El nuevo gobierno Rajoy ha anunciado un recorte brutal de 40.000 millones en un solo año, un récord de brutalidad que deja pequeña la arremetida de Zapatero. Sus primeras medidas, que incluyen la congelación del Salario Mínimo y de los sueldos públicos y una fuerte subida de impuestos a los trabajadores y las clases medias, […]
El nuevo gobierno Rajoy ha anunciado un recorte brutal de 40.000 millones en un solo año, un récord de brutalidad que deja pequeña la arremetida de Zapatero. Sus primeras medidas, que incluyen la congelación del Salario Mínimo y de los sueldos públicos y una fuerte subida de impuestos a los trabajadores y las clases medias, han sido presentadas como «el inicio del inicio» y acompañadas por el anuncio de un nuevo rescate multimillonario de los bancos y una reforma laboral salvaje para rebajar salarios y liquidar derechos conquistados con tanto sacrificio. Quieren acelerar el desmantelamiento y privatización de los servicios públicos básicos. El brutal ajuste va a ahondar gravemente la recesión y dejar pequeña la cifra de cinco millones de parados.
Este crimen social se hace en nombre de pagar la Deuda Pública y la consiguiente reducción del déficit público. Les da igual que la mayoría aplastante del pueblo esté en contra de los recortes, como acreditan las encuestas del CIS. Para ellos, pagar la Deuda pública es el deber supremo al que todo debe ser sacrificado. Es la gran exigencia de Merkel, Sarkozy y del Fondo Monetario Internacional (FMI), en nombre de los banqueros y los fondos especulativos. Es la voz unánime de los gobernantes, «expertos» y grandes medios de comunicación. Es incluso un mandato constitucional después de que PP y PSOE (PPSOE) reformaran la Constitución, con nocturnidad y alevosía, el pasado agosto, para fijar el pago de la Deuda Pública como la «prioridad absoluta» del Estado.
La Deuda pública y la Deuda privada
Un país tiene déficit público cuando los gastos públicos son mayores que los ingresos, siendo estos últimos, principalmente, la suma de los impuestos directos (sobre las rentas del trabajo, los beneficios empresariales y la propiedad) y los indirectos (sobre el consumo, como el IVA). Cuando hay déficit público, el país debe endeudarse para financiarlo. Lo hace normalmente emitiendo bonos con diferentes plazos de amortización. La Deuda Pública es parte de la Deuda total del país, que incluye también la Deuda Privada, contraída por los bancos, las empresas y las familias. La Deuda puede estar financiada por acreedores del propio país o acreedores extranjeros. En el primer caso se le llaman Deuda interna, en el segundo Deuda externa.
Según estimaciones solventes (1), la Deuda total española equivale a cuatro veces el PIB (la medida convencional de la riqueza generada por el país en un año), es decir, algo más de cuatro billones de euros. Esta deuda total estaría así distribuida en octubre de 2011: Deuda Pública, el 16,5% (cerca de 700.000 millones). Deuda de las familias, el 21%, no llega al billón de euros y concentra la deuda hipotecaria de las familias. Deuda de las empresas, el 30,5% (1,3 billones). Deuda de los bancos, el 32% (1,35 billones). Así, la gran masa de deuda, el 83,5%, es deuda privada y casi dos tercios corresponden a los bancos y las empresas.
Desde el año 2000, con la entrada en el euro, la deuda privada española ha crecido como la espuma, al calor de la especulación inmobiliaria. La banca internacional, en particular los alemanes y franceses, vieron la ocasión de dar salida a una gran masa de capitales excedentes, que destinaron a la periferia europea con grandes beneficios. Así, financiaron sus exportaciones al Estado español, alimentaron a manos llenas la especulación inmobiliaria e incluso aportaron capital para la expansión latinoamericana de las multinacionales españolas. Mientras, el país sufría una importante desindustrialización, en beneficio de las multinacionales extranjeras y sectores como la construcción, la banca o la energía. Entretanto, el Estado, unas veces con el PP y otras con el PSOE, celebraba el «milagro español» y favorecía con todos sus medios el gran negocio de bancos e inmobiliarias.
Según datos de setiembre de 2011 del Banco de España, 1,77 billones de deuda estaban financiados desde el exterior, en particular por la gran banca extranjera. Los bancos españoles le deben 775.000 millones, las empresas no financieras 624.000 millones y el Estado 294.000.
(1) Ver «Deuda española: nuevo golpe de Estado financiero en el Sur de Europa«, de D. Gómez-Olivé y E. Reguant, en http://www.odg.cat/es/inicio/
Las razones de la Deuda Pública
Hay una primera razón, que es el carácter profundamente regresivo del sistema fiscal, que a lo largo de los gobiernos del PP y del PSOE, ha ido reduciendo sustancialmente los impuestos a los ricos, al tiempo que permitía una enorme bolsa de fraude fiscal. Según GESTHA, la asociación de técnicos e inspectores de Hacienda, sólo durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron un mínimo de 42.771 millones de euros. Para equilibrar, lo que se dejaba de ingresar por impuestos se sustituía por endeudamiento público. Así, los bancos y los ricos ganaban por partida doble: dejaban de pagar impuestos y con el dinero ahorrado hacían negocio comprando deuda pública.
Una segunda razón es la corrupción generalizada de los gobernantes. Un ejemplo son las obras del AVE, en las que se han gastado y comprometido 50.000 millones. Esta inversión no tiene ninguna racionalidad económica. Nadie puede entender que superemos de largo a Japón, Francia o Alemania y que todavía se siga construyendo, cuando ni siquiera el trayecto Barcelona-Madrid es viable económicamente. Este gigantesco despilfarro sólo puede explicarse por los intereses de las grandes constructoras, los suministradores alemanes y franceses y la corrupción política desbocada.
Otro ejemplo son los aeropuertos, algunos de ellos cerrados antes de ponerse en marcha, como el de Ciudad Real, donde «invirtieron» 1000 millones o el de Castellón con 151. Hay también gastos ingentes de más de 5.000 millones en autopistas de peaje innecesarias, como las que rodean Madrid, entregadas en concesión a las grandes constructoras y con pérdidas a cargo del Estado. Para hacernos una idea de la irracionalidad, el dispendio y la corrupción, sólo hay que ver que somos el tercer país del mundo en «carreteras de alta capacidad», tras USA y China y muy por delante de Alemania, Francia o Gran Bretaña. Podemos añadir las obras faraónicas e infraestructuras de lujo de gobiernos autonómicos y ayuntamientos, muchas inutilizadas y sin siquiera finalizar.
Un capítulo especial es el gasto en armamento militar. Un gasto comprometido de forma oculta, que se va pagando con anticipos del ministerio de Industria. El Secretario de Estado de Defensa reconoció en julio de 2011 que hay una deuda de 27.000 millones, que se eleva a 35.000 si contamos intereses. De esta deuda, 12.000 millones son para comprar 87 aviones Eurofigther, (¡138 millones la unidad!). También han comprometido la compra de una fragata de 4.100 millones. A todo esto podemos añadir los gastos de las tropas en el exterior, que en 2010 eran de 1.252 millones, 464 de ellos en Afganistán (Fuente: Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, Justícia i Pau).
En el apartado de gastos parasitarios que engordan el déficit y la deuda, ocupan un lugar particular las subvenciones y los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, que superan los 6.000 millones anuales (Público, 11/01/2010). La monarquía, tan de actualidad con el caso Urdangarín, cuesta un mínimo de 59 millones (Público, 2/01/2012). Sin olvidar los escandalosos privilegios de los políticos profesionales y los altos cargos.
La deuda pública imprime su sello a la era capitalista
Los capitalistas se las pintan solos para hacer pasar como «interés general» lo que no es más que su interés privado. El endeudamiento público como instrumento de expolio de los trabajadores y los pueblos no es una novedad, aunque ahora haya alcanzado sus cotas más altas.
Carlos Marx ya decía en el siglo XIX que «la deuda pública, o sea, la enajenación del Estado, imprime su sello a la era capitalista». Los capitalistas, al mismo tiempo que hacen del crédito una palanca fundamental para centralizar sus capitales y expandirse, encuentran en la Deuda pública un mecanismo poderoso para convertir los capitales improductivos en un próspero negocio a costa de los trabajadores y los pueblos.
«La deuda pública se convierte en una de las más poderosas palancas de la acumulación originaria. Es como una varita mágica que infunde virtud procreadora al dinero improductivo y lo convierte en capital sin exponerlo a los riesgos ni al esfuerzo que siempre lleva consigo la inversión industrial e incluso la usuraria» (El Capital, Carlos Marx)
La crisis de la Deuda no es sino una manifestación de la crisis del sistema capitalista mismo. Convirtiendo la deuda privada capitalista en deuda pública e instrumento de expolio popular, el Estado evidencia su carácter de clase, al servicio de un sistema social basado en la ganancia y la propiedad privada de los grandes medios de producción y cambio. Por eso, resolver la crisis a favor de los trabajadores y el pueblo exige enfrentarse a la «moderna bancocracia», repudiar el pago de su deuda, expropiar la banca y las industrias claves.
¿Por qué se ha disparado la Deuda Pública desde 2008?
Cuando la Deuda Pública comienza verdaderamente a acelerarse es a partir de 2008, tras el tsunami financiero posterior a la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces la Deuda Pública española ha pasado del 39,80% del PIB al 70% estimado para 2011.
1/ El primer motivo del acelerón es el dinero dedicado a «salvar» a los banqueros. Según la Comisión Europea, se han destinado 146.000 millones, sin contar el año 2011, en que 10.000 millones han ido a asumir pérdidas de las Cajas, para luego venderlas a precio de saldo. Ahora se preparan para sanear con dinero público los activos inmobiliarios podridos de los bancos, que equivalen a más del 100.000 millones (el 10% del PIB). Hay que tener en cuenta, además, que todo el «salvamento» bancario está lleno de operaciones de «ingeniería financiera» ocultas al público que no figuran oficialmente en el déficit público. Son, por ejemplo, las garantías por pérdidas futuras de la CAM prometidas al banco Sabadell, avales, permutas y otros movimientos oscuros.
2/ Un segundo motivo es el déficit creado por la crisis capitalista, debido al aumento del gasto en desempleo (30.000 millones en 2011) al estallar la burbuja inmobiliaria y al bajón de los ingresos por impuestos, problema agravado por un sistema fiscal basado en las rentas del trabajo y no en los tributos sobre el capital y las clases altas rentistas.
3/ Un tercer motivo fundamental es el propio servicio de la Deuda Pública, cada vez más voluminosa y cara, con unos tipos de interés que son pura usura. La partida de los Presupuestos del Estado dedicada al servicio de la Deuda en 2011 eran 74.000 millones, 27.500 de los cuales correspondían a intereses (que al final rondarán los 30.000) y el resto a la amortización de deuda. Así, más de la quinta parte de los gastos de la Administración del Estado en 2011 se han ido al pago de la deuda (y de estos casi una décima parte a pagar intereses). A este gasto descomunal hay que añadirle 9.000 millones de intereses de las Comunidades Autónomas (eso sin contar Ayuntamientos y otros entes públicos). Estamos hablando de un 10% del PIB dedicado al pago de la deuda, un 4% a intereses. En 2012 el problema se hará, sin duda, más insufrible.
Aparentemente el Estado español no debería tener especiales problemas con la Deuda Pública. Después de todo, está rondando el 70% del PIB, por debajo de la media de la UE (82,5% del PIB), de Francia o Alemania. Pero el gran problema de la deuda pública española es, en realidad, la deuda privada, esa montaña de dinero (¡1,4 billones de euros!) que los bancos y las empresas españolas deben a los bancos alemanes, franceses, americanos o británicos. La enorme tensión sobre la deuda pública española es porque el Estado es el último garante de esa deuda privada, tan gigantesca como problemática.
Un atraco a cara descubierta
La Deuda Pública española, al igual que la italiana, está sometida a una presión especulativa descomunal. Los grandes bancos y fondos especulativos, justo antes de que los Estados pongan a la venta nuevas emisiones de deuda y con el objetivo de aumentar los intereses que cobrarán por ella, llevan a cabo grandes operaciones especulativas, vendiendo bonos y manipulando la prima de riesgo, que fija la diferencia entre los intereses a pagar por un bono español y uno alemán. Para este trabajo sucio cuentan con la complicidad de las agencias de rating (Moodys, etc), que son las que califican la calidad de la deuda y tienen entre sus socios a grandes fondos especulativos que se lucran con la deuda. Tres días antes de las elecciones del 20-N, el bono español llegó a subastarse a un interés del 7%, verdaderamente escandaloso.
Para completar el cuadro, hay que añadir que el Banco Central Europeo (BCE) no presta dinero a los Estados sino a los bancos. Les presta dinero, sin límite, a un interés del 1%, con el que los bancos compran después Deuda pública al 5%, 7% o más. Es un atraco legal a cara descubierta.
Sus responsables y beneficiarios
Prensa, políticos y «expertos» intentan ocultar a los responsables y a los beneficiarios de este expolio. Nos hablan de «los mercados«, como si estos fueran una fuerza natural anónima e irresistible y no ese reducidísimo grupo de grandes bancos, compañías de seguros y fondos especulativos a los que sirven la UE y los gobiernos.
El 55% de la Deuda Pública española está en manos de bancos y fondos extranjeros, sobre todo europeos (destacan bancos franceses como BNP y Societé General o el británico RBS). El 45% está en manos de los bancos y fondos españoles. Todos son los beneficiarios de una Deuda que se debe, en buena medida, a las cuantiosas ayudas que ellos mismos han recibido de sus gobiernos. Son bancos y compañías cuyos directivos y administradores cobran millonadas que son un insulto a la población trabajadora.
Algunos de los casos más escandalosos entre nosotros son el de la cúpula del banco Santander, que ha declarado una retribución de 123,2 millones o la de la constructora ACS, con 48. El presidente del BBVA supera los cinco millones. Rodrigo Rato, ha declarado, sólo en retribuciones fijas, 2,3 millones. 18 gestores de Cajas «rescatadas» se han asignado «indemnizaciones» que superan los 70 millones. Sin olvidar las grandes empresas no financieras, íntimamente unidas a la banca, como Telefónica, cuyo presidente ha declarado ingresos de 8,6 millones. El de Iberdrola 12 y el de Repsol 7.
Estos atropellos no pueden cometerse sin la colaboración de gobiernos corruptos y políticos que transitan impunemente entre lo público y lo privado. De Guindos, antiguo directivo de Lehman Brothers es ahora ministro de Economía. Montoro, íntimo asociado a la CEOE, es ministro de Hacienda. Morenés, alto directivo de la industria de armamentos, es ministro de Defensa. Felipe González y Aznar no han tenido reparo alguno en asociarse a grupos financieros y multinacionales. Taguas, exresponsable de la oficina económica de Zapatero, venía del BBVA y es el hombre de las grandes constructoras. Solbes, exvicepresidente de Zapatero, es ahora consejero del Barclays y de la multinacional Enel y asesor del FMI. Los consejeros económicos del gobierno de Artur Mas vienen de las grandes escuelas de negocios. El consejero de Sanidad, encargado de desmantelar la sanidad pública catalana, era el representante de la patronal privada de hospitales. Alcaldes y consejeros de urbanismo hicieron recalificaciones fraudulentas y pusieron las Cajas de Ahorro de sus territorios al servicio de sus «pelotazos».
La Unión Europea, una máquina de guerra contra los trabajadores y los pueblos
Los gobiernos europeos, incluido el de Rajoy, justifican los ajustes diciendo que son inevitables para cumplir con las exigencias europeas y permanecer en el euro y la UE, fuera de los cuales sólo está el abismo.
Pero la UE no es otra cosa que una máquina de guerra para acabar con las conquistas sociales arrancadas desde la II Guerra Mundial e imponer un retroceso histórico a los trabajadores y las clases medias europeas, condenando a amplios sectores a la pobreza. Es, a la vez, un instrumento de saqueo y colonización de los países más débiles de la periferia europea, al servicio, ante todo, del capitalismo alemán. La crisis de la Deuda soberana juega aquí un importante papel, como instrumento privilegiado del capital financiero para acaparar la riqueza social y como arma del capital alemán para imponer su dominio europeo.
No habrá solución sin romper con el euro y la UE y abrir la vía a los Estados Unidos Socialistas de Europa
¿Cómo pagamos la deuda?
Antes vimos que más de la quinta parte de los gastos de la Administración central (74.000 millones) se destinaban en 2011 al pago de la Deuda pública. Vimos también que si añadíamos el dinero dedicado por las Autonomías, se podía estimar un gasto total en deuda de unos 100.000 millones (10% del PIB): 40.000 en intereses y 60.000 en amortizaciones. Y si incluimos la deuda refinanciada con nuevas emisiones (192.000 millones en 2011), llegaríamos a un gasto de 292.000 millones, casi un 30% del PIB.
Es una montaña de dinero. Y, sin embargo, nos dicen que no hay fondos para los gastos sociales. Es un crimen social.
- Para pagar la deuda pública se ha gastado el 10% del PIB (el 30% si contamos la refinanciación) y en 2012 será más
- En Sanidad se ha gastado sólo el 6% y se recorta
- En Educación el 5% y se recorta
- En Pensiones el 8,4% y se recorta
- Los 30.000 millones gastados en desempleo son menos que lo gastado en intereses de la Deuda (40.000) y casi lo mismo que la deuda en armamento (27.000)
- Los «ahorros» de Esperanza Aguirre en Educación (80 millones) no llegan a lo que se gasta diariamente en intereses de la deuda (cerca de 110 millones)
- Los recortes de Artur Mas en la Sanidad fueron de 1540,7 millones, casi lo mismo que lo que la Generalitat pagó en intereses (1.478 millones)
- Los «ahorros» de Artur Mas en personal para 2012 son 625 millones, menos de lo que se gasta en 6 días en intereses de la deuda
- El recorte en sueldos del personal sanitario del ICS catalán fue de 65 millones, casi la mitad de los 120 millones entregados por Mas a la compañía Spanair
- En ayudas, favores y rescates bancarios se han comprometido 156.000 millones
- Con un solo avión Eurofighter (138 millones) costearíamos 22.395 pensiones mínimas.
- El pago de intereses por día equivale a 524 viviendas medias (de 210.000 euros)
- En el AVE se han «enterrado» 50.000 millones, integrados en la Deuda pública
- Cada año el Estado regala 6.000 millones a la Iglesia católica
Portugal y Grecia: el destino que nos preparan
Nos dicen, con cinismo sin límite, que los recortes son necesarios para salir de la crisis y salvar el Estado del bienestar. Pero, como una espiral sin fin, cada plan de ajuste no hace más que preanunciar el siguiente. Para adivinar nuestro futuro, si no lo remediamos, basta con mirarnos en el espejo de Portugal o Grecia.
En Portugal, a partir del 1 de enero, las urgencias hospitalarias costarán hasta 20 euros. Las consultas de enfermería, que eran gratis, costarán 4 euros y las consultas médicas en los centros de salud pasarán de 2,25 a 5. Con estas subidas, el Estado espera ingresar 100 millones, pero la UE, el FMI y el BCE (la llamada troika) quieren 150, lo que anuncia nuevas subidas.
El Gobierno luso aprobó un impuesto extraordinario sobre la paga extra, que reduce entre un tercio y la mitad su importe. Sus nuevos compromisos suponen, entre otras cosas, duplicar el ritmo de reducción de empleados públicos, de manera que de los 508.000 funcionarios actuales queden 478.000 en 2014. En 2012 también hay una nueva subida del IVA, en que la hostelería pasa del 13% al 23%. Además, van a aprobar nuevas normas para el subsidio de desempleo, cuya duración máxima se reducirá de 36 a 18 meses y el importe máximo en un 10%.
Asimismo, el Gobierno ha anunciado que la indemnización por despido en contratos indefinidos pasará de 30 días por año a entre 8 y 12 días. En mayo, cuando se formalizó el «rescate», se había anunciado una reducción a 20 días. Está pendiente también la posible rebaja de salarios en el sector privado, del mismo modo que en el sector público el año próximo, mediante la eliminación, según los casos, de una de las dos pagas extraordinarias. Asimismo ha aumentado la jornada laboral, trabajando gratis 2’5 horas semanales más.
En Grecia, se han reducido los salarios públicos entre un 20 y un 30% y se ha suprimido una de las dos pagas extras. El salario quedará, además, congelado en los próximos tres años y de cada cuatro jubilaciones en el sector público solo se cubrirá una. Más de 10.000 trabajadores municipales han sido despedidos. El subsidio de desempleo ha sido reducido y la ayuda a los pobres, de 2009, suprimida. Hay planes para sustituir los convenios colectivos por acuerdos individuales. El IVA ha pasado del 19 al 23% y se han aprobado impuestos especiales sobre el alcohol, tabaco y combustibles.
Se ha reducido el impuesto sobre beneficios empresariales, mientras aumentaba el impuesto sobre los salarios. Ha subido un 30% el precio de los billetes de transporte público. Se ha incrementado la edad de jubilación y los años de cotización para poderla percibir, pasando en 2015 de 37 a 40 años cotizados. Asimismo, el cálculo de la pensión se hace sobre la media del total de años trabajados. También se eliminan las dos pagas extras anuales a los jubilados del sector privado. La troika exige igualmente reducir el salario mínimo interprofesional por debajo de los 600 euros al mes y hay planes de privatización de los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, distribución del agua y la electricidad
Esta es la realidad de Portugal y Grecia y la que nos prepara la Unión Europea si no lo impedimos y rompemos esta espiral diabólica de empobrecimiento social y liquidación de derechos, desprecio a la voluntad popular y conversión del país en un protectorado financiero de Alemania.
La Deuda pública es antidemocrática, ilegítima e inmoral
La Deuda pública es antidemocrática porque ha sido contraída completamente a espaldas del pueblo, en combinación con los grandes empresarios y banqueros, sin información pública ni consulta popular.
Es ilegítima porque ha sido contraída contra los intereses de la población. Se han gastado miles de millones para salvar y favorecer a los responsables de la crisis, convirtiendo sus deudas privadas en deuda pública. Se han hecho enormes inversiones en infraestructuras totalmente injustificadas y deficitarias (AVE, autopistas, aeropuertos…), en beneficio de grandes constructoras y suministradores extranjeros. Se han dedicado partidas enormes a carísimos pedidos de armamento y se han gastado millonadas en aventuras militares en el exterior. Se han reducido los ingresos públicos en miles de millones para rebajar los impuestos a los empresarios y los ricos. Pocos dudan que buena parte de la Deuda esté manchada por la corrupción.
Es inmoral porque su pago es a costa de un gravísimo deterioro de la vida colectiva, el empobrecimiento social y el sufrimiento popular, en especial de los más castigados como los parados, la mujer trabajadora, la juventud y los inmigrantes Y porque se ha convertido en un mecanismo de saqueo, una espiral en la que cuanto más pagas, más debes.
Suspender los pagos de la Deuda pública. Hacer una Auditoria pública que desvele la verdad
Es una necesidad urgente poner en pie una campaña unitaria de largo alcance, basada en la doble exigencia de declarar la suspensión de los pagos de la Deuda pública y poner en marcha una Auditoria pública de la deuda.
Se trata de iniciar una auditoria en profundidad que desvele la verdad: de dónde viene la deuda, quiénes son sus responsables, quién la contrajo y bajo qué condiciones, cuál es su auténtica cuantía, la verdad de las ayudas a los bancos y de sus operaciones fraudulentas, quién se beneficia de la deuda. Hay que desvelar con detalle quien debe realmente a quien y cuál es la verdadera deuda social. Hay que mostrar la relación entre la deuda pública y la pertenencia al Euro y la UE, entre la Deuda y el sistema tributario, desvelar por qué cuanto más se paga más deuda hay.
En Grecia, organizaciones sindicales, políticas y numerosos intelectuales vienen impulsando desde hace meses una Comisión Auditora. El origen de este movimiento fue la propuesta, en diciembre de 2010, de los diputados Sophia Sakorafa (ex PASOK) y Alexis Tsipras (Synapsismos) de formar una comisión parlamentaria de auditoría de la Deuda. Una iniciativa que Izquierda Unida, Amaiur, BNG y ERC deberían adoptar.
La Comisión de Auditoría de la Deuda Pública de Grecia declaraba recientemente «la necesidad de declarar de forma inmediata la suspensión de pagos y la formación de una auditoria ciudadana de la deuda de carácter democrático y liderada por los trabajadores.» (…) «No debemos, no vendemos, no pagamos»(…) «La cancelación de la deuda se basa en la soberanía del pueblo griego, que obliga a los acreedores a aceptar sus términos». Este es un ejemplo del que se debe tomar buena nota.
Es necesaria una iniciativa unitaria para crear una Comisión de Auditoría de la deuda pública en el Estado español, de la que formen parte organizaciones sindicales, políticas y sociales de la izquierda, entidades que vienen desde hace mucho tiempo trabajando en los temas de la deuda externa, intelectuales de prestigio que vienen rechazando las medidas del gobierno y profesionales y técnicos de Hacienda que vienen denunciando el fraude fiscal. Una iniciativa así serviría sin duda para impulsar una amplia movilización popular, ramificada en todo el territorio, que exija masivamente la suspensión de los pagos de la deuda pública y para establecer los elementos de prueba para juzgar y castigar a los responsables de delitos económicos y la violación de derechos sociales básicos, así como para fundamentar el repudio de esta deuda ilegítima y exigir la reparación de los daños causados.
Artículo publicado en Página Roja de enero de 2012, publicación mensual de Corriente Roja
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.