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Radios comunitarias Ecuador

Suman cero

Fuentes: Rebelión

El escenario privilegiado de la política es la comunicación y esta es la acción privilegiada del discurso político. Hoy como antes el discurso busca persuadir y convencer, tal y como el gobierno de la «revolución ciudadana» trata de ocultar que el petróleo que se extraerá sacrificando el Yasuní servirá para pagar la nueva deuda externa […]

El escenario privilegiado de la política es la comunicación y esta es la acción privilegiada del discurso político. Hoy como antes el discurso busca persuadir y convencer, tal y como el gobierno de la «revolución ciudadana» trata de ocultar que el petróleo que se extraerá sacrificando el Yasuní servirá para pagar la nueva deuda externa con la China y su refinería del Aromo. Sólo el discurso repetirá hasta el hastío mediáticamente que con ese petróleo ya no seremos pobres porque el «Buen Vivir» (noción secuestrada a los pueblos ancestrales) hace rato que ya se desmoronó del discurso oficial. El discurso ofertará, a instancias de una posible Consulta Popular, que crearán todas las escuelas y hospitales, casas y súper autopistas que el Ecuador necesita. Nunca el discurso oficial dirá que quitarán el subsidio del gas y otros combustibles y ampliarán las ofertas mediáticamente hasta la saturación. El discurso oficial busca justificar la devastación y el exterminio de una reserva de biósfera para favorecer el negocio transnacional del extractivismo minero, petrolero, neoliberal y capitalista.

En similar sentido el discurso oficial, devenido en Ley de Comunicación, pondera la oferta (en papel) de entregar el 34% de las frecuencias del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, como justificativo de su proyecto político consistente en «vigilar y castigar» toda disidencia o discrepancia. Tal es así que gran parte del articulado de la Ley de Radiodifusión y Televisión promulgada durante la dictadura de Rodríguez Lara en 1975 y su reglamento se mantienen vigentes, manteniendo serias y prejuiciadas restricciones a la creación de nuevos medios comunitarios.

Pero el discurso… discurso es… y la violencia social así como la voluntad omnímoda del poder se convierten en Ley. La Ley de Comunicación vigente desde el 14 de junio de 2013 tampoco asegura que el 34% se aplique a todo el universo de radios existentes (que sumarían alrededor de 1.200 en el país). El reparto es sobre las sobrantes, aquellas que por diversos motivos se reviertan al Estado. La nueva adjudicación de estas será prioritaria para las radios comunitarias se dice en la Ley pero bajo concurso púbico y casi sin oportunidades bajo la no derogada Ley de Radiodifusión y Televisión que ve como un peligro para la «seguridad del Estado» la creación de medios comunitarios. Es decir que las promesas de superar el déficit histórico de estos medios sociales es una mentira graciosa, edulcorada con fraseología de la sociología posmoderna que esgrime lo de la «acción afirmativa» o «discriminación positiva», supuestamente a favor de los medios comunitarios.

La historia de exclusión de la radio comunitaria no será superada. La actual injusticia distributiva de frecuencias de radio en el Ecuador establece que las radios comunitarias apenas suman el 3% del total, sin descontar las radios católicas y evangélicas que en la mayoría de casos no cumplen con fines solidarios ni comunitarios sino con fines proselitistas y comerciales, son gerenciadas por poderosas jerarquías conservadoras religiosas, que nada tienen de comunitario. Por eso extraña, por decirlo menos, que la transitoria décimo séptima de la Ley Comunicación permita que: «Las concesiones entregadas a organizaciones religiosas y que constan como públicas o privadas, podrán transformarse en concesiones comunitarias, sin fines de lucro». Es decir que las iglesias, las jerarquías con poder económico pueden fundar de modo privilegiado radios y otros medios que pueden ser considerados comunitarios, restando en los hechos un considerable porcentaje del demagógico 34%.

Si es que la democratización del espectro radioeléctrico fuera un objetivo honesto y éste se consiguiera con sólo poner una cifra o el porcentaje del 34% en la Ley, me pregunto ¿cuántas radios comunitarias nuevas existen por iniciativa exclusivamente comunitaria y popular ahora mismo en el hermano país de Bolivia, donde existe hace más de dos años una legislación similar y calcada por el Ecuador? A pesar de tener una «ley favorable» las radios comunitarias nuevas en el altiplano boliviano, a no ser aquellas que ayuda a crear el Estado, o las que históricamente ya existían… !suman cero! En este punto desafío a que alguien funde una radio comunitaria en el país, en igualdad de condiciones con las privadas o públicas, acudiendo a la actual Ley de Comunicación del Ecuador, la no derogada Ley de Radiodifusión y Televisión y su reglamento.

Sin duda la creación de nuevas radios comunitarias implica una complejidad ya que hay múltiples factores que impiden en la práctica la democratización de la radio y la palabra. Un factor fundamental que identificamos es que desde la propia concepción oficial de lo comunitario hay una visión represiva, vigilante y castigadora como se puede constatar en la todavía vigente Ley de Radiodifusión y Televisión que precautela la vieja doctrina de la «Seguridad Nacional». Por tanto la radio comunitaria sigue siendo vista como aquello que es local, alejado, marginal, periférico, propia de grupos indígenas, campesinos, barrios, comunas, que nada tienen que ver con el centralidad mediática y política. Es decir, radios recluidas y excluidas geográfica, social y técnicamente, por lo tanto de baja potencia y cobertura limitada, tal y como lo decide el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), integrado mayoritariamente por funcionarios de gobierno, un representante de las fuerzas armadas y un representante de las Cámaras empresariales. Se sigue violentando el derecho constitucional a la igualdad de condiciones entre los tres tipos de medios. Al poder no se le ocurre que pueden haber radios comunitarias de alcance regional y nacional, es decir con similar cobertura y potencia que las privadas y públicas. Por esta vía inclusive el número de estaciones de radio se reduciría drásticamente volviendo manejable el número de estaciones que hoy saturan el dial, cediendo espacio a las radios comunitarias para lograr transparencia en la aplicación de la Ley. Lo comunitario es la posibilidad de expresión social abierta de todos, la voz de la diversidad de los invisibilizados de siempre, el «OTRO» desde su pensamiento, su cultura y expresión más profunda, eso es lo comunitario, concepción que demanda repensarse y ampliarse para que alcance a ser un instrumento de democratización de la comunicación.

¿Cómo se espera que una radio comunitaria de la nacionalidad Tsáchila, por ejemplo, pueda sostenerse económica y socialmente si ésta no dispone de potencia y cobertura para llegar, no sólo a los centros y asentamientos Tsáchilas, sino a la ciudad de Santo Domingo para ofrecer sus servicios, conseguir financiamiento y sobre todo cumplir con el objetivo comunicacional de la relación intercultural entre mestizos e indios? ¿Cómo no pensar en una radio de alcance nacional o varias de alcance regional para la nacionalidad kichwa, cuyos pueblos están sobre casi todo el territorio del Ecuador, o para nacionalidad Afro que están dispersos por varias ciudades y provincias como Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Loja y otras. Preferible pocos medios pero sólidamente representativos de la expresión plural de nuestro país.

Sin necesariamente asumir que para que haya radios comunitarias tenga que existir una Ley, porque antes de ella y en otros lugares del mundo existen las radios comunitarias fuera de toda institucionalidad y sin permiso de nadie. Existe otro aspecto que caracteriza como engañosa y deshonesta la supuesta intención gubernamental de democratizar la radio, consiste en que no hay representación de las radios y medios comunitarios en las instituciones y espacios de decisión política, legal y técnica como por ejemplo el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Conatel y otras instancias. Esta falta de representación de la diversidad social de los medios comunitarios en dichos espacios impide en la práctica que se puedan levantar las restricciones conceptuales, políticas, jurídicas y técnicas impuestas históricamente en contra de las radios comunitarias, que sus voces se hagan escuchar al igual que sus intereses en contraste con los sobreexpuestos intereses de la propaganda oficial o los intereses lucrativos de la radio comercial. ¿Acaso en los espacios de decisión se manifiesta hoy un monólogo oficial y antidemocrático?

Las radios comunitarias del mundo y también las ecuatorianas tienen un problema central, casi congénito: la carencia de recursos para su sostenibilidad, es su mayor fragilidad y debilidad. En ella ha fijado el ojo el gobierno.

Se debe reconocer que la «iniciativa» de entregar radios a las nacionalidades indígenas es del presidente Rafael Correa, pero cabe anotar que se la hizo pública en una sabatina pocos días después de que intentara clausurar la radio «La Voz de Arutam» de la nacionalidad Achuar, que en septiembre de 2009 se convirtió en la portavoz de las protestas en contra de la Ley de Aguas y la privatización del recurso que por entonces intentaba el gobierno. La represión policial y los enfrentamientos dejaron como saldo la muerte del profesor Achuar Bosco Wisuma y de ésta muerte se responsabilizó a la nacionalidad, a la radio y a sus dirigentes. Se argumentó que se quiso poner en riesgo la «Seguridad del Estado» con llamados a la rebelión a través de la radio. Es así que el 12 de agosto de 2013 se hizo pública la condena a 12 años de prisión para el dirigente indígena y asambleísta de Pachakutik, Pepe Acacho y su compañero Pedro Mashiant, por el delito de «terrorismo y sabotaje».

Luego de dos años de abandono de las 14 radios de las nacionalidades sólo cuatro permanecen operativas, la mayoría no dispone de antenas de transmisión y repetidoras, la mayoría de los comunicadores comunitarios de las radios han desertado. En esta situación el gobierno se acerca nuevamente a este sector para ofrecer ayuda técnica y económica, ofrece más frecuencias de radio, y aunque de labios para afuera los funcionarios oficiales dicen que permitirán la libertad de contenidos en la programación de estas radios, todos saben que la «ayuda» económica y técnica será a un gran costo: el silencio sobre la destrucción del Yasuní ITT, la imposición de la nueva Ronda Petrolera para el centro y sur de la amazonía, el extractivismo minero a gran escala, entre otros temas vinculados a la vida de esos pueblos. De tal modo que ya empiezan a funcionar los condicionamientos y la corrupción de algunos dirigentes indígenas, ojalá pocos, que sin vergüenza se humillan pidiendo asistencia y recursos como quien pasa el sombrero o como si los recursos del Estado invertidos en las radios fueran una dádiva, un desembolso del bolsillo del presidente o de los funcionarios del gobierno. El marco de la cooperación del gobierno con las nacionalidades y las radios comunitarias debe ser en el marco del derecho a la comunicación.

Por ello resulta fundamental que las nacionalidades y sus representantes recuerden que las radios constituyen un ejercicio efectivo de los derechos colectivos y del derecho a la comunicación, contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documento del que el Ecuador es país suscriptor: «Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna».

Igualmente en la Constitución del Ecuador se dice que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico», en lo relativo a los Derechos de la comunicación e información se promueve: «Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos». Igualmente se reconoce: «La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estudios de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas».

Por tanto, las radios deben ser reconocidas como proyectos políticos comunicacionales que disponen de sus propuestas comunicativas, sociales, culturales, organizativas, diversas a los propósitos de los gobiernos y los Estados. En este contexto ¿qué sentido tiene el Decreto Ejecutivo No. 16, que suprime la soberanía popular y el derecho a la libertad de organización de la sociedad, que implícitamente criminaliza a las organizaciones sociales de hecho? ¿Acaso se quiere repartir las nuevas frecuencias de radio comunitarias sólo entre los movimientos sociales oficiales y proclives al gobierno? ¿A ello se le puede llamar democratización y reparto equitativo?

¿Cómo se pretende normar los propósitos del conjunto de las formas organizativas de la sociedad (las posibles adjudicatarias de las nuevas frecuencias de radio comunitarias) si con este Decreto Ejecutivo se elimina de facto la autodeterminación, la soberanía y la independencia de las organizaciones sociales, colectivos, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, barrios, y otras organizaciones cuyos medios, de llegar a tenerlos, se convertirán precisamente en lo contrario de una radio comunitaria, convirtiéndose en «radios públicas comunitarias», con todas las connotaciones peyorativas que lo público representa en el Ecuador y en América Latina.

El Decreto Ejecutivo No. 16 amenaza con descalificar a las organizaciones sociales (y su medios) por «desarrollar actividades de política partidista, de injerencia en políticas públicas que atenten contra le seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz pública». El mismo argumento legal con el que el presidente Correa intentó clausurar la radio la Voz de Arutam y se condenó a 12 años de cárcel a dos dirigentes de la nacionalidad Achuar.

Por lo expuesto quizá no valga considerar, sino es con ingenuidad y tontería política, o por interés aparentemente académico pero demagógico que la nueva Ley de Comunicación vaya a democratizar la palabra y las frecuencias radiales que son de todos los ecuatorianos. Las radios comunitarias en el Ecuador otra vez: Suman Cero.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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