Luego de las veladas en favor del Yasuní, realizadas en agosto de 2013, el grupo denominado Yasunidos efectuó un trabajo silencioso en las distintas regiones del país para conseguir el objetivo trazado: las más 600 mil firmas que viabilicen el llamado a Consulta Popular para evitar la explotación de esta importante zona ecológica. Desde el […]
Luego de las veladas en favor del Yasuní, realizadas en agosto de 2013, el grupo denominado Yasunidos efectuó un trabajo silencioso en las distintas regiones del país para conseguir el objetivo trazado: las más 600 mil firmas que viabilicen el llamado a Consulta Popular para evitar la explotación de esta importante zona ecológica. Desde el Gobierno, la estrategia fue bajar el tono sobre el Yasuní en los últimos meses del año pasado, el tiempo era propicio para que Alianza PAÍS se organice para el proceso electoral del 23 de febrero de 2014.
Desde esta óptica, los intereses electorales a corto plazo eran claves para el Presidente Correa, con una «amplia victoria» y la retención de ciudades como Quito y Cuenca, pueda afrontar temas álgidos como la campaña de recolección de firmas para un posible llamado a Consulta Popular en favor de la no explotación del Yasuní, o la enmienda a la Constitución para la reelección presidencial. Sin embargo, para el grupo de activistas Yasunidos, este fue el tiempo propicio para recolectar la mayor cantidad de firmas. En plazas, avenidas, universidades, y eventos artístico-culturales, los jóvenes activistas hacían una campaña silenciosa, a tal punto que en los últimos meses de 2013 y los dos primeros de 2014, desaparecieron prácticamente de la agenda de los medios públicos, privados e incautados.
En ese mismo periodo, el Presidente Correa intentaba demostrar que su constante presencia en los medios de comunicación sumada a las carreteras, hospitales, y escuelas del milenio le otorgaba a los electores una óptica distinta a las persecuciones políticas, la descalificación de los otros (la oposición de izquierda y derecha), la represión y la censura solapada bajo el slogan de la regulación y el cumplimiento de la ley. A pesar de ello, las respuestas de los ciudadanos, convertidos por el Gobierno en meros electores, fueron contundentes el 23f: una cosa es gobernar con autoridad y otra muy distinta es gobernar con autoritarismo; una cosa es expresar una opinión en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y otra muy diferente es convertir esa opinión en verdad absoluta o dogma de fe.
Bajo este criterio, la presencia de los Yasunidos en el escenario político del 2014, sobre todo, después de la entrega de firmas al Consejo Nacional Electoral para que convoque a Consulta Popular y evitar la explotación del Yasuní, pone de manifiesto dos consideraciones: En primer lugar, la movilización del pasado 12 de abril permitió la re-apropiación de los espacios simbólicos de lucha y socialización de la izquierda, como el parque de El Arbolito y la misma calle, donde no solo se genera la opinión pública, sino también, a través del activismo y las movilizaciones, se expresa un tipo distinto de participación ciudadana ligada al proceso de construcción del sujeto político [1]. Ambos espacios públicos permitieron el re-encuentro entre los ciudadanos, los movimientos, y las organizaciones sociales.
Un segundo aspecto gira entorno a la siguiente premisa: si en los 90- como mencionaba Erika Silva- se dio el paso de la centralidad del movimiento obrero al indígena, en la segunda década del siglo XXI, esta centralidad se traslada a las organizaciones sociales y grupos de activistas- en su mayoría integrados por jóvenes sin militancia política- cuyos discursos plantean la defensa de la naturaleza y el respeto de sus derechos consagrados en la Constitución, por fuera del modelo primario exportador rentista del Estado y los intereses de las transnacionales petroleras y mineras. Bajo este principio, se puede entender el cambio de rol en los partidos y movimientos políticos de izquierda [2], que fueron actores proponentes de cambio- antes de los 90-, y que ahora son, únicamente, actores adherentes al cambio.
Finalmente, la presentación de las 756.291 firmas para mantener el crudo del Yasuní bajo tierra fue la mejor respuesta que los activistas le dieron al Primer Mandatario, quien los increpó en el pasado 17 de agosto de 2013 en su acostumbrado Enlace Ciudadano. «Si quieren una consulta, de acuerdo, vamos a la consulta. Pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo» [3]. Esto marcó la primera derrota del Gobierno del Presidente Correa frente a las organizaciones sociales y grupos de activistas, y la segunda después del 23 de febrero [4].
Notas:
[1] Esto difiere -por ejemplo- con el acostumbrado ritual de aniversario de la Revolución Ciudadana y las caravanas de buses- provenientes de distintas provincias- que solían parquearse a las afueras del Coliseo General Rumiñahui a la espera de las llamadas telefónicas de los «dirigentes», para que las bases salgan a las calles, en muchos casos sin saber por qué se movilizan o por qué llevan en sus manos una bandera verde.
[2] A pesar de los distintos matices que tiene la izquierda, la protección de los recursos naturales y el rechazo al extractivismo son los ejes transversales de la unidad con el grupo de activistas Yasunidos.
[3] La Constitución permite el llamado a consulta popular por iniciativa de la ciudadanía, «con un respaldo no menor al 5% de las personas inscritas en el registro electoral», que es de 11,4 millones de personas.
[4] El apoyo al discurso gubernamental, que relacionaba la explotación del Yasuní con un mejor estilo de vida para las provincias petroleras, y en sí para los ecuatorianos menos favorecidos ligado a la creación de escuelas del milenio, centros de salud, carreteras y demás; fue derrotado desde lo simbólico e incluso desde lo político, ya que el Gobierno creía ser el único actor que podía plantear temas de consultar para los ciudadanos. Alianza PAÍS, el Gobierno y el Presidente fueron vencidos por un grupo de activistas jóvenes que defendieron su derecho constitucional a solicitar una Consulta Popular sobre un tema tan delicado como la explotación petrolera en el Yasuní; pero también defendieron el derecho de los ciudadanos a ser consultados, para que su palabra no sea expropiada o usurpada por quien ostenta el poder.
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