Sacar la alimentación del mercado especulativo y tratarla como un derecho es un modelo que ya funciona en Bolivia y en Francia. Zohran Mamdani, recién elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, ha prometido implantar esta medida
Hace poco, en las páginas de la revista Soberanía Alimentaria, se publicó un artículo firmado por el activista boliviano Mario Vargas en el que explica el funcionamiento de la cadena de supermercados públicos de su país, conocidos como los EMAPA, dado que están gestionados por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, de titularidad pública. Esta cuestión ha vuelto a los titulares con la noticia de la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York. La creación de una red de supermercados públicos es una de sus medidas estrella y, ciertamente, muy disruptiva, pues conlleva, nada más y nada menos, que disputar la alimentación a los mercados especulativos donde está instalada, enfrentándose a grandes multinacionales de la distribución alimentaria con poder y presupuestos mucho mayores que los que, de hecho, maneja la ciudad de Nueva York. ¿Lo conseguirá? En Bolivia, hasta el momento, se ha logrado.
A mi entender, los supermercados públicos beben de una misma idea: “La alimentación no es una mercancía”, el primer eslogan que las y los campesinos de La Vía Campesina lucían en sus pañoletas verdes durante sus enfrentamientos con la Organización Mundial del Comercio, en Cancún o Hong Kong, en 2003 y 2005 respectivamente. En esos tiempos ya era evidente que la globalización y el trasiego de alimentos por todo el planeta, además de todas las consecuencias ecológicas derivadas, llevaría al pequeño campesinado a una situación donde sostener su modo de vida sería muy complicado. Si la alimentación no es una mercancía, sino un derecho vital para todas las personas, la alimentación debería de garantizarse desde lo público, al igual que se hace con otros derechos básicos como la educación o la sanidad.
Así, uno de los objetivos principales de los supermercados públicos, tanto en Bolivia como ahora en Nueva York, es garantizar que toda la población –especialmente la de bajos ingresos (en las ciudades de EEUU, el precio de los alimentos se ha triplicado en los últimos 40 años) o las que viven en “desiertos alimentarios”– tengan acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos. Para ello, en el caso del plan de Mamdani, se prevé, en una primera fase, la instalación de cinco supermercados, uno por cada distrito de la ciudad.
Si bien estos supermercados públicos siguen operando en “los mercados”, la diferencia principal con las cadenas privadas es que el ánimo de lucro no es su motivación. La empresa debe ser viable, debe remunerar correctamente a las y los trabajadores, debe fomentar que sus productos lleguen del campesinado local, a quienes pagar debe como merecen, debe garantizar precios finales de venta accesibles y esto debe ser posible porque no hay, arriba de todo, sentado en una poltrona, un empresario o unos accionistas exigiendo enriquecerse de todas estas dignas dedicaciones. La presencia de supermercados públicos con precios no especulativos puede entenderse, incluso, como una intervención para regular los precios alimentarios, en tanto que las cadenas privadas, de alguna manera, se pueden ver obligadas a rebajar sus márgenes si, más o menos cerca, hay un supermercado municipal con precios justos.
Aunque otros lugares de EEUU ya han desarrollado iniciativas parecidas, con diferentes formatos, lo que hace significativa esta propuesta en Nueva York es que una gran ciudad se sume a experimentar con sistemas alimentarios bajo esta óptica pública. En este sentido, hay que poner atención a las pruebas piloto de lo que en Francia llaman la creación de una “Seguridad Social de la Alimentación”. En este caso, el mecanismo que se propone es entregar a toda la población, como se hace para garantizar el derecho a la salud, una tarjeta monedero cargada con la cantidad económica suficiente para, en establecimientos conveniados, adquirir la canasta alimentaria básica. Unas y otras, buenas y necesarias prácticas que, como estamos viendo con las comunidades energéticas o las luchas por la vivienda pública, visibilizan que sí, que podemos agrietar el capitalismo.
Gustavo Duch. Licenciado en veterinaria. Coordinador de ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’. Colabora con movimientos campesinos.