La expansión de la informalidad está generando en los países de la Unión Europea complicados problemas económicos y sociales, relacionados con la caída en las condiciones de vida de una parte significativa de la población, orillada a aceptar desde tareas inocuas hasta ocupaciones a escala de submundo.
Ante el crecimiento de la economía sumergida o informal en los países miembros de la Unión Europea (UE), el Ejecutivo comunitario ha advertido que puede generar «un círculo vicioso» que fuerce a elevar los impuestos para paliar la elusión, lo que a su vez se convierte en un estímulo para esas actividades irregulares.
En 1998 se estimaba que los niveles de economía sumergida para los entonces 15 estados miembros de la UE oscilaban entre 7 y 19 por ciento del producto interno bruto (PIB). Actualmente esos niveles se ubican entre 8 y 31 por ciento y estarían involucrados unos 20 millones de personas.
Muchos factores inciden en ese fenómeno, entre ellos la atomización de la economía en pequeñas y medianas empresas que encuentran incentivos para evadir al fisco, la corrupción, la falta de control y reglamentación, pero también el tráfico de personas y de drogas, la prostitución y el crecimiento de la inmigración.
En España los inmigrantes «sin papeles» son carne de cañón de la economía sumergida, que ya abarca 23 por ciento del PIB (casi 130 mil millones de euros), en tanto que en Italia comprende 27 por ciento y en Grecia 30. En el resto de la UE, la economía sumergida va de 3 a 15 por ciento del PIB.
En cualquier caso, es mucho el beneficio clandestino que se genera y que afecta al conjunto de la sociedad y al Estado porque no recibe los ingresos que debería, también a los trabajadores y a las empresas que sí pagan impuestos. Se advierte que es entre las pequeñas y medianas empresas donde hay más contratación de tipo irregular, lo que les permite reducir costos laborales y acrecentar sus utilidades.
La expansión de la informalidad está generando en los países europeos problemas sociales complejos que tienen que ver con las condiciones de vida de parte de la población que va desde ocupaciones inocuas hasta actividades del submundo.
La existencia de labores productivas ocultas a los registros oficiales responde a muy diversas motivaciones de los agentes económicos, que van desde razones asociadas puramente a la generación de algún ingreso o el aprovechamiento de la evasión fiscal, hasta hábitos y comportamientos originados por valores culturales y de carácter social. Aunque la interacción de todos estos factores dificulta la identificación de las causas de la existencia y extensión de la economía sumergida, sí pueden señalarse entre las que se consideran más relevantes están: el sistema impositivo, la intensidad de las regulaciones, la ética de los agentes y los desequilibrios en el mercado de trabajo.
España tiene uno de los niveles más altos de economía sumergida de Europa y el gobierno reconoce que uno de los efectos de la inmigración irregular es, justamente, su vinculación con la informalidad. Esto se aprecia principalmente en los sectores de la agricultura y la construcción, aunque se presenta también en el trabajo doméstico, en la hostelería, en los sectores textiles y del cuero y calzado, así como en los trabajos de limpieza industrial.
La economía sumergida en España es capaz de cobijar a toda la inmigración irregular que va llegando y, de hecho, el mensaje que reciben los inmigrantes cuando aún están en su país de origen, de sus familiares y amigos que están en este país es: «Ven como puedas que podrás trabajar». Es decir: «Ven (aunque sea de forma irregular) que podrás trabajar (en la economía sumergida)». Si el mensaje que recibiesen es que únicamente van a encontrar trabajo si entran de forma legal, la inmigración irregular no tendría las dimensiones actuales.
Fernando Crespo, responsable de Inmigración de la Secretaría de Mujer e Inmigración de la Unión General de Trabajadores (UGT) en España, afirmó que la economía sumergida había sido considerada «absolutamente necesaria» para que funcionara la economía global, pero ahora ha llegado ya a tal magnitud que hay que plantear una acción conjunta, entre el Ministerio de Hacienda, la Inspección de Trabajo y los sistemas de contratación para bajar, al menos a 10 por ciento del PIB, el índice que se tiene.
Se trata de reducir el atractivo que hoy tiene España para los inmigrantes que vienen a trabajar a cualquier costo, de modo que impida los conflictos que causa al empujar a muchas personas al mercado informal debido a la competencia desleal que representa en el mercado de trabajo. Tener una economía sumergida de 10 por ciento del PIB permite de alguna manera estructurar un sistema económico, pero 23 por ciento nos está representando problemas muy serios», dijo Crespo.
Lamentó que pese a los llamados de la UE para bajar la proporción de la economía sumergida en el PIB de los países que la integran, la política del Ejecutivo comunitario es todavía esperar a que cada país establezca reglas propias, y se limita a exigirles la presentación de sus planes de empleo anuales con el fin de tratar de conseguir los objetivos fijados en materia de competitividad y estructura salarial.
De acuerdo con los objetivos de la UE para 2010, la región tiene que haber alcanzado pleno empleo y mayor participación de las mujeres en el sector laboral. No obstante, no hay medidas coercitivas para los países que exceden los niveles aceptables de economía sumergida, de la misma manera en que se establece, por ejemplo, el límite del déficit público en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Es un hecho que en los países europeos han comenzado a aplicarse reformas laborales de relevancia, que modifican la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo. Reino Unido, Alemania o España son algunos casos. Sin embargo, no se ha avanzado en la extensión necesaria para hacer más flexibles las condiciones laborales y ordenar el mercado y desestimular la informalidad, para lo cual se requiere igualmente del concurso de las autoridades fiscales para instrumentar acciones de recaudación más eficientes.
Para hacer efectiva la restricción de las actividades informales no sólo es preciso contar con mejor información y análisis de su magnitud y condiciones de funcionamiento, sino que deben producirse cambios radicales en los sistemas de inspección del trabajo de los países, es decir, en su organización y capacidad de actuar, aplicando las normas respectivas. He allí una clave del asunto: contar con una inspección de trabajo y un sistema de sanciones capaces de hacer disminuir la economía sumergida.