El cuestionamiento a la Constitución europea tiene un trasfondo social, vinculado con los sistemas de protección y la permanencia en el empleo. Los líderes deberán enfrentar no sólo las consecuencias del freno a la integración política, sino las cuestiones prácticas asociadas con los presupuestos y las medidas de bienestar de la población.

Después de varios años de desempeño económico titubeante, la Unión Europea resiente el repunte del precio de los energéticos y los obstáculos que ello impone a la recuperación de la actividad productiva y del empleo. La situación retrasa, una vez más, la convergencia de los países comunitarios hacia el control de sus desequilibrios fiscales y, con ello, pone en jaque sus políticas sociales.

La expansión de la informalidad está generando en los países de la Unión Europea complicados problemas económicos y sociales, relacionados con la caída en las condiciones de vida de una parte significativa de la población, orillada a aceptar desde tareas inocuas hasta ocupaciones a escala de submundo.