas y claras que garanticen la práctica del aborto en el sector público; y no saca al aborto del código penal. Además, esta propuesta de ley, tibia y cobarde, está estrechamente vinculada a las diferentes campañas orquestadas por la jerarquía eclesiástica, los mal llamados grupos pro-vida -grupos anti-elección sería un nombre más apropiado- y los partidos políticos afines, que atentan de manera sistemática contra la dignidad de todas las mujeres.

En este sentido, la derecha y el social-liberalismo se unen, desde diferentes perspectivas, para enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, y es necesario que las diferentes fuerzas sociales y políticas que defendemos el fin de toda violencia contra las mujeres alcemos la voz y salgamos a la calle, acompañando al movimiento feminista.

Además, queremos basar nuestra defensa de los derechos en datos reales, y no en los debates infundados a los que el lobby anti-elección nos quiere conducir. Así, el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Salud presentaba el informe con los datos recogidos sobre las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) practicadas durante del año 2008. Este informe nos ofrece una serie de datos importantes: se han producido 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo; el 98,01% se han realizado en clínicas privadas; el 88,70% se efectuaron antes de las 12 semanas de gestación, y alegando problemas de salud materna -96,96%.

 

En definitiva, esta es la realidad de la práctica de la IVE: primero, a pesar de que ésta es una de las prestaciones del catálogo de servicios que figura en la Ley Orgánica de Sanidad, prácticamente la totalidad de embarazos se producen en clínicas privadas, con grandes desigualdades además entre comunidades autónomas; segundo, la inmensa mayoría de embarazos interrumpidos se producen en los primeros tres meses de gestación, poniendo en entredicho el supuesto efecto-llamada que pudiera tener una legislación sin plazos; tercero, la vigencia de los derechos de las mujeres siguen siendo tutelados por el personal sanitario y de la judicatura, que son quienes deciden en última instancia; y cuarto, la legislación actual, que sigue considerando al aborto como delito, genera un alto nivel de inseguridad para mujeres que abortan y para los y las profesionales que los practican -podemos tomar como ejemplo lo sucedido en la Clínica Isadora de la Comunidad de Madrid, cuyo caso ha sido archivado por considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, después de dos años y medio de diligencias-.

 

El movimiento feminista ha denunciado durante años esta realidad, y ha exigido una regulación que respetara en primera instancia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Tenía el PSOE por tanto una oportunidad única de poder promover una ley que fuera amplia, y que permitiera dar respuesta a todas las críticas que desde el movimiento se planteaban, garantizando así plenamente la práctica del aborto en el estado español.

 

Pero lo que abunda, fundamentalmente, son las oportunidades perdidas, e incluso el incremento de la conculcación de derechos: se sigue estableciendo un sistema basado en plazos y supuestos, que en última instancia colocan el derecho a decidir en los tribunales y en el personal sanitario, quienes, a través de informes y comités, podrán señalar si las mujeres que deciden abortar tiene legitimidad para hacerlo o no; estos plazos y supuestos, en algunos casos, profundizan en la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, aumentando la cantidad necesaria de dictámenes médicos y de especialistas; la decisión de las mujeres sigue siendo condición necesaria, pero no suficiente, estableciendo medidas como el período de tres días de reflexión que tienen que cumplir las mujeres que quieren abortar, profundizando así en la imagen de que las mujeres que abortan lo hacen irreflexivamente, y que siempre es mejor obligar a que se tomen unos días para que se lo piensen mejor; no se entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, haciendo únicamente una vaga referencia al respecto en su capítulo II -donde se señala que los poderes públicos garantizarán la salud sexual y reproductiva-, pero no se específica cómo con la nueva legislación se pretende dar la vuelta a ese 1,9% de abortos realizados en la sanidad pública -dato directamente vinculado a la falta de protocolos comunes, falta de equidad en las distintas comunidades autónomas, dificultades de acceso de las mujeres, etc.-; a su vez, tampoco regula la objeción de conciencia del personal sanitario, cuando se sabe que éste ha sido otro de los motivos que ha limitado la atención en los centros de salud públicos, al ser la objeción no una cuestión meramente individual, sino en ocasiones de todo el centro.

 

Significativo es también la marcha atrás en cuanto a la posibilidad de decidir de manera autónoma por parte de las mujeres de entre 16 y 19 años. A partir de ahora tendrán que ir acompañadas de sus padres quienes tendrán la última palabra. En caso de desacuerdo, una persona ajena a la familia y a las circunstancias vitales de cada mujer tendrá el poder de decidir si esta mujer es autónoma o no para tomar decisiones. Se renueva y se hace patente aquí la intención paternalista y de tutela del derecho individual e inalienable a decidir sobre nuestros propios cuerpos y vidas, que no son de nuestros progenitores, sino propios.

 

Y así existe un largo etcétera de razones por las que es necesario incidir en la incompatibilidad de esta ley con el derecho de las mujeres a decidir, como se recoge en el Manifiesto de Mujeres ante el Congreso.

 

Es por ello que nuestra campaña como Alternatiba va a manifestar nuestro frontal desacuerdo con la nueva ley que ya ha entrado en vigor . Consideramos que la nueva legislación debería garantizar el aborto gratuito para todas las mujeres. Y sobre todo consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no tienen plazos, y que además no se negocian.

 

No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y de defensa de la vida. No se negocian con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocian con la jerarquía de la Iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con sus artimañas y campañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas la personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas. Porque estamos convencidos/as que si ellos parieran el debate sería otro…. ¡salimos a la calle por el aborto libre y gratuito!

Fuente: http://alternatiba.net/es/idazlanak/458/soberanas

 

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