El que puedan votar en el País Vasco los incalculables cientos de miles de «exiliados», y podrían ser cientos de miles más, que según los últimos sondeos del Partido Popular abandonaron Euskalherria por causa de un conflicto que los mismos populares tildan de inexistente, no tiene porqué ser la única reforma electoral prevista. Otras medidas […]
El que puedan votar en el País Vasco los incalculables cientos de miles de «exiliados», y podrían ser cientos de miles más, que según los últimos sondeos del Partido Popular abandonaron Euskalherria por causa de un conflicto que los mismos populares tildan de inexistente, no tiene porqué ser la única reforma electoral prevista.
Otras medidas podrían adoptarse cuanto antes de manera que los próximos resultados electorales en el País Vasco respondan fielmente a las expectativas que el Estado español contemple.
Y entre ellas, ninguna más justa y comedida que implementar el voto de aquellos caídos por Dios y por España, como una manera de honrar sus cívicas trayectorias manteniendo, al mismo tiempo, vivos sus ideales. Este voto, que bien podría denominarse patriótico, sería depositado por el partido o movimiento al que esos caídos hubieran respaldado en vida y con independencia de que hubieran o no ejercido el voto alguna vez.
Otra imprescindible medida que podría instaurarse sería la de aplicar la fórmula 3 por 1, variable electoral que consistiría en facultar a los miles de ciudadanos insignes triplicar su capacidad electiva, (podría quintuplicarse si las cuentas siguieran sin cuadrar los resultados esperados) porque de ninguna manera puede aceptarse que, en aras de una pretendida representatividad democrática, puedan equipararse los votos de eméritos demócratas de intachable conducta con los de intolerantes violentos, incluso, desempleados y hasta sin estudios.
Y podría también considerarse, para ejercer el voto, la obligatoriedad de que todos los electores compulsen, vía administrativa, una declaración jurada de condena a la violencia, acompañando la misma de un certificado de pasiva conducta expedido por la administración correspondiente y avalado por siete garantes que den fe de la varacidad de esa certificada acreditación, demostrando no haber tenido nunca nexos de ningún tipo ni con entornos sospechosos ni con equívocos contornos susceptibles de ser considerados entornos, mucho menos umbrales.
Igualmente, sería recomendable la instalación de polígrafos junto a las urnas, capaces de detectar la verdad o mentira de la declaración citada que, caso de cualquier duda, siempre dejara su interpretación al libre albedrío de la Junta Electoral.
Y que todo sea por la patria.
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